Por lo menos sus nombres 15
El 6 de agosto, se entregaron Un total de 209 “civiles” armados de la estrategia militar encubierta de las llamadas “Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada – Acmv”, en la finca “La María”, vereda San Miguel, municipio Puerto Gaitán, departamento del Meta. “Con los de hoy son 8.798 desmovilizados”
Este grupo paramilitar está comandado por José Baldomero Linares Moreno conocido como “Guillermo Torres”. “Fuentes de inteligencia señalan a las Acmv como las ‘herederas’ del poder y las zonas de influencia de ‘Los Carranceros’ – del esmeraldero Víctor Carranza – uno de los ejércitos privados más temidos en esa zona del país… las cuales están fuertemente involucradas con el tráfico de cocaína.” El Tiempo, 6 agosto 2005.
Los paramilitares de las Acmv tienen su influencia en municipios del Meta y Vichada, entre ellos, Puerto Gaitán, Guanare, San Miguel, Zunape, Cumaribo, Palmarito, los cuales fueron parte de su accionar con cambios de nombre, de acuerdo con sus tácticas de ocultamiento y de simulación para pretender negar su interactuación con las Brigadas y Batallones militares y centros policiales. Por ello, el uso de los alias, de los apodos, sus nombres se “limpian” de cualquier responsabilidad frente a violaciones a los derechos humanos, a crímenes de Lesa Humanidad. En el proceso de institucionalización pasa por el apoyo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cual según los medios de información “Cinco delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el apoyo del registrador de Puerto Gaitán, entregaron un total de 136 cédulas de ciudadanía, entre duplicados (69), solicitudes por primera vez (53) y registros (14)”. Nuevas cédulas de ciudadanía, nuevos registros civiles de nacimiento, nuevas identidades para la removilización.
Al tiempo, el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- expidió 208 certificados de pasado judicial a los nuevos removilizados que supuestamente “no figuraron con procesos judiciales pendientes”. Y un grupo de “fiscales especializados, tomaron 208 versiones libres y espontáneas… Los 208 desmovilizados de hoy, llenaron su solicitud de beneficios jurídicos y diligenciaron carta de veracidad… quienes desde ya pueden acceder a recibir beneficios legales por dejar las armas de forma voluntaria”, como lo plantea el Artículo 3 de la Ley de Impunidad, llamada por el gobierno de “para la Justicia y la Paz”.
En este nuevo proceso de institucionalización paramilitar, el Alto Comisionado de Paz Luís Carlos Restrepo expresó: “La paz debe entenderse como una oportunidad para rediseñar, conjuntamente, el futuro de la región de los llanos… No dejemos que los empresarios privados queden desvinculados de las decisiones públicas. Es importante en la región, tanto para el tema de la seguridad, como para el tema productivo…” Se da inicio a un proceso de institucionalización en el Meta, al tiempo que en el último Consejo Comunal celebrado en Villavicencio, el Gobierno anuncia “Palma, palma, palma… para biodisel…”, proyectos de infraestructura para la palma aceitera en el nuevo gran proyecto “Gaviotas II”… Alcohol carburante a través del monocultivo de caña y yuca… nuevas extracciones petroleras… compras de tierras, según testimonios más de 30 fincas han sido adquiridas en Puerto Gaitán en los últimos meses por intermediarios que se presentan como “carranceros”. Una nueva removilización en un departamento que aspira a ser un nuevo “Laboratorio de Paz”, la “Paz” del silencio, la “Paz” del olvido, la “Paz” de la impunidad, la “Paz” de campesinos sin tierra, la “Paz” de los grandes terratenientes…
Ya se anuncia el inicio de la “fase operativa para la desmovilización del grupo del bloque central bolívar que actúa en el Vichada, específicamente en el municipio de Cumaribo… en los próximos días, se dará a conocer la Zona de Ubicación Temporal, para la concentración de los miembros del bloque Centauros que operan en Casanare… el gobierno espera, que muy pronto, el grupo que actúa bajo el mando de alias “Pirata y Cuchillo”, en el sur del departamento del Meta y en Guaviare, de también el paso para reincorporarse planamente a la civilidad… Vicente Castaño y 1.500 hombres del bloque Centauros, que opera en 4 departamentos están a punto de dar un paso más hacia la civilidad. En menos de un mes podrían iniciar su proceso de desarme”.
Hoy NOMBRES de hombres y mujeres asesinados, desaparecidos y torturados. POR LOS MENOS SUS NOMBRES, los de Cumaribo, Puerto Gaitán. POR LOS MENOS SUS NOMBRES para que en este escenario de la iniquidad que se erige tras el proceso de “desmovilización de los paramilitares” se puedan por lo menos mencionar, ellas y ellos existen, son memoria, son presente.
Evocarlos, es llamarlos a la Verdad, convocar a la justicia, a la construcción permanente de una nueva sociedad. Traerlos al presente en medio de los Documentos de la persecución. Traerlos a la memoria, mientras es posible la justicia.
POR LOS MENOS SUS NOMBRES
25 de septiembre de 1985
En PUERTO GAITAN, Meta, paramilitares asesinaron a LUIS ANTONIO PÉREZ SÁNCHEZ, abogado, ex concejal y ex diputado a la Asamblea departamental, miembro de la Unión Patriótica – UP. Luis Antonio fue asesinado cuando se encontraba en un establecimiento público (estadero Majaguyal). Luis Antonio trabajaba con los indígenas de Planas, con los Guahibos, promotor de la organización indígena UNUMA y del sistema de educación bilingüe.
30 de septiembre de 1985
En PUERTO GAITAN, Meta, paramilitares asesinaron a FABIO LÓPEZ, campesino y militante de la Unión Patriótica.
15 de julio de 1986
En PUERTO GAITAN, Meta, BENJAMÍN RIVAS ROJAS, de la Unión Patriótica, fue encontrado ahorcado en la celda en donde había sido detenido por parte de la Policía.
9 de abril de 1988
En PUERTO GAITAN, Meta, paramilitares desaparecieron a JAIRO HUMBERTO REY CASTELL, Tesorero municipal y militante del Partido Liberal, y HERNANDO MÉNDEZ VILLARAGA, Personero municipal y militante de la Unión Patriótica.
Cuando se desplazaban por la vía que de Puerto Gaitán conduce a Puerto López -en un camión donde se transportaba un cargamento de pescado.
Durante el trayecto, en el sitio Bateas, fueron interceptados por el Comandante de la Policía de Puerto Gaitán, quien personalmente revisó los documentos del cargamento de peces que llevaba el dueño del vehículo, una vez vio que todo estaba en orden los dejó continuar. Siguieron el recorrido y poco antes de llegar al sitio conocido como El Tomate, fueron alcanzados por un campero de color café, que se les atravesó, del cual descendieron seis hombres fuertemente armados, obligándolos a bajarse del automotor, e inmediatamente procediendo a llevarse al Tesorero y al Personero del municipio, con rumbo desconocido y sin que se volviera a saber de la suerte que corrieron.
En una de sus declaraciones, el paramilitar Camilo Zamora Guzmán expresó que los dos funcionarios fueron asesinados después de su retención, por los paramilitares Ángel María Roa y Hernando Lozano (fallecido), miembros de la organización paramilitar de Víctor Carranza, y sus cadáveres enterrados en una fosa común en la finca La Sesenta o San Pablo, de propiedad de Víctor Carranza, donde en el mes de abril de 1989 fueron hallados los cadáveres de cuatro personas. En las mencionadas fosas comunes, “en un lapso de siete años más o menos unas ochenta personas han enterrado ahí”.
18 de septiembre de 1991
En PUERTO GAITAN, Meta, paramilitares asesinaron a los campesinos ABELARDO ESTRADA, CARLOS VALERIANO, ARNOLDO DAZA, RICAURTE CAMPOS y CARLOS DAZA TORRES, en la finca La Esperanza, ubicada en la vereda El Limón. Los paramilitares se presentaron en el siete vestidos con prendas de uso privativo de las fuerzas militares, portando armas de largo y corto alcance. Los cadáveres fueron desfigurados con ácido y cada uno presentaba tiro de gracia.
18 de junio de 1992
En PUERTO GAITAN, Meta, paramilitares asesinaron a URBANO CHAMARRAVÍ, dirigente local de la Unión Patriótica y conductor de un campero, quien fue interceptado cuando se movilizaba por el sitio conocido como “Alto Neblinas”. Los paramilitares lo hicieron parar, le pidieron una herramienta y en el momento de sacarla le dispararon por la espalda.
18 de mayo de 1993
En PUERTO GAITAN, Meta, 17 paramilitares al mando de José Baldomero Linares Moreno conocido como “Guillermo Torres” asesinaron al campesino VÍCTOR MANUEL MADRID. Víctor fue amarrado y llevado con rumbo desconocido. Al día siguiente su cuerpo fue encontrado con varios disparos en la cabeza, en una finca cercana.
04 de Junio de 1993
En PUERTO GAITÁN, Meta, paramilitares, comandado por el teniente retirado del Ejército Hermes N., alias “Rasguño” y alias “Lucho”, financiados por narcotraficantes entre ellos Víctor Carranza, Víctor Manuel Nieto alias “Guateque” y Carlos Benito Méndez alias “Muzo”, quienes se movilizaban en una camioneta vinotinto, allanaron ilegalmente la vivienda de SAMUEL SALVADOR MARTÍNEZ, lo detuvieron y lo torturaron. La esposa habló con el teniente del ejército de apellido Romero, con el capitán de la policía de apellido Bernal y con el comandante del DAS de apellido Bohórquez, a quienes les exigió la entrega del detenido, o de lo contrario denunciaría el hecho. Pocos días después el campesino fue regresado y un mes después le fue quemada su casa con todas sus pertenencias.
26 de junio de 1993
En PUERTO GAITÁN, Meta, paramilitares desaparecieron a DUMER ARTEMIO BARRERA, de 30 años, músico y pequeño comerciante. DUMER salió hacia las 6 de la mañana de su casa, ubicada en la inspección Puente Arimena, y jamás regresó. Barrera, era simpatizante de la Unión Patriótica y había recibido amenazas de parte de los grupos paramilitares que actúan en la región. DUMER fue asesinado posteriormente.
04 de Noviembre de 1993
En PUERTO GAITÁN, Meta, paramilitares integrados a la estructura paramilitar de Víctor Carranza, con la omisión de la policía y el ejército, asesinaron a ALBERTO ALVARADO.
27 de enero de 1994
En PUERTO GAITÁN, Meta, paramilitares desaparecieron a JOSÉ ANTONIO PÉREZ, de 23 años, a quien obligaron a bajar del bus número 244 de la flota La Macarena que cubría la ruta Santa Rita – Villavicencio. La víctima venia del sitio Palmarito. Entre los agresores había uno con uniforme de policía, según los testigos.
06 de Julio de 1998
En CUMARIBO, Vichada, unos 200 paramilitares actuando bajo la etiqueta de “Fuerzas Unidas Campesinas de los Llanos Orientales”, incursionaron en el corregimiento de San José de Ocune, inspección de policía La Victoria (Puerto Príncipe) y procedieron con lista en mano a interceptar el “planchón”(embarcación para pasar el río) asesinando a 11 de sus ocupantes, entre ellos a dos menores de edad de 14 y 15 años: CÁNDIDA MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CARLOS MARTÍNEZ SÁNCHEZ, FELIPE ÁVILA, GENTIL SANDOVAL, MYRIAM MARTÍNEZ, ALEX SANDOVAL, TIBERIO LÓPEZ, ÓSCAR CORTÉS y tres personas más no identificadas. Varias de las víctimas fueron descuartizadas y otras fueron arrojadas al río Planas. El hecho ocasionó el desplazamiento forzado de más del 70% de los habitantes de esta población.
Horas antes los paramilitares habían incursionado en la Inspección de policía Tillava, jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán (Meta), donde asesinaron a 5 de sus habitantes, cuyos nombres no pudieron ser registrados, entre ellos dos indígenas. En la misma acción los paramilitares arrasaron y destruyeron el resguardo indígena y los poblados de Picota Alta y Baja.
05 de Noviembre de 1998
En PUERTO GAITÁN, Meta, paramilitares asesinaron a 12 campesinos y a cinco indígenas en las veredas Puerto Mosco, Alto Tibuya, Bajo Tibuya, El Planchón y La Picota. Doce de las víctimas fueron: DELFINA SÁNCHEZ, JAIRO BECERRA, CONSUELO ESPITIA, OBDULIO PÉREZ, NABOR PARADA, BENITO QUEVEDO, JOSÉ PARRADO, PEDRO MATÍAS, ANTONIO JIMÉNEZ, WILLIAM TORRE, SEBASTIÁN GARCÍA y RAFAEL GARCÍA.
08 de Noviembre de 1998
En PUERTO GAITÁN, Meta, paramilitares asesinaron a JUAN CARLOS GUTIÉRREZ y a JUAN SIMÓN GONZÁLEZ PUENTES, uno de ellos menor de edad, quienes se encontraban en el poblado Puerto Trujillo de este municipio. Los paramilitares dispararon al menor de 14 años cuando intentó escapar; ya muerto le abrieron el vientre con un machete y destruyeron su cuerpo con una granada; a la otra víctima, un hombre de 25 años, le dispararon y posteriormente lo apuñalaron en 27 oportunidades. Los pobladores se escondieron en la zona enmontada. Los paramilitares al no ver más habitantes en el lugar, mataron el ganado y quemaron varias viviendas que estaban vacías, mientras otros paramilitares disparaban hacia las montañas donde se refugiaban los campesinos.
21 de Abril de 2000
En PUERTO GAITÁN, Meta, paramilitares bajo la etiqueta de “AUC” desaparecieron a NELSON RESTREPO, líder cívico, Los paramilitares Wilson Quintero, conocido como “Quintanilla” o “Dago” y otro conocido con el alias de “Sida”, quienes tienen presencia y control permanente en el casco urbano y el área rural de este municipio y son comandados por José Baldomero Linares Moreno conocido como “Guillermo Torres”, irrumpieron hacia las 7:00 p.m. en el taller de mecánica, propiedad de Nelson, y tras obligarlo a abordar un vehículo, lo llevaron por la fuerza con rumbo desconocido, sin saberse desde entonces su paradero y estado. Nelson, reconocido líder cívico, mecánico de motores fuera de borda, y en los últimos tiempos se venía desempeñando como Veedor Ciudadano por solicitud de la comunidad. Agrega la denuncia que: “Extraoficialmente se conoce que el Alcalde Municipal tiene nexos directos con los paramilitares que actúan bajo la etiqueta de AUC, con sede en el casco urbano; ni el alcalde ni ninguna autoridad civil ni de policía han denunciado los atropellos que cometen los grupos paramilitares contra campesinos que vienen de la zona rural del municipio”.
“El imperio paramilitar de Víctor Carranza
Los llanos orientales de Colombia, región golpeada por casi todas las formas históricas de violencia que el país ha experimentado, fue incubando el paramilitarismo desde comienzos de los 80, primero con núcleos del MAS para convertirse poco a poco en un imperio paramilitar articulado y potenciado por el narcotráfico, uno de cuyos principales gestores ha sido el esmeraldero y narcotraficante Víctor Carranza.
Cuando en febrero de 1983 el Procurador General hizo público el Informe sobre el MAS, entre los miembros activos de las fuerzas armadas que fueron acusados de pertenecer a dicha estructura paramilitar figuraba el Mayor del ejército CARLOS VICENTE MELÉNDEZ BOADA, segundo comandante del grupo Guías del Casanare, con sede en Yopal, asignado a la base militar de Arauca, de la brigada No. 7. Los expedientes abiertos por la procuraduría y por un grupo de jueces instructores no avanzaron mucho en la recolección y evaluación de pruebas y dejaron a todos los victimarios en la impunidad. De acuerdo con los elementos recaudados por el Juzgado 17 de Instrucción Criminal de Villavicencio, en la investigación preliminar abierta el 12 de noviembre de 1982 se puede llegar a la conclusión de que la brigada 7, y especialmente su grupo de caballería Guías del Casanare, con sede en Yopal, así como la base militar de Arauca, montaron su propia estructura paramilitar bajo la sigla del MAS en 1982.
En ese momento actuaba como comandante de Guías del Casanare el Teniente Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, y como segundo comandante el Mayor Carlos Vicente Meléndez Boada. Los testimonios recogidos revelaron que un grupo de militares retirados se reunieron en Saravena con el Coronel Plazas y el Mayor Meléndez, hacia septiembre de 1982, y que esos mismos militares retirados (el ex sargento Isaías Barrera y los ex militares Arnubio Agudelo, José Elias Ramírez y otros) eran los que impulsaban el MAS en Saravena y el Meta.
Cuando el Procurador General dejó claro ante el país, en 1983, que el paramilitarismo estaba impulsado intensamente por miembros activos y retirados de las fuerzas armadas del Estado, el movimiento de repudio que se desarrolló entre 1983 y 1989 fue llevando a clandestinizar cada vez más las correas de transmisión y coordinación entre fuerza pública y paramilitares.
En 1989 la Corte Suprema de Justicia declaró “inconstitucionales” los artículos de la Ley 48 de 1968 que parecían darle “piso legal”. Por eso ya desde mediados de los 80 el paramilitarismo de los llanos orientales buscaba otras “cabezas visibles”.
El Mayor Oscar Echandía destapó las estrechas relaciones de Rodríguez Gacha con el ejército y los paramilitares a través de la Escuela de Caballería, comandada por el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, el mismo que había apoyado al naciente MAS con las armas de la brigada 7 en Yopal y Saravena. En su confesión, el médico Diego Viáfara Salinas, dirigente de la estructura paramilitar de Puerto Boyacá, reveló los estrechos vínculos de Víctor Carranza con los líderes nacionales del paramilitarismo y el envío que hizo de paramilitares para ser entrenados en la hacienda “El Cincuenta” de Puerto Boyacá (diciembre/87 a marzo/88) por mercenarios israelíes e ingleses.
Desde mediados de los 80 y en los 90, continuando en los 2000, Víctor Carranza, conocido como “El Patróni’, es la figura más destacada y estable de toda esta estructura.
El expediente penal No. 019, abierto por el juzgado 4° de Orden Público de Villavicencio a raíz de la masacre de Cañosibao (03.07.88), pero al cual se acumularon luego 18 procesos penales más, a petición del abogado de Carranza avalada por el Tribunal Superior de Orden Público, interrumpiendo y anulando diligencias de muchos jueces, algunas de las cuales lograron recaudar pruebas contundentes. A pesar de haberse constituido este proceso 019 como uno de los más impresionantes monumentos históricos de la impunidad y de la corrupción del poder judicial en Colombia, recogió entre sus piezas maestras testimonios que revelaron la estructura criminal que actuó durante todo este período (1985-96).
Las confesiones de Camilo Zamora y de William Góngora, integrantes de la estructura paramilitar de Víctor Carranza, muestran cómo los tres cuerpos de inteligencia y seguridad del Estado: el ejército con su departamento B-2, la policía, con su departamento F-2 y el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), actuaban en unidad de acción y de objetivos con la red de civiles armados cuya cabeza era Carranza. La fuerza pública suministraba armamentos, municiones, información y protección, mientras “el Patrón” pagaba y avocaba a su tribunal supremo los premios y sanciones de quienes habían sido seleccionados para ejecutar el genocidio contra la UP.
Las circunstancias que rodearon la captura de uno de los hombres de confianza de Carranza, Arnulfo Castillo Agudelo, alias “Rasguño”, el 16 de julio de 1995, por parte de un funcionario nuevo del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía Regional de Oriente en Villavicencio, dejaron al descubierto que desde 1993 las diversas instancias de la fiscalía del Meta y de la Regional de 0riente, tenían estrechas relaciones con Carranza y sus hombres, celebraban frecuentes reuniones sociales en sus haciendas y departían con los responsables de su estructura paramilitar. La inmediata destitución de quien denunció todo esto ante el fiscal y vice-fiscal generales de la nación, confirmó también profundas sospechas sobre la complicidad con esta estructura de la misma cúpula de la fiscalía general de la nación.
La confesión de CAMILO ZAMORA GUZMAN, paramilitar orgánico de la estructura de Carranza, rendida ante el Juzgado Cuarto de Orden Público de Villavicencio el 10 y 11 de abril de 1989, es un documento escalofriante donde se refleja la psicología del sicario, cuyo oficio rentable es la muerte, oficio que impregna de frialdad letal la extensa narración de un genocidio sin que, al parecer, la memoria de tantos y tan horrendos crímenes le perturbe el sueño. A lo largo de 20 páginas se penetra, con la respiración entrecortada, en extensos territorios del oriente colombiano que configuran el imperio económico de Carranza; se asiste a numerosas muertes y persecuciones perpetradas con increíble frialdad e impavidez; a entrenamientos dirigidos por mercenarios israelíes; a movimientos de escuadrones armados que no temen ninguna intercepción. Por doquier aparece “El Patrón” Víctor Carranza pronunciando sentencias de muerte y recompensando las ejecuciones de las mismas; departiendo con gobernadores, alcaldes, líderes políticos y comerciantes. Se multiplican los nombres de coroneles, mayores, capitanes y sargentos del ejército, agentes de la policía y de otros cuerpos de seguridad del Estado, quienes coordinan acciones, proveen y movilizan cargamentos de armas, despejan los escenarios de los crímenes de fuerza pública para evitar obstáculos y, cuando por algún “error”, son detenidos los sicarios, intervienen apresuradamente para “corregir tales errores”. A través de esas 20 páginas se descorre la cortina que cubrió numerosos crímenes del oriente y se puede mirar, como por un agujero sorpresivo, la maquinaria –aún en plena acción- que da cuenta del genocidio de la Unión Patriótica.
Bogotá, D.C., 7 de agosto de 2005
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ