Protección para la comunidad de Pitalito
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) informa que el día de mañana, 25 de octubre, por orden del alcalde de Chimichagua, se realizará una inspección ocular en el terreno donde está asentada la comunidad campesina en retorno de la vereda Pitalito. Luego de esta diligencia, se tomará la decisión sobre el posible desalojo de las familias desplazadas que se asentaron en este predio luego de ser sacados a la fuerza del mismo años atrás
Si los funcionarios implicados se deciden por realizar el lanzamiento, éste se podría realizar de manera inmediata por la Policía.
Hacemos un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional a solidarizarse con la comunidad de Pitalito y a que se comuniquen urgentemente con las autoridades colombianas, a favor de la protección y garantías de esta comunidad en retorno.
Hechos
El 24 de octubre de 2013 aproximadamente a las 9:45 de la mañana, estando presente el abogado acompañante a la comunidad, Rommel Duran, integrante de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Fcspp), se hizo presente en la finca Pitalito el señor Dario Ortega Pretel, quien se presentó como notificador de la Alcaldía de Chimichagua, para avisar a la comunidad campesina acerca de la Resolución 1634 del 21 de octubre de 2013, mediante la cual la Alcaldía de Chimichagua avoca conocimiento de la querella presentada por Juan Manuel Fernández de Castro del Castillo, el empresario palmero que actualmente tiene la propiedad del terreno, en contra de la comunidad a la cual pretende desalojar. Asimismo, en dicha resolución se fija el día 25 de octubre a las 8 am para realizar la inspección ocular y adelantar el trámite, regulado en el Decreto 747 de 1992. Una vez concluya dicha diligencia se dará espacio de 15 minutos a los abogados para intervenir con sus alegatos finales y se procederá a tomar una decisión de fondo respecto de la querella.
Por lo tanto, es posible que el día de mañana, 25 de octubre, se ordene el desalojo de la comunidad campesina de Pitalito, desconociendo los derechos que tiene garantizados dentro del marco legal de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) y desconociendo, por ende, que muchos de estos campesinos están registrados como desplazados.
Es importante resaltar que el INCODER ha registrado la medida de protección de los predios San Miguel y Pitalito, los mismos que están siendo reclamados por la comunidad campesina de Pitalito. Dicha medida es dictada porque se presume que sí fueron despojados.
Contexto
La comunidad de Pitalito fue víctima de desplazamiento forzado a partir del 24 de junio de 2010, debido a actos violentos en su contra protagonizados por miembros del Ejército Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía y un grupo de civiles armados al servicio de Juan Manuel Fernández de Castro, terrateniente y empresario palmero dueño de la empresa Orlandesca y afiliado a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma).
El 21 de mayo de 2013, la comunidad de Pitalito retornó a la tierra que le había sido despojada y, desde ese entonces, los campesinos, sus abogados y los defensores de derechos humanos que los acompañan han sido sujetos a varias agresiones y presiones, encaminadas a un nuevo desalojo forzoso de la finca Pitalito, donde han vivido por generaciones:
El mismo 21 de mayo, a la 1:40 pm, siete miembros del Ejército Nacional adscritos al Batallón Energético y Vial número 3 ‘General Fortul’ de la Brigada Blindada X, al mando del teniente Barajas, rodearon la zona generando temor en la comunidad. Los uniformados, quienes permanecieron en el lugar por espacio de una hora, pretendieron tomar fotografías a las familias asentadas, pero fueron disuadidos por la presencia de acompañantes internacionales.
El 22 de mayo, a las 10:45 am, uno de los trabajadores del sr. Juan Manuel Fernández de Castro recorrió la zona delimitada por la comunidad, tomando fotografías de sus emblemas, pancartas y banderas. Cuando los representantes de las organizaciones nacionales e internacionales presentes allí se acercaron al trabajador preguntando por aquella situación, él manifestó que se trataba de una orden de su “patrón”.
El 23 de mayo, antes de las 7:00 am, llegaron a Pitalito ocho miembros del Ejército Nacional motorizados, quienes se presentaron con actitud agresiva como integrantes del Batallón Energético y Vial número 3 ‘General Fortul’. Los militares fueron atendidos de nuevo por integrantes de las organizaciones internacionales presentes, quienes intervinieron para evitar que ingresaran al lugar de asentamiento de la comunidad, delimitado como espacio exclusivo de la población civil. Asimismo los militares señalaron que llegaron allí porque el “Procurador de Paz” les dijo que había recibido una llamada de PBI, en la que le denunciaban que en la zona había presencia de hombres armados “ajenos a ellos”, información completamente falsa.
El 24 de mayo hicieron presencia en Pitalito el inspector de Policía y el Personero del municipio de Chimichagua (Cesar), con el fin de observar el predio. Al parecer, esto se dio en respuesta a una querella presentada por Fernández de Castro.
El 4 de junio, a las 11:10 am, hicieron presencia en la zona dos camionetas del Ejército Nacional, una de ellas sin placas y la otra con la referencia QYA-607, y dos motos en las que se transportaban el personero de Curumaní, Mauricio Ríos; el teniente Héctor Camacho, quien se presentó vestido de civil e identificándose como encargado de derechos humanos de la Brigada Blindada X del Ejército; y la abogada Jenny Hernández, asesora jurídica de la misma unidad militar. Los efectivos del Ejército tomaron fotografías a las familias y a su asentamiento, señalando que estaban verificando denuncias anteriores hechas por la comunidad, mientras la abogada Hernández solicitaba los datos personales de quienes estaban presentes en la reunión para dejarlos consignados en un documento cuyos propósitos y destino aún se desconocen.
El mismo día, a las 4:16 pm, mientras el abogado Leonardo Jaimes se encontraba en el parque de Curumaní, luego de haber realizado diligencias propias de su labor, observó que la camioneta de Fernández de Castro, con placas ELK-472 de Bogotá, transitaba por el lugar y luego retrocedió unos 20 metros para estacionarse por algunos minutos frente al vehículo asignado al esquema de protección del abogado, quien tomó sus placas.
El 12 de junio de 2013, hacia las 9:00 am, varios hombres al servicio de Fernández de Castro se acercaron al asentamiento construido por la comunidad, tomando fotografías a sus integrantes y a las viviendas que han ido construyendo.
El 2 de julio se dio a conocer una denuncia penal presentada por el señor Fernández de Castro contra varios campesinos de la comunidad, entre ellos la profesora y lideresa comunitaria Esther Carmen Martínez, además de los abogados Rommel Durán Castellanos y Gloria Amparo Silva, además del Movice y varias organizaciones y acompañantes internacionales, entre otros el Observatorio Internacional de Paz (IPO) y la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia. Esta acción penal se inicia en contra de la comunidad por los supuestos delitos de ‘desplazamiento forzado’ y ‘concierto para delinquir’, entre otros, de los que Fernández de Castro dice ser víctima.
El lunes 8 de julio, la comunidad fue notificada de una orden de desalojo en su contra, emitida por el alcalde de Chimichagua, Amauri Villareal Tordecilla. Desde entonces, se vienen conociendo los peligrosos rumores que viene difundiendo el señor Fernández de Castro entre los habitantes de las veredas aledañas en el sentido que su “finca Pitalito, fue tomada por la guerrilla”.
El 29 de septiembre de 2013, los abogados Leonardo Jaimes Marín y Rommel Durán Castellanos, miembros de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Fcspp) e integrantes del Movice, fueron retenidos arbitrariamente por la Policía y señalados de tener vínculos con la guerrilla, mientras volvían de haber realizado su trabajo de acompañamiento jurídico en apoyo de la comunidad campesina de la finca Pitalito, Cesar.
Exigimos
Que las autoridades civiles y militares colombianas, entre ellas el Ejército, la Alcaldía de Chimichagua (Cesar) y la Unidad Nacional de Protección, garanticen la protección de la comunidad en retorno de Pitalito.
Que las organizaciones nacionales e internacionales se comuniquen de manera urgente con las autoridades colombianas para asegurar su seguridad y protección.
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice)
Octubre 24 de 2013
www.movimientodevictimas.org