Por unas fuerzas militares para la paz
El martes 4 de febrero de 2014, a través un informe de la revista Semana, ha quedado develada la continuidad de operaciones ilegales por parte de estructuras de la inteligencia militar sobre los integrantes de la delegación del gobierno para las conversaciones con la guerrilla de las FARC y, se indica igualmente, que estas se han desarrollado también sobre actores sociales que apuestan por la construcción de la paz.
Volvieron a revivirse temores, que no terminaron de ahogarse, sobre la continuidad de operaciones encubiertas ilegales de inteligencia ofensiva. Operaciones que han tenido graves consecuencias para la sociedad como la generación de nuevas víctimas, que ha afectado la imagen institucional y ha contribuido a la erosión del Estado de Derecho.
Comprendemos que existan organismos del Estado que deben desarrollar operaciones propias para asegurar la seguridad de los-las ciudadanos-as y del Estado. Sin embargo, estas operaciones están regladas por normas internas y de derecho internacional que protegen los derechos de los-las ciudadanos-as a su intimidad, su libre expresión y pensamiento, a su asociación.
Las operaciones ilegales realizadas, las ayer reveladas, son una negación del derecho de los-las colombianos-as a la paz. Estas actuaciones confirman los cuestionamientos de organismos de derechos humanos a la ley de inteligencia por el monitoreo sin orden judicial, por ejemplo; expresan, al lado del conjunto de amenazas y de persecución a víctimas reclamantes de tierras, al movimiento social, a sectores de partidos de oposición, a organizaciones de paz y derechos humanos, la necesidad de una depuración quirúrgica al interior de la fuerza pública, una redefinición del papel de las fuerzas militares en desarrollo de las conversaciones con las FARC y de las que se inicien con el ELN como garantías para la democracia en paz.
Valoramos positivamente las medidas adoptadas por el presidente Santos, sus planteamientos respecto al rechazo a las operaciones ilegales adelantadas, y las preguntas formuladas para que sean respondidas a la sociedad colombiana por el ente investigador, la Fiscalía General de la Nación y por la cartera de Defensa.
Estas medidas debe estar acompañada de decisiones adicionales políticas, pedagógicas, y de esclarecimiento al interior de la fuerza pública para saber su disposición real para la construcción de una solución al conflicto armado y del derecho que tenemos los-las ciudadanos-as de saber si existe un respaldo mayoritario a los esfuerzos de paz. Sin el concurso cierto, real, transparente y de respaldo de las fuerzas militares y al máximo comandante de las fuerzas, en este momento el presidente Santos, y a quien resultaré elegido en las próximas elecciones, no le será posible un final cierto del conflicto armado.
Respetuosamente, consideramos que es el momento de adoptar decisiones medibles en el corto y mediano plazo sobre la fuerza pública como preparación a un eventual cese del conflicto armado que requiere transformaciones en el orden de la participación democrática y del papel de militares, de policía y de la inteligencia del Estado para la paz, de esto debemos hablar y hacer propuesta los-las ciudadanos-as.
Sin cambios en la mentalidad de sectores de las fuerzas militares, de la fuerza pública y agencias de seguridad, todos-os los que busquemos la paz, la vigencia de los derechos humanos e incluso que cuestionemos decisiones en la política pública de un gobierno, seguiremos siendo concebidos como enemigos internos.
Para la construcción de una paz estable y duradera todos los sectores y actores debemos y podemos ceder. Este es un momento histórico donde la posibilidad de iniciar la construcción de la paz tenga como punto de partida el cese del conflicto armado y la construcción de una democracia madura, pluralista, incluyente, sostenible. Por esta razón, invitamos a la fuerza pública, a cada uno de sus integrantes, a obrar con generosidad. ¡Insistimos! Todos debemos aportar a la paz.
En diálogos que hemos sostenido con coroneles en el pasado hace más de 5 años, a instancias de una universidad internacional; en diálogos en medio de los procesos de liberación de los privados de la libertad en la que nos encontramos con militares y policías de todos los rangos; en diálogos en las cárceles de Colombia en donde se nos han acercado integrantes de la fuerza pública y agentes del DAS, nos hemos encontrado con seres humanos con los que coincidimos en la necesidad de una democracia con equidad y soberanía y con quienes descubrimos que no somos enemigos ni enemigas sino hijos e hijas de una misma patria. Esto ha significado para nosotros-as comprender que hay sectores en la fuerza pública que creen que es posible romper el círculo de las violencias, de superar orgullos y sentimientos negativos, prevenciones e imaginarios.
Llamamos a los integrantes de la fuerza pública, apelamos a su conciencia, para actuar con coherencia a favor de la paz. Somos colombianos y colombianas, somos habitantes de un mismo territorio, podemos superar la violencia pero esto supone muchos cambios, los de nuestra sensibilidad y nuestras mentes, por ello, se requiere de nuestra generosidad para que la democracia profunda, la democracia incluyente, haga posible la paz.
Piedad Córdoba
Vocera de Colombianas y Colombianos por la Paz
Bogotá, D.C. Febrero 5 de 2014