Profundización del derrumbe ético en Colombia
Los últimos ocho años del gobierno Uribe en Colombia significaron para la conciencia de la sociedad el consentimiento de prácticas que contradicen los principios éticos que fundamentan los derechos humanos. Los medios masivos de información han dado cuenta de algunas de estas prácticas, más en su afán noticioso, no pasan de ser calificados como escándalos, que como todos, tienen su clímax y pasan.
Al final todo queda un simple registro en las web y en en muy buenos artículos de opinión, que son leídos solo por círculos informados, bastante minoritarios de la sociedad colombiana. Pero poco a poco todo es parte de la costumbre.
El derrumbe ético está en lo que las prácticas estatales han ido labrando en la conciencia de las mayorías.
En el caso de los sectores más empobrecidos de la sociedad, los programas de asistencia como Familias en Acción, que efectivamente llegaron con recursos periódicos a un significativo número de familias, desvió la comprensión del Estado como garante del bienestar de sus asociados y lo convirtió en oferente de ayudas, como si se tratara de cualquier agencia humanitaria.
Estas “ayudas” estuvieron lejos de generar autonomía productiva por parte de las familias. Lo que produjeron fue un refuerzo de la mentalidad dependiente, la opinión positiva sobre la actitud caritativa del gobernante, a quien vieron como un padre dadivoso al que había que retribuir con el voto propio y el de la familia, hasta reelegirlo para un segundo período. Se logró así asegurar una nueva clientela, cuya conciencia se hizo comparable, ya no necesariamente con una botella de licor, un pan o una teja, si no con dinero contante y sonante, una limosna para el hoy, continuamente otorgada, sin que se resuelva el problema del empleo digno, de la alimentación o del derecho a la tierra.
El Estado dejó de tener la obligación de garantizar derechos a ser portador generoso de limosnas. Los grandes ingresos que debían llegar a los campesinos pobres, del programa gubernamental Agroingreso Seguro, fueron entregados, en cambio, a reinas de belleza, ganaderos, terratenientes, palmicultores, paramilitares, narcotraficantes, sin que tuvieran que reembolsar ni un solo peso al erario público. Ese Estado sirvió a los sectores que le permiten asegurar el modelo de seguridad con el control social productivo, garantizando acumulación para los menos y la exclusión consentida para los más; respondió a las lógicas de acumulación del capital a través de monocultivos y los agronegocios y se fortalecieron como un régimen despótico y excluyente.
En esta fase de construcción del Estado, los estamentos militares asumieron un papel protagónico, la fuerza por encima de la razón, lo militar por encima de lo civil. Se institucionalizó masivamente lo que antes se conocía como campañas cívico-militares, con el propósito de lograr la “confianza inversionista”, socializando la responsabilidad en seguridad, haciendo de los empobrecidos parte de los esquema de seguridad, garantizados con las boronas de esa caridad gubernamental. El Estado cesa en su deber de garante y da respuestas asistenciales, y los asistidos son parte de la responsabilidad institucional en materia de seguridad.
Las campañas cívico militares dejaron de nombrase así en la reingeniería discursiva, como ocurre en Afganistán e Irak. Toda práctica de intervención económica – la caritativa- y la de agronegocios estuvo mediada por el estamento militar desde los Centros de Coordinación de la Acción Integral. El Estado abdicó de los principios del derecho Internacional Humanitario para configurar un control social territorial donde se combina la represión, la inoculación del terror, con las obras caritativas a los más pobres y los miles de millones a los ricos. El Estado abdicó de su identidad como resolutor de conflictos para violar derechos “legítimamente” en contra de la mayoría, y a favor de los sectores paraempresariales y los sectores privados nacionales e internacionales.
El valor de la verdad, a fuerza de la repetición nemotecnica de las mentiras, fue cediendo en el inconsciente colectivo hasta crear imágenes distorcionadas de la realidad. Se impuso como verdad, la mentira de que en Colombia no existe conflicto armado interno, o que ya no existen los grupos paramilitares. Se inyectó en la conciencia ciudadana por largo tiempo, que la guerrilla ya había llegado a su fin, hasta que debieron resucitarla para justificar la aprobación de presencia militar estadounidense en siete bases colombianas, ignorando todos los procedimientos que la ley impone para la suscripción de acuerdos militares con otros países, como lo acaba de sentenciar la Corte Constitucional.
El engaño, las trampas, los atajos, el irrespeto a los límites del Estado de derecho se impusieron como lo recto. La reelección se hizo con la probada compra de votos de congresistas a cambio de cargos públicos; se dio vía libre en el congreso de la república a un referendo reeleccionista cargado de vicios como el de la superación de los topes de financiación; el mismo presidente de la república animó a los congresista, ad portas de ir a las cárceles por vínculos con paramilitares, a aprobar los proyectos de ley del gobierno antes de ser recluidos en prisión. Los consejos comunales en cabeza del presidente desinstitucionalizaron la gestión pública, los mecanismo de veeduría y control. Reconocidos políticos y militares implicados en graves violaciones a los derechos humanos gozaron de cargos públicos durante largos períodos, bajo la protección especial con el abrigo de la impunidad ofrecido por el mismo jefe de Estado.
Operaciones militares donde se infringió el derecho humanitario, quedaron como ejemplos de heroísmo, tal como ocurrió con la operación Jaque en la que el gobierno liberó a 8 secuestrados, usando los emblemas del Comité Internacional de la Cruz Roja. Explicación no pedida, acusación manifiesta, sin que nadie le preguntara, afirmó en el show mediático que no había hecho uso de los de emblemas, mentira que se evidenció al conocer los videos de la operación filtrada por los medios de información. Se invadió un país vecino, amparándose en el combate al terrorismo erosionando los cimientos del derecho internacional.
La maldad devino en bondad. “Los positivos militares”, como llaman en el argot de la guerra a los enemigos dados de baja, fue premiado con ascensos, vacaciones, primas especiales. La derruida conciencia de militares e informantes desde las mas altas jerarquías castrenses, fueron labrando la estrategia de los crímenes perfectos de pobladores de barrios populares que, con engaño, eran llevados a zonas de conflicto para asesinarlos, vestirlos de guerrilleros, ponerles un fusil o explosivos en las manos y presentarlos como guerrilleros muertos en combate. La sensación de seguridad democrática fue labrándose con cada parte “exitoso” de guerra. La confianza inversionista alimentó la avaricia empresarial. La política social militarizó la vida cotidiana.
Lo bárbaro fue festejado y premiado. El pago de información a informantes de oficio o fortuitos, convirtió al vecino de siempre en trampolín de recursos, lo importante era entregar información para ganar dinero. La propaganda institucional para la delación, permeó la entrañas mismas de los grupos rebeldes hasta llegar al paradigmático caso de un subalterno que asesinó a su comandante, le cortó la mano que cargó consigo hasta llegar a una guarnición militar donde, con su trofeo, postuló a la millonaria suma que ofrecía el gobierno por la muerte del guerrillero. Todo vale, todo es permitido por la el bien de la patria.
El robo fue exaltado como astuta posesión de lo que los pobres no pueden administrar. La política agraria del anterior gobierno se centró en garantizar el despojo de los empobrecidos. El mismo presidente de la república, sin mayores escrúpulos, animó a los empresarios de la palma, la mayoría paramilitares, a producir agrocombustibles con el aceite extraído en el Curvaradó y Jiguamiandó , aún después que se había comprobado que esos cultivos se habían plantado a precio de sangre sobre los territorios colectivos de estas comunidades .
Para garantizar la utilidad sin límite de los usurpadores o favorecer a sus familiares mas cercanos, el gobierno decretó exenciones de impuestos, mediante la constitución de zonas Francas, de las que se beneficiaron, de manera directa, sus propios hijos. También entregó áreas destinadas para la reubicación de familias víctimas del desplazamiento forzado, (Colombia es el segundo país del mundo, con mayor número de desplazados internos, después de Sudán), a empresarios ricos cercanos a su gobierno.
Antes de terminar su mandato, se empeñó en entregar concesiones para la construcción de grandes obras de infraestructura vial, como la Transversal de las Américas, a amigos suyos , cuestionados, también por usurpación de tierras y vínculos con los paramilitares. Embargó el Estado al comprometer, mediante la figura de las “vigencias futuras”, el presupuesto correspondiente a los años 2011 a 2013 dejando en aprietos la financiación de nuevas obras.
El gobierno se hizo dueño de la intimidad, de la honra, de la vida y de la integridad personal de quienes consideró sus opositores. El organismo de inteligencia del gobierno, DAS, se encargó de espiar, diseñar campañas mediáticas , atentados, crímenes, judicializaciones, montajes, contra organizaciones de derechos humanos, magistrados de las altas cortes, periodistas, políticos de la oposición, sin que hasta la fecha los responsables de la casa presidencial hayan sido obligados a responder ante la justicia. Decisiones del ejecutivo estuvieron inspiradas en informaciones obtenidas de manera ilegal, convirtiendo a defensores de derechos humanos en guerrilleros ante la opinión pública, haciendo de magistrados que obraron en derechos cómplices de delincuentes, de periodistas que evidenciaban escándalos públicos, en conspiradores contra el régimen, de sacerdotes comprometidos con el acompañamiento de las víctimas, en encarnación de lo diabólico.
Después de ocho años de gobierno, el mandatario terminó como el presidente más popular de la historia. Su simpatía en la opinión, sirvió de corriente para la entronización del nuevo mandatario de los colombianos desde el 7 de agosto de 2010. Su 70% de popularidad no está lejos de la realidad, a pesar de que se inflen algunos puntos. Lo grave es que el daño está hecho en la conciencia de las mujeres y hombres de la sociedad que ven en este mandatario el presidente ideal para gobernarlos.
El derrumbe ético de Colombia, se suma al desastre moral planetario, con el emblemático nombramiento de Alvaro Uribe, por parte de el Secretario General de las de Naciones Unidas Ban Ki-Moon, como uno de los tres miembros de la Comisión de esclarecimiento de los hechos de la flotilla de la libertad Turca en la que fueron asesinados voluntarios internacionalistas que llevaban ayuda a los palestinos. ¿La Onu pretende que aporte desde el apego a lo pactado en el derecho internacional? O ¿ en su experiencia en la búsqueda de atajos al derecho para justificar acciones de hecho como las protagonizadas por la marina israelí?
¿Dónde está la posibilidad de reconstrucción de la conciencia moral destruida?
¿A qué recurrir para que la ética tenga asidero real en la sociedad Colombiana?
A los bastiones de dignidad que deambulan en contracorriente en comunidades en resistencia, que construyen economía de subsistencia, que edifican la memoria de sus asesinados y desaparecidos, que se empeñan en que su verdad sea conocida, por lo menos en sus círculos mas cercanos de todo el planeta, que se aferran a los territorios de los que los quieren despojar o han sido despojados, que creen en una salida política negociada al conflicto armado interno como posibilidad, que defienden la biodiversidad, que sabotean los grandes proyectos que extraen sus recursos para el gobierno global, que ligan lo micro con lo macro.
Entre tanto las resistencias, como fermento en la masa, hasta tanto se generalicen, al menos, las cuatro obligaciones de las que habla Hanz Kung en su proyecto de una ética mundial*: “Una Cultura de no violencia y respeto por la vida: ‘ten respeto a la vida, ¡no matarás! ¡no torturarás!, no atormentarás ni herirás! Una cultura de la tolerancia y de la vida veraz: habla y actúa con veracidad, ¡no mentirás!, ¡no engañarás, falsificarás ni manipularás! ; una cultura de la solidaridad y de un orden económico justo: actúa con justicia y honradez ¡No robarás!’ !No explotarás, sobornarás no corromperás! Una cultura de la igualdad de derechos y de la cooperación entre hombre y mujer: respetaos y amaos unos a otros’ !no hagas mal uso de la sexualidad! ¡No engañes, humilles y degrades!¨ [[http://www.cambio.com.co/especiales/home/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-3490145.html]]
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
20 de agosto 2010