Presencia Permanente En Zonas de “Ubicación” – o el nombre que adopten las partes- y Protección a Excombatientes y Comunidades Aledañas.

Presencia Permanente En Zonas de “Ubicación” – o el nombre que adopten las partes- y Protección a Excombatientes y Comunidades Aledañas.

Con gran alegría y esperanza saludamos a las delegaciones del Gobierno y de las FARC-EP deseándoles que su labor continúe animando una nueva tierra, donde “la paz y la justicia se besen” (Biblia:Salmo 84, 11).

Bogotá, 09 de febrero de 2016

REFERENCIA: PROPUESTA PARA EL FORO NACIONAL “FIN DEL CONFLICTO” Y “REFRENDACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN”

Propuesta del Diálogo Intereclesial por la Paz, DiPaz:

Presencia Permanente En Zonas de “Ubicación” – o el nombre que adopten las partes- y Protección a Excombatientes y Comunidades Aledañas.

Con gran alegría y esperanza saludamos a las delegaciones del Gobierno y de las FARC-EP deseándoles que su labor continúe animando una nueva tierra, donde “la paz y la justicia se besen” (Biblia:Salmo 84, 11).

DiPaz es un proceso que está constituido por representantes de iglesias y organizaciones basadas en la fe, a nivel nacional e internacional, que han venido participando y articulándose durante cerca de treinta años en procesos sociales y acompañando comunidades que trabajan en la construcción de paz, la búsqueda de verdad y justicia que permita una verdadera reconciliación en Colombia.

DiPaz cuenta con experiencia en procesos de acompañamiento a comunidades en la afirmación de sus derechos, también con perspectiva pastoral y con actuaciones eventuales protectoras. Este acompañamiento se ha hecho desde la acción noviolenta, priorizando la presencia permanente con las comunidades en cerca de 20 regiones del país. Esta experiencia es respaldada por aliados nuestros en el mundo como el Consejo Mundial de Iglesias, CMI, la Federación Luterana Mundial, FLM, la Acción Conjunta de las Iglesias (Alianza ACT), y la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, CMIR, todas con status consultivo en la Organización de Naciones Unidas, ONU, además del Consejo Latinoamericano de Iglesias, CLAI, y La Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos, FUMEC.

Desde julio de 2015 hemos hecho parte de la Veeduría del Cese Unilateral al Fuego aportando técnicamente en la recolección y procesamiento de la información, como también en la elaboración de los informes conjuntos de la Veeduría Social. Así mismo, hemos adelantado 5 visitas pastorales, lo cual ha significado un apoyo físico y pastoral al proceso de paz, expresado en las comunidades que como organizaciones congregadas en DiPaz, acompañamos. Los lugares priorizados han sido aquellos donde más amenazado se ha encontrado el Cese Unilateral y a donde se ha podido corroborar alta presencia paramilitar.

Basados en este acumulado, proponemos frente a la Verificación Tripartita y la veeduría social del cese al fuego y de hostilidades:

1. Una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que amplíe los alcances de la Resolución 2261 de 2016, en la que se involucre a la sociedad civil en la verificación del cese al fuego y de las hostilidades bilateral y definitivo.

2. La presencia de miembros de Iglesias y organizaciones eclesiales nacionales e internacionales de DiPaz en Zonas de Ubicación -o el nombre que las partes le asignen- y Comunidades Aledañas. Desde el sector de las iglesias existen personas y organizaciones nacionales e internacionales con experiencia y disposición en el acompañamiento permanente y eventual desde el enfoque de la noviolencia. Como DiPaz respetamos la autonomía de las comunidades y su retroalimentación al mecanismo de verificación.

3. DiPaz está en la capacidad de hacer presencia física permanente en dos Zonas de Ubicación – o el nombre que las partes le asignen-. Habilitaremos “Una Casa de la Veeduría Social” en dos de las áreas que se acuerden, de tal manera que interactúen a su vez con el modelo territorial del mecanismo tripartito del Gobierno, las FARC-EP y la ONU/CELAC.

4. DiPaz, está en la disposición de sumar esfuerzos con otras organizaciones de derechos humanos, iglesias, movimientos sociales y políticos que hacen veeduría. Será necesario acordar criterios para la recolección de la información teniendo en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se desarrollen los hechos. Con base en esta información se harán reportes conjuntos e incidencia para que las entidades a quienes corresponde atiendan las emergencias humanitarias y alerten sobre eventuales situaciones de riesgo que puedan afectar de manera negativa a las comunidades.

5. Como DiPaz continuaremos con el acompañamiento psicoespiritual a personas y comunidades ubicadas en las regiones donde se ha dado el conflicto armado. También en estas zonas continuaremos haciendo monitoreo a violaciones de derechos humanos y con ello contribuiremos – si fuera pertinente – a la verificación.

6. La función del acompañamiento propuesto radica principalmente en la protección a la población civil y garantizar la autonomía de las comunidades. Se pueden incluir estrategias de protección para excombatientes que dejan las armas, como de las comunidades donde se instala la Zona de Ubicación – o el nombre que las partes le asignen- .

7. Apoyo psicosocial y psicoespiritual puesto al servicio de comunidades aledañas a las zonas de ubicación y de excombatientes, siempre que lo requieran. Este servicio estaría orientado también a los actos anticipados de reconocimiento de responsabilidad, acordados en el punto de Víctimas, tal como lo han requerido el Gobierno y las Farc-EP de DiPaz en la página 50 de dicho acuerdo.

8. Si bien existe un mecanismo acordado para la verificación al cese bilateral y dejación de armas, es indispensable que las partes acuerden un mecanismo de verificación del “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Por tanto, como Dipaz nos ofrecemos a contribuir a la verificación a partir de nuestra presencia en los territorios y nuestro acumulado en el registro y sistematización de información.

Frente a organizaciones “criminales”, paramilitares sin cuyo desmonte no habrá un “fin del conflicto”, proponemos:

1. Que el gobierno asuma la tarea de involucrar a las diferentes instancias del Estado para cortar los conductos que han alimentado el paramilitarismo y aún lo sostienen. Que se implemente una política de investigación y procesamiento judicial de individuos y organizaciones vinculadas con el paramilitarismo, sean gremios económicos, políticos y agentes de las Fuerzas Armadas de Colombia, FF.AA.

2. Remover todos los miembros de la fuerza pública en los lugares donde se ha constatado presencia paramilitar con la complacencia y omisión de agentes de estas fuerzas. Luego de adelantarse la remoción que cada mes se realicen cambios de unidades militares y de policía en las áreas más críticas. Si antes de cumplirse el mes, se conoce de actos que implican a las unidades de la fuerza pública con los paramilitares, que se remuevan de modo inmediato. Estos vínculos se han observado en los siguientes casos: en Chocó en el Batallón 54 de Selva en Curvaradó, Policía en Belén de Bajirá, Policía de Pavarandó, Policía de Mutatá, Policía de Riosucio, Brigada 15 con sede en Riosucio; en Meta Policía de Mapiripán, en Valle Policía e Infantería de Marina en Buenaventura.

3. Se requiere la investigación inmediata a cada amenaza telefónica, mensaje de texto, seguimientos que son denunciados detallando números telefónicos, cuentas de correo y placas de vehículo. Se debe hacer uso de la tecnología de rastreo e identificación de vehículos con los que cuentan los entes de investigación del Estado. Las víctimas de estas amenazas deben enterarse a la mayor brevedad del resultado de éstas investigaciones.

4. Que se adelante un foro público en el segundo semestre de 2016 para hacer un análisis de la doctrina militar existente para la confrontación armada y se presenten propuestas de una nueva doctrina militar para la paz. La doctrina del enemigo interno ha permitido la separación de la distinción entre lo civil y militar que ha propiciado la conformación de estructuras de tipo paramilitar, tal como está consignado en el informe oficial de la Comisión Histórica Sobre el Orígen del Conflicto y sus Víctimas, que acordaron tanto el gobierno y la guerrilla de las Farc-Ep.

5. Que se implemente un plan de desarrollo para los sectores de sociedad civil afectados por la presencia paramilitar, para que la acción del Estado no se limite a la presencia de fuerza militar. Que se implementen condiciones que permitan que la población joven y adolescente de estos espacios puedan liberarse de un nuevo ciclo de paramilitarismo.

De ustedes,

Diálogo Intereclesial por la Paz, DiPaz.