¿Por el camino correcto?
Algunas actuaciones del gobierno Santos esta semana envían un mensaje positivo y permiten alimentar la esperanza en un mejor futuro.
Otras, en cambio, oscurecen el panorama. La opinión pública ha recibido con beneplácito la devolución de miles de hectáreas del predio Carimagua a familias de campesinos. Esperemos que este sea el inicio de la restitución de aproximadamente seis millones de hectáreas abandonadas o despojadas a cerca de cuatro millones de personas desplazadas por la violencia en las últimas dos décadas en el país.
Germán Vargas Lleras ha enfrentado con presteza el escándalo en el Consejo Nacional de Estupefacientes, donde aparentemente congresistas, en su mayoría conservadores, hicieron ferias y fiestas con los bienes decomisados a narcos y ‘paras’. El malestar con el ministro del Interior y de Justicia por el traslado de los hechos a la Fiscalía y la revelación de los nombres de los conservadores implicados creció como espuma y agrió las relaciones. El amago de ruptura, con el que el Partido Conservador amenazó a la coalición de Gobierno, no pasó a mayores. Los costos burocráticos eran superiores a su indignación. El clientelismo conservador ha sacado los dientes y fácil es presagiar su disposición a negociar “duro” los proyectos de ley que tramite el Gobierno en el nuevo periodo de sesiones legislativas.
La más importante actuación reciente, por su valor para el funcionamiento de la democracia, ha sido el rechazo categórico del presidente al uso de los programas sociales del Estado con fines electorales. Santos ha llegado incluso a proponer un pacto de los partidos políticos para impedir que la voluntad popular en las próximas elecciones regionales se vea sesgada por el uso clientelista de las ayudas del Estado a sectores y personas desfavorecidas, en particular las golpeadas por el invierno. Se trata de un claro distanciamiento de la política de Familias en Acción del presidente Uribe, utilizada para asegurar el triunfo electoral. Lo deseable sería que esta misma política se extendiera al uso de todos los bienes del Estado y se aplicara a la próxima campaña presidencial, aun cuando el presidente no aspire a la reelección, como ha insinuado en algunas ocasiones.
Pero no todo es rosa en el horizonte del país. El desmonte de lo público y su traspaso al sector privado, pese a la inmensa corrupción que genera, sigue su curso. Esto vale en educación y agricultura. Que los establecimientos educativos persigan fines de lucro no es nada nuevo. Lo grave es que se entronice como política de Estado en este estratégico sector de la vida nacional. Nada garantiza que la medida asegure el aumento de la cobertura, de la calidad o de la eficiencia en el uso de los recursos. Menos si los órganos de control son precarios o inexistentes. Por el contrario, el menosprecio del servicio público de la educación y su entendimiento como bien de mercado nos asegura un futuro de dependencia y dominación. Otro tanto sucede con la agricultura extensiva en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, en perjuicio de las unidades agrarias campesinas y de la restitución de tierras a los despojados. La explotación económica rentable del campo en el proyecto de ley prevalece sobre los derechos de los afectados por la violencia. El presidente Santos parece erigirse así en jefe natural de los conservadores, no precisamente en el de los liberales.