¿Por qué están asesinando a los líderes sociales en Colombia?

El asesinato el pasado 8 de diciembre del líder reclamante de tierras, Hernán Bedoya, puso nuevamente en el ojo del huracán una problemática sobre la que no hay consenso en la cantidad de líderes asesinados, si hay sistematicidad en este tipo de crímenes, o si se tiene una respuesta al interrogante ¿por qué los están matando?

La muerte sorprendió a Bedoya cuando regresaba a su finca a la 1:15 de la tarde, y se convirtió, en menos de 10 días, en el segundo asesinado en zona rural de Riosucio, Chocó (el primero fue el de líder Mario Castaño), lugar en el que grupos armados ilegales han llegado a copar espacios dejados por Farc, o se han instalado junto a otras estructuras que llevan mucho tiempo en la zona y son denominados por ellos “paramilitares”.

El homicidio de estos dos líderes comunitarios, y de los otros 78 que tiene registrados entre enero y el 17 de noviembre de 2017 la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, obedece, según sus investigaciones, a “un patrón”, como lo afirmó el portavoz, William Spindler.

“Vimos que era un problema recurrente, investigamos y confirmamos que sí, que hay un patrón (de asesinatos)”, explicó Spindler. El vocero de ACNUR argumentó que es difícil saber cuáles grupos están detrás de estos asesinatos, y lo más grave, “en muchos casos la actividad criminal se ha incrementado en el último caso porque el vacío dejado por la desmovilización de Farc no ha sido llenado por el Estado”.

Ante el anterior panorama, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas discrepó de los datos de esta agencia y aseveró que entre enero y noviembre hubo 54 asesinatos de activistas, y en estas muertes aún no se ha comprobado una directriz clara.

“Hemos hecho el esfuerzo investigativo y no hemos encontrado un designio o un perpetrador mayoritario. La mayoría de estos casos surgen de la criminalidad pequeña en territorios que siguen siendo violentos y donde, necesariamente, la Fuerza Pública tiene que estar”, aseveró Villegas.

Las razones por las que en Colombia ha aumentado el asesinato de líderes sociales, indígenas, afrocolombianos y reclamantes de tierras, tampoco están claras.

El último consolidado de la Defensoría del Pueblo (a marzo de 2017, el que sigue está en construcción), registró que del 1 de enero de 2016 al 5 de marzo de 2017, se registraron 156 homicidios contra los activistas. De estos, 108 desarrollaban acciones de organización comunitaria y de derechos el área rural; 39 víctimas eran líderes de pueblos y comunidades indígenas y nueve aún falta por identificar las causas.

Así mismo, explica la Defensoría, las amenazas e intimidaciones, sumadas a los asesinatos están relacionados con la defensa de territorios étnicos, oponerse a la expansión de la minería y la agroindustria, denunciar el problema de la tierra o reclamar sobre esta, y la estigmatización.

Carlos Negret, director de este ministerio Público, aclaró que tienen registrados 206 homicidios entre el 1 de enero de 2016 y el 10 de diciembre de 2017. Aun así, sostiene que el Gobierno “de la mano de la Unidad Nacional de Protección, UNP, y la Policía dan seguridad a los líderes sociales, lo que pasa es que tenemos muchos y la capacidad del Estado no alcanza para protegerlos a todos”.

A Lorena Sánchez Andrade, presidente de la Asociación de Campesinos trabajadores del Huila y vocera de Marcha Patriótica por ese departamento, hombres armados que hasta ahora no han sido identificados le asesinaron a su hermano Édgar Sánchez, según ella, también líder social. Ocurrió hace 5 años en Soacha, donde fue a resguardarse de las amenazas proferidas a diario. De esa muerte no tienen certeza quién fue y por qué.

Para Lorena, la impunidad del homicidio de su ser querido, y la de otros líderes, es el común denominador de estos asesinatos. “Muchas veces las autoridades quieren hacer verlas como un atraco o un crimen pasional, sin embargo, las organizaciones sociales y populares tenemos claro que es un hecho sistemático que se presenta en el territorio nacional, pero mas acentuado en sitios donde hay paramilitarismo y cultivos de uso ilícito”.

Lorena hizo una exigencia al Gobierno para que brinden protección, “porque que maten un líder en este país se está volviendo paisaje”, dice, y enfatiza que desde enero de 2016 a la fecha fueron asesinados 123 dirigentes sociales de Marcha Patriótica, y en lo que va de este año, 53.

Pero la percepción de Paula Gaviria, Consejera presidencial para los Derechos Humanos es que hay avances de un 60 % en las investigaciones de los 110 casos que tiene la Fiscalía documentados entre 2016 y 2017. “El Gobierno ha hecho seguimiento a la problemática y es altamente probable que algunos de los crímenes estén relacionados con el rol de liderazgo de la personas”, asevera Gaviria, pero agrega que las razones por las que los líderes son asesinados “difieren y dependen del contexto territorial en el que ocurren”.

Los interrogantes sobre las muertes de los líderes siguen vigentes. ¿Por qué los matan? es la pregunta diaria de los defensores de derechos humanos que piden protección para evitar un exterminio.