¿’Quién le pone el cascabel al…’ Congreso?
El modelo más elaborado de organización política de las sociedades modernas es la democracia liberal, y el parlamento o el Congreso son sus ejes. De ahí que suprimir la función de estas entidades sea un atentado contra la democracia, lo que lleva a que el país donde eso ocurra sea tachado de dictadura.
De esta manera, la importancia que ha adquirido la democracia ha obligado a que se preserven los congresos. Las significativas diferencias entre el modelo y la realidad en gran parte de los países que se llaman democracias han llevado a que se mantenga su cobertura formal sin atender distorsiones de sus contenidos. Incluso, no pocos congresos desprestigiados sobreviven debido a la falta de voluntad política para depurarlos.
Colombia es el país de América Latina que por más tiempo ha mantenido este tipo de democracia, lo que ha sido propicio para disimular sus distorsiones. Lo ocurrido a partir del Frente Nacional es emblemático, ya que persistentes distorsiones llevaron a que la violencia penetrara las instituciones, incluido el Congreso.
Cuestionado desde entonces por su clientelismo -que fue el sostén del bipartidismo en decadencia-, el Congreso ha mantenido una sobrerrepresentación latifundista, heredada de la tardía modernización de la sociedad y recurso ineludible de los poderes regionales. La paulatina extinción del bipartidismo creó numerosos grupos regionales identificados con el nombre de sus gamonales. La antigua disciplina bipartidista dio paso a arreglos clientelistas por cuotas entre Gobierno y gamonales, de acuerdo con conveniencias personales en la búsqueda de apoyo legislativo de uno y otros.
La condescendencia de congresistas con los narcotraficantes en ascenso en la década de los años 80 contribuyó a potenciar el conflicto armado interno, sin que la vieja práctica de la violencia en las lides políticas le fuese ajena. La incapacidad oficial de doblegar a una subversión envalentonada propició entonces la organización de grupos armados guardianes de terratenientes apoyados por el narcotráfico.
Tras la pifia del Caguán, compensada con una reorganización militar y la posterior arremetida oficial contra las Farc, sobrevino la desmovilización de paramilitares, facilitada por el enriquecimiento a sangre y fuego de sus jefes, la pérdida de interés en su proyecto antisubversivo y la conveniencia de trasladar al Estado los costos de sus bandas. Pero detrás de ese tinglado estaba el interés de no pocos gamonales de monopolizar el poder de sus regiones. Su nutrida participación en la bancada de Gobierno en el Congreso y oportunas denuncias de las criminales alianzas destaparon poco a poco la ‘parapolítica’.
Con trabas y tardanzas en las investigaciones, debidas a frecuentes zancadillas del Ejecutivo, la cobertura formal del Congreso elegido en el 2006 comenzó a trasparentarse, dejando ver paulatinamente su contenido. De 270 congresistas, 79 son investigados: 48 del Senado y 31 de la Cámara. Su distribución también está repartida por regiones, ya que pertenecen a 24 departamentos, de los cuales Antioquia, Magdalena y Córdoba llevan la delantera, con 10, 8 y 7 investigados, respectivamente. De todos ellos, 22 han perdido su curul, reemplazada por sus cómplices de lista, que no necesariamente son de sus departamentos.
Muchos de estos reemplazos llegaron a ser ‘padres o madres de la Patria’ sin que hubieran sacado los votos suficientes para ser siquiera concejales de sus ciudades. Y, para colmo de la corruptela, con poco tiempo en su ‘extenuante’ labor y gracias a un forzado ‘carrusel’ de cambios, saldrán con jugosas pensiones de por vida. Estos sacrificados servidores públicos reciben el equivalente a 20 salarios mínimos, unidad de ingresos con la que sueña gran parte de la fuerza laboral en el país.
¿Será que al Presidente, en su ya público afán de reelección, le interesa cumplir con su olvidada promesa formal hecha en el 2002 de reformar el Congreso?
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Francisco Leal Buitrago