Prejuicios desde el Estado
El acto de mostrarse es una necesaria reafirmación de las identidades perseguidas y, si se las condena a un espacio privado, se están repitiendo los mismos patrones de pensamiento y no reconocimiento de su existencia. Más si la orden de esconderse proviene de representantes del Estado.
Sigue el concejal de Cartagena Antonio Salim su equivocada cruzada contra lo que él considera son manifestaciones impropias de erotismo que ponen en riesgo el adecuado desarrollo de los niños. Su propuesta de prohibir en espacios públicos una marcha sobre la diversidad sexual parece el eco de los argumentos homofóbicos que se han esbozado a lo largo de la historia para invisibilizar a la población LGBT.
Haciendo uso del acuerdo expedido el año pasado por el Concejo de Cartagena, que prohíbe los actos eróticos en público, dentro de los que cabe, por cierto, la champeta (según los concejales), ahora Salim quiere que la marcha programada para el 12 de noviembre no se haga en la avenida Arsenales, como se suele hacer, sino en un recinto privado. Su argumento es que las expresiones variopintas típicas de las manifestaciones de las comunidades LGBT son un mal ejemplo. Como suele ocurrir en casos similares, el bienestar de los menores está siendo utilizado para disfrazar prejuicios e imponer visiones excluyentes de la realidad.
El primer argumento obvio que surge de lo dicho por Salim es cómo es posible realizar una manifestación, que tiene un carácter esencialmente público, en un recinto privado. Básicamente, lo que está diciendo el concejal es que las personas LGBT le parecen bien, siempre y cuando se escondan. Y su lucha por la igualdad, un derecho clandestino.
No sobra recordar que las marchas del orgullo LGBT nacieron en respuesta a la sistemática invisibilización a la que estas personas han sido sometidas por una sociedad que las ve con malos ojos y que muchas veces se ha mostrado cómplice de la violencia en su contra. Parafraseando a Albert Camus, las personas LGBT han sido condenadas a ser colonias extranjeras en los países donde nacieron. Eso es inaceptable. Por eso el acto de mostrarse es una necesaria reafirmación de las identidades perseguidas y, si se las condena a un espacio privado, se están repitiendo los mismos patrones de pensamiento y no reconocimiento de su existencia. Más si la orden de esconderse proviene de representantes del Estado.
El segundo argumento tiene, necesariamente, que referirse al interés de la protección de los menores. Ya en su momento, con la polémica prohibición de “bailes eróticos”, mencionamos que ocultar la champeta, además de ser una clara malinterpretación de su significado cultural con rasgos en el racismo, lo que hace, precisamente, es dañar la educación de los niños. Esconder cualquier manifestación que incomode lo que hace es excusar a maestros y padres de la necesidad de tener conversaciones con los menores en las que se hable de manera franca de la sexualidad.
En este caso particular, el temor de que los niños vean a personas LGBT está directamente ligado a la idea de que quienes manifiestan una orientación sexual o identidad de género diversa tienen algo esencialmente malo en ellos que los menores no deberían conocer. Eso se llama homofobia y transfobia. ¿Qué es aquello de la marcha que a los concejales les produce pánico? Nos inclinados a creer que es el prejuicio generalizado hacia la homosexualidad.
Censurar la marcha de la diversidad sería un retroceso injustificado de los derechos de una minoría y un acto evidente de discriminación. Esperamos que los concejales entren en razón y que no permitan que triunfe el prejuicio.
Fuente: http://www.elespectador.com/opinion/editorial/prejuicios-el-estado-articulo-664831