Propuestas sobre participación política

La participación la comprendemos como un derecho, como una afirmación de propuestas, de iniciativas que deben ser discutidas en la deliberación y valoración jurídica constitucional, financiera, de asignaciones presupuestales, y en decisiones políticas asumidas como parte de políticas públicas para consolidar una democracia integral en nuestro país.

PROPUESTAS SOBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA AL FORO ACORDADO ENTRE EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE SANTOS Y DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC

Comunidades Construyendo Paz en los Territorios, 28 de abril de 2013

I. ¿Quiénes somos?

Comunidades Construyendo Paz en los Territorios, de la Red de Alternativas. Somos comunidades de Colombia, con experiencias locales que construimos apoyos mutuos, apuestas de intercambio cultural, político, económico, psicológico, educativo, agroambiental, jurídico, espiritual.

Nuestras iniciativas las desarrollamos en medio del conflicto armado y de agresiones estatales y paramilitares y de ocupaciones empresariales, algunos sin cumplir a cabalidad los requisitos legales de respeto a nuestros derechos y en otros casos, claramente identificados como parte de operaciones criminales. Hay un desconocimiento total de la Consulta y Consentimiento Previo, de los principios sobre derechos humanos y empresas privadas (Rugger), sobre la legislación ambiental y de derechos a la vida, a la integridad, al ambiente sano, a la propiedad, a la libre expresión, al derecho a asociación, a la autonomía y autodeterminación.

Habitamos en regiones de alta riqueza biológica, de fuentes de agua, víctimas de agresiones armadas de estructuras estatales y paraestatales, hasta hoy, bajo la represión y el uso de la fuerza se han protegido los intereses de empresas locales, privadas nacionales e internacionales con intereses en agronegocios (coca, palma, yuca, ganadería extensiva, frutales, agua), obras de infraestructura y operaciones extractivas. Hemos sufrido además de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. En nuestros espacios territoriales se desarrollan operaciones de guerra de guerrillas de las FARC o del ELN. En desarrollo de las hostilidades vivimos infracciones al derecho humanitario por ambas partes. El conflicto armado no cesa. Hemos construido propuestas humanitarias que son conocidas por Colombianas y Colombianos por la Paz

Muchas de nuestras comunidades conforman o son parte de diversas expresiones sociales y de paz de carácter nacional.

II. ¿Qué, para qué, sobre qué la participación?

La participación la comprendemos como un derecho, como una afirmación de propuestas, de iniciativas que deben ser discutidas en la deliberación y valoración jurídica constitucional, financiera, de asignaciones presupuestales, y en decisiones políticas asumidas como parte de políticas públicas para consolidar una democracia integral en nuestro país.

Dicha participación es entonces vinculante y no simplemente informativa, es activa y no pasiva, nace de experiencias concretas y de acumulados de sabiduría comunitaria. Es propositiva porque no supone solo participación en veedurías ciudadanas si no en construcción de salidas específicas a aspectos políticos locales, regionales y nacionales en diversos ámbitos no restringidos al mundo de lo político, es decir, que la participación propositiva para ser deliberada es sobre aspectos del conjunto de la vida socio ambiental, cultural, informática, científica, educativa, recreativa, cultural, agroambiental, territorial, sectorial.

Los derechos de los ciudadanos, de los habitantes rurales, no se reducen a votar o no votar, si no participar de manera abierta, deliberante, propositiva sobre aspectos que comprenden nuestros derechos civiles políticos, económicos, socio culturales, informativos, ambientales y biológicos. Nuestras propuestas parten de esa integralidad o de una comprensión que atraviesa los campos de la vida toda.

La participación es deliberante y decisiva, no es solamente un aspecto formal para hablar y hablar, si no para construir consensos sobre apuestas de país, no solamente respecto a aspectos de participación en la vida política institucional si no en todos los factores que construyen una vida feliz, una vida de bien común, una vida con apuestas por la humanidad y todas las fuentes de vida desde nuestras comunidades.

Es deliberativa porque se quiere discutir en igual de condiciones con actores políticos locales, nacionales e internacionales, públicos, privados. La participación requiere garantías inmediatas, transformaciones institucionales.

La participación exige condiciones materiales concretas para ser equitativa. No es posible pensar en condiciones de este tipo cuando hay marginalidad y exclusión con imposibilidad de acceso a derechos básicos y dignos como vivienda, salud, educación, comunicación; la propiedad, uso y disfrute de la tierra y el cese de la guerra y las dinámicas de estigmatización y de persecución. Aquí no abordaremos los temas.

Esperamos no hacer un ejercicio nuevamente en vano durante estos días. Aunque fue importante la realización de un foro agrario en el mes pasado, hasta el día de hoy no conocemos sus resultados, no hemos conocido si cada una de las propuestas fue discutida y esto a pesar que hemos elevado derechos de petición al alto gobierno, que ni siquiera han sido respondidos.

De lo que hemos visto en prensa, no hemos escuchado absolutamente nada de aspectos sustanciales que propusimos como asumir los Principios Rugger o la exclusión de operaciones empresariales a las Zonas de Reserva Forestal y de Páramos o parar la reglamentación de la Consulta Previa como se estaba desarrollando.

III. Propuestas

A. GARANTÍAS MÍNIMAS DE CONDICIONES MATERIALES A CORTO PLAZO PARA LA PARTICIPACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE DECISIONES

1. Reconocimiento legal de la propiedad individual o colectiva

EL reconocimiento de nuestros derechos ciudadanos pasa por el reconocimiento de nuestra propiedad rural. Nuestro domicilio, nuestra habitación es en espacios no urbanos.

Para participar se requiere que exista con celeridad ese reconocimiento de propiedad antes de iniciar un nuevo período de elecciones porque es nuestro domicilio y es sobre ese domicilio que se toman o no decisiones políticas, administrativas, financieras y económicas.

2. Saneamiento de la propiedad

Una condición psicológica, que amaine la zozobra y que posibilite la libertad de expresión es que los sectores empresariales privados nacionales e internacionales que tienen intereses sobre nuestro territorio y que están operando desconociendo nuestros derechos, sean sacados del territorio, hasta tanto podamos conocer sus propósitos, debatirlos y llegar a conclusiones sobre la viabilidad o no de sus operaciones en nuestros territorios.

No es discutible por razones de mediano y de largo plazo con base en consideraciones técnicas y análisis internacionales, incluso del Banco Mundial, que se realice explotación de nuestro subsuelo en nuestros territorios a cielo abierto y menos en territorios con fuentes de agua, páramos, zonas de reserva forestal.

Dónde se vea factible se procederá a la discusión con las comunidades directamente afectadas y no simplemente con organizaciones que por delegación y determinadas circunstancias les representan para acordar una eventual explotación.

Operaciones empresariales inconsultas o que desconocen los derechos de las personas y las comunidades son un factor que afecta la propiedad, el domicilio y una condición de derecho de ciudadanía.

Urge creación de mecanismos expeditos administrativos del orden nacional como Inspectores Ad Hoc y otros, así como, Unidades Élites policiales dependientes del presidente para sanear predios ocupados con la violencia y la corrupción, el reconocimiento real de nuestro domicilio, de nuestros derechos territoriales es una condición estructural.

3. Registro y cedulación

De manera inmediata el gobierno nacional desarrollará una campaña de registro de comunidades rurales in situ y no simplemente en cabeceras municipales o corregimentales a donde no solemos ir por los altos costos de transporte. Esta responsabilidad del Estado deberá desarrollarse antes de los eventuales comicios de 2014 y debe habilitar la participación para elegir y ser elegidos.

B. CONDICIONES SUBJETIVAS Y PSICOLÓGICAS A CORTO PLAZO

1. Doctrina militar y operaciones de las fuerzas militares

Las operaciones militares que se desarrollan sobre nuestro territorio, las violaciones de derechos humanos confirman que las fuerzas armadas, la fuerza pública, los organismos de seguridad y no pocos funcionarios civiles de alcaldías y gobernaciones nos conciben como enemigos internos, como subversivos o terroristas. Lo hacen en consejos de seguridad, en discusiones en concejos municipales y en medios locales, si no se modifica esta mentalidad no hay garantía básica para elegir o ser elegidos, porque cualquier decisión en la vida política será interpretada como parte de una estrategia “comunista” contra el Estado de Derecho.

Ya crear una Comisión de Expertos civilistas y ex militares internacionales con reputada hoja de vida y con participación social para la re- definición de la Doctrina de las Fuerzas Militares y de los organismos de seguridad en conformidad con el proyecto de país democrático, moderno, justo y solidario que queremos. La propuesta de reforma o transformación de la mentalidad militar debe conocerse antes de inicio de campaña de 2014 y debe implementarse en un plazo no mayor de dos años. Esto en independencia o no que se firmen acuerdos con las guerrillas.

Se requieren ya declaraciones públicas del presidente Santos como Comandante Supremo de las Fuerzas militares en mensajes públicos que explícitamente indiquen que somos ciudadanos con derechos. Habitar en zonas de conflicto armado no nos hace guerrilleros, disentir de operaciones empresariales sustentadas en crímenes o en actuaciones ilegales no nos hace delincuentes ni enemigos de un mejoramiento de la calidad de vida, exigir respeto a nuestros derechos y los del territorio no nos hace enemigos, asociarnos para reclamar respeto y garantías no nos hace brazos de las guerrillas.

Decisiones administrativas del presidente Santos para destituir a integrantes de la fuerza pública o de agentes de seguridad que desarrollan encubierta o abiertamente actuaciones contra los ciudadanos bajo la concepción de enemigos internos.

Desarrollar una cooperación técnica o de formación en seguridad humana en concordancia con los principios de protección y seguridad ambiental y de ecosistemas y depuración de los acuerdos militares con países que conciben a los ciudadanos como enemigos, o sujetos sin derecho a los que hay que controlar, reprimir, combatir.

2. Operaciones paramilitares o lo que llaman Bacrim

• Depuración y rompimiento de los vínculos y el desarrollo de estrategias paramilitares que por omisión, comisión por omisión, continúan implementándose con la aquiescencia, tolerancia de estructuras policiales, militares y autoridades locales del orden civil. Los resultados deben ser tangibles desde ya hasta antes del desarrollo electoral en 2014.

• Unidades élites de inteligencia y de operación dependientes del presidente para enfrentar y desestructurar las operaciones de BACRIM o paramilitares conforme a toda la información reportada con organizaciones civiles.

Sin estas actuaciones la zozobra impide cualquier tipo de participación, desde la electoral hasta la de libre expresión respecto a asuntos sobre nuestras vidas y nuestros territorios.

3. Aplicación del derecho humanitario

Mientras persista el conflicto armado, a las partes, el Estado y las guerrillas, les es obligatorio aplicar normas básicas en el desarrollo de las hostilidades. El uso de armas convencionales debe respetar los principios de precaución, de distinción y de proporcionalidad que está siendo desconocido por las fuerza militares.

A las guerrillas les asiste la obligación de respetar también nuestras propuestas humanitarias como Zonas Humanitarias, Zonas de Refugio, Espacios Temporales de Protección, Resguardos Indígenas Biodiversos.

Sin este mínimo las posibilidades de discusión comunitaria, de libre expresión se ven mayormente vulneradas, como viene ocurriendo durante estos 15 días en el Putumayo.

C. CONDICIONES DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO POLÍTICO EN EL SISTEMA ELECTORAL

1. Reconocimiento a movimientos sociales locales como sujetos políticos y de control en lo local

• Debe implementarse el voto electrónico en el país y en las zonas rurales, con mecanismos de control interno, nacional e internacional.

• Nuestras comunidades con independencia de partidos políticos nacionales pueden tener asiento en Concejos y Asambleas a partir de la presentación de su candidata (o) con una decisión tomada conforme a reglamentos internos que aseguran la participación de mujeres, de jóvenes y de hombres de Resguardos, de Consejos Comunitarios y de Zonas de Reserva.

• El número de asientos o escaños será proporcional a la cantidad de habitantes del municipio o gobernación y la cantidad de asociados en Resguardos, Consejos Comunitarios y Zonas de Reserva y la porción territorial reconocida a nuestras comunidades. El criterio no solamente es la cantidad de población si no el carácter estructural y vital del territorio para la supervivencia propia y de la localidad. Así proporción territorial, riqueza biológica y demás existirá una mayor participación en escaños.

• La participación comunitaria y asignación de curules se realizará de manera independiente de realizar alianzas o participar en partidos políticos.

2. Reconocimiento a movimientos sociales locales como sujetos políticos y de control en lo regional y nacional

• Para elección de alcaldes y gobernaciones las representaciones colectivas podrán hacer alianzas con candidatos y/o partidos.

• La asignación de personas para los entes de control deberá realizarse con decisión, visto bueno e incluso candidatos que cumplan requisitos éticos que provienen de las comunidades locales.

• Las elecciones deberán desarrollarse en tiempos armónicos en un calendario electoral unificado que impidan gastos onerosos e innecesarios de recursos.

• Las campañas electorales locales, regionales y nacionales deberán ser financiadas con aportes públicos en un porcentaje igualitario a movimientos y partidos, los aportes privados deberán conocerse públicamente en canales públicos y privados y tendrán un tope.

• Dado que el espacio electromagnético es de la nación los medios privados deberán habilitar espacios de tiempo igualitario para que se conozcan las propuestas e iniciativas de los movimientos sociales y partidos políticos.

• La compra de votos o el cambio de este por un medio material será sancionado con destitución fulminante del candidato, su exclusión en la participación electoral y sanción al partido que le dio el aval.

3. La participación en elección de Cortes y organismos de control y las organizaciones locales

• La elección de Magistrados para las Cortes además de ser con hojas de vida pública, deberán contar con un reconocimiento de legitimidad de los Resguardos Indígenas, Consejos Comunitarios, Zonas de Reserva Campesina, a través de comunicaciones y diálogos directos de estos con las instancias de representación y decisión de las comunidades.

• Para el futuro de democratización de las instancias de poder político, en las Cortes podrán ser elegidos integrantes de las comunidades locales, que reúnan requisitos éticos y profesionales.

• Las Cortes deben asegurar la representación no solamente de partidos políticos en paridad si no de expresiones del movimiento social (LGTBI, Mujeres, Afros, Indígenas, Campesinos)

• Para la elección de las cabezas de los organismos de Control como Procuraduría y Contraloría no se puede reducir a la votación de los congresistas, se debe asegurar la participación directa de partidos de oposición y movimientos sociales, tal como se propone para las Cortes.

• Para la elección de magistrados a las Cortes, a los entes de Control se deben tener en cuenta los criterios de progresividad en reconocimiento de derechos, modernidad, expresiones democráticas de los aspirantes a estos cargos, la ética.

4. Reglamentación participativa en asuntos sustanciales

Asuntos sustanciales deben no solamente ser informados, consentidos, consensuados con las comunidades locales, no solamente con el poder legislativo sino los directamente afectados, casos como:

• Consulta Previa y reglamentación

• Nuevo Código Minero

• Reglamentación o denegación de participación de actores privados en cargos públicos en cualquier nivel

• Ley antimonopolios y sistema G4

• Fuero Militar

• Marco legal para la Paz

• Entre otros

Cómo política pública deben ser obligatorios las directrices sobre derechos humanos (civiles, políticos, laborales, ambientales, y sociales) para cualquier tipo de inversión o acuerdos de empresas privadas en Resguardos, Consejos COmunitarios, Zonas de Reserva y en tpdos ellos se debe contar la consulta previa, el consentimiento libre e informado y deben respestarse y respaldarse la decisiones de las comunidades.

La Consulta Previa debe contar con estudios de impactos social, ambiental, cultural antes de cualquier discusión sobre operaciones de exploración y no solo sobre la explotación. La respuesta y decisión de las comunidades y las familias directamente afectadas deben ser respetadas.

5. Transparencia

• Cualquier candidato a representación pública, en cualquier nivel, debe dar cuenta de sus ingresos y bienes antes de ser elegido, si es elegido mostrar durante 10 años posterior a su labor pública el origen de sus ingresos. Esta presentación pública incluye bienes de sus familiares en primer grado de consanguinidad.

• Por justicia, debe reducirse en un 50% desde ya el ingreso de los congresistas, presidente, ministros, cortes, altos mandos militares. Este dinero deberá destinarse a las propuestas de participación comunitaria, acceso a medios de información. Los funcionarios ejercen un servicio público no un servicio privado, debe realizar un decrecimiento gradual de otras prebendas que son injustas frente a la pobreza, la miseria, y la exclusión que viven los colombianos.

6. Condiciones mediática y ambientales de mediano y largo plazo, acceso a sistemas de información y comunicación

• El Estado acelerará los planes de acceso y de cobertura de banda ancha a los caseríos de las comunidades rurales de manera gratuita para escuelas primaria, secundaria, educación virtual profesional y especializaciones.

•El Estado adoptará una ley antomonopolios que posibilitará el acceso a sistemas de información y comunicación de datos.

•El Estado aplicará la retroactividad respecto a la infraestructura aportada para empresas privadas en materia de comunicaciones, sistema de datos y telefonía celular y canales de televisión, ya que han sido financiada con impuestos y recursos de los colombianos

• Fomentará el desarrollo de Educación Pública privada y superior con el acceso a tecnología y sistemas de información en 17 regiones del país con grupo focales más allá de la jurisdicción municipal y corregimental.

• El Estado financiará en las comunidades rurales videotecas, salas múltiples de interacción virtual para el acceso a información y divulgación de información de los consejos comunitarios, Resguardos y Zonas de Reserva Campesina, entre otros.

• En 2014 y 2015 dado que el espacio electromagnético es de la nación, asignará frecuencias en FM y Canales de televisión a los consejos comunitarios, Resguardos y Zonas de Reserva Campesina; financiará la construcción de sus instalaciones, la dotación de equipos. Dentro del presupuesto anual se asignará recursos para su sostenimiento técnico y humano. Estos medios podrán divulgar publicidad para ir ganando en autogestión.

• El derecho a la libertad de expresión y de la propiedad privada en relación con el acceso y participación en los medios de información se regulara en la ley de medio.

En este sentido, la ley parte de la concepción que el espacio electromagnético es de los colombianos.

Regulará a partir del diálogo con empresarios, partidos y comunidades locales que durante el período de elecciones habrá participación equitativa en horarios prime time, y en el cese de períodos electorales habilitarán espacios prime time de manera regular y permanente para el debate sobre discusiones parlamentarias, del ejecutivo o de las cortes.

Definirá como política pública y de Estado la concesión de frecuencias y canales de radio y televisión para comunidades locales, universidades, Resguardos, Zonas de Reserva, Comunidades Negras. Esta deberá implementarse desde 2014

7. Garantía de no repetición de la exclusión y exterminio político: Comisión de la Verdad y Justicia

• La participación será posible para una construcción democrática profunda, si las y los ciudadanos colombianos, conocemos la verdad, las dimensiones, las afecciones, los responsables y los beneficiarios de la violencia y evitará que el acceso al poder político se continúe desarrollando basado en crímenes, en corrupción, en prebendas para intereses privados; pero también, si existe una cultura de sanción ética a la que puede contribuir las sentencias penales.

• En este sentido, se requiere una construcción pedagógica de la ética que incluye actores familiares, comunitarios, mediáticos y políticos para que la participación en la decisión de lo público recobre sentido para la sociedad. Esta apuesta estará vinculada a las iniciativas y conclusiones que surjan de la Comisión de la Verdad.

• En lo penal se requiere una reconstrucción del aparato de investigación de los actores políticos y sus responsabilidades. El esclarecimiento judicial penal pleno de las violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra en que han estado involucrados actores políticos es fundamental.

Los derechos de los acusados deben respetarse pero en las mismas condiciones que cualquier ciudadano.

• El esclarecimiento judicial debe valerse de pruebas técnicas, no solo testimoniales, y de contextos que indican con claridad la responsabilidad de actores políticos en estrategias criminales violentas para hacerse al poder político, estas investigaciones deben distinguir con claridad el delito político del político que delinque.

• Las actuaciones del Procurador General de la Nación son disciplinarias y no penales y deben ser coherentes con fallos por conductas contempladas en el código penal. Deberá definirse con claridad los límites de su papel para que represente los intereses de la nación y no de un pensamiento o un credo

• El principio de distinción entre delito político y un delincuente que es político debe esclarecerse desde el comienzo. Una cosa es una motivación política altruista y otra una motivación para hacerse al poder político como negocio y para proteger o hacerse a la riqueza y a la protección con decisiones públicas para el enriquecimiento de terceros en contra de los derechos de los ciudadanos.

• Aunque a las víctimas o los afectados les asiste el derecho de conceder el perdón, penal, política y éticamente se requiere que tanto los votantes, como aquellos que perdieron seres humanos para un ejercicio de control político por intereses criminales deben conocer la verdad judicial. En una construcción colectiva de país democrático, políticos responsables deben aceptar públicamente con claridad, precisión sobre su interacción con aparatos criminales. Los políticos deben aclarar a las víctimas por qué ordenaron o guardaron silencio frente a desapariciones forzadas, aportar información precisa que permita el hallazgo de los desaparecidos o explicitar por qué ordenaron ejecutar políticos o grupos humanos.

• En la ética pública al aparato penal le corresponde esclarecer, sancionar conforme a unos acuerdos explicitados en un código penal, que debe ser transformado. La cárcel en sí misma no es correctiva, la cárcel tampoco reeduca, la sanción de exclusión de la vida política, el conocimiento concreto y real de las responsabilidades penales, probada en derecho, sin montaje, será acompañado de una sanción ética que la sociedad irá identificado o construyendo.

• Las actuaciones del Procurador General de la Nación son disciplinarias y no penales y deben ser coherentes con fallos por conductas contempladas en el código penal. Deberá definirse con claridad los límites de su papel para que represente los intereses de la nación y no de un pensamiento o un credo

• Nuestra propuesta de la Comisión de la Verdad se ha venido construyendo durante 8 años con la Comisión Ética y es garantía para una no repetición del ejercicio de la política con la violencia.

Esta propuesta de Comisión de Verdad pretende asumir antecedentes históricos de la violencia bipartidista, el genocidio Gaitanista, profundizar el desarrollo de la violencia desde 1962 hasta hoy, sesionará con 35 comisionados y 17 sub equipos regionales interdisciplinares, tendrá como marco referencial los tipos penales del derecho internacional sobre tortura, asesinatos selectivos y colectivos, desaparición forzada, bombardeos indiscriminados, acceso carnal violento, ocupación y desplazamiento forzado, crímenes de lesa humanidad, crímenes ambientales, responsables y beneficiarios, en el plano militar, político, económico y los intereses políticos locales, regionales y nacionales.

• La Comisión de la Verdad dará a conocer públicamente nombres de personas de partidos políticos o sus herederos que no deberían participar NUNCA MÁS en la política porque han usado o se han beneficiado de la violencia para acceder al poder político, esto con independencia de la investigación penal, pero como expresión precisa de respeto a las víctimas y del rescate de la ética en la política.

• La Comisión de la Verdad formulará el desarrollo de una política pública a través de la ley de la Memoria para propiciar una garantía política de no repetición de los horrores vividos para hacerse al poder político, protegerlo.

La política pública de la memoria propiciará el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, y dará a conocer los Monumentos de dignificación de la memoria que ya existen en Colombia para que sean reconocidos como Monumento Nacional y sean patrimonio de la nación para su protección y preservación.

Suscriben

• Asociación agroecológica Esther Cayapú, ASOESCA,Trujillo, Valle.

• Asociación agroecológica de familiares de víctimas de Playa Rica – ASAVIP – Trujillo, Valle.

• Asociación Agroecológica Koinonia – ASOKOINONIA, Trujillo, Valle.

• Asociación Campesina Agroecológica Bien Andante, Sucre, Cauca.

• Asociación Campesina Agroecológica Huerto Renacer, Sucre, Cauca.

• Asociación Campesina de Desarrollo Sostenible de San Salvador, ASCADES, Puerto Asís, Putumayo.

• Asociación Campesina en la memoria de Dumar Aljure, Mapiripán, Meta.

• Asociación de familias víctimas de desplazamiento forzado de Argelia, Cauca

• Asociación de familias víctimas de ejecuciones extrajudiciales “Sembradores de Paz”, San Antonio, Inza, Cauca.

• Asociación de Productores y Procesadores “Camino al Futuro”, ASPROCAF, Puerto Asís, Putumayo.

• Asociación de Víctimas de la Violencia de Riosucio, CLAMORES, Municipio de Turbo, Antioquia.

• Asociación de Trabajadores del Campo (ASOTRACAMPO), Galapa – Atlántico

• Comunidad Civil de Vida y Paz, CIVIPAZ, municipio de El Castillo, Meta.

• Comunidad de Vida y Trabajo “La Balsita”, municipio de Dabeiba, Antioquia.

• Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad, CAVIDA, municipio Riosucio, Chocó.

• Comunidades de Nueva Unión, Pedeguita y Mansilla, Carmen del Darién, Chocó.

• Comunidades de Santa Rosa del Limón y Vigía del Curvaradó, Carmen del Darién, Chocó.

• Consejo comunitario de la comunidad negra del río Naya, Buenaventura, Valle.

• Consejo comunitario y biodiverso El Porvenir del bajo Calima, Buenaventura, Valle.

• Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo.

• Familia Martínez, finca la Alemania, municipio de San Onofre, Sucre.

• Familia Mausa, Blanquicet y municipio Carmen de Bolívar, Bolívar.

• Familias de los Consejos comunitarios que habitan en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de Curvaradó, municipio Carmen del Darién, Chocó.

• Familias de los Consejos comunitarios que habitan en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de Jiguamiandó, municipio Carmen del Darién, Chocó.

• Familias del consejo comunitario de Bijao, Onofre en Pedeguita y Mansilla.

• Familias del consejo comunitario de Nueva Unión en Pedeguita y Mansilla.

• Fundación de Desplazados y Personas Vulnerables (FUNDAPAD) Zona Bananera – Magdalena.

• Jóvenes Unidos por el Bajo Calima, JUBCA, Buenaventura, Valle.

• Los familiares de once jóvenes asesinados por el ejército, en los conocidos como “falsos positivos”, municipio de Tolú Viejo, Sucre.

• Pueblo Kamëntsá Valle de Sibundoy, Putumayo.

• Resguardo Humanitario Ambiental – Urada Jiguamiandó, So Bia Drua, Pueblo Embera, municipio Carmen del Darién, Chocó.

• Resguardo Humanitario y Biodiverso Santa Rosa Guayacán Pueblo Nonam, Buenaventura, Valle.

• Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, ADISPA, Puerto Asís, Putumayo.

• Zonas de Biodiversidad “Grupo Porvenir”, Puerto Asís, Putumayo.