¡Que no nos crean tan pendejos!
El argumento principal de la Fiscalía es que los empresarios no fueron victimarios sino víctimas, y que si tuvieron que financiar a las AUC, lo hicieron presionados.
Tengo la impresión, de un tiempo para acá, de que las élites políticas y económicas, que en algún momento temieron ser expuestas por lo que iban a revelar los desmovilizados que se acogieron a Justicia y Paz, hoy ya se sienten a salvo. Y razones les sobran para estar de plácemes.
Luego de seis años de Justicia y Paz, por fin lograron frenar el escándalo de la parapolítica. Si pasa en el Congreso la reforma a la Justicia, las posibilidades de que un congresista vuelva a ser condenado por parapolítica son las mismas que tiene el vicepresidente Garzón de ser elegido presidente de la OIT o el procurador, representante de los gays.
Pero no solo andan muy cerca de darle un golpe certero a la parapolítica, vía esta contrarreforma a la Justicia. Lo mismo está pasando en el tema espinoso y poco investigado de la paraeconomía, un escándalo que nunca estalló, a pesar de que en un momento se pensó que esa mecha se iba a prender y de qué manera.
El país llegó a creer que por cuenta de las versiones de Justicia y Paz se iba a saber quiénes habían sido los empresarios bananeros, los ganaderos y los militares que conformaron y financiaron ese poderoso ejército narcoparamilitar que cometió centenares de masacres y que terminó apoderándose de parte del Estado, pero me temo que nos equivocamos. Eso no va a suceder. O por lo menos, lo que sí es evidente es que esas élites corruptas, que no quieren que la Justicia las exponga, van a hacer todo lo posible para que eso no pase, y de veras que están consiguiendo su objetivo.
Basta leer la entrevista que le concedió a SEMANA Raúl Emilio Hasbún, el empresario de Urabá, brazo derecho de Vicente Castaño, que se desmovilizó por cuenta de la Ley de Justicia y Paz, para darles la razón. En esa entrevista, Hasbún, que fue el estratega financiero que montó en Urabá las autodefensas y que sirvió de intermediario con los bananeros, los ganaderos y los comerciantes, resiente el hecho de que la Fiscalía no haya investigado todo lo que él denunció y que, a pesar de que él entregó nombres, datos, cifras, fechas sobre cómo se orquestó ese monstruo de mil cabezas, ninguna de sus revelaciones ha prendido la mecha del escándalo de la paraeconomía. Se queja más bien de lo contrario. De que los empresarios, que antes lo reconocían y lo estimaban, como Guillermo Gaviria, padre del actual alcalde de Medellín, ahora dicen, por intermedio de sus abogados en sus procesos ante la Fiscalía, que esos aportes los hicieron pero porque se sentían extorsionados.
Lo cierto es que Hasbún tiene razón en que ni Iguarán ni Mendoza le metieron el diente al tema de la paraeconomía. Y bajo la administración de Morales, esa tendencia se acentuó. Sorpresivamente, hace ocho meses, su administración decidió suprimir la Fiscalía 8 de Medellín argumentando temas presupuestales que nunca fueron bien explicados. Esa Fiscalía era la que tenía a su cargo procesos tan importantes de la paraeconomía como el de Chiquita Brands. Según cuenta SEMANA, esa investigación, como ocurrió con las demás, fue distribuida a otro despacho y el caso de Chiquita pasó a la Fiscalía 33, que en pocos meses decidió precluirlo, a pesar de que Chiquita Brands fue condenada por la Justicia norteamericana por haber financiado de manera ilegal a las autodefensas.
El argumento principal de la Fiscalía es que los empresarios no fueron victimarios, sino víctimas y que si tuvieron que financiar a las AUC, fue porque lo hicieron presionados. Aunque, evidentemente, ese puede ese ser el caso de una gran mayoría de empresarios del campo, negar que en la creación del narcoparamilitarismo participaron activamente ciertas élites rurales y políticas es como decir que los carteles del narcotráfico no contaron con ningún apoyo político y que los que estuvieron de su lado lo hicieron por el riesgo que corrían sus vidas y bienes.