¿Qué hay detrás de las operaciones en el Cacarica y de lo que sobrevendrá al Jiguamiandó?
El 20 de septiembre pasado el diario Washington Post, publicó un artículo titulado en inglés “Cease-Fire Becomes Land Grab”, que testifica el desarrollo de una fase a través de la estrategia paramilitar de posesión de tierras, de control social sobre los pobladores en orden a implementar la propuesta de palma aceitera, lograr un control militar en medio de la desmovilización y configurar el modelo de reconciliación con las víctimas.
Es significativo que luego de operaciones armadas de tipo encubierto contra la población civil a través de la estrategia paramilitar en los ríos Salaquí, Truandó, Domingodó, y de enfrentamientos entre militares/paramilitares y guerrillas de las FARC en el Truandó y El Salaquí, que generaron el éxodo de la mayoría de los afrodescendientes a los cascos urbanos, se iniciaron diálogos tendientes a legalizar siembra de palma aceitera en los territorios colectivos. Sin embargo, como lo reseñó el diario El Tiempo, el 18 de julio, tres días después de la firma de los acuerdos del inicio de las etapas para la desmovilización, la palma sería el proyecto agroindustrial en el que se vincularían los desmovilizados.
En el Cacarica desde el 2001, los Consejos Comunitarios agrupados en CAVIDA se han negado a aceptar la propuesta de siembra de Palma y de Coca planteado desde la incursión armada a las zonas humanitarias Nueva Vida y Esperanza en Dios. El articulo del periodista de los Estados Unidos daría elementos de juicio para comprender lo que pasa con la posible desmovilización, las consecuencias de la negativa de CAVIDA y de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y Curbaradó a aceptar su vinculación al proyecto agroindustrial de Palma, y el desarrollo de una estrategia militar cualificada acompañada de las acciones mediáticas, jurídicas de control y de deslegitimación.
Nadie ha negado la presencia guerrillera en el bajo Atrato pero al tiempo los ataques a la población civil expresan que su actividad es un pretexto para la represión y el control. Nadie ha negado sus infracciones graves al Derecho humanitario pero ahora su presencia se usa para acabar con los procesos sociales comunitarios de otro modo. Muy pocos han resaltado el valor ético y propositivo de las propuestas de las comunidades que se han deslinderado de los dos modelos de guerra, la del Estado y la de la guerrilla, pero enfrentar el factor de poder económico es haber entrado en las entrañas de los intereses del conflicto armado. La traducción del articulo del periodista SCOTT es nuestra, pero dejamos la versión en ingles, o mismo que los artículos del diario El Tiempo de octubre 07 en los que se hace alusión a la Palma.
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ