Por falta de agua, tortura permanente contra los reclusos en el establecimiento penitenciario de Valledupar
La Fundación Comité de solidaridad con los Presos Políticos, denuncia ante la comunidad nacional e internacional que detenidos del establecimiento de alta seguridad de Valledupar se han comunicado con nuestra Fundación para informar que nuevamente se encuentran privados del suministro de agua.
Informan los detenidos que en esta ocasión ya completaron 4 días sin agua, situación que pone en grave riesgo la vida e integridad física de las personas privadas de libertad en el centro de reclusión, donde se han reportado más de una veintena de casos de tuberculosis, y las condiciones de salubridad de celdas, baños y rancho han sido denunciadas de manera reiterada.
Para nuestra Fundación es altamente preocupante que casi 10 años después de haber entrado en funcionamiento el establecimiento de alta seguridad de Valledupar, y a pesar de las múltiples decisiones judiciales para que se supere esta falla estructural, no se haya logrado normalizar el suministro de agua a las personas privadas de libertad. La situación que se vive en el establecimiento de alta seguridad, se ha convertido en una tortura sistemática para toda la población reclusa, de acuerdo con lo contemplado en las normas nacionales e internacionales de los derechos humanos.
Consideramos que la situación del establecimiento de alta seguridad de Valledupar es de tal magnitud, y la ineficacia del Estado colombiano para garantizar en el lugar condiciones dignas de reclusión, tan evidente que la única alternativa real para que cesen las graves violaciones de derechos humanos es el cierre definitivo del establecimiento.
EXIGIMOS
Reiteramos nuestra exigencia al gobierno colombiano, en cabeza del presidente de la República Dr. Juan Manuel Santos Calderón y a la Dirección General del INPEC, de tomar las medidas urgentes y necesarias para que cesen las graves violaciones a los derechos humanos de la población reclusa en el establecimiento de alta seguridad de Valledupar, por las fallas estructurales que afectan el suministro de agua, y de no existir solución inmediata ordenar el cierre definitivo del establecimiento.
SOLICITAMOS
Así mismo, reiteramos nuestra solicitud a todas las organizaciones sociales, defensoras de los Derechos Humanos nacionales e internacionales y al movimiento popular, exigir a las autoridades Colombianas garantizar condiciones dignas de reclusión a todas las personas privadas de libertad en el establecimiento de alta seguridad de Valledupar de manera inmediata y de no ser posible ordenar el cierre definitivo del establecimiento.
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HECHOS
1. El adolescente, Heinner Franco Ruiz, de 15 años de edad, estudiante de la institución educativa Antonio Nariño, resultó asesinado con disparos de arma de fuego, el día 5 de diciembre, a las 4:00 p.m., en el casco urbano de Puerto Nariño del municipio de Saravena.
Los hechos ocurrieron cuando miembros del ejército nacional, pertenecientes al Grupo de Caballería Mecanizado N. 18, General Revéiz Pizarro, se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en un establecimiento comercial del mentado caserío y fueron hostigados al parecer por miembros de una de las organizaciones rebeldes que operan en la región, presentándose un tiroteo que deja el saldo antes mencionado. El caso es materia de investigación y estamos a la espera que las pruebas determinen con exactitud, lo concerniente al mismo.
El joven Heinner, era hijo del dirigente comunal Jeremías Franco Mateus, Presidente de la Junta de Acción Comunal del la vereda Banadías II, del mismo municipio.
2. Este mismo día, en el balneario La Chamiza, en el municipio de Tame, resultaron heridos 3 niños y 6 adultos, pertenecientes a la población civil, en momentos en que se encontraban en la piscina y se presentó un enfrentamiento entre miembros de la policía que se hallaba en el sitio y presuntos miembros de organizaciones rebeldes. En este suceso resultaron muertos dos policías y otros dos fueron heridos.
3. En la vereda Naranjitos, del municipio de Tame, en un hecho similar resultaron heridas dos personas, entre ellas un civil de profesión taxista.
En reiteradas ocasiones, esta fundación, ha denunciado la invasión de la vida cotidiana y de los espacios propios de la población civil por parte de la fuerza pública en zonas urbanas y rurales, sin embargo en el caso de Puerto Nariño, no solo se encontraban en la casa donde se ubica el establecimiento comercial sino que se hallaban libando bebidas alcohólicas, poniendo en riesgo extremo a la comunidad.
EXIGIMOS
Exigimos que se esclarezcan a la brevedad posible estos hechos e insistimos en el respeto a la población civil, en su vida, integridad y su patrimonio; y a los principios del Derecho Internacional Humanitario.
Exhortamos a los actores del conflicto a buscar soluciones políticas al mismo, y dejar por fuera de sus acciones a la población civil.