Por qué el Gobierno no restituye las tierras en el Curvaradó
Entradas y salidas en Palacio.
Los ecos de una reunión en la Casa de Nariño que la justicia no ha aclarado. Se dice que el hombre detrás del extinto ‘Job’ era Rodrigo Zapata. Otros dicen que era Gustavo Tapias. Detalles de un escándalo al que le queda mucha tela por cortar.
Para ingresar a la Casa de Nariño los visitantes deben pasar controles de seguridad. En el caso de ‘Job’, los protagonistas ingresaron por el sótano.
El año pasado, por estos mismos días, Diego Álvarez, abogado del jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, estaba próximo a concretar su tercera cita con el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo. Lo hacía porque quería entregar información sobre una supuesta manipulación de testigos por parte de la Corte Suprema de Justicia contra el presidente Uribe. Hoy está claro que no existió complot alguno, pero aún el país no sabe cuál era el plan del paramilitarismo para pescar en el río revuelto de la polarización judicial y política.
La primera cita fue el 28 de febrero de 2008. La segunda, el 31 de marzo. De la tercera, formalizada el 23 de abril, aún se sigue hablando. El abogado Álvarez regresó, esta vez acompañado de Antonio López, alias Job, un ex jefe paramilitar de la comuna octava de Medellín que vivía convencido de ser el interlocutor y sucesor de Don Berna, pero que fue asesinado tres meses después en la capital antioqueña. No se sabe quién lo mató, ni la justicia ha dado respuestas sobre su presencia en la Casa de Nariño. Pero siguen apareciendo versiones y personajes detrás de la extraña cita.
La revista Semana sostiene que el hombre detrás de la reunión de Job en la Casa de Nariño era realmente Rodrigo Zapata Sierra, alias Ricardo, detenido el pasado 19 de marzo al norte de Bogotá y sindicado de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, en desarrollo de su accionar como sigiloso jefe paramilitar. El Nuevo Herald de Miami aseguró esta semana que el verdadero gestor de esa reunión no fue Rodrigo Zapata, sino Gustavo Tapias Ospina, alias Techo, un narcotraficante que el pasado mes de febrero fue condenado a 11 años de prisión por la justicia de Estados Unidos.
Uno u otro, hoy sólo queda claro que Job no actuaba por su propia cuenta y que, a un mes de la extradición de los 14 jefes de las autodefensas que estaban presos en Itagüí, el paramilitarismo se movía estratégicamente y desconocidos personajes tras bambalinas, en la trasescena de la Ley de Justicia y Paz, se concertaban para hacerle conejo a la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía y la Procuraduría aún no aportan sus conclusiones. Pero cada día que pasa deja más evidencias de que muchos conspiraron para frenar en seco las investigaciones de la parapolítica.
En agosto de 2008, la Fiscalía concluyó que no tenía pruebas para sindicar al magistrado auxiliar Iván Velásquez de estar manipulando testigos para incriminar al presidente Uribe. Pero ese mismo mes, la revista Semana soltó la perla de la reunión de Job y el abogado de Don Berna con el secretario jurídico de Palacio, Edmundo del Castillo; el secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez; el ex gobernador del Cauca Juan José Cháux, la ex subdirectora de operaciones del DAS, Martha Inés Leal, y el abogado Óscar Iván Palacio. Desde entonces sólo prevalecen los interrogantes y los silencios de la justicia.
Por esos mismos días, a raíz de las especulaciones sobre la reunión de abril de 2008 en la Casa de Nariño, El Espectador formuló un derecho de petición para que la Secretaría Jurídica entregara el listado de personas que ingresaron a la sede de la Presidencia de la República a lo largo de los años 2007 y 2008. La primera respuesta fue telefónica. Una funcionaria de la Oficina Jurídica se comunicó con el periódico para manifestar que dicha información era reservada. El 23 de octubre de 2008, El Espectador insistió en su petición, argumentando no sólo las garantías constitucionales, sino las leyes y jurisprudencia sobre el acceso a la información.
A mediados de noviembre, la Presidencia de la República, a través del secretario de Seguridad de Palacio, general Flavio Buitrago, contestó que por restricciones legales no se podía permitir el acceso a la información computarizada de los ingresos a la Casa de Nariño. “Es un asunto de seguridad informática”, aseguró el funcionario. De paso, en su respuesta oficial, el general Buitrago argumentó que el método mas viable era que el periódico aportara una lista de los nombres de personas que quería consultar, para verificar si habían ingresado a Palacio entre 2007 y 2008, y despejar así las incógnitas respecto a los visitantes a la casa presidencial.
http://www.elespectador.com/rodrigo-zapata/articulo133955-entradas-y-salidas-palacio