Política Paramilitar Para política de Estado

Detenidos congresistas por crímenes de la estrategia paramilitar. Conminaciones presidenciales sofisticas. Los que acusan son según el discurso oficial guerrilleros. La crisis parainstitucional no para los paquetes legislativos uribistas para beneficiarios de las estructuras criminales como la ley de Desarrollo Rural. Si paramilitares hablan, si Estados Unidos cambia de actitud con el Gobierno de URIBE la verdad histórica saldrá a la luz.

Días atrás la revista Semana, divulgó una carta de VICENTE CASTAÑO dirigida al Alto Comisionado de Paz, LUIS CARLOS RESTREPO, en la que reclama por el incumplimiento de los acuerdos. Luego se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la captura de tres congresistas de Sucre, ALVARO GARCIA, JAIRO MERLANO y ERICK MORRIS, lo que parece ser el comienzo de muchas más vinculaciones de senadores. Horas después se conoció la detención de la ex congresista MURIEL BENITO REBOLLO, uribista apoyada por el actual ministro del Interior. Para terminar se dio a conocer la orden de captura del ex embajador de Chile SALVADOR ARANA, la formulación de cargos a JORGE NOGUERA, ex director del DAS, diplomático en Italia, por borrar información de narco paramilitares, y una nueva información de medios nacionales e internacionales sobre los vínculos de la familia de la canciller MARIA CONSUELO ARAUJO con la estructuras paramilitares.
En este ambiente, el dirigente del partido ALAS, otro del sector Uribista, ALVARO ARAUJO NOGERA expresó que si a él lo investigaban, también irían por su hermana, el Procurador General de la Nación y el Presidente URIBE.
Y finalmente se conoció la vinculación en la investigación al exdirector del DAS, NOGUERA al que el Presidente había eximió de cualquier responsabilidad frente a las acusaciones de entregar información a las estructuras criminales de tipo paramilitar.
Ante la sucesión de hechos hubo una tardía y calculada reacción del Presidente, quién suele hacerlo rápida, fogosamente siendo sujeto de la “justicia”. No hay que olvidar que todos sus allegados en el pasado han recibido el respaldo del Presidente URIBE, ninguno en nombre personal y directo ha sido señalado por él, quién suele hacerlo respecto a sus contradictores, la lealtad se mantiene, lo que se interpreta como un mecanismo de encubrimiento y de protección.
Ha mantenido mantuvo silencio ante las afirmaciones del alcalde del ROBLE, “Tito” Díaz, quien presagiaba su asesinato, el que ocurrió semanas después de denunciar el poder parapolítico. Esta vez no se comportó como justiciero, tal como lo hizo cuando ordenó detener a un funcionario de la administración municipal de Buenaventura. Su actitud es distinta, o diciente. No le declaró la guerra a nadie como lo hizo después del autobomba para congelar el Acuerdo Humanitario.
Su tono de reacción se mantuvo como en el pasado pero su contenido es evasivo. Aunque respaldó la actuación de la Corte Suprema de Justicia, conminó a quién tuviera pruebas contra él de sus vínculos con los paramilitares, distrajo la atención con los argumentos de siempre. Los que acusan de paramilitarismo a los otros es porque tienen vínculos con la guerrilla. O los que hoy acusan guardaron silencio en su momento y no enfrentaron las redes criminales. Las expresiones solo sirven mediáticamente, acusar a otros en propia defensa no es justificación, es sofisma, es socialización falsa de las responsabilidades. Su discurso deja más dudas de fondo, funciona para los áulicos pero no para la verdad histórica. Por supuesto los medios resaltaron la afirmación altisonante y amenazante para hacerlo percibir a él y sus planteamientos políticos como probos.
Toda la podredumbre, el estiércol de la parapolítica, de la, paraeconomía se destaparía con un despertar de la sociedad, que es difícil esperar ante los espejismos configurados por el poder mediático, pero que podría ocurrir en un mediano plazo con el fortalecimiento del Movimiento de Víctimas, y las organizaciones de base que afirman sus derechos en los Territorios estratégicos para el mercado mundial y que develan la criminalidad del Estado. Igualmente son las mismas estructuras criminales que pactaron con el gobierno, y están insatifeschas, como lo expresa VICENTE CASTAÑO, las que ante el incumpliendo de la no extradición hablen. Y ahí la competencia entre medios no parará la cacería de noticias bomba. Pero indudablemente será la actitud del gobierno de los Estados Unidos y la del nuevo congreso del partido Demócrata en su mayoría, los que posibiliten el esclarecimiento con una nueva actitud ante el gobierno de URIBE.
Por lo pronto viviremos de escándalo en escándalo y en el desarrollo de los mecanismos más siniestros de la impunidad, mientras el poder legislativo aprueba todos los proyectos de ley que favorecen el poder institucional del paramilitarismos, más allá de la ley PARA la justicia y PARA la paz, como la ley de desarrollo rural, la ley de seguridad nacional, la ley de aguas, entre otras.
Estas dos semanas, son la repetición de semanas atrás, del panparamilitarismo. Todo muestra una historia siniestra, que poco a poco se destapa, el escenario de la asunción del paramilitarismo como estrategia militar al copamiento de la institucionalidad. Nombres de militares no aparecen. De policías tampoco. De empresarios menos. La junta de dirección de la estrategia aún no descubre aunque todo el mundo sabe de sus sedes en Montería, en Bogotá, en Medellín, en Villavicencio, en Urabá.
Pero cada escándalo opaca al siguiente. Se distrae la atención, se confunde y se paraliza. Ya no existe tiempo de digerir el cúmulo de sorpresas, porque ya no hay sorpresas y no hay capacidad de escándalo. Es la costumbre. La sensibilidad, la razón, la voluntad mayoritaria está condicionada por el terror, está infestada de lo mismo una cultura del poder de Estado para el crimen, una cultura política de la impunidad, una cultura política de la inmunidad a los centros de poder, una cultura del miedo, una cultura de la comodidad.
Esa asunción al poder del Estado muestra distintas configuraciones: la de los actores políticos en el poder legislativo para administrar en disposiciones legales el Estado a favor de la impunidad de criminales, que les han servido en el control del poder político, económico y territorial; para flexibilizar las disposiciones ambientales, leyes colectivas de afrocolombianos e indígenas y posibilitar la legalización de la propiedad de las tierras y la destrucción de las identidades colectivas para beneficiar lo privado.
La celeridad con la que ha actuado la Corte Suprema de Justicia contrasta con las omisiones y la ausencia de voluntad política con que se llevan las exhaustivas investigaciones de la Procuraduría y la Fiscalía, las que nunca aportan verdad judicial, a la verdad real. Habrá que esperar que esta cortemantenga su independencia, su sana crítica en esa demostración del uso de un aparato criminal nacido en el Estado para el ejercicio del control político y que son de la coalición del Gobierno de Uribe
No se trata solo de una región, aunque esa sea la verdad parcial, se trata de la mayoría del país, basta con ver la recomposición del mapa político en 12 regiones. No es un problema solo de Sucre, es Bolivar, es Atlántico, es Antioquia, es Chocó, es Meta, es Putumayo, es Valle, es Cauca, es Huila.
No se trata solo del poder político sino de una estrategia de control de los recursos del Estado y de la expansión del capital –sea ilegal o legal- con el cobro de ‘vacunas’ , con el soborno de notarios, la falsificación de documentos, el control de juegos de azar, la posesión ilegal de tierras que es cercana a los 7 millones de hectáreas.
Los poderes políticos son solamente un sector beneficiario de la criminalidad paramilitar. Pero aún no se muestran los beneficiarios del gran capital, los terratenientes ganaderos, los empresarios de los agronegocios de la palma, el caucho, la teka, el banano, la coca, los empresarios de las industrias; los sectores privados o mixtos de la infraestructura eléctrica, energética, obras de infraestructura. Tampoco aún se muestra la institucionalidad militar que los configuró, los creó, los inspiró, los formó para defender las buenas costumbres, la moral y la ley, lo que se llama la Democracia colombiana. La criminalidad se expresa hoy en gran parte del Estado, del paramilitarismo como estrategia militar al paraestado, esa la verdad real, la que se pretende ocultar, desvirtuar con las propuestas sutiles del silencio, porque conocer la verdad hace inviable la institucionalidad, dicen algunos.
Adjunto artículos
• LUCHA POR LA VERDAD, La Colombia delirante por María Jimena Duzán. Columnista de EL TIEMPO.
• EL TERREMOTO, por Cambio 16
• PERMITANME PREGUNTAR Por Alvaro Sierra. Revista Cambio, Noviembre 19 de 2006
• BLOQUES HEROES DEL CONGRESO por Maria Elvira Samper. Tomado Revista Cambio Noviembre 19 de 2006
• Los paramilitares y el congreso, por El Colombiano
• Colombian Government Shaken By Lawmakers’ Paramilitary Ties
Investigation Leads to Arrest of Current, Former Officials, By Juan Forero Washington Post Foreign Service, Saturday, November 18, 2006; A17
• Ally of Colombia’s president is linked to scandal, BY JOSHUA GOODMAN, Associated Press, Miami Herald
• Paramilitares se adueñaron de buena parte de la administración’, dice César Gaviria. Admite que un sector de las cámaras es paramilitar y asegura que Uribe no usó los medios para impedir que sus amigos hicieran las listas al Congreso, en entrevista de Yamid Amat. El Tiempo
• Desempolvan’ más de 100 expedientes de servidores públicos vinculados con paramilitares. El Tiempo
• Entrevistas en Radio caracol. En candente debate Ramiro Bajarano le dice a José Obdulio Gaviria:”Mándeme a matar que a usted le queda fácil”. Roy Barreras, vocero de Cambio Radical, pide que congresistas involucrados con los “paras” se acojan a Justicia y Paz. El vicefiscal no descarta que los congresistas investigados puedan beneficiarse con la Ley de Justicia y Paz. José Obdulio Gaviria asegura que los congresistas presuntamente implicados con ‘paras’ no tendrán casa por cárcel .Pese a desmovilización, ‘paras’ siguen controlando el Urabá. Daniel Sastoque, Defensor del Pueblo en Urabá, denuncia que el paramilitarismo controlando en esa región del país. Testigo contra congresistas vinculados con “paras” dice que un fiscal le pidió que se retractara en el 2002 . Entre otros
• Colombia. 2006-11-19.Sobre articulación probada de clase política y paramilitarismo. Revista Semana.
• INGENUO DESCONOCER CRISIS DE INSTITUCIONALIDAD Escándalo ‘para-político’ obligó al Gobierno a pasar a la defensiva. El nuevo siglo
• En el Gobierno puede haber ‘paras’ disfrazados: Gaviria. el nuevo siglo
• Los temores de Araújo, Colprensa, Bogotá.
• Se enreda la pita, Alfredo Molano. El Espectador.
• Punto final? Ramiro Bejarano Guzmán. El Espectador.
• Uribe en Washington, Álvaro Camacho Guizado. El Espectador.
• Ratas al agua, Felipe Zuleta. El Espectador.
• Araújo se presentará ante las autoridades de ser necesario. Noticiaro CM& viernes 17 de 2006
• Araujo se defiende. Noticiaro CM& viernes 17 de 2006

Y Caricaturas de Beto, Mico y Garzón, El Espectador

LUCHA POR LA VERDAD
La Colombia delirante

María Jimena Duzán. Columnista de EL TIEMPO.

Si es cierto que las amenazas a las Cortes han corrido en los últimos años por cuenta de los grupos al margen de la Ley, desde la semana pasada, estas provienen de los congresistas más consentidos del régimen. El senador Álvaro Araújo, sin ningún empacho, en una reunión en Palacio, en la que se estaba abordando el tema de las relaciones de la coalición uribista con el paramilitarismo, reclamó la solidaridad de sus copartidarios con una frase delirante en boca de un congresista, al decir que si la Corte Suprema lo investigaba a él, caerían la Canciller, el Procurador y hasta el propio Presidente.

La frase no solo es una amenaza directa a la Corte Suprema de Justicia, hecho ya de por sí más que reprobable. También es una amenaza al presidente Uribe, porque suena a notificación: algo así como si usted no hace algo para que a mí no me investiguen, yo no respondo. Yo no sé si el senador Araújo va o no a ser investigado y si existen o no pruebas en su contra. Lo que sí sé es que en este episodio ha quedado claro que su desprecio por la Ley y por las normas es notable. Ni siquiera le ha merecido respeto el cargo que ocupa su hermana, la Canciller. No encontró inapropiado ni inconducente “colarse” en las reuniones que ella como Canciller tiene con la Fiscalía para aprovechar y ventilar temas de índole familiar. Según la revista Cambio, en esa reunión de la Fiscalía, Araújo no fue precisamente a presentarle su sentido pésame al Fiscal por la muerte súbita de ‘Zucarita’, la perrita de Iguarán.

También sorprenden las declaraciones de su hermano Sergio Araújo en la W. Según él, su relación con ‘Jorge 40’ se limitó a buscar la desmovilización de ese jefe narcoparamilitar. Sus acercamientos se hicieron bajo instrucciones del Alto Comisionado de Paz y con el conocimiento del presidente Uribe. La declaración me sorprendió porque, poco antes, en el 2004, cuando aún ‘Jorge 40’ estaba sentado en Ralito, y no había necesidad de llevarlo al redil, Sergio Araújo había llegado a mi casa con el objetivo de invitarme a que fuera a entrevistarme con el ‘Papa’ Tovar. Yo desistí de ese encuentro, porque este iba a ser a espaldas del Comisionado de Paz.

La actitud olímpica de los Araújo produjo su reacción en Palacio y el Presidente, finalmente, en un discurso el viernes, habló de la necesidad de esclarecer “la verdad total” sobre las relaciones con el narcoparamilitarismo. Sin embargo, quiso desviar la atención echándoles la culpa a César Gaviria, a Rafael Pardo y al M-19 del fortalecimiento ‘para’. ¡Qué tal! Cada vez que el Presidente está acorralado, opta por el espejo retrovisor. Lo malo es que si nos vamos para atrás, no le va tan bien si aplicamos la tesis de la verdad total. ¿Saben quién fue el que más defendió al gobierno de Gaviria en el deplorable episodio de la Catedral? Nada menos que un joven senador liberal llamado Álvaro Uribe Vélez.

Lástima, eso sí, que en su discurso hubiera dejado de lado la verdad total de lo que sucedió en el DAS bajo la dirección de su “buen muchacho”, Jorge Noguera, a quien el Presidente defendió cuatro veces cuando la prensa se atrevió a develar la penetración de los ‘paras’ en esa institución. El Presidente insultó a los medios, los pordebajeó y, zas, el debate se cerró, sin que el país hubiera sabido “la verdad total”. Sin embargo, hoy la Procuraduría ha confirmado las denuncias de la prensa y ha presentado un pliego de cargos contra Jorge Noguera por su presunta relación con los grupos paramilitares y en especial con ‘Jorge 40’. Ojalá la verdad total nos explique cómo este narcoparamilitar pudo ser receptor de un carro blindado, que era de uso exclusivo del Presidente, mientras mataba y asesinaba.

Lo que está en juego no es solo si los congresistas o la clase dirigente tienen una responsabilidad penal en su relación con el narcoparamilitarismo. Lo que está en juego es también si ellos respetan el Estado de Derecho o si, por el contrario, lo suyo es la parapolítica.
María Jimena Duzán

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EL TERREMOTO
EL PRIMER día de su mandato hace ya 51 meses, el país se acostumbró a la febril actividad diaria del presidente Álvaro Uribe. La frase “trabajar, trabajar y trabajar” se convirtió en caballito de batalla de la Casa de Nariño para mostrar a un Jefe de Estado diligente.

La semana pasada fue distinta. Aun cuando no se puede afirmar que el Gobierno se paralizó, buena parte del tiempo de Uribe y sus asesores más cercanos estuvo dedicado a afrontar su primera gran crisis por la formulación de cargos contra el ex director del DAS Jorge Noguera, la insólita visita de la canciller María Consuelo Araújo y su hermano el senador Álvaro Araújo al fiscal Mario Iguarán, y la eventual vinculación de más congresistas de la coalición de Gobierno a procesos judiciales relacionados con el paramilitarismo.
Con fuentes cercanas al palacio presidencial, CAMBIO reconstruyó los momentos culminantes de este terremoto de alta intensidad que puede afectar el futuro de la actual administración, una de las más populares de la historia reciente del país.

La crisis empezó a cocinarse en la mañana del martes 14 de noviembre, después del puente festivo. El rumor de que la Corte Suprema llamaría a indagatoria a más congresistas era insistente y la extensa agenda legislativa amenazaba con enredarse. Por esa razón, Úribe le pidió al secretario de la Presidencia, Bernardo Moreno, convocar a Palacio a los jefes de las bancadas uribistas para calmar los ánimos e instarlos a continuar con el estudio de las iniciativas que estaban en curso.

Al encuentro, ocurrido después de almuerzo, acudieron el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi; los presidentes del Senado y la Cámara, Dilian Francisca Toro y AlfredoCuello; Miguel Pinedo y Roy Barreras por Cambio Radical; Marta Lucía Ramírez, Luis Guillermo Vélez y Mauricio Pimiento por el Partido de la U; Álvaro Araújo y Óscar Arboleda de Alas Equipo Colombia, y Roberto Gerlein por el Partido Conservador.
Exaltado

No obstante, la intervención de Araújo hizo que la discusión tomara un rumbo inesperado. Sin poder ocultar su irritación, el congresista costeño señaló sin titubeos que él exigía la solidaridad de la coalición en caso de que la Corte lo vinculara a algún proceso judicial. Pero sus palabras cambiaron de tono y adquirieron un dejo de notificación cuando dijo que si la Corte iba por él se llevaría por delante a su hermana, la canciller María Consuelo Araújo; al procurador Edgardo Maya Villazón, ex esposo de su tía, y a su primo, el magistrado de la Corte Constitucional, Jaime Araújo Rentería. Y terminó con una especie de sentencia: el Presidente también podría terminar afectado.

Luego de terminar la cumbre en el despacho del Secretario de la Presidencia, Uribe fue enterado de las palabras de Araújo y entró en cólera porque le pareció inadmisible que un congresista pretendiera chantajearlo y exigirle su intervención ante la Corte para evitar que los congresistas sean sometidos al escarnio público. Pero los problemas del Mandatario estaban lejos de terminar.
El miércoles 15, la atención del país se centró en la detención de la ex congresista Muriel Benito Rebollo, capturada por sus escoltas al norte de Bogotá. La dirigente política no había asistido el día anterior a una diligencia judicial en la Fiscalía porque según su abogado estaba atendiendo a su madre, gravemente enferma. No obstante, el CTI confirmó que la excusa no era válida y por eso determinó su inmediato arresto.

Fiscales de la Unidad de Derechos Humanos esperaban a Rebollo para interrogarla sobre sus nexos con los jefes paramilitares Rodrigo Cadena y Edwar Cobos Téllez, actualmente recluidos en La Ceja, Antioquia. Según las indagaciones, Cadena la habría acogido como visitante frecuente en su finca El Palmar, en San Onofre, donde la Fiscalía encontró numerosas fosas comunes con los restos de un centenar de personas. Cobos le habría brindado apoyo armado para mover votantes a las urnas durante las dos últimas elecciones parlamentarias.

También ese miércoles, el fiscal Mario Iguarán había firmado la orden de captura contra el ex gobernador de Sucre y ex diplomático Salvador Arana, señalado por varios testigos como uno de los promotores de la violencia armada en su departamento. La fiscal del caso preparaba su indagatoria a partir de testimonios clave como el rendido el 7 de febrero de 2005 en Cartagena, en su lecho de enfermo agonizante, por el mesero del restaurante La Becerra, en Sincelejo, Diógenes Meza Villacob, quien contó que la tarde del 9 de abril de 2003 presenció una reunión en la que sicarios al servicio de las autodefensas planeaban los detalles del asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz Salgado, presuntamente por orden de Arana.

Esa tarde, mientras el presidente Uribe atendía algunos asuntos urgentes en su despacho privado, sus asesores interrumpieron para contarle que habían ocurrido dos episodios que habrían de complicar aún más las cosas: la inesperada visita de la canciller Araújo y su hermano Álvaro al fiscal Iguarán y el pliego de cargos que la Procuraduría acababa de abrir contra el ex director del DAS, Jorge Noguera Cotes, por vínculos con el paramilitarismo, celebración indebida de contratos y enriquecimiento ilícito.
Salón de crisis

En las siguientes horas el mandatario y sus más cercanos colaboradores se reunieron constantemente para evaluar las consecuencias de lo que acababa de ocurrir. Lo primero que hicieron fue indagar por el motivo de la visita de la Canciller al Fiscal. Cuando la funcionaria salía del búnker de la Fiscalía, recibió una llamada de la Casa de Nariño en la que le pedían una explicación. Araújo dijo que su visita a Iguarán había sido acordada con anticipación porque tenían algunos asuntos pendientes en materia de cooperación internacional.

La versión dejó muchas dudas porque a ese encuentro privado no tenía por qué asistir el senador Araújo. “Aún cuando no sabemos qué hablaron, porque se trató de una charla privada, es claro que una buena parte de la cita estuvo enfocada a evaluar los eventuales problemas judiciales del senador”, le dijo a CAMBIO una fuente del Palacio presidencial (ver recuadro).
Antes de su ingreso, se acababan de despedir los también senadores Mario Uribe Escobar, jefe del movimiento político Colombia Democrática, y Miguel de la Espriella, interesados en conocer en qué condiciones de reclusión se encontraba su compañero de filas, el representante Erick Morris, quien el martes se había presentado voluntariamente para atenerse a la medida de aseguramiento dictada por la Corte. “¿Será que Erick si tiene al menos un televisorcito?”, le oyeron preguntar a Uribe Escobar los asistentes de la oficina de Iguarán.

El momento culminante de la crisis de la semana pasada ocurrió después de que el Gobierno conoció el documento de 66 páginas mediante el cual la Procuraduría le formuló pliego de cargos a Noguera, calificado por los asesores de Uribe como muy grave (ver recuadro). Por la contundencia de la acusación, en Palacio consideraron que el caso del ex Director del DAS debía ser tratado con sumo cuidado porque era el único que podría salpicar en forma directa al Gobierno por la vinculación de un alto funcionario con los paramilitares.
Además, la presión para que el Presidente rompiera su mutismo con respecto a los acontecimientos de los últimos días iba en aumento y era inevitable que el Jefe del Estado se pronunciara en algún sentido.

Según estableció CAMBIO, el caso Noguera dividió en dos a los asesores de Uribe. Un grupo era partidario de que el Gobierno lo dejara solo y a merced de la Justicia y que el Presidente le dijera a la opinión que había sido engañado por un funcionario a quien se le ofreció todo el respaldo. El otro, más cauto, creyó inconveniente esa opción porque Noguera podría convertirse en una piedra en el zapato.

Al final de la tarde del jueves 16, Uribe y sus colaboradores concluyeron que era necesario hablar y que el escenario apropiado era la celebración del 120 aniversario de la fundación de la Corte Suprema de Justicia, donde estaba previsto que el Mandatario pronunciara un discurso.

Tal como quedó claro después de su intervención en la mañana del viernes en el Hotel Tequendama, Uribe tomó el camino del medio y les pidió a los congresistas vinculados al paramilitarismo que se presentaran ante la justicia y resolvieran sus problemas. Pero en su extensa disertación, en la que hubo una larga referencia a Gobiernos anteriores, no mencionó el caso Noguera.
Qué semanita

El viernes en la noche, al cierre de esta edición, concluía una de las semanas más turbulentas para la Casa de Nariño, de las casi 220 que Álvaro Uribe lleva como inquilino de la sede presidencial. El terremoto político-judicial por los nexos entre dirigentes uribistas y jefes paramilitares tuvo una serie de réplicas cargadas de rumores que sacudieron los cimientos del Palacio de los gobernantes colombianos.

Tras aterrizar de su gira por Estados Unidos y Centroamérica, el Primer Mandatario no tuvo siquiera tiempo de descansar, enfrentado no sólo por la detención de tres parlamentarios de su bancada, sino por el pliego de cargos contra Noguera y el episodio de la visita de la canciller María Consuelo Araújo y de su hermano, el senador uribista Álvaro Araújo, al despacho del fiscal Mario Iguarán, según algunas versiones para interceder ante lo que parecía la inminente detención de Sergio Araújo, hermano de ambos.

Uribe enfrentaba críticas de la oposición de izquierda, con el Polo Democrático y su senador Gustavo Petro a la cabeza, por los vínculos del Presidente con los congresistas cuya captura ordenó la Corte Suprema. Debía además responder al reclamo del jefe del liberalismo, el ex presidente César Gaviria, en el sentido de que no podía guardar silencio ante lo que estaba pasando. Y, como si fuera poco, el miércoles se enteraba de que el ex director del DAS, Jorge Noguera, a quien alguna vez defendió públicamente de las acusaciones de nexos con los paramilitares, era objeto de sendas investigaciones por esa misma causa, de la Procuraduría.

El viernes en la mañana, en un acto ante las altas cortes, Uribe rompió su silencio. Respaldó las acciones de la Justicia cuya independencia defendió, aseguró que no habría contemplaciones con los dirigentes políticos que resultasen involucrados y, de paso, lanzó dardos a los anteriores Gobiernos por no haber hecho nada en contra de los paramilitares. Algunos de los vainazos le cayeron al ex presidente Gaviria, quien en su campaña por la nominación liberal y luego durante su mandato, contó con el respaldo del senador Álvaro García, principal implicado en las actuales indagaciones de la Corte.

Algo de razón le cabe a Uribe en cuanto a mirar por el retrovisor y pasar algunas cuentas de cobro a sus antecesores, pues al fin y al cabo el paramilitarismo no nació después de 2002, ni sus relaciones con los políticos y las candidaturas presidenciales fueron exclusivas de las campañas de Uribe. Pero aunque válido, ese recorderis es apenas una de las muchas cosas que el Presidente tiene que hacer frente al terremoto que lo sacudió esta semana.
Lo demás incluye generar verdaderas distancias entre su Gobierno y los políticos amigos del paramilitarismo, no hacer más concesiones a los jefes de las Auc que han demostrado su tendencia a seguir delinquiendo e influyendo en la vida política y , muy importante, generar garantías para las elecciones regionales del año entrante para que los paramilitares no las interfieran como parece ser su plan. Aún no es clara la decisión con que Uribe afrontará estos desafíos, pero lo que sí parece evidente es que, de la forma como lo haga, dependerán la credibilidad y el futuro de su administración.

EL EFECTO NOGUERA

Uno de los elementos que ahondó la crisis de la semana pasada lo aportó la Procuraduría, al formular pliego de cargos contra Jorge Noguera, ex director del DAS.

A juicio del procurador Edgardo Maya Villazón, hay evidencias de sobra no sólo sobre una relación expedita entre Noguera y Jorge 40, sino de la manera como el DAS, bajo su administración, fue puesto al servicio de los intereses de paramilitares y narcotraficantes. El Ministerio Público comprobó que Noguera se reunió por lo menos en 10 oportunidades con jefes ‘paras’ por fuera de las zonas de concentración habilitadas por el Gobierno para desarrollar el proceso de paz con las autodefensas.

Maya y su equipo de investigadores encontraron que Rafael García, el depuesto y condenado ex jefe de sistemas del organismo de seguridad, decía la verdad cuando afirmaba que el intermediario de la relación de Noguera con Jorge 40 era Álvaro Pupo Castro, primo de este. El registro de visitantes confirma que Pupo visitó el despacho del Director del DAS en nueve ocasiones entre el 21 de agosto de 2003 y octubre de 2005. En su defensa, Noguera dijo que Pupo sólo fue a pedirle ayuda para recuperar un carro que le fue robado.

El alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, declaró a favor del procesado y dijo que el Decreto 4200 del 14 de diciembre habilitaba al Director del DAS para participar en reuniones con voceros paramilitares. “Los procesos de paz no tienen límites geográficos”, dijo el Comisionado durante la diligencia. En el pliego de cargos, el Procurador respondió que no existe informe alguno que demuestre que Noguera cumplió alguna misión útil para el proceso, como hubiera sido el hecho de que, mediante labores de Inteligencia, hubiera alertado al Gobierno sobre eventuales incumplimientos de lo pactado en Santa Fe de Ralito.

De acuerdo con su análisis, las gestiones del Director del DAS habrían sido útiles si hubieran servido, por ejemplo, para evitar que narcotraficantes pedidos en extradición como Los Mellizos, Juan Carlos Sierra y Nodier Giraldo hubieran comprado “franquicias” en el paramilitarismo.
Para Maya, los “límites geográficos” fueron creados por el propio Gobierno cuando habilitó las zonas de concentración y congeló las órdenes de captura contra los negociadores paramilitares. En su criterio, está claro que por fuera del área de concentración en Santa Fe de Ralito sí eran ejecutables los requerimientos judiciales contra ellos. Por esa razón le reprochó a Noguera sus 10 encuentros con jefes paramilitares en Santa Marta, en cercanías del Parque Tayrona y en el condominio vacacional Mendihuaca.

LAS HUELLAS DE LOS MALOS. Hasta ahora Noguera se había aferrado a una versión según la cual fue él quien denunció que en la oficina de sistemas funcionarios corruptos, encabezados por Rafael García, borraron antecedentes y registros de órdenes de captura para que varios mafiosos pudieran salir libremente del país. Sin embargo, la Procuraduría recogió varios testimonios de funcionarios removidos de esa dependencia que probaron con documentos que ellos informaron oportunamente a Noguera lo que estaba pasando y que este tomó medidas sólo el día que sintió que el escándalo era inminente.
Pero no sólo eso. Varios de esos testigos confirmaron lo dicho por García tiempo atrás en el sentido de que era el propio Director del DAS el que hacía las listas de las personas cuyos datos había que desaparecer del sistema. En esa lista figuraban los nombres de Hernán Giraldo -jefe paramilitar de la Sierra Nevada, que en aquella época todavía no se había desmovilizado- y el narcotraficante Nodier Giraldo.

La Procuraduría confirmó que Nodier y un abogado suyo visitaron las oficinas del DAS. En un intento por mantener oculta la situación, García, con la anuencia de su jefe, removió a 10 de los funcionarios de mayor experiencia en el área de sistemas y los reemplazó por tecnólogos.
En el pliego de cargos hay mucho más. Según los investigadores, los contratos con la firma MT Base, operadora de los sistemas, podrían haberse convertido en fuente de enriquecimiento ilícito para Noguera. En este sentido, la Procuraduría confirmó una de las denuncias hechas en marzo por CAMBIO en el sentido de que un supuesto préstamo por 10 millones de pesos que Rafael García y su esposa, Liliana del Castillo, le habían hecho al Director del DAS, correspondía en realidad al pago de una de las comisiones exigidas a MT Base.
El pliego de cargos aborda un tema hasta hoy inédito. Al responder los cargos, Noguera deberá decir por qué frenó la ocupación de bienes de la familia Dávila Armenta en Santa Marta. Según los funcionarios encargados de recopilar las pruebas, lo hizo porque las pistas de la operación conducirían a bienes de su propia familia. Por eso el pliego de cargos habla de “obstrucción a la Justicia”.

Con este panorama, analistas acreditados, como el ex ministro Rafael Pardo Rueda, sostienen que el escándalo protagonizado por Noguera es mucho más grave para el Gobierno que el relacionado con los vínculos de congresistas de la coalición uribista con paramilitares. “Los congresistas no fueron elegidos por el Presidente, pero en cambio Noguera, responsable de la inteligencia estratégica de la Nación, sí fue nombrado por el Jefe del Estado”, concluyó.

“ALVARITO ES MI AMIGO PERSONAL”

El senador Álvaro Araújo Castro tiene razones para estar preocupado. Su nombre es mencionado varias veces en el anexo 33 del expediente 28116 abierto por la Corte Suprema para investigar hasta dónde la integración del actual Congreso estuvo determinado por el poder de los paramilitares.
Los folios del anexo están compuestos en su mayoría por las transcripciones de una grabación que registra reuniones de jefes paramilitares con dirigentes políticos en Sucre. En ella, Carlos Mario García, Gonzalo, asesor político de las autodefensas y uno de los hombres que le hizo cabildeo a la Ley de Justicia y Paz, se refiere a Araújo como “uno de los proyectos más grandes de la política”.

Uno de los interlocutores de Gonzalo, jefe político del bloque norte de las autodefensas, era Willer Cobo, un hombre que se convirtió en puente entre las autodefensas y algunos dirigentes regionales, merced a su parentesco con Rodrigo Mercado Pelufo y quien cumplió esa tarea hasta hace tres meses, cuando fue asesinado.

A juzgar por los temas específicos tratados, la conversación debió producirse pocos días antes de las elecciones parlamentarias, ya que uno de sus puntos fundamentales era la suerte que correrían los candidatos rechazados en algunas listas uribistas y de las del Partido Liberal. En uno de los apartes, Gonzalo se ofrece a hablar con El Gordo -el senador Álvaro García- para proponerle que, como se encontraba sin partido, se integrara a las listas del Movimiento de Alas Equipo Colombia, al lado de Álvaro Araújo.
“Alvarito -dice el jefe político del bloque norte- es mi amigo personal y amigo de Jorge 40 y hoy por hoy es el líder costeño políticamente con mayor proyección a la Presidencia de la República”. No obstante, García, que le insistió sin éxito al ex presidente César Gaviria que le diera el aval del liberalismo, terminó en las huestes de Colombia Democrática, de Mario Uribe.

En otros fragmentos Gonzalo habla de la transición política que se dio para que
Luis Alfredo Ramos y Araújo convergieran en Alas y habla de nuevo de la figura que representa este último: “Alvarito Araújo es uno de los proyectos más grandes de la política”.

Además, la Corte dispone de algunos testimonios sobre una reunión política realizada tiempo después en Córdoba a la que Araújo habría llegado acompañado de Jorge 40. Aunque Araújo negó haber tenido relación alguna con el jefe paramilitar, el viernes aceptó que coincidió con este en una fiesta cerca de Santa Fe de Ralito.

¿EFECTO DISTRACTOR?

El pliego de cargos del Procurador Edgardo Maya contra Jorge Noguera fue interpretado en círculos cercanos al Gobierno como una estrategia para salir del escándalo por el archivo de un proceso disciplinario contra el senador Álvaro García. Tras la orden de captura contra el congresista, el dedo acusador señaló a Maya, de quien se llegó a decir que no hacía nada contra el paramilitarismo.

Algo parecido pensaron en la Fiscalía, donde no ocultan las discrepancias con Maya, agravadas desde finales de septiembre cuando dijo que el fiscal Iguarán dio un espectáculo innecesario al anunciar el tipo de pruebas enviadas a la Corte. A partir de ese día se desató una cadena de rumores sobre la posibilidad de que el computador de Jorge 40 terminaría siendo un elemento incriminatorio contra la familia política de Maya, incluido el gobernador del Cesar, Hernando Molina, su hijastro. Por si fuera poco, el 18 de octubre el senador Petro denunció en el Senado que la Procuraduría habría exonerado irregularmente de responsabilidad al senador García en el caso de la masacre de Macayepo y señaló al Viceprocurador Carlos Gómez de haber favorecido a paramilitares en Sucre.

El miércoles, por coincidencia, asesores del Fiscal organizaban documentos relacionados con una investigación que el propio Gómez había solicitado el 19 de octubre. Gómez le dijo a CAMBIO que andaba tan mortificado por las acusaciones que estaba dispuesto a someterse a la prueba del polígrafo o al detector de mentiras

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Revista Cambio, Noviembre 19 de 2006
PERMITANME PREGUNTAR
Por Alvaro Sierra

LA ORDEN DE CAPTURA contra los senadores Álvaro García y Jairo Merlano, el representante Erik Morris y el ex gobernador Salvador Arana deja tres lecciones y cinco preguntas.

1. Cualquier conocedor de las AUC y de la Costa sabe que Sucre era la periferia del paramilitarismo. Su interés, aparte de un botín burocrático modesto, es una vieja ruta del narcotráfico del golfo de Morrosquillo, de tiempos de los Ochoa. Diego Vecino era un jefe de segunda y Cadena pasó de matarife de pueblo a carnicero de hombres bajo un árbol de caucho de la finca El Palmar, a diez minutos de San Onofre. Los poderosos estaban -y siguen- en otras partes.

2. A quienes se escandalizan porque a García se le imputa no ser cómplice sino creador de grupos paramilitares y organizador de masacres hay que decirles que esa ha sido la norma, no la excepción. Salvo el MAS y, parcialmente, los grupos del Magdalena Medio, montados por los narcos en los 80, fueron políticos, terratenientes y militares, con la complacencia de todos los gobiernos desde Turbay (y muchos gobernadores y alcaldes) los que organizaron y armaron a los paramilitares. Que estos se salieron de madre, y José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, ahora lo lamente, es otro lío.

3. Sucre es importante porque es un ejemplo de cómo armar el cuadro. Si se trata de élites locales, basta preguntarse quiénes son ellas y sus conexiones -no solo las cercanas, sino, sobre todo, las bogotanas-.

Entonces:

1. ¿Se puede tener éxito en la política y los negocios, sin que a uno lo maten o lo destierren, en medio de paramilitares que, por definición, copan todos los espacios, sobre todo los de la política y los negocios?

2. Si se puede, no hay problema. Si no:
senadores Álvaro Araújo y Mauricio Pimiento y gobernadores de Cesar y Magdalena (y muchos, muchos otros) ¿cómo se hace política independiente en los departamentos de Jorge 40?
S
enadora y ex presidenta de la Cámara Zulema Jattin, ¿cómo se intenta llevar de candidato a un jefe paramilitar de Córdoba, sin nada que ver?
Senadora Piedad Zuccardi, ¿cómo puede estar casada con un hermano de Álvaro García, despojado de su investidura pero activo en plenarias del Congreso, sin nada que ver?

Ministras Araújo y Guerra de la Espriella, ¿todo está bien con la política en sus departamentos, gracias a la cual, en buena parte, tienen sus altos cargos?
Senador Luis Alberto Gil, ¿está feliz Convergencia Ciudadana con los senadores Carlos Barriga, de Santander, Juan Carlos Martínez, de Buenaventura, y varios otros?

Senador y primer primo Mario Uribe, ¿tranquilo, después de ser compañero de viaje de Álvaro García y Erik Morris, haber hecho negocios con el Tuso Sierra y tener a Miguelito de la Espriella, protagonista del episodio de recriminaciones mutuas por paramilitarismo con el liberal Juan Manuel López Cabrales, ante el Presidente?

Respetables Luis Guillermo Vélez, Ginna Parody, Martha Lucía Ramírez, Armandito Benedetti, ¿cómo se siente compartir bancada con expulsados de la U, de Cambio Radical y del Conservatismo (sin hablar de los nunca expulsados)?

3. ¿Por qué de los 11 movimientos y partidos del Congreso todos, salvo dos, han tenido miembros cuestionados por presuntos nexos con los paramilitares?

4. ¿Por qué los seis grupos que forman la coalición de Gobierno, y otro, afín, que eligieron 69 senadores y 102 representantes, han tenido integrantes cuestionados por la misma razón?

5. En medio de este panorama, la pregunta obvia es para el hombre en la cúspide: ¿puede alguien ser político exitoso y finquero próspero en las dos cunas del paramilitarismo -Antioquia y Córdoba-, y llegar dos veces seguidas a la Presidencia, con apoyo de todos los mencionados ( y muchos, muchos otros), sin tener nada que ver con los paramilitares?
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Todos muy escandalizados por lo de García y compañía. Y todos tan tranquilos. Porque se trata de peces chicos, y no hay ni peligro de que la famosa “junta directiva del paramilitarismo” de la que habló Carlos Castaño llegue a verse involucrada.
Ni más faltaba. Vivimos en Colombia. Todo es presunto

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Tomado Revista Cambio Noviembre 19 de 2006
BLOQUES HEROES DEL CONGRESO
Maria Elvira Samper

POR FIN HABLÓ EL PRESIDENTE y mal que bien salió de ese silencio sospechoso que había guardado hasta ahora, a pesar de que los congresistas acusados por vínculos con paramilitares y cuyos expedientes tiene en sus manos la Corte Suprema, pertenecen a movimientos de la coalición que lo apoya en el Congreso. Dejaba un mal sabor, sobre todo teniendo en cuenta que desde siempre ha sido cuestionado por haber promovido las Convivir, semilla de grupos paramilitares, y que fue su gobierno el que les abrió las puertas a las Auc para negociar su entrega con altas dosis de impunidad y pocas exigencias para desmontar sus redes mafiosas.
Mientras tanto, las organizaciones en cuyas filas militan los sindicados se han abstenido de expulsarlos, pese a las gravísimas implicaciones del escándalo. Y tiembla el resto de ese 30% de congresistas que según Salvatore Mancuso y Vicente Castaño los representan en el Parlamento y que bien podría llamarse bloque Héroes del Congreso. Saben qué les corre pierna arriba ahora que, por fin, la Fiscalía y la Corte Suprema decidieron meterle muela a esa olla de grillos.

Y pensar que sólo es la punta del iceberg, ese que el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, llama “matriz social” del paramilitarismo y sobre la cual ha dicho que es “asunto espinoso”, pues sabe, como lo saben el Presidente y Raimundo y todo el mundo, que de ella hacen parte no sólo políticos que apoyan a Uribe, sino terratenientes, empresarios, industriales, funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas que alimentaron y hasta ayudaron a organizar grupos paramilitares. Esa es la “matriz social” que

Mancuso definió alguna vez como “cúmulo de fidelidades lentamente construidas que terminaron por transmitir un gran poder político y social a las autodefensas”. Las mismas que impusieron su dominio en regiones enteras y usurparon los dineros y las instituciones del Estado en lo local.
Y son esas lealtades y complicidades, vox populi desde hace años, frente a las cuales ni la Fiscalía de Luis Camilo Osorio ni la Procuraduría de Edgardo Maya movieron un dedo -o lo movieron para favorecerlas o ya tarde como en el caso del ex director del DAS, Jorge Noguera, y sobrepasados por los hechos-, las que están quedando al desnudo.

Ahora, Fiscalía y Corte han empezado a jalar la pita por los políticos de Sucre, pero esperamos datos de otros departamentos -Córdoba, Cesar, Magdalena, Atlántico, Guajira, Bolívar, Antioquia, los Santanderes… -donde las autoridades locales de muchos municipios son fichas del ajedrez paramilitar. Es sólo el comienzo de algo que podría derivar en lo que el Comisionado llama “judicialización de la matriz social” y sobre la cual ha dicho que la considera inconveniente. Claro, pues no quedaría títere con cabeza y se llevaría de por medio a muy altos heliotropos de la política, la economía y la administración pública.

De ahí los interrogante sobre si esto llegará hasta las últimas consecuencias y sobre si el país está preparado para asumir los costos de la verdad sobre la relación política, paramilitares y narcotráfico. Fue la pregunta que se hizo el ex ministro Armando Benedetti en su columna de El Tiempo (12 de noviembre) y que respondió en forma negativa. Cree que si se revela toda la verdad el país sería inviable, y asegura que le parece “diabólica” la posibilidad de que “nuestra estabilidad dependa de la mentira”. Curiosa observación la del ex ministro que sabe que el Gobierno del cual hizo parte logró mantenerse sobre la base de una mentira del tamaño de un elefante.

Por ahora, ahora todo depende de que Fiscalía y Corte saquen la cara por los colombianos que no pertenecemos a esa repugnante, corrupta y criminal “matriz social” del paramilitarismo. Ojalá, y sólo para empezar, logren desmantelar el bloque Héroes del Congreso

Se enreda la pita

Alfredo Molano Bravo

Las últimas semanas han sido negras para el Gobierno.

Las últimas semanas han sido negras para el Gobierno. Parece que ya están haciendo mella en el teflón algunos rayones. El viaje a Washington fue un fracaso. Una cosa es la caverna republicana, y otra cosa es un Congreso con mayoría demócrata. Ahí no valen cuentos, cifras amañadas ni diminutivos. Quizás el plan Colombia —o lo que de él queda— no sufra mengua en cifras, lo que será mostrado por los Santos como un verdadero triunfo. Pero los falsos “positivos”, el fuego amigo, la puerta negra por donde salen los desaparecidos, y otros recursos estratégicos usados por las Fuerzas Armadas no pasarán de agache y tendrán efectos en las condiciones de los desembolsos que todavía restan. Juan Manuel ya comenzó a modificar los planes operativos para no dejar ver los fracasos sistemáticos. Por el lado de las preferencias arancelarias las cosas no irán mejor, por una sencilla razón: los demócratas tienen todos los reflectores puestos sobre el asesinato y la persecución de los sindicalistas y sobre las condiciones laborales de las empresas que se benefician de las gabelas. En realidad, esas empresas colombianas compiten a punta de salarios bajos. Una especie de dumping a costa de los trabajadores. Tan cierto será, que es imposible saber a ciencia cierta las arbitrariedades de los empresarios porque las fincas donde se produce banano o flores son cajas fuertes donde nadie puede meter el ojo. Habrá empresas gringas o ecuatorianas o mexicanas haciendo lobby con razones más fundadas para mantener esas ventajas. Pero Uribe regresó con las manos vacías. Y ni se diga lo que le dijeron del TLC: los demócratas no van a aprobar lo que firmaron los republicanos.
Desde otro tejado también tiran piedra. Los señores de La Ceja están más que incómodos con lo que viene sucediendo con los acuerdos que a cuarto cerrado y por debajo de la mesa hizo Restrepo con los ‘paras’. La Corte paró de un tajo el juego al exigir toda la verdad. Porque toda la verdad implica a mucha gente. Mancuso lo sugiere: “si quieren abrir las cartas, nos vamos nosotros, pero no solos”. No cabe duda. Los jefes ‘paras’ saben el funcionamiento de todo el aparato y están dispuestos a decir quién los ayudó y ayuda, quién y cómo se financian, qué tierras y acciones tienen, quién les vendía las armas, quiénes los entrenaron y les pasaban la información de inteligencia. La verdad que el Gobierno quería era la verdad de las páginas rojas: ¿a quién mató? Pero no, nunca, quién le ayudó. El proceso 8.000 se limitó a señalar a los financiadores de una campaña y casi tumban al gobierno. Lo que podría venir ahora si no arreglan a los ‘paras’ cumpliéndoles lo que les prometieron, es simplemente que desde La Ceja desnuden a buena parte de nuestra clase dirigente. El caos total. Todos pisándose las mangueras. Hasta divertido podría ser. El Gobierno no parece estar dispuesto a darle la razón a don Vicente Castaño y firmar lo que acordó en Ralito, porque los gringos le saltarían al cuarto de hora. Así visto, esto se podría llamar jaque al rey.

http://www.elespectador.com/elespectador/secciones/Detalles.aspx?idNoticia=2347&idSeccion=25

Punto final?

Ramiro Bejarano Guzmán

Aunque el gobierno pretenda oficiar como simple espectador en la detención de tres de sus alfiles, con quienes tiene deudas impagables, no podrá hacerse el de la vista gorda frente a la subliminal campaña que se viene ambientando para que se expida una ley de punto final, que perdone a los políticos que hicieron posible esa máquina de la muerte de los paramilitares.
Resulta irritante que la primera voz que se oyó sobre lo inconveniente que sería conocer todo sobre el paramilitarismo, proviniera del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, quien en un acto irresponsable, nos trató de interdictos, al sentenciar que no estamos en capacidad de asimilar tanta verdad. Tan peregrino personaje de la vida pública, carece de licencia para decidir sobre nuestro derecho a saber qué pasó. Es más, ni siquiera el Presidente podría sepultar en el olvido lo que no nos resignamos a ignorar.

Además, es curioso que apenas la valerosa Sala Penal de la Corte Suprema se reivindica ante la historia, como lo dijo su propio presidente, al declarar que “le demostramos al país que sí se puede meter a la cárcel a los políticos”, hayan empezado a ventilarse tesis que sugieren la vía del perdón colectivo, como solución a un escándalo que perseguirá al Gobierno hasta las 3 de la tarde del 7 de agosto de 2010. A menos, claro, que antes no ocurra el desastre previsible de un tempestuoso retiro del Presidente, temor que de alguna manera se infiere de la elíptica frase del senador Álvaro Araújo.
Hay quienes sostienen que si los paramilitares van a recibir penas blandas por sus crímenes, es una paradoja que sus políticos amigos sean condenados a penas superiores; o que el país se haría inviable de conocerse toda la verdad; o por qué no permitirles a los políticos paracos, que se desmovilicen al amparo de la Ley de Justicia y Paz, propuesta que no tiene ni pies ni cabeza. Qué coincidencia que detrás de esas opiniones siempre aparezca un cercano amigo del uribismo.

Que los paramilitares desmovilizados vayan a recibir penas irrisorias no es argumento para decretar amnistías, indultos, ni menos una ley de punto final para los políticos. A quienes creen que por tan tortuoso camino se les van a resolver sus problemas, que se olviden, porque la filosofía que sustenta el Estatuto de Roma tiene proscritas las leyes de punto final y los procesos simulados. No, ahora las autoridades deben enjuiciar a todos los que participaron del paramilitarismo, caiga quien caiga, porque contrario a la liviana sugerencia de la revista Semana —que de un plumazo decidió que el presidente Uribe está a salvo de todo—, las investigaciones apenas están empezando y son muchos los hechos delictivos por establecer, entre otros, si hubo o no alteración de los resultados electorales por fuerzas paramilitares para favorecer al primer mandatario o a los miembros de su coalición, si se utilizaron recursos públicos para fortalecer el paramilitarismo, o quiénes se han apropiado ilícitamente de las tierras de los desplazados.

Todo sin olvidar que ahora el jefe del Estado tendrá que convencer al país de que su ex director del DAS, Jorge Noguera, el “buen muchacho” del que habló con tanta convicción y al que defendió con ardentía digna de mejor causa, obró por cuenta propia, y que jamás lo enteró de sus andanzas con Jorge 40 y otros siniestros personajes, los mismos que esta semana, en vivo y en directo, desde el veraneadero de La Ceja, con tono amenazante notificaron a sus socios de antaño que hoy pretenden hacerse los pendejos, que no se quedarán callados. Ojalá cumplan.

Los colombianos también queremos que por fin la justicia identifique y juzgue a los empresarios que financiaron el paramilitarismo, los dueños de la moral que aplauden al Gobierno que los ha hecho más ricos e intocables. Si hay alguien que merezca un castigo ejemplar, son los miembros de esa junta directiva del paramilitarismo de la que habló Carlos Castaño en el libro Mi Confesión.

Ahora que les llegó la hora a estos delincuentes de cuello blanco, lo único que no puede ocurrir es que venga una ley todavía más cómplice que la de Justicia y Paz, a echarle tierra a la verdad que todos presentimos cuál es pero que tenemos derecho a conocer.

http://www.elespectador.com/elespectador/secciones /Detalles.aspx?idNoticia=2335&idSeccion=25

Uribe en Washington

Álvaro Camacho Guizado

El viaje del presidente uribe a Washington a implorar la aprobación del TLC y la continuación del Plan Colombia sin duda lo obligó a encontrarse con una realidad bien distinta de lo que ocurría antes de las elecciones en Estados Unidos. En efecto, el triunfo demócrata cambiará los términos de la cooperación de ese país, y con seguridad la nueva mayoría congresional recurrirá a dos tipos de argumentación.
De una parte, respecto del TLC, las exigencias de modificar algunas cláusulas correspondientes al manejo ambiental y a la protección de los trabajadores colombianos obedece a que el Partido Demócrata tiene una amplia base obrera, además de que en los últimos años ha acogido la bandera ecológica, en particular en contra de los excesos destructivos de los intereses petroleros expresados en las firmas que apoyan a Bush.
De otra parte, es muy posible que los demócratas pidan cambios fuertes en la política antidrogas de Colombia. Y no porque sean menos prohibicionistas que los republicanos, sino porque ya tienen datos y son conscientes de que la política de fumigaciones es un fracaso: saben que entre 2004 y 2005 aumentó el área sembrada de coca en más de siete mil hectáreas (de 80.335 a 87.750), según los datos más optimistas. Y que entre 2000 y 2005 se han fumigado 722.651 hectáreas. El esfuerzo es muy grande para esos resultados.
Y los demócratas también sabrán que el cultivo de coca está basado en la pequeña producción agrícola en el país. En efecto, según la Dirección Nacional de Estupefacientes, en diciembre de 2004 había sembrados en el país 3.943 lotes de más de tres hectáreas, contra 47.884 de menos de tres. Esto quiere decir que del total de área sembrada, 19.300 hectáreas estaban en los de más de tres hectáreas, contra 47.726 de menos de tres. Esto significa que la fumigación no sólo se hace mucho más difícil e ineficaz, sino que golpea a pequeños campesinos que recurren al producto como único recuso de supervivencia frente a la ausencia de programas integrales y decididos de desarrollo alternativo. Sabrán, por ejemplo, que una parte importante del programa de Familias Guardabosques se concentra en zonas que no son de cultivos ilícitos.
Por todo lo anterior los demócratas probablemente exigirán que la proporción del gasto dedicada al sector social aumente y que se diseñen programas que apunten no a destruir al productor, sino a golpear la cadena delincuencial que incluye la exportación y, sobre todo, el lavado de fortunas.
Estos cambios eventuales se encontrarán con una paradoja: sus opositores respecto de los cambios en el TLC serán los empresarios, quienes argumentarán que se les aumentan los costos. Ya han tenido el apoyo de El Tiempo, que considera que estas exigencias perjudican a Colombia. Para el diario y los empresarios, ellos, y no los trabajadores ni la naturaleza, son Colombia.
Y respecto de la política antinarcóticos, se enfrentarán a los militares y policías colombianos, para quienes la práctica de la fumigación es como un pasatiempo. Y sobre todo se enfrentarán a las grandes corporaciones que proveen helicópteros, herbicidas, mercenarios y servicios. Las empresas Sirkowsky, Monsanto y DynCorp, que forman parte del círculo de apoyo a los republicanos, sin duda moverán sus fichas para evitar cambios en una política que ha significado negocios jugosos.
Esta situación pone al presidente Uribe en un dilema: insiste en su política, se apoya en los políticos más retrógrados y peligrosos para los trabajadores vinculados al TLC y campesinos colombianos productores de coca, y así corre el riesgo de ser derrotado en sus pretensiones de más apoyo a la misma política, o bien opta por hacerles el honor a sus declaraciones a favor de la democracia y aprovecha la coyuntura para diseñar programas nuevos y diferentes, que quizás sí den buenos resultados sin necesidad de atropellar a los más débiles e indefensos.

http://www.elespectador.com/elespectador/secciones/Detalles.aspx?idNoticia=2342&idSeccion=25

Ratas al agua

Felipe Zuleta

Es tan delicado y enredado el tema de los parlamentarios uribistas vinculados con los narco-paramilitares, que ya el senador Armando Benedetti está viendo cómo se retira del Partido de la U.

Es tan delicado y enredado el tema de los parlamentarios uribistas vinculados con los narco-paramilitares, que ya el senador Armando Benedetti está viendo cómo se retira del Partido de la U.
Eso me recuerda lo que hacen las ratas, pues son las que salen primero, –después de deambular por la proa–, cuando el barco peligra.
La actitud de Benedetti quiere decir que el Gobierno, de verdad, entró en barrena.

Ahora bien, para darle el beneficio de la duda al congresista, digamos que Benedetti en un acto de patriotismo y asqueado de tanta mafia no quiere saber nada de la U y por ende de su amigo el presidente Uribe, quien se hizo elegir con la ayuda de quienes hoy se defienden de los vínculos con los narco-paramilitares.

Mientras vemos en lo que acabará este hombre, sinónimo de lealtad y patriotismo, todos los colombianos debemos hacer hasta lo imposible para desenmascarar a los políticos amigos y cómplices de los paramilitares.
Con valentía y la astucia necesarias para no dejarse enredar por la retórica de quienes tratan de tapar las porquerías de este gobierno, periodistas como Claudia López y Félix de Bedout han puesto el dedo en la llaga y, de contera, contra la pared a los funcionarios que tienen como costumbre contestar lo que no les están preguntando o simplemente repetir lo que les preguntan.
Patética resultó la entrevista de Juan Manuel Santos en la “W”: acabó acorralado y titubeando cuando le preguntaron por qué el Gobierno por un lado ofrece cinco millones de dólares a quien delate a Castaño y por el otro lado lo esperan con los brazos abiertos para que se someta a la Ley de Justicia y Paz. Ni qué hablar del ministro Holguín que cuando habla, uno no sabe si padece de bobería perenne o lo agarran recién levantado.

No me extrañaría que los dueños de Caracol Radio y la familia Santos estén recibiendo toda clase de presiones para que boten a gente como Claudia López y a Félix de Bedout (¿se acuerdan de José Obdulio hablando de la buena pauta que hoy y gracias al Mesías gozan los medios?).

Cuando los gobiernos entran en barrena, como está ocurriendo, a los primeros que les echan la culpa es a los periodistas.

Finalmente y sin ánimo de escapar de los rayos y centellas que caen cada vez que hablo de Ernesto Samper, no me equivoqué cuando hace un mes sostuve que se le debía dar una segunda oportunidad, pues la entrada de dineros del narcotráfico a su campaña es un juego de niños comparado con lo que resulta la influencia de los paramilitares en la política y, por supuesto, la hasta ahora no explicada financiación de las campañas de Uribe.
¡Y los medios, callados!
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Notícula: ¿Quién responde en la Procuraduría por el archivo del proceso contra el senador García por la masacre de Macayepo?
¿Por qué en la Fiscalía de Luis Camilo Osorio no se abrió ni un solo proceso relacionado con para-políticos?

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Araújo se presentará ante las autoridades de ser necesario
Tiene seis procesos en su contra en la Corte Suprema de Justicia
El senador Álvaro Araújo dijo que se presentará ante los estrados judiciales de ser necesario para aclarar su situación frente a presuntos nexos con paramilitares.

lunes, 20 de noviembre de 2006
En un comunicado, Araújo señaló que “anuncia su voluntad de atender exclusivamente los requerimientos que las instituciones judiciales competentes tengan a bien manifestar”.

El congresista ratificó que “todos los ciudadanos estamos sometidos al imperio de la Constitución y la ley”.

Araújo dijo que “si en lo penal la responsabilidad es individual, en lo político debe ser colectiva”.

Araújo también indicó que el pasado 15 de noviembre participó en la reunión privada citada por el ministro del Interior, Carlos Holguín, en la que sí discutió la actual situación del Congreso.
http://www.cmi.com.co/Contenido/Noticia.asp?nota=5522

La reunión en Palacio

El senador Álvaro Araujo confirmó la información de CM& sobre las advertencias que hizo en la Casa de Nariño frente a posibles investigaciones en su contra y habló de sus preocupaciones.

“Si hablamos de lo judicial yo no tengo ninguna preocupación. Si hablamos de lo político yo si tengo preocupaciones, porque soy solidario con un gobierno y toda una bancada objeto de descalificaciones” expresó el senador Araujo.

La reunión con “Jorge 40”

Su último encuentro con alias “Jorge 40” fue hace un año por invitación del Alto Comisionado para la Paz.

“Antes de ser Jorge 40 era Rodrigo Tovar. Lo veía bailando en el Club Valledupar cuando éramos adolescentes. No puedo decir que no lo conozco, claro que sí lo conocí” afirmó el congresista Álvaro Araujo.

La denuncia

Revela que recibió amenazas luego de una denuncia contra un comandante paramilitar, alias “39”.

“Una semana después de la denuncia el Ejército dio de baja a 19 paramilitares y empecé a sentir una hostilidad y una situación preocupante para mí”.

La reunión en la Fiscalía

Dijo que aprovechó una entrevista de su hermana, la Canciller Consuelo Araujo, con el Fiscal, para hablar con el funcionario: “Precisamente porque había solicitado una cita y no me la había dado. Ella tocó un tema y yo después otro”

“Ni la Fiscalía me juzga a mí, ni a María Consuelo. No hay por qué ser suspicaz. Terminamos” agregó.

Araujo, presidente de Alas Equipo Colombia, y de la Comisión de Asuntos Energéticos del Senado, aunque se nota molesto se declara tranquilo
http://www.cmi.com.co/Contenido/Noticia.asp?nota=5508

Caricaturas de Beto, Mico y Garzón, El Espectador

http://www.elespectador.com/elespectador/Secciones/Secciones.aspx?idSeccion=26