Primer año del Presidente Santos
El primer año del Presidente Santos se ha caracterizado por un marcado distanciamiento con respecto a la anterior administración en lo que tiene que ver con el discurso y la actitud del gobierno con la situación de derechos humanos en el país.
El gobierno de Santos durante su primer año de mandato, ha reabierto el diálogo con las organizaciones de derechos humanos y aprobó importante legislación que busca reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano. Sin embargo a pesar de estos cambios, la situación de seguridad de defensores de derechos humanos, líderes sindicales, comunidades afro-colombianas e indígenas y líderes de la población desplazada sigue siendo crítica. Los reportes de abusos cometidos por grupos paramilitares, guerrillas y las fuerzas armadas colombianas continúan, mientras que la impunidad para estos crímenes es la norma.
La Oficina en los Estados Unidos sobre Colombia y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, publicaron en el día de hoy un reporte que analiza el primer año del Presidente Santos y sus actuaciones en cuanto a temas claves de derechos humanos. El reporte ofrece un análisis sobre el estado de temas tales como: ejecuciones extrajudiciales, defensores de derechos humanos, comunidades afro-colombianas e indígenas, desplazamiento interno, la Ley de Víctimas y violencia sexual. El reporte concluye que mientras el gobierno de Santos ofrece una oportunidad importante para avanzar la agenda de derechos humanos en el país, también se enfrenta a grandes obstáculos, en especial en traducir el discurso a acciones efectivas.
Todavía se requieren acciones decididas por parte del gobierno Colombiano para garantizar el respeto y la promoción de los derechos humanos, los derechos territoriales de las minorías étnicas, el desmantelamiento de los grupos paramilitares y la reducción de los niveles de impunidad. Colombia se encuentra en un momento en que es imperativo el apoyo y seguimiento internacional para que el gobierno de Santos avance en la implementación de una política sólida de derechos humanos que haga frente a las violaciones sistemáticas y continuas que se presentan en el país. Una voluntad política decidida por parte del gobierno del Presidente Santos, sumado al apoyo de la comunidad internacional pondrá a Colombia en el camino del fortalecimiento del Estado social de derecho y en el de la búsqueda de la paz y la reconciliación nacional.