Posición de Asonal Judicial en contra de la Reforma a la Justicia

“Aquí hay gato encerrado: con la Reforma a la Justicia el Congreso quiere meter en cintura a los jueces de la República”
—Pronunciamiento del presidente de Asonal Judicial—

“Esta reforma no va a solucionar los grandes problemas que tiene la justicia para el ciudadano de a pie. El trasfondo de los congresistas que la impulsan es otro: cambiar la Constitución del 91, desequilibrar los poderes públicos, blindarse para que no sean investigados, atentar contra el poder judicial y meter en cintura a los jueces”, son frases con las que Luis Fernando Otálvaro, Fiscal Seccional de Medellín y actual presidente nacional de Asonal Judicial, calificó el proyecto de la reforma a la justicia que hace trámite en el Congreso.

Sobre este tema Otálvaro dictó recientemente una conferencia en Medellín, en la cual expuso la posición de Asonal frente a la polémica reforma a la justicia; conferencia de la que en este informe se recogen los apartes más relevantes:

Dura andanada contra la justicia

“La iniciativa legislativa parte de que en la justicia hay congestión, impunidad e ineficiencia. De todo eso hay, es una realidad, pero la reforma propuesta no soluciona ninguna de esos problemas. Lo que pretende es someter al juez, no permitirle realizar a cabalidad sus misiones, que son decidir sobre los procesos a su cargo, pero también proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y salvaguardar el equilibrio de los poderes públicos, de modo que no exista preponderancia de uno sobre el otro; misiones éstas que le impuso la Constitución del 91 y el Nuevo Derecho. Y el juez salvaguarda el equilibrio de poderes cuando controla a los otros poderes, que es lo que saca ampollas, y de ahí deviene la reforma judicial. Hay una intención fuerte de quitarles a los ciudadanos derechos fundamentales consagrados en la Constitución, Luis F. Otálvaro
y quitarles a los jueces el poder de decidir sobre esos derechos. Incluso el Ministro Vargas Lleras habla de ´Habeas Judice´, para anteponerle a la tutela. La congela mientras el superior decide”.

“Es importante comprender el papel del juez en las sociedades contemporáneas, en las que ya no sólo decide en derecho sino que puede crear el Derecho; y eso también saca ampollas, dicen que están coadministrando, que estamos en el gobierno de los jueces. Alegan que hay que moderar su accionar, porque con sus tutelas y sus mandatos ponen en riesgo económico al Estado y a las empresas”.

Éste es un Estado Social de Derecho, y en el caso de la salud, por ejemplo, el Estado tiene que hacerlo cumplir, conexo al derecho fundamental a la vida. Igual ocurre con el derecho a la libertad, una prerrogativa que tiene todo ciudadano, así sea un delincuente, porque éste es una persona con derechos que no se le pueden violar. Si se le va a capturar, que sea de acuerdo con las normas jurídicas”.

La privatización de la justicia

“Cómo hay congestión en los juzgados, entonces la reforma plantea reforzar la función judicial con particulares, pagados por honorarios. También con notarios, quienes ya han dicho que tienen que cobrar por ese servicio porque no son funcionarios del Estado. ¿Y a quién le cobran? Al ciudadano. Entonces vamos a tener una diferenciación: unos ciudadanos que pueden acudir a los notarios y otros a los jueces, o sea unos que pueden comprar justicia y otros que no. Esa es la privatización de la justicia, y es muy grave que el Estado se despoje de la función de administrar justicia y se la entregue a los particulares, como ha ocurrido con otros servicios públicos”.

“En eso nosotros vemos la mano de Sarmiento Angulo, el presidente del grupo Aval. Recuerden que en el paro de la rama judicial del 2008 fue él quien le dio la orden al presidente Uribe de decretar el Estado de Emergencia. Porque la congestión judicial perjudica mucho a los bancos. Hay un millón y medio de procesos retrasados en el país por la morosidad de la justicia, y muchos de ellos tienen que ver con los bancos. Los jueces del circuito hoy están trabajando prácticamente para los bancos en procesos hipotecarios. Lo que nosotros preguntamos es: ¿por qué con esa plata que le van a dar a notarios y particulares, no se amplía la planta de funcionarios judiciales?”.

“Lo otro es que así tampoco se van a descongestionar los juzgados. Si con los cursos y la capacitación que hay hoy en la justicia se cometen errores, cómos será cuando la función la hagan los particulares y los notarios. Lo que pasará es que se congestionará la segunda instancia. Ya son graves los problemas que tiene la justicia por los fallos que han dictado los jueces de descongestión, sobre todo en materia laboral, porque llegan con muy poca preparación”.

Se legaliza la detención sin orden judicial
“Para nosotros es muy grave que en el quinto debate se le haya introducido a esta reforma la posibilidad que la policía detenga hasta por 72 horas a un ciudadano, con el argumento de que así se evita que se haga daño o le haga daño a alguien. Eso es legalizar y constitucionalizar la detención sin orden judicial, y se prestará para que detenciones por simple sospecha. Eso viola el derecho a la libertad, derecho fundamental consagrado en la Constitución del 91, y pone en tela de juicio el Estado de Derecho, en el que una persona sólo puede ser detenida mediante la orden de un juez competente”.

Una retaliación contra la Corte

“Todos reconocemos que la Corte Suprema de Justicia ha venido cumpliendo una valiosa labor. Investigó la Parapolítica y ha producido fallos. No es cualquier cosa tener más de 80 parlamentarios subjudice, y 45 de ellos ya condenados y separados de la vida política. Y sin embargo, o tal vez por eso mismo, es esta Corte la que van a reformar, le van a castigar su buena labor. Pensamos que los aforados tienen derecho a la doble instancia, pero que ésta no sea por fuera de la Corte. Sin embargo, la reforma plantea quitarle a ésta la función de investigar a los aforados, y trasladarla a una Supercorte, un organismo totalmente político, para que así puedan seguir los mismos con las mismas. La Corte no puede cohonestar con esa reforma, y por eso se levantó de la mesa”.

El blindaje de los congresistas

“Otro adefesio que introdujeron en el quinto debate, es que los congresistas se blindan para evitar ser investigados, y no se les pueda capturar sin resolución acusatoria ejecutoriada. A cualquier ciudadano que cometa un delito se le captura cuando el delito así lo amerite, pero los congresistas quieren que con ellos se haga la excepción. Eso lo consideramos grave; como también es grave que los congresistas que están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia queden facultados para votar una reforma constitucional que los va a beneficiar, o sea que van a legislar en provecho propia. En este momento hay 35 congresistas investigados por Parapolítica, 15 más por corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes, y otros tantos que son investigados por otros delitos. Y todos ellos, más de 60, pueden votar para quitarse de encima su juez natural, que es la Corte Suprema de Justicia. O sea que en este país no se van a poder investigar los delitos de cuello blanco”.

Sobre el Procurador y las cortes

“La reforma le quita a la Corte y al Consejo de Estado injerencia en el nombramiento del Procurador General, y le da esa responsabilidad al Presidente de la República. De esa manera la Procuraduría, que es un organismo de control de la función pública, queda en manos del presidente y el Congreso, con lo que se atenta contra el equilibrio de poderes. Yo pregunto: quitarle esa función a la Corte y al Consejo de Estado, ¿qué tiene que ver con la solución de la impunidad, la congestión de los juzgados y la eficiencia de la justicia?”.

“Lo otro es que el período de los magistrados de las altas cortes ya no será de 8 años sino de 12. ¿Eso contribuye a acabar con la congestión y la impunidad? Para nada, pero genera un efecto grave para la democracia, y es que no se mueve la jurisprudencia, porque además los magistrados deben tener más de 50 años de edad. O sea que éstos llegan a jubilarse y a anquilosar la jurisprudencia y la doctrina”.

“El Consejo Superior de la Judicatura tiene dos salas, una disciplinaria y otra administrativa. Los 6 magistrados de la Sala Administrativa, de acuerdo con la Constitución del 91, los nombra el Consejo de Estado, la Corte Suprema y la Corte Constitucional. La reforma plantea que esta sala administre la Rama Judicial con 10 magistrados para un periodo de un año. ¿Podrá ese organismo funcionar con eficiencia cuando el período de los presidentes de las altas cortes, que la integran, es por un año? ¿Qué continuidad podrán tener si para conocer los problemas de la rama judicial demora unos 7 u 8 meses, o sea que cuando van a empezar a ejecutar se le acaba el periodo”.

“Pero lo grave es lo que va a pasar con la Sala Disciplinaria, que es la que tiene envuelta a la rama judicial en los escándalos del carrusel de las pensiones. Son 7 magistrados que nombra el Congreso de ternas que pasa el presidente de la república, quienes, como requisitos, sólo se les exige que sean abogados, no tienen que certifica un tiempo de ejerció de la profesión, y pueden tener incluso condenas penales. De modo que a esta sala han llegado personas envueltas en delitos, y esas son los que disciplinan a los jueces y a los abogados del país. Pero la reforma no toca esta sala, la fortalece, eleva a norma constitucional el poder preferente, es decir, si la Sala Disciplinaria considera que se debe trasladar a Bogotá una investigación de cualquier funcionario del país, se traslada. ¿Entonces dónde queda la segunda instancia? Para nosotros fortalecer la Sala Disciplinaria no tiene otro cometido que acabar con la autonomía e independencia de los jueces. Eso es la intromisión directa del ejecutivo y del poder político en la Rama Judicial”.

Sobre la independencia y autonomía de los jueces

“Hoy hay un temor generalizado entre los jueces. Tiemblan cuando les toca definir un Habeas Corpus, porque corren el riesgo de que un fallo en cualquier sentido los ponga en la picota pública. Y más cuando es el propio presidente Santos el que ha salido en varias oportunidades a descalificar públicamente fallos de los jueces. En un estado democrático de derecho el presidente no puede hacer eso, la Constitución le fija la función de apoyar a los jueces y hacer que sus fallos se cumplan, darles recursos. Los jueces sienten que deben tener línea directa con el ejecutivo, para consultar cómo quiere que fallen en un determinado caso”.

“Ahora bien, para que exista independencia y autonomía el poder judicial debe tener un presupuesto adecuado, pero eso es lo que más nos niegan. En cambio si le dan y le dan tareas a la rama judicial. La solución tiene que pasar por vincular más funcionarios y empleados. Tenemos fiscales con 800 investigaciones y no tienen policía judicial, ni laboratorios; y los jueces que entran a la oralidad tienen hasta 1.500 procesos. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ya no da abasto, sólo tiene defensores para los procesados detenidos. Y aparte de eso, hay muchos abogados que cobran por dilatar los procesos. Amparados en la norma se inventan lo que sea para que el proceso se lleva 5 o más años”.

Santos, en la senda de Uribe

“El presidente Santos, con un discurso adormecedor que ha hecho que bajemos la guardia, ha introducido reformas que consideramos graves. Una de ellas fue la criminalización y penalización de la protesta social, que era algo que venía tratando de hacer sin éxito el presidente Uribe. Penalizó con 4 años de prisión la obstrucción de una vía pública, que es lo que hacemos todos los días los trabajadores y los colombianos, que nos vemos obligados a protestar para obtener respuestas a los problemas”.

“El gobierno Santos también hizo lo que no logró Uribe: criminalizar y penalizar la dosis mínima de droga. También introdujo reformas tributarias, fiscales, las reformas que ustedes quieran, y nosotros bien campantes porque no es Uribe. Y ahora viene con esta reforma a la justicia, que es la misma que propuso Uribe, una reforma no soluciona los grandes problemas de la justicia. Para que ésta sea eficaz debe partir de una discusión amplia dentro de la sociedad. Eso es lo que estamos tratando de construir: judicatura democrática, para que se entienda que este no es un problema de los jueces sino de los ciudadanos, de la gente, que es en últimas a quien va dirigida la justicia”.