Privilegios del agro
En Agro Ingreso Seguro se utiliza el mismo criterio que ha servido de argumento para justificar la venta de las acciones de Ecopetrol a la mitad.
Una política que amplía la desigualdad
Privilegios del agro
En los últimos días surgió un gran escándalo por los subsidios entregados en el programa de Agro Ingreso Seguro. El gran interrogante es cómo se llegó a una proliferación de créditos no reembolsables a reinas de belleza, familiares de políticos y donantes de las campañas electorales.
Si bien parte de la explicación está en un programa concebido sin propósitos claros, que se convierte en una piñata de presiones, la otra parte se origina en una filosofía del gasto público que viene de tiempo atrás.
El espectáculo de privilegiados recibiendo dádivas para realizar proyectos que los enriquecerán es una muestra de la política social y de subsidios de la actual administración. El mismo criterio ha servido de argumento para justificar la venta de las acciones de Ecopetrol a la mitad del valor real, los acuerdos de responsabilidad con los empresarios y la asignación de las zonas francas. Como los subsidios no sólo benefician a los que los reciben, sus autores consideran que el mercado y la eficiencia se encargan de trasladarlos a la sociedad de acuerdo con el principio de la mano invisible. Lo que no es cierto es que en esta feria los pobres tengan una mayor representación que los ricos y que el regalo termine repartiéndose en forma equitativa. Es la típica política que amplía las desigualdades de ingresos.
No es nuevo. Desde el florecimiento del modelo neoliberal la política pública ha estado guiada por la obsesión de la eficiencia. Los recursos destinados al gasto social son movilizados por agentes privados o por criterios de mercado. La mejor ilustración está en la Ley 100.
El sector salud se entregó a las empresas prestadoras de servicios (EPS), en la creencia de que la competencia llevaría a ofrecer servicios equivalentes a las cotizaciones. Hoy en día, no se sabe siquiera cuáles son los servicios efectivos del régimen subsidiado, una buena parte de los beneficios se consiguen por la vía de tutelas y las EPS operan con organizaciones monopólicas y perciben márgenes de ganancia superiores a los de las empresas industriales. Algo similar ocurre con la privatización de la seguridad pensional. No obstante la duplicación de las cotizaciones, la cobertura de la población activa no ha variado mayormente. Mientras que el 40% de los estratos altos acceden al sistema, los sectores pobres no lo hacen ni en 5%.
Luego de que los gastos sociales se triplicaron en los últimos 15 años, el balance global es una réplica de la muestra de Agro Ingreso Seguro. El país exhibe las más altas tasas de desempleo de América Latina, la pobreza se mantiene en el 50% desde mediados del siglo XX y la distribución del ingreso es una de las peores del mundo. Sólo los gastos básicos en salud y educación llegan en proporciones adecuadas a los sectores más pobres. El resto favorece en mayor proporción a los sectores medios y altos.
El programa Agro Ingreso Seguro (AIS) representa una de las movilizaciones más cuantiosas de recursos para la agricultura y está apoyado en normas debatidas y aprobadas por el Congreso de la República. Es posible que los congresistas no hayan imaginado que los buenos propósitos se deformaran a favor de un grupo tan selecto de privilegiados. Lo que no podían ignorar es que se trataba de una política pública inequitativa que no encaja con el retraso social de la nación. No cabía esperar que una normatividad plagada de criterios de productividad, alta rentabilidad y compensaciones al TLC pudiera favorecer en una mayor proporción a los grupos pobres de la población.
Es hora de que se entienda que los mercados tienden a favorecer a los agentes que disponen de mejores dotaciones iniciales de capital, educación y relaciones sociales. Por eso, las empresas más grandes obtienen las mayores rentabilidades y las personas con mayor educación reciben las mejores retribuciones. En este contexto, el Estado no puede acentuar semejante estructura entregando los fondos públicos a los ricos mediante instituciones expuestas a todo tipo de presiones políticas y familiares.
La Constitución de 1991 consagró los derechos fundamentales económicos y estableció los recursos y los procedimientos para hacerlos efectivos, pero no se ha avanzado en el cómo. El país carece de las instituciones, las costumbres políticas y los pesos y contrapesos que garanticen que los recursos públicos se destinen efectivamente a los sectores menos favorecidos.
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Eduardo Sarmiento