Por Pueblo Boliviano, por la Democracia en el planeta.

Cuando se intenta construir una auténtica democracia, con participación y decisión popular, los sectores que se han enriquecido con el poder se niegan a posibilitar la verdadera democracia con justicia social.

A través de una operación de tipo paramilitar, parte de la estrategia del poder económico, el pasado viernes 12 de septiembre asesinó a cerca de 30 campesinos integrantes del MAS, en el departamento de Pando, oriente boliviano, y desapareciendo a un número no determinado aún. La actuación criminal dirigida por el Prefecto Leopoldo Fernández, opositor a la iniciativa del gobierno Boliviano de Evo Morales es parte de las reacciones contra las comunidades rurales de Puerto Rico, Madre de Dios y El Palmar, que expresaban su apoyo a la construcción democrática que se desarrolla en Bolivia.

Desde el 8 de septiembre los sectores contrarios a Evo Morales, enquistados en su poder, en su avaricia, en la explotación y la expoliación, desarrollaron iniciativas de control social para derrocar al indígena mandatario. De tiempo atrás los sectores beneficiarios de la democracia excluyente armaron estrategias paramilitares a través de las cuales crearon grupos de bloqueo, de choque y de represión. La versión de los acontecimientos del prefecto es que hubo un enfrentamiento armado entre dos grupos de personas armadas.

Evo Morales, el pasado viernes decretó el estado de sitio en Pando.

Hoy en Bolivia se evidencia que la democracia es real para la dominación y es formal para los empobrecidos y excluidos a nombre de esa democracia. La nacionalización de recursos naturales trajo consigo la reacción de las democracias del norte, que coinciden en la protección de los intereses extractivos. La democracia representativa se expresa en el voto. Cuando las mayorías deciden a favor de los intereses del poder no hay problema, cuando la mayoría elige democracia real, todo es objetado y objetable.

La criminalidad construida para defender esos intereses, no es solo ya la corrupción sino el uso del terror. No existe interés en una democracia real. No existe interés en una democracia económica. La lógica del poder es el saqueo, la ganancia obsesiva, que niega los derechos a los pueblos indígenas y a los campesinos
En Bolivia se juega o la esperanza o las posibilidades de una imposibilidad de la democracia no solo para los bolivianos, sino para, los excluidos del mundo. En Bolivia hoy se juega la posibilidad de la democratización de las ganancias para la equidad o la privatización territorial. En Bolivia se juega hoy el sentido de la justicia democrática o de la impunidad para el poder

Para la Red de Alternativas es hoy una obligación ética y moral para la supervivencia humana, y la democracia real apoyar las iniciativas del pueblo Boliviano. La supervivencia de la humanidad en justicia, del planeta mismo debe partir de la inclusión y de un modelo de sociedad en armonía con la naturaleza como se intenta construir en Bolivia, con los pueblos indígenas.

SÚMATE leyendo el comunicado de la embajada de Bolivia en Argentina

COMUNICADO DE LA EMBAJADA DE BOLIVIA EN ARGENTINA

14/09/08

Masacre campesina bordea 30 muertos

Por la Redacción central de la ABI

Artículos suministrados por la Embajada de Bolivia en Argentina:
Rebanadas de Realidad – Buenos Aires, ABI – La Paz, 14/09/08.- La masacre campesina más cruenta de la historia democrática ejecutada por sicarios promovidos por la Prefectura de Pando, cobró ya una treintena de muertos y decenas de heridos producto de la emboscada en la localidad de Tres Barracas del municipio del Porvenir, saldo luctuoso que dejó al prefecto Leopoldo Fernández al margen de la ley, aseguró la noche del sábado el Gobierno.
“La magnitud de la masacre ocurrida en Porvenir supera lo que es la masacre de octubre de 2003 en El Alto, donde hubo 60 muertos y en Porvenir se está acercando a una treintena. Si se hace una comparación con la población de El Alto y la de Pando, se van a dar cuenta que estamos ante la masacre más cruenta ocurrida en tiempo de democracia”, afirmó el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, en Palacio Quemado.
La autoridad gubernamental aclaró que un prefecto como Leopoldo Fernández que llevó adelante una masacre campesina y que desacata una disposición constitucional como es el estado de sitio, se está quedando al margen de la ley.
La autoridad de Gobierno teme que el número de muertos día que pasa se vaya aumentando, por lo que exigió al Congreso nacional iniciar la investigación del genocidio más cruento de los últimos tiempos ocurridos en Bolivia.
Por su parte desde Cobija el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, advirtió que Fernández pagará por el genocidio masivo tarde o temprano.
En este conflicto cayó un militar, el marinero Ramiro Tañini Alvarado (17), quien resguardaba el Aeropuerto de Cobija, “Aníbal Arab” y fue victimado por el impacto de una bala de un arma calibre 22, reveló este sábado el informe forense realizado en el Hospital de la Corporación de Seguro Social Militar (Cossmil).
También se reportó el deceso de dos funcionarios de la Prefectura entre los muertos. El 95 por ciento de las víctimas son campesinos los que fueron ejecutados por los sicarios contratados por la Prefectura, según el relato de varios testigos en diferentes medios de comunicación.
A su turno el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Isaac Ávalos, denunció en Cochabamba la desaparición de más de 50 campesinos afiliados al sector, tras la masacre ejecutada por paramilitares y sicarios de la Prefectura de Pando.
“Han muerto ocho miembros de nuestra organización de Pando, 26 heridos de bala y 51 desaparecidos hasta este momento, sólo los que son afiliados a nuestra organización, sin contar el resto”, afirmó Ávalos en su discurso durante la entrega de ambulancias y compresoras mineras en Cochabamba por parte del presidente Evo Morales Ayma.
La masacre

Un puente ubicado a siete kilómetros del Porvenir por donde un millar de campesinos que marchaban hacia Cobija en protesta de la violencia impulsada por el prefecto Leopoldo Fernández, fue el escenario de la masacre que paramilitares entrenados y financiados por el “cacique” pandino, Leopoldo Fernández, desataron el jueves 11 contra gente indefensa.
Los hechos desmintieron al prefecto Fernández, quien había asegurado que se trató de un enfrentamiento armado “iniciado” por el Gobierno.
Roberto Tito, uno de los trabajadores rurales que estuvo en ese puente cuando comenzó la balacera contra gente indefensa, testimonió que ellos marchaban desarmados, pero de pronto escucharon los disparos y algunas personas comenzaron a caer heridas de muerte.
Francotiradores ubicados en las copas de los árboles dispararon sobre la multitud sin importar que marcharan niños y mujeres confundidos entre campesinos, cuya única arma eran palos y machetes.
“Estábamos desarmados, no como dicen ellos. Nos detuvieron a unos siete kilómetros antes de Porvenir y luego nos atacaron cuando avanzamos a la altura del puente nos emboscaron y comenzaron a disparar con ametralladoras automáticas”, relató Tito, compungido por la muerte de al menos 10 de sus compañeros, ya que hasta este viernes se reportó un número indeterminado de desaparecidos.
“Los compañeros tuvieron que escapar a todo lado. No perdonaban ni a niños ni mujeres. Esta fue una masacre a los campesinos, esto es algo que no debemos permitir”, señaló el trabajador rural.
El testimonio de Tito es respaldado por la versión del senador Abraham Cuellar, quien asegura que a la altura del Puente de Cachuelita había un boquete de 10 metros de ancho y de profundidad para que no pase los camiones y no pase la gente. Es en estas circunstancias que comenzó la balacera.
“La gente estaba caminando a pie, ha sido una emboscada preparada por la Prefectura, planificada con armamento bélico y el resultado lamentable son muchos muertos del lado campesino y la mayoría son de las alcaldías de esa región que no pertenecen al MAS sino que son organizaciones que apoyan al Gobierno”, dijo Cuellar.
Paramilitares de Leopoldo

Ya en septiembre de 2006, la entonces ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, denunció que el prefecto Leopoldo Fernández entrenaba en Cobija al menos a un centenar de paramilitares, bajo la fachada de conformar una fuerza “para seguridad ciudadana”.
Aunque Fernández negó veracidad a esa denuncia, de la que Muñoz tenía fotografías y grabaciones de video probatorias, el jefe de Seguridad Ciudadana de la Prefectura de Pando, Alberto Murakami, admitió el entrenamiento de civiles.
Murakami alegó entonces que se trataba de un centenar de “vecinos” adiestrados para cumplir labores de vigilancia, ante el auge de la “delincuencia” y el “déficit de policías”.
Muñoz hizo la denuncia como prueba de que los prefectos opositores no actuaban legalmente como aseguraban. El tiempo y la masacre de gente indefensa, lamentablemente dio la razón a esa ex Dignataria de Estado.
Porque dos años después, esos integrantes de “seguridad ciudadana” cumplieron a cabalidad su papel para el que fueron entrenados: dispararon a mansalva contra gente indefensa. No sólo eso, los paramilitares, muchos de ellos brasileños, se encargaron de secuestrar a quienes no pudieron escapar de las balas asesinas.
Víctimas escaparon al monte

En medio de la masacre los campesinos sólo tuvieron una alternativa para salvar sus vidas y se internaron en el monte, mientras los paramilitares descargaban sus armas sobre la multitud.
“Son gente de la Prefectura y del Servicio Departamental de Caminos que están bien armados con ametralladoras y francotiradores porque de las copas de los árboles nos disparaban a mansalva”, relató Tito.
La denuncia del dirigente campesino fue corroborada por el senador Abraham Cuellar, quien aseguró que este viernes, a 24 horas de esa masacre, la persecución paramilitar a campesinos pandinos continuaba.
“Sabemos que hay una persecución implacable en Filadelfia y Cachuelita, que son provincias aledañas a Cobija, siguen los asesinatos, siguen matando gente, gente desarmada”, aseguró el legislador.
Acusó a sicarios contratados por las autoridades pandinas y que andan armados incluso de ametralladoras, lo que obligó a que al menos un centenar de personas hayan cruzado la frontera con Brasil para buscar refugio.
En ese contexto, la movilización de gente de la Prefectura, Sedcam, sicarios y paramilitares contratados por el prefecto Fernández, supuestamente en reclamo de la reposición del 30 por ciento de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, fue la fachada para consumar una dura represión.

El presente material se publica en Rebanadas por gentileza de la Embajada de Bolivia en la República Argentina / Web

Rebanadas de Realidad – Buenos Aires, Argentina

Redacción: redaccion@rebanadasderealidad.com.ar

Celular: (11) 15 5 0480714 / MSN: casadoledo@hotmail.com

Masacre campesina bordea 30 muertos
Por la Redacción central de la ABI

Artículos suministrados por la Embajada de Bolivia en Argentina:

Rebanadas de Realidad – Buenos Aires, ABI – La Paz, 14/09/08.- La masacre campesina más cruenta de la historia democrática ejecutada por sicarios promovidos por la Prefectura de Pando, cobró ya una treintena de muertos y decenas de heridos producto de la emboscada en la localidad de Tres Barracas del municipio del Porvenir, saldo luctuoso que dejó al prefecto Leopoldo Fernández al margen de la ley, aseguró la noche del sábado el Gobierno.

“La magnitud de la masacre ocurrida en Porvenir supera lo que es la masacre de octubre de 2003 en El Alto, donde hubo 60 muertos y en Porvenir se está acercando a una treintena. Si se hace una comparación con la población de El Alto y la de Pando, se van a dar cuenta que estamos ante la masacre más cruenta ocurrida en tiempo de democracia”, afirmó el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, en Palacio Quemado.

La autoridad gubernamental aclaró que un prefecto como Leopoldo Fernández que llevó adelante una masacre campesina y que desacata una disposición constitucional como es el estado de sitio, se está quedando al margen de la ley.

La autoridad de Gobierno teme que el número de muertos día que pasa se vaya aumentando, por lo que exigió al Congreso nacional iniciar la investigación del genocidio más cruento de los últimos tiempos ocurridos en Bolivia.

Por su parte desde Cobija el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, advirtió que Fernández pagará por el genocidio masivo tarde o temprano.

En este conflicto cayó un militar, el marinero Ramiro Tañini Alvarado (17), quien resguardaba el Aeropuerto de Cobija, “Aníbal Arab” y fue victimado por el impacto de una bala de un arma calibre 22, reveló este sábado el informe forense realizado en el Hospital de la Corporación de Seguro Social Militar (Cossmil).

También se reportó el deceso de dos funcionarios de la Prefectura entre los muertos. El 95 por ciento de las víctimas son campesinos los que fueron ejecutados por los sicarios contratados por la Prefectura, según el relato de varios testigos en diferentes medios de comunicación.
A su turno el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Isaac Ávalos, denunció en Cochabamba la desaparición de más de 50 campesinos afiliados al sector, tras la masacre ejecutada por paramilitares y sicarios de la Prefectura de Pando.

“Han muerto ocho miembros de nuestra organización de Pando, 26 heridos de bala y 51 desaparecidos hasta este momento, sólo los que son afiliados a nuestra organización, sin contar el resto”, afirmó Ávalos en su discurso durante la entrega de ambulancias y compresoras mineras en Cochabamba por parte del presidente Evo Morales Ayma.

La masacre

Un puente ubicado a siete kilómetros del Porvenir por donde un millar de campesinos que marchaban hacia Cobija en protesta de la violencia impulsada por el prefecto Leopoldo Fernández, fue el escenario de la masacre que paramilitares entrenados y financiados por el “cacique” pandino, Leopoldo Fernández, desataron el jueves 11 contra gente indefensa.

Los hechos desmintieron al prefecto Fernández, quien había asegurado que se trató de un enfrentamiento armado “iniciado” por el Gobierno.
Roberto Tito, uno de los trabajadores rurales que estuvo en ese puente cuando comenzó la balacera contra gente indefensa, testimonió que ellos marchaban desarmados, pero de pronto escucharon los disparos y algunas personas comenzaron a caer heridas de muerte.

Francotiradores ubicados en las copas de los árboles dispararon sobre la multitud sin importar que marcharan niños y mujeres confundidos entre campesinos, cuya única arma eran palos y machetes.

“Estábamos desarmados, no como dicen ellos. Nos detuvieron a unos siete kilómetros antes de Porvenir y luego nos atacaron cuando avanzamos a la altura del puente nos emboscaron y comenzaron a disparar con ametralladoras automáticas”, relató Tito, compungido por la muerte de al menos 10 de sus compañeros, ya que hasta este viernes se reportó un número indeterminado de desaparecidos.

“Los compañeros tuvieron que escapar a todo lado. No perdonaban ni a niños ni mujeres. Esta fue una masacre a los campesinos, esto es algo que no debemos permitir”, señaló el trabajador rural.

El testimonio de Tito es respaldado por la versión del senador Abraham Cuellar, quien asegura que a la altura del Puente de Cachuelita había un boquete de 10 metros de ancho y de profundidad para que no pase los camiones y no pase la gente. Es en estas circunstancias que comenzó la balacera.

“La gente estaba caminando a pie, ha sido una emboscada preparada por la Prefectura, planificada con armamento bélico y el resultado lamentable son muchos muertos del lado campesino y la mayoría son de las alcaldías de esa región que no pertenecen al MAS sino que son organizaciones que apoyan al Gobierno”, dijo Cuellar.
Paramilitares de Leopoldo.

Ya en septiembre de 2006, la entonces ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, denunció que el prefecto Leopoldo Fernández entrenaba en Cobija al menos a un centenar de paramilitares, bajo la fachada de conformar una fuerza “para seguridad ciudadana”.

Aunque Fernández negó veracidad a esa denuncia, de la que Muñoz tenía fotografías y grabaciones de video probatorias, el jefe de Seguridad Ciudadana de la Prefectura de Pando, Alberto Murakami, admitió el entrenamiento de civiles.

Murakami alegó entonces que se trataba de un centenar de “vecinos” adiestrados para cumplir labores de vigilancia, ante el auge de la “delincuencia” y el “déficit de policías”.

Muñoz hizo la denuncia como prueba de que los prefectos opositores no actuaban legalmente como aseguraban. El tiempo y la masacre de gente indefensa, lamentablemente dio la razón a esa ex Dignataria de Estado.
Porque dos años después, esos integrantes de “seguridad ciudadana” cumplieron a cabalidad su papel para el que fueron entrenados: dispararon a mansalva contra gente indefensa. No sólo eso, los paramilitares, muchos de ellos brasileños, se encargaron de secuestrar a quienes no pudieron escapar de las balas asesinas.
Víctimas escaparon al monte.

En medio de la masacre los campesinos sólo tuvieron una alternativa para salvar sus vidas y se internaron en el monte, mientras los paramilitares descargaban sus armas sobre la multitud.

“Son gente de la Prefectura y del Servicio Departamental de Caminos que están bien armados con ametralladoras y francotiradores porque de las copas de los árboles nos disparaban a mansalva”, relató Tito.

La denuncia del dirigente campesino fue corroborada por el senador Abraham Cuellar, quien aseguró que este viernes, a 24 horas de esa masacre, la persecución paramilitar a campesinos pandinos continuaba.
“Sabemos que hay una persecución implacable en Filadelfia y Cachuelita, que son provincias aledañas a Cobija, siguen los asesinatos, siguen matando gente, gente desarmada”, aseguró el legislador.

Acusó a sicarios contratados por las autoridades pandinas y que andan armados incluso de ametralladoras, lo que obligó a que al menos un centenar de personas hayan cruzado la frontera con Brasil para buscar refugio.

En ese contexto, la movilización de gente de la Prefectura, Sedcam, sicarios y paramilitares contratados por el prefecto Fernández, supuestamente en reclamo de la reposición del 30 por ciento de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, fue la fachada para consumar una dura represión.
El presente material se publica en Rebanadas por gentileza de la Embajada de Bolivia en la República Argentina / Web

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Súmate leyendo el artículo Institucionalización de la Dictadura Cívica Regional del periódico “El Deber”

Institucionalización de la Dictadura Cívica Regional.
(Publicado en el periódico El Deber el lunes 15 de Septiembre de 2008)
Antecedentes y Efectos Políticos del Referéndum Revocatorio.
Los resultados del Referéndum Revocatorio del pasado 10 de agosto, generaron un efecto político inesperado por el bloque de oposición al conseguir el binomio Morales – García Linera el respaldo de 67,8% de apoyo nacional al proceso de cambio en curso.
Los nuevos escenarios de gobernabilidad implicaron el imperativo de compatibilizar los textos de la nueva Constitución y los Estatutos, implicando necesariamente y como condición sine qua non, la renuncia a las posiciones maximalistas de ambos.
Dicha situación provocó una crisis estratégica en la oposición y el consiguiente repliegue de la derecha moderada para dar paso a la conducción del ala más radicalizada y extrema del bloque cívico regional.
Objetivos Inmediatos, Mediatos y Meta Mayor.
El objetivo inmediato de la oposición radicalizada fue buscar la victimización y conversión en héroe del bloque cívico regional al provocar al Gobierno a responder a la convulsión social usando el recurso de la violencia legal y legítima del Estado (Policía y Fuerzas Armadas).
El objetivo mediato es la desestabilización, la pérdida de legitimidad, credibilidad y progresiva fractura institucional del Gobierno (y Estado) Nacional. Esta fractura se procura realizar al crear una matriz de opinión pública sobre la existencia de una dictadura de tinte indiana fundamentalista que reprime al proyecto político de la oposición (que busca la implementación y profundización de la autonomía y la devolución del IDH) y vulnera el orden constitucional y democrático.
Hoy la autonomía (expresada por medio de la conducción política de esta élite violenta y reaccionaria) no representa la reivindicación social progresista de los cruceños. Se ha convertido en una triste excusa para la defensa y mantenimiento de la estructura de poder prevaleciente en Santa Cruz, para la construcción de un centralismo departamental, el mantenimiento de los privilegios de las elites decadentes y la re feudalización de la sociedad cruceña.
Dique de Contención al Cambio.
Por medio de los dispositivos discursivos de la autonomía y lucha por el IDH están construyendo un dique de contención a los contenidos y significados de un proceso de cambio, que no solo interpela y atañe a la sociedad occidental o a los “collas”, sino a la estructura misma de las relaciones sociales bolivianas, sustentadas (en muchos casos) en el racismo, la discriminación, la intolerancia y la mezquindad.
La fenomenología del cambio tiene contenidos emancipatorios basados en la expansión y generalización transversal de libertades, derechos y garantías para la conformación de una sociedad civil (en contraposición a una sociedad estamentaria).
El acceso a estos recursos civiles no puede ser privativo a la adscripción (o no) a un bloque de poder (u otro), ya que son recursos civiles inherentes al Ser Humano por el hecho de ser humano.
Una nueva sociedad emergente lucha por (re) organizarse sin los atavismos de las relaciones autoritarias y excluyentes, a través de repertorios de acción colectiva que no privilegien respuestas violentas de entropía social, pudiendo optar (como opción política presente permanentemente) por la violencia y la lucha armada como mecanismo de cambio social.
El autoritarismo y la exclusión son transversales a todas las clases sociales, sectores, grupos, etnias, comunidades y regiones que no comulgan con la concepción de la elite dirigencial de la clase dominante. Este es el flagelo que debemos combatir.
Para detener el cambio, buscan perpetuar los golpes “suaves” a la democracia, que plantean entre sus fines políticos la desestabilización del Gobierno nacional y de manera simultánea (y no excluyente), la consolidación de una estatalidad paralela por medio de la conformación de un sistema político (paralelo) con sus respectivos aparatos institucionales.
A esta finalidad obedecen las tomas de diversas instituciones del Estado Nacional en Santa Cruz (y en la media luna): SII y GRACO para consolidar su aparato impositivo y de recaudación departamental, el INRA para manejar el mayor recurso de poder en el oriente que es la tierra y administrar los procesos de saneamiento según sus intereses, ENTEL para apropiarse de la logística comunicacional del departamento, que representa un recurso político indispensable en la actualidad, adueñarse de la matriz hidrocarburífera y el nodo energético para el control y administración de dichos recursos naturales estratégicos.
Estos son los verdaderos intereses en juego en la actual disputa política, no es un tema de cambas versus collas, oriente versus occidente, ni exclusivamente lucha de clases.
Rol de la Policía y las Fuerzas Armadas.
La Policía y las Fuerzas Armadas históricamente han sido factores de poder en Bolivia. En el contexto histórico actual, se convierten en centinelas de la democracia al resguardar la integridad e institucionalidad del Estado boliviano.
El resguardo de la democracia se perpetua actualmente en el delicado vórtice de generar equilibrio y estabilidad socio política por medio del uso legal y legítimo de la violencia en la medida justa para precautelar el orden interno, la seguridad, la integridad y soberanía nacional y no excederse en el monopolio de la fuerza física del Estado, provocando la ansiada excusa suficiente para la victimización y conversión en héroe del bloque cívico regional, que persigue incitar el desborde societal en contra del Estado.
En aras de la preservación de la soberanía nacional es que las Fuerzas Armadas han actuado (en el contexto de la escalada violenta del conflicto desde el martes) contra natura, no ejerciendo el monopolio de la fuerza física y no cediendo a la conspiración golpista de provocar más violencia e incitar la rebelión masiva, como planteaba la estrategia radicalizada de la derecha antidemocrática.
Los ciudadanos cruceños / bolivianos que no se encuentran afiliados al bloque de poder cívico regional, que disienten con la matriz de pensamiento único y la dominación ideológica y cultural, demandan al Estado la protección y defensa de su integridad humana y sus bienes, al encontrarnos a merced de la violencia material y simbólica de las elites dominantes.
Dialogo, Reconciliación y Pacificación.
No puede existir un verdadero proceso de pacificación si continúa la perpetuación de las relaciones de dominación. No se puede hablar de libertad, democracia y justicia si continúan (y se ahondan) las relaciones entre opresores y oprimidos.
La paz es un patrimonio de todos, pero especialmente de los humildes y pobres, que ponen la sangre, el sudor y las lágrimas en la confrontación violenta. La condición para la paz es el desmantelamiento del bloque cívico regional de Santa Cruz, que implica el cierre definitivo del Comité Cívico Pro Santa Cruz y su brazo paramilitar violento de la Unión Juvenil Cruceñista, como las máximas instancias fascistas, golpistas, violentas y reaccionarias.
Para la viabilidad a futuro de la sociedad cruceña, identifiquemos y expulsemos de entre nosotros a quienes se arrogan soberbia y erróneamente la autoridad moral de nuestros designios sociales. Impugnemos el supuesto derecho de representación a estos apologetas del desastre e invitemos a estas personas a que se retiren de la arena pública y amplíen el campo político hacia instituciones de intermediación política de esencia democrática. No se pueden democratizar aquellas instituciones que en su esencia, fundamento, rol, conducta e imaginario nunca han sido democráticos y nunca lo serán.
El espacio de intermediación entre la sociedad civil y el Estado dejado por el Comité Cívico, deberá ser llenado por una mesa de coordinación interinstitucional ad hoc, conformada por todas las instituciones significativas en el nuevo mapa político cruceño.
Dicha mesa de trabajo ad hoc tendrá como objetivo consensuar una agenda pluralista, integradora y respetuosa de la diversidad socio política, sectorial y étnica de la región, para garantizar las condiciones de la reconciliación al interior de nuestra sociedad, basándose como premisa fundamental en el otorgamiento de concesiones mutuas para ganar todos (dar primero para recibir después).

El objetivo que buscamos es cortar el monopolio de la voz única desde el bloque cívico regional, para visibilizar los matices que posee la sociedad cruceña y construir espacios de interlocución que puedan encontrar respuestas a nuestras problemáticas.
Esto no implica alcanzarle al oficialismo gubernamental en bandeja de plata, la conducción política de nuestro destino como sociedad, sino resignifica los contenidos de la lucha cruceña para adueñarnos todos (los visibles e invisibles de la estructura societal cruceña) de nuestro proceso de cambio y conducirlo en alianza, complementariedad y reciprocidad con el del Estado plurinacional en construcción.

CORRIENTE DE RESPONSABILIDAD CIUDADANA
responsabilidad.ciudadana@gmail.com

Súmate firmando la carta de solidaridad con el pueblo de Bolivia http://www.odg.cat monica.vargas@odg.cat

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE BOLIVIA Y SU GOBIERNO

Las organizaciones colectivos y redes de la sociedad civil internacional queremos expresar nuestro más firme apoyo al pueblo boliviano y su gobierno en los difíciles momentos que le toca vivir, en la defensa y consolidación del proceso de cambio :

• La oligarquía boliviana, esa misma que apoyó los golpes de estado y a las dictaduras militares, se disfraza ahora de autonomista y « democrática » para seguir enriqueciéndose a costa de la pobreza de la población, y porque quiere evitar, a cualquier precio, el avance del proceso de cambio que está en marcha. Cuenta para ello con los grupos racistas y fascistoides de la « Unión Juvenil Cruceñista », y con el apoyo de Washington. Los ataques armados que han costado la vida a varias decenas de bolivianos los últimos días buscan volver ingobernable el país antes de la realización del referendum que deberá ratificar la nueva Constitución de Estado de Bolivia y redefinir los límites de la propiedad de la tierra, dos de las demandas más sentidas por la mayoría de los bolivianos.

• El gobierno del Presidente Evo Morales denunció en repetidas ocasiones la política de injerencia del embajador de los Estados Unidos en Bolivia. Su participación personal en varias de las reuniones organizadas por los prefectos de los departamentos de la « Media Luna » (Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Pando y Beni) para complotar contra los intereses de la mayoría del pueblo boliviano está demostrada. Su expulsión fue más que merecida.

• La mejor defensa de los cambios realizados hasta ahora en Bolivia pasa por la movilización generalizada, dentro y fuera de ese país, de todos aquellos que se sienten comprometidos con la recuperación de la Soberanía, la Independencia y la Dignidad del pueblo boliviano, y por la actitud firme del gobierno ante los ataques de la derecha y los grupos fascistoides que alimenta, con los que no puede haber pacto posible.

Desde la elección del compañero Evo Morales a la Presidencia de la República de Bolivia hemos podido constatar que las políticas implementadas por el nuevo gobierno se articulan estrechamente con un número importante de reinvindicaciones que defendemos desde hace años :

• Las denuncias sobre los impactos sociales, económicos y ambientales de las empresas transnacionales en América Latina que hemos denunciado ante espacios como el Tribunal Permanente de los Pueblos. Festejamos en su momento el retiro de Bolivia del Centro internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que abrió finalmente una brecha en ese poderoso e ilegítimo brazo del Banco Mundial.

• La política de recuperación de la Soberanía sobre los sectores estratégicos de la economía boliviana (gas, agua, reservas naturales…), entregados en su mayoría, con la complicidad de las élites locales, al poder transnacional. Ese proceso de recuperación es un resultado concreto de la valerosa lucha de los movimientos sociales bolivianos. Lo que se ha avanzado en Bolivia al respecto constituye un paso muy importante, es un ejemplo, para todas nuestra Naciones y Pueblos. Son esos avances que la oligarquía boliviana y el imperialismo estadounidense quieren revertir.

• El gobierno de Bolivia ha mantenido una política de principios en lo que se refiere a los tratados de libre comercio, que someten en marcos supranacioanles todos los ámbitos de la vida a los intereses económicos. Su rechazo a la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y a las negociaciones entre la Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea es una política justa.

¡ SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO Y EL GOBIERNO DE BOLIVIA !

¡DETENGAMOS A LA DERECHA Y SUS GRUPOS FASCISTOIDES !

¡CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LOS CRIMENES EN EL DEPARTAMENTO DE PANDO !

¡APOYO AL REFERENDUM PARA APROBAR LA NUEVA CONSTITUCION BOLIVIANA !

¡ALTO A LA INJERENCIA DE ESTADOS UNIDOS EN BOLIVIA !

Su + (SUMAS)= 98
SUMATE Red de Alternativas
A la impunidad y a la globalización del mercado
18 de Septiembre de 2008