Procedimiento abusivo y exagerado de registro a vehículo de protección.
El domingo 8 de marzo, a las 10:00 a.m., cuando los defensores de nuestra Comisión de Justicia y Paz, Santiago Mera, Isabel Velásquez y Laura Calvache salían de San José del Palmar, Chocó, fueron obligados a detener el vehículo asignado para su protección por la UNP por unidades policiales que desconocieron los protocolos.
Además de la ausencia de señalización y ante la negativa del escolta de abrir el vehículo de protección en carretera, tal y como lo indican los protocolos de seguridad, los policías agresivamente exigieron prueba de la inmunidad del vehículo e indicaron que “si fuera la guerrilla, ahí si obedecían y permitían todo”.
En seguida, uno de los uniformados realizó una seña con la mano y se hizo presente un vehículo particular Chevrolet Dimax doble cabina, color gris metalizado con placa DBG 603 en el que se desplazaba un Policía Contraguerrilla. El policial manifestó a los cuatro patrulleros “cuidado con lo que boten del carro”.
Este vehículo, dos motorizados con los fusiles en alto y la patrulla con número 303266 escoltaron al vehículo de protección en el que se desplazaban nuestros defensores hacia la Subestación de Policía Albán, a dónde exigieron ser trasladados para asegurar que la inspección del vehículo cumpliera con los protocolos.
En la estación policial, el vehículo usado por la policía contraguerrilla emprendió otro rumbo. El Subintendente Juan Lemus ordenó a los defensores bajar del vehículo, tomándoles fotografías y videos.
Los uniformados terminaron el registro cuando se les informó que se estaba comunicando lo que sucedía a la coordinación de Policía de la región y la Consejería de Derechos Humanos.
Los defensores de derechos humanos participaron en ejercicio de su misión en un taller de formación de cartografía, historia catastral y en actividades con presencia de la alcaldía de San José, para activar rutas de titulación de predios, de comunidades negras y campesinas, que sigue hoy padeciendo el conflicto armado.
La operaciones de control policial se sigue rigiendo con mentalidad contrainsurgente en el que conciben a los defensores de derechos humanos como sujetos de apoyo o de actuaciones insurgentes.
El desconocimiento de los protocolos por parte de la Policía Nacional y la estigmatización a líderes y defensores de derechos humanos pone en riesgo su integridad en estos procedimientos desmedidos que se realizan sin contemplar condiciones de seguridad de los afectados, calumniando además a quienes exigen estas garantías.
Bogotá D.C., 8 de marzo de 2020
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz