Preocupación por el incremento en los índices de violencia política y la ausencia de medidas efectivas por parte del gobierno colombiano para garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos

Pronunciamiento del Espacio de Coordinación de Solidaridad con Colombia.

Ante las Elecciones de 2022

Desde las plataformas, organizaciones de solidaridad y cooperación con Colombia y organizaciones de la diáspora colombiana en el Estado Español queremos expresar una vez más nuestra profunda preocupación por el incremento en los índices de violencia política y la ausencia de medidas efectivas por parte del gobierno colombiano para garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Según datos del Observatorio continuado de DDHH del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), en los primeros dos meses de 2022 han sido asesinados 33 líderes y lideresas sociales, y se han registrado diecinueve masacres que han dejado 82 víctimas (lo que supone un incremento del 18%, 36% y del 58%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del año pasado).

El deterioro del clima social resulta mucho más crítico en este momento en que el país se encuentra inmerso en un proceso de renovación del Congreso y la Presidencia de la República. La especial relevancia de estas citas electorales puede colegirse a partir de distintos sondeos de opinión y mediciones de intención de voto, según los cuales, los resultados se definirían por estrecho margen, gozando los partidos de oposición de un fuerte respaldo, en tanto significan la posibilidad real de conformar un gobierno apartado de las actuales políticas económicas y de control social.

La campaña preelectoral ha transcurrido en un escenario caracterizado por la precaria implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto (AFTC) firmado con las FARC y las secuelas de la brutal represión oficial a la movilización de la protesta social unos meses atrás, que dejó una alta cifra de víctimas ampliamente documentada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de DDHH – y las advertencias por parte de fuentes fiables sobre peligrosas irregularidades para torcer la voluntad de los votantes.

En este sentido destacamos algunos elementos que permiten dibujar el contexto de inminente amenaza al proceso de democratización en Colombia:

• Pasados más de cinco años desde la firma del AFTC resulta evidente la ausencia de voluntad política para su implementación por parte del actual gobierno. Según se desprende del X Informe de Verificación de la Implementación del Acuerdo Final realizado por la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación CINEP/PPP-CERAC, en ningún año se ha cumplido con lo proyectado en los Marcos Fiscales de Mediano Plazo para garantizar presupuestariamente su ejecución, por lo cual su implementación a este ritmo requeriría por lo menos de 26 años. Igualmente se señala que hasta el momento solo se han registrado en el Fondo Nacional de Tierras el 46,2% de los predios previstos en el AFTC para su distribución y que tan sólo el 7,8% de hectáreas han sido entregadas a los campesinos.
• La Corte Constitucional en su Sentencia SU 020-22 declaró el Estado de Cosas Inconstitucional por el bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad de la población firmante en tránsito a la vida civil, previsto en el numeral 3.4 del AFTC. Según Indepaz desde el año 2016 han sido asesinadas 304 personas excombatientes firmantes del Acuerdo además de 1316 líderes y lideresas sociales en el mismo periodo. Por su parte Naciones Unidas coincide en identificar los altos índices de violencia como el principal obstáculo para la consolidación de los procesos de reincorporación en los territorios.
• Según la Misión de Observación Electoral -MOE- 97 de los 167 municipios que cobijan las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, formuladas en el punto 2.3.6 del AFTC con la intención de promover la participación y representación política de las comunidades asentadas en los territorios más castigados por la violencia, presentan algún nivel de riesgo electoral, estando 43 municipios en riesgo extremo, 44 en riesgo alto y 10 en riesgo medio, tanto por factores de violencia como por indicativos de fraude electoral. De otro lado ha habido numerosas denuncias sobre variadas estratagemas para usurpar estas circunscripciones destinadas a las víctimas por parte de candidaturas provenientes de sectores relacionados con reconocidos victimarios y agrupaciones explícitamente contrarias a los anhelos de paz de las comunidades.
• Siguen ocurriendo atropellos y acciones hostiles en contra de las entidades que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición buscando impedir el cumplimiento de su mandato constitucional. Según fuentes de prensa la vivienda de uno de los investigadores de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad -CEV- fue asaltada siendo sustraído material grabado y archivos con información recopilada en una toma de testimonio a alias “Otoniel”, reconocido jefe del Clan del Golfo uno de los grupos armados ilegales herederos del paramilitarismo. Dicha información aporta a elementos claves para establecer los vínculos entre la fuerza pública y estos grupos.

Consecuentes con esta situación consideramos de crucial importancia el respaldo sin ambigüedades a los esfuerzos que las organizaciones sociales y comunidades colombianas hacen para defender su derecho a elegir libremente y en condiciones de seguridad a sus representantes políticos.

Instamos al Gobierno del Estado Español, al Parlamento Europeo y a las diferentes fuerzas políticas que componen el tejido representativo de la sociedad a que se posicionen en favor de una real protección a los derechos humanos en Colombia y a una implementación integral del Acuerdo de Paz, y que en consonancia con los requerimientos mínimos que exigen los estándares internacionales para la fiabilidad de los eventos electorales, soliciten con mayor contundencia a las autoridades colombianas el cumplimiento de sus obligaciones como corresponde a la correcta administración de un Estado de Derecho.

Finalmente invitamos a todas las instancias con capacidad de incidencia política a que consideren los diagnósticos contenidos en los diferentes Informes que se elaboran desde el tejido de acompañamiento político y solidario con Colombia, en especial aquellos que provienen desde las Plataformas de Solidaridad y Programas de Protección que operan en el Estado Español, muchos de los cuales hacen parte de este Espacio de Coordinación. En esos documentos se hallan claves útiles para una comprensión más cabal de la situación a la que se enfrenta el pueblo colombiano en su lucha por la justicia.

El nuestro es un llamado urgente para que desde la comunidad internacional se atiendan oportunamente las demandas que se hacen desde Colombia en esta hora determinante para la transformación y superación de las causas del conflicto social y armado. Invitamos una vez más a salvaguardar de forma efectiva su legítima aspiración a vivir en paz.

Marzo 11 de 2022

ESPACIO DE COORDINACIÓN DE SOLIDARIDAD CON COLOMBIA
-Conformado por 29 Organizaciones y Plataformas en el Estado Español-

Fuente: Pronunciamiento del Espacio de Coordinación de Solidaridad con Colombia – Paz con Dignidad