Prohibición y criminalización del silencio y de los rostros de los familiares de los desaparecidos del palacio de justicia

Desde muy temprano Belisario Betancur ingresó a su lugar de trabajo, dicen que a eso de las 6.30 a.m. para evitar el encuentro con la realidad, con las preguntas, A eso de las 8:40 a.m. la policía impidió la instalación de 8 de las 12 sillas vacías con las fotografías de los desaparecidos que se iban a instalar enfrente de la oficina del ex mandatario en la sede de la editorial Santillana en la mañana del día de hoy. Betancur allí rindió su testimonio para esclarecer la responsabilidad de militares sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia ocurrida entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.


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Una hora después de intentos infructuosos para ubicar la totalidad de las sillas, los familiares de los desaparecidos caminaron en absoluto silencio con las fotografías. Cuando intentaron acceder a la calle 80, los regulares hombres y mujeres les impidieron el paso. Algunos de estos indicaron que había una orden para prevenir actos de agresión haciendo resonancia de las versiones que los militares han hecho circular por algunos medios de información. Otro de los agentes resonó las falsas versiones del poder en el que se señala a las víctimas de actos de hostigamiento contra los militares. Otro policía indicó que el problema era portar esas fotografías. Alguno, luego de tildar de radicales a los familiares, aseveró que su “manifestación” impediría el desarrollo de la acción judicial. Otro indicó que si dejaban a un lado ese material, refiriéndose a las fotografías, podrían transitar. Y finalmente uno más escueto indicó todo es porque se trata de Belisario Betancur.

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Así transcurrieron las dos horas en la calle 80. En el abuso de la autoridad, que niega derechos fundamentales como una obediencia ciega para proteger a los sectores de poder; en la negación a la posibilidad de afirmar la exigencia de verdad y de justicia, así ella, se produzca como un acto de objeción silenciosa, como una expresión de constancia ética; en la estigmatización que pesa sobre los familiares de las víctimas como sujetos vengativos o radicales; en la revictimización de los desaparecidos con la criminalización de la libre expresión que trae al presente el pasado. Todo porque no es posible el olvido, porque solo, si existe la justicia es posible la paz.

Entre tanto, en el interior de la sede de la editorial, Belisario manifestaba al Fiscal del caso y a las partes civiles dentro del proceso, que conoció días después por el Ministro de Defensa de su gobierno, Miguel Vega Uribe, que varios guerrilleros salieron vivos del recinto. Sobre los desaparecidos se enteró de su existencia por los medios de información.

La respuesta de Betancur indica que efectivamente algunos guerrilleros salieron con vida. Entre ellos Irma Franco, luego desaparecida. Permite colegir que en el caso de Andres Almarales este fue sacado vivo del Palacio de Justicia y su cuerpo sin vida ingresado al lugar. O que los civiles, como los estudiantes de la Universidad Externado fueron torturados porque se les concibió como guerrilleros o que el magistrado como Carlos Urán fue sacado vivo y luego ejecutado, y su cuerpo sin vida colocado nuevamente en el interior del Palacio de Justicia. Y es clarísimo que los 11 familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia fueron concebidos desde el primer momento como guerrilleros.

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La verdad de la historia oficial continúa siendo a medias, cuando no falsedades que pretenden convertirse en verdades. La verdad integral permitiría develar las inconfesables razones de Estado para haber actuado contra todo principio de humanidad, identificando las responsabilidades individuales, incluso la de Belisario, quién por radio y televisión hace 23 años, indicó que para mal o para bien, él “era el responsable” de todo lo que había pasado. La verdad real la evocan las víctimas con su silencio, con el que se desmorona tanta palabrería encubridora. Esa verdad real es la que se refleja en la memoria colectiva cuando los rostros de los 12 desaparecidos del Palacio de Justicia, y los nombres de los ejecutados injustamente recorren los entornos de los espacios físicos en donde se hacen presentes los responsables de ese acto de barbarie. Contra toma armada que hiere lo profundo de nuestra condición humana, que da vergüenza por que se ha hecho a nombre de la “defensa de la democracia, maestro”, como expresó en ese momento el Teniente Coronel Plazas Vega. Esa misma “democracia” que la policía defiende cuando prohíbe, criminaliza las palabras del silencio, los nombres en unas sillas vacías, y las fotografías de los desaparecidos. Solidaridad de cuerpo de ayer, la misma de hoy.

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BOGOTÁ, D.C. AGOSTO 15 DE 2008

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ