Por ella, por todas, por otra sociedad transformación de doctrina militar
CESEN LA VIOLENCIA SOBRE NUESTROS CUERPOS
El pasado 21 de junio, siete soldados jóvenes adscritos al Batallón de Alta Montaña de Genova (Quindío) que prestaban labores de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo ubicado en Pereira (Risaralda), accedieron carnalmente a una niña de doce años de la etnia Emberá Katío, en Risaralda.
Los jóvenes soldados se declararon culpables y uno en calidad de cómplice, esperan una pena en la justicia ordinaria entre 16 y 30 años de cárcel indicó el Fiscal General Barbosa.(https://www.elespectador.com/noticias/judicial/imputacion-de-cargos-a-militares-por-abuso-de-nina-indigena-en-risaralda/.)
Por su parte, el Instituto de Bienestar Familiar expuso que llevarán a la niña a un “hogar sustituto”. Por su lado, la representante a la Cámara del Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, en su cuenta de twitter expresó: “@mindefensa que no sea un falso positivo como ha sucedido antes”.
Los twitter, las medidas de sanción de la justicia ordinaria, y la respuesta del ICBF que deberían en sus ámbitos garantizar el restablecimiento de los derechos de las niños y las niñas, refuerzan las construcciones discriminatorias, clasistas, racistas, colonialistas, misóginas y patriarcales en contra de los pueblos indígenas que han sido empobrecidos, expoliados por actores con intereses políticos y económicos.
Las medidas adoptadas están lejos de garantizar los derechos de la niña y del pueblo embera.
La sanción penal que cobijaría a los siete uniformados, soldados por servicio militar obligatorio,que seguramente pertenecen a las clases sociales empobrecidas del país, individualizan la responsabilidad de una institución que tiene varios expedientes abiertos por violaciones a los derechos humanos. El último, el espionaje a organizaciones defensoras de derechos humanos, defensores/as de derechos humanos, periodistas de medios, sectores políticos de la oposición entre otras.
No se trata de “manzanas podridas” como han salido a decir sus altos mandos. Se trata de una cadena de violencias en la que está inmersa la sociedad colombiana y una estructura de poder que a través de la fuerza y de las armas viene promoviendo en territorios urbanos y rurales afectados por el conflicto el consumo de drogas, el reclutamiento forzado, la intimidación y amenazas a jóvenes y niños y niñas, el establecimiento de relaciones sexuales con niñas de comunidades como expresamos en el documento público Modelo de Prevención de Reclutamiento: Sujetos Territoriales de Paz; así como los falsos positivos, los bombardeos en campamentos, el maltrato a animales…
Al menos ciento treinta y cinco mujeres (135) han sido víctimas de violencia sexual por parte de miembros de la Fuerza Pública en el 2018 y 2019. Ochenta y dos (82) hechos, han sido cometidos por integrantes de las Fuerzas Militares @carolinamosvera.
Estamos hablando, de una institución que no está al servicio de lo público y que en palabras del humorista y periodista colombiano Jaime Garzón hace ya dos décadas “lo público debe estar al servicio del público, pero tenemos que mirarlos hacia arriba porque estamos abajo”.
Lejos de garantizar la soberanía del pueblo colombiana, bajo las premisas de “instaurar el orden” controla, abusa los cuerpos de niños y niñas como territorios de conquista. No son casos aislados
El pasado febrero de 2020, el ex General Mario Montoya, ante declaraciones en la JEP por los casos de los falsos positivos en Dabeiba, expresó: “lo primero que se pierde en la guerra es la verdad porque es una cosa muy complicada. Diré algo dentro del corazón, hemos hablado permanentemente de la profesionalización del Ejército y me duele decirlo, pero los muchachos que van a la institución son los de abajo, los de estrato 1 —no van los estratos 2, 3, y 4— nos toca enseñarles cómo se utiliza el baño, como se utilizan los cubiertos, entonces no es fácil”. Vergonzosa expresión de ese clasismo existente en Colombia.
El develamiento de estas declaraciones, hacen parte de lo que hoy podemos ver en los siete jóvenes soldados como doctrina militar de enemigos internos que usufructúa, militariza y pretende conquistar a través de los cuerpos de las mujeres las almas, los cuerpos y los territorios de las comunidades indígenas, negras y campesinas.
La violencia sexual es una práctica de guerra sistemática utilizada para intimidar a la población civil, para aleccionar y paralizar, afirmando que la vida es la imposición y o el uso del otro/a que carece dignidad.
La sociedad patriarcal sigue sin sanarse porque la paz en crisis se ha ido haciendo trizas, porque la paz debe ser integral y transversal, y no será paz, por la persistencia de ese Estado y sociedad excluyente. Estado regentado a favor de actores privados que usan de la cárcel para castigar a las manzanas podridas, no para ellos, responsables de Miles de tragedias y exclusiones, discriminaciones y violencias para sus intereses.
La cárcel hoy tiene a los responsables y a la vez chivos expiatorios de un sistema de negación y exclusión imposibilitado de una institución y una sociedad que sigue operando con una doctrina de guerra contra los ciudadanos.
Es absolutamente preocupante el rol de la Fiscalía General de la Nación que ha sido un hecho deleznable y punible. La calificación que ha realizado el fiscal sobre lo sucedido con la niña emberá demuestra la incapacidad de análisis de contexto y de una tipificación del delito conforme al hecho de un a niña indefensa ante siete hombres armados. Vergonzoso que ante el cuestionado hecho se interprete el delito no bajó la calificación de acceso carnal violento no bajó la calificación de tu canal violento. Más allá de la discusión de que si las penas son iguales en términos de tiempo carcelario, el asunto de fondo es que se demuestra nuevamente que estamos ante una justicia espectáculo.
El camino certero de otra democracia pasa porque se reconozcan las formas de gobierno propio y de justicia comunitaria que más que aleccionar el cuerpo y limitar la libertad, transforman desde la libertad y la sanción social.
Respaldamos, como lo expresó la autoridad indígena de Pueblo Rico Risaralda, Resguardo Gito DoKabú, que los siete jóvenes soldados sean entregados al Resguardo para sancionar y reparar conforme a sus ancestrales, y el derecho propio que pretende armonizar.
Asumiendo el sentido del equilibrio, es decir, incluyendo lo doloso que sean los hechos y con ello, se transformen las prácticas violentas y el sentido de la justicia punitiva que no repara los daños causados ni en los responsables y los afectados.
Imagen: https://bit.ly/2BLCdRa