Pronunciamiento Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
El acuerdo de paz en Colombia tiene un gran potencial para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, pero nos preocupa que no se prioricen los aspectos prácticos de la desmovilización y el desarme de los integrantes de las FARC que figuran en el acuerdo.
La experiencia internacional demuestra que los primeros días de la desmovilización son los más críticos para asegurar que los combatientes no abandonen el proceso de paz y para prevenir un aumento de la violencia.
Según el acuerdo de paz, la guerrilla de las FARC debe concentrarse en 27 zonas donde se desarmarán y se desmovilizarán (Zonas Veredales Transitorias de Normalización y Puntos Transitorios de Normalización). Pero dos semanas después del inicio del proceso de desmovilización, ninguna de estas zonas está adecuadamente equipada para recibirlos. Hay acceso limitado a agua potable, alimentos, servicios de salud y electricidad.
Mientras tanto, los miembros de las FARC se han reunido en lo que se conoce como puntos de preagrupamiento temporal antes del desarme y desmovilización, donde hay una falta similar de preparación y facilidades. También nos preocupa que no existan medidas concretas de seguridad.
A medida que los miembros de las FARC abandonan áreas tradicionalmente bajo su control, el Estado aún no ha asumido plenamente sus funciones, dejando un vacío de poder. Grupos armados criminales están compitiendo por el control de las actividades económicas ilícitas en estas áreas, como el cultivo de coca y la minería ilegal.
Ante esta situación, hay un riesgo de aumento de violaciones a los derechos humanos.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia documentó 61 asesinatos en 2016, principalmente de defensores de derechos humanos y líderes sociales en áreas rurales. Veintiuno de estos asesinatos ocurrieron después de la firma del primer acuerdo de paz el 26 de septiembre.
Existen también retos a largo plazo, dado el ambicioso alcance del acuerdo de paz.
Por lo tanto, solicitamos al Gobierno de Colombiana que designe un responsable de gestionar la crisis con autoridad ejecutiva para abordar estos problemas prácticos y así evitar socavar un proceso de paz que promete mucho, si se implementa adecuadamente.
Pedimos una acción inmediata, determinada y visible del Estado para proporcionar seguridad y servicios básicos y comenzar a implementar todos los aspectos del acuerdo para asegurar que se cumpla la promesa de paz para Colombia.
Acogemos con beneplácito el impulso dado al proceso de paz mediante la concesión del Premio Nobel de la Paz al Presidente Juan Manuel Santos. También confiamos en que la decisión del Tribunal Constitucional de Colombia de otorgar la autoridad para aprobar por vía rápida (“fast-track”) reformas legales cruciales para implementar el acuerdo de paz con las FARC, incluyendo una ley de amnistía, impulse el proceso.
FIN