Pronunciamiento UCCSNAL sobre reanudación de aspersiones aéreas con herbicidas a base de glifosato en Colombia
La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina, quiere expresar su preocupación por el nuevo Decreto 380 del 12 de abril de 2021 expedido por el gobierno colombiano: “Por el cual se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, y se dictan otras disposiciones”, el cual desconoce el principio 15 (principio de precaución) de la Declaración de Río de Janeiro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 y otras normas internacionales sobre ambiente y el derecho a la salud.
En aplicación del principio de precaución, algunos países de la Unión Europea están prohibiendo o endureciendo condiciones para la aplicación del glifosato, incluyendo la prohibición de la aspersión aérea en zonas diferentes a cultivos agroindustriales.
El 24 de junio de 2020, el gigante farmacéutico y agroquímico alemán Bayer anunció que acordó pagar hasta 10.900 millones de dólares en un acuerdo masivo con cerca de 125.000 demandantes estadounidenses (aproximadamente el 75% de los actuales casos de litigación relacionados con Roundup) que dicen que el herbicida, fabricado por la unidad Monsanto, es el causante del cáncer que padecen[1].
Por otra parte, un dictamen del Tribunal de Justicia de la UE sobre el principio de precaución y el glifosato definió así el principio de precaución:
Ese principio implica que, cuando exista incertidumbre sobre la existencia o el alcance de los riesgos para la salud humana, podrán adoptarse medidas de protección sin tener que esperar a que la realidad y la gravedad de esos riesgos se hagan plenamente evidentes. Cuando resulta imposible determinar con certeza la existencia o el alcance del presunto riesgo porque los resultados de los estudios realizados no son concluyentes, pero la probabilidad de un daño real a la salud pública persiste en caso de materializarse el riesgo, el principio de precaución justifica la adopción de medidas restrictivas[2].
Hay abundante evidencia técnica y científica de la ineficacia de esta herramienta para la lucha contra las drogas y sus impactos en el ambiente y la salud humana[3], a lo que se suma el hecho que afrontamos una pandemia global y un confinamiento obligatorio.
El informe del Comité de los Derechos del Niño de la ONU de 2006, expresa su preocupación por “los problemas de salud ambiental que crea el uso de la sustancia glifosato en las campañas de fumigación aérea contra las plantaciones de coca (que forman parte del Plan Colombia), ya que esa práctica afecta la salud de grupos vulnerables, entre ellos niños”[4]
Las aspersiones aéreas con plaguicidas, para erradicar cultivos de cuya producción se hace un uso ilícito, no son nuevas en Latinoamérica. De hecho, en el contexto de la Operación Cóndor, los Estados Unidos apoyaron operaciones aéreas a gran escala en México contra el cannabis con el herbicida Paraquat, y contra la adormidera con 2,4-D, uno de los dos ingredientes del agente naranja utilizado en Vietnam. Entre 1975 y 1978, se otorgaron 40 millones de dólares a México para dicho fin.
Colombia comienza en 1978 a usar Paraquat contra el cannabis. Los pilotos colombianos erradicaron unas 19 mil hectáreas de marihuana plantadas en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Serranía del Perijá en el departamento de Cesar.
Para 1982, en América, varios países autorizan periódicamente operaciones de aspersión o participan en experimentos sobre el terreno. Las operaciones que se iniciaron en México se expanden hacia Guatemala y Belice.
En 1988, buscando un herbicida para atacar la coca en Perú, los Estados Unidos empiezan a experimentar con triclopir, hexazinona y tebuthiuron. Pero el fabricante estadounidense (The Lilly & Co) manifiesta su preocupación por los posibles daños ambientales a largo plazo, ya que estos herbicidas no se habían probado en las condiciones ambientales que predominan en América del Sur. El gobierno peruano estuvo utilizando el químico 2,4-D, sin embargo, resulto ineficiente y fue abandonado.
Tras años de aspersión en 1992, las protestas de cocaleros y científicos consiguen ponerle fin a la aspersión en Bolivia y Perú. Sin embargo, Colombia mantiene operaciones de erradicación de amapola con Roundup (marca de glifosato).
En el marco del Plan Colombia, se realizaron aspersiones masivas con millones de litros de Roundup Ultra – con concentraciones de glifosato hasta 26 veces mayor que la usada en la agricultura convencional –, al que se añade el surfactante de alquilamina de polioxietileno (POEA), notablemente más tóxico que el propio glifosato y usado para aumentar la adherencia a las superficies vegetales y el coadyuvante y Cosmo-Flux 411 y eventualmente integrado por otros herbicidas. La Unión Europea se suma a las críticas contra los programas de aspersión.
En la década del 2000, el paquete herbicida aplicado a las plantaciones de coca incluía: un promedio de 23,7 litros (6,25 galones) de esta mezcla por hectárea, lo que equivale a 10,4 litros de Roundup (con POEA incluido) sin diluir, más 0,24 litros de Cosmo-Flux y 0,08 litros de Cosmo-InD mezclados en 12,9 litros de agua[5].
En el año 2015, Colombia fue el último país del mundo en abandonar esta estrategia fallida. El presidente Juan Manuel Santos anunció el fin de las aspersiones después que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud declarara que el glifosato es probablemente cancerígeno en los humanos[6]. La decisión se tomó a pesar que los Estados Unidos presionaron al Gobierno colombiano para que siguiera asperjando.
Sin embargo, el actual gobierno colombiano, encabezado por el presidente Iván Duque, vuelve a insistir con esta anacrónica estrategia de lucha contra las drogas que en todos los países donde se aplicó, no contó con larga vida por su ineficacia y por los costos sociales y políticos.
Las aspersiones aéreas son la prueba concluyente de las dudas, las incongruencias y la ineficacia de una política de erradicación de cultivos de uso ilícito que ataca las consecuencias y no las causas de este fenómeno. Es común escuchar que se debe atacar la siembra, transformación y comercialización de cultivos de cuya producción se hace un uso ilícito por “ser fuente de financiación del terrorismo”, dejando de lado que en este proceso existe una problemática social y económica de fondo, que reclama un manejo distinto al uso de la fuerza, al señalamiento y al control de las poblaciones.
Los insignificantes resultados que se presentan cuando vemos que las aspersiones aéreas contra los cultivos de coca han afectado más de 1.896.358 hectáreas, sin que la producción de clorhidrato de cocaína hubiera variado significativamente. Prueba de lo anterior, es que en Colombia se han sembrado 2.747.958 hectáreas de coca entre 1988 y 2019, de las cuales se ha erradicado de manera aérea y manual forzada 2.595.284 hectáreas entre 1994 y 2019[7] (con una “aparente eficacia” de erradicación del 94,4%) sin embargo el número de cultivos anuales y el potencial de producción de clorhidrato de cocaína dicen lo contrario. Los trabajos de Pascual Restrepo, del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de Sandra Rozo, de la Universidad de California, indican que, por cada hectárea asperjada con glifosato, los cultivos de coca se reducen en 0,035 hectáreas[8].
Lo que si queda claro con la aspersión es que da paso a la resiembra y al ‘soqueo’ (corte de la planta a aproximadamente 30 cm del suelo), entre otras técnicas empleadas para eliminar los efectos del producto asperjado. Adicionalmente, en la medida en que la mezcla química empleada es un herbicida y por tanto tiene efecto directo sobre las hojas, el arbusto se recupera si se lavan las plantas o se presentan lluvias inmediatamente después de la aspersión.
Los resultados que arrojan luz, en contraposición a la erradicación forzada, es que los programas de sustitución concertada con los campesinos, definidos en el punto 4 de los acuerdos de la Habana “Planes de acción inmediata firmados por 99.000 familias y otras 120.000 se pusieron en lista con pactos colectivos de erradicación voluntaria para entrar en los proyectos productivos”, demostraron mayor efectividad a pesar del incumplimiento del gobierno colombiano.
Otro tema espinoso en las aspersiones aéreas, son los fenómenos de la deriva y la evaporación, fenómenos físicos que se dan al mismo tiempo y consisten en que partículas llevadas por el viento a grandes distancias arrastran pequeñas gotas del producto asperjado[9]. La deriva afecta la biodiversidad, al contaminar tanto flora como fauna y asimismo los cultivos agrícolas y alimenticios, sustento de la población colombiana. Igualmente se afectan los bienes naturales de propiedad colectiva, representados en suelo, aire y agua, elementos altamente vulnerados al contaminarse con este tipo de tóxicos.
Adicionalmente, el informe de la Comisión Científica Ecuatoriana (2007) mostró que, por efecto de la deriva, el glifosato entra a las zonas de frontera del Ecuador, produciendo daños en la salud y el ambiente[10]
La mayoría de los estudios sobre deriva solo consideran las posibilidades de movimiento de los plaguicidas al momento de la aplicación, sin ahondar en lo que sucede con las moléculas pulverizadas que se gasifican, tampoco se profundiza en la deriva secundaria que ocurre 24 horas después de la aplicación, ni la terciaria que ocurre después de estas 24 horas hasta transcurridos varios meses e incluso años de las aspersiones.
Finalmente, la estrategia de control o erradicación de cultivos de cuya producción se hace uso ilícito, está atravesada por muchos interrogantes. Las causas de la dispersión de estos cultivos giran en torno a los problemas estructurales, como el modelo de intervención militarista (antes del Plan Colombia la coca estaba en ocho municipios del país, después de este en 24 y actualmente en 104), la crisis agraria, la inequidad de un modelo de desarrollo que no es sostenible, la ausencia de una gobernabilidad ganada desde los procesos y no desde el ejercicio de la fuerza y el incumplimiento sistemático de los acuerdos como el de paz (Punto 1 y 4), el Pacto Agrario y otros muchos pactados regionales incumplidos.
La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina considera que las causas que han derivado en la permanencia durante más de cuatro décadas de los cultivos de uso ilícito en el país, no han sido debidamente atendidas. Por el contrario, la política se ha centrado en perseguir las plantaciones y, con ello, al eslabón más débil de la cadena integrado por campesinos, colonos, indígenas y afrocolombianos que deben dedicarse a su siembra, bien sea por presiones de los actores armados o para sobrevivir ante las inadecuadas condiciones de vida en que los a dejado el gobierno por comisión u omisión.
De continuar sin abordarse estas problemáticas, los diversos intereses involucrados en el negocio del narcotráfico sobrevivirán y acogerán otras formas de operar, más violentas y dispersas, lo que hará más difícil su control. Los ciudadanos colombianos y estadounidenses continuarán presenciando el despilfarro de significativos recursos en acciones que además de no mostrar sus bondades impiden el afianzamiento de la democracia y con ello la consecución de la paz en Colombia.
Finalmente, La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina (UCCSNAL) se solidariza con el pueblo colombiano en estos duros momentos e invita al Gobierno Colombiano al diálogo con los jóvenes que hoy se manifiestan, sus reivindicaciones corresponden a problemas estructurales que deben ser resueltos en un ejercicio de democracia participativa, donde un elemento fundamental será la visibilización, como actores políticos, de los jóvenes rurales y urbanos como parte de una real transformación social. Soluciones cortoplacistas como la reactivación de las aspersiones aéreas solo exacerban más aun los problemas estructurales ya existentes en la ruralidad colombiana.
Notas:
[1] Actualidad /Politica (Junio 24, 2020). Bayer acuerda indemnizar a demandantes en EE. UU. por caso de glifosato. DW Akademie. https://www.dw.com/es/bayer-acuerda-indemnizar-a-demandantes-en-ee-uu-por-caso-de-glifosato/a-53931665
[2] Case C-616/17 Blaise, para. 28; Opinion of Advocate General Sharpston in Case C-616/17 Blaise, para. 43. Citado en Röttger-Wirtz (2020). The precautionary principle and its role in judicial review: glyphosate and the regulatory framework for pesticides. Maastricht Journal of European and Comparative Law 1–14
[3] Letters. https://doi.org/10.1007/s10311-017-0689-0
Peillex C. y Pelletier M. (2020). The impact and toxicity of glyphosate and glyphosate-based herbicides on health and immunity. Journal of Immunotoxicology, 17:1, 163-174, https://doi.org/10.1080/1547691X.2020.1804492
[4] Comité de los Derechos del Niño, 42º período de sesiones. CRC/C/COL/CO/3. 8 de junio de 2006.
[5] CIF, en base a datos de la DNE Colombia, del 2007. Citado en Comisión Científica Ecuatoriana (2007). l Sistema de Aspersiones Aéreas del Plan Colombia y sus Impactos Sobre el Ecosistema y la Salud en la Frontera Ecuatoriana.
[6] IARC Monographs. No. 112- Glyphosate. La IARC concluyó que el glifosato es a)“probablemente carcinogénica” para los humanos, por lo que debe ser clasificada en el Grupo 2A;b) que se tiene limitadas evidencias de carcinogenicidad en humanos con respecto al cáncer o linforma no- Hodgkin, y c) que se tiene suficientes evidencias de carcinogénesis relacionadas con glifosato en animales bajo condiciones experimentales. El informe añade que hay fuertes evidencias de que las formulaciones basadas en glifosato son genotóxicas y que pueden producir daños cromosómicos en las células sanguíneas.
[7] Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos – SIMCI / Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC.
[8] Mejía D., Restrepo P., Rozo S. (2015). On the Effects of Enforcement on Illegal Markets : Evidence from a Quasi-Experiment in Colombia. Policy Research Working Paper 7409. 33 pp. http://hdl.handle.net/10986/22665
[9] EMBRAPA ha demostrado que cerca de 32% del herbicida se queda en la planta que se quiere erradicar, 49% van al suelo, 19% van por el aire a otras áreas vecinas (Chaim, 2004, en C.M.M. de S. Silva e E.F. Fay, ed. Técnicos. 2004. Agrotóxicos e Ambiente. Brasilia, Embrapa, D.F. pp. 289-317).
[10] Como resultado de estas evidencias, el gobierno del Ecuador pidió al gobierno Colombiano que deje una franja de 10 kilómetros libre de fumigación en la zona de frontera con los Departamentos de Nariño y Putumayo.
Medio de Comunicación La Pluma – 18 mayo, 2021