Política de seguridad de Medellín cae en el populismo punitivo
Un estudio del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación —IPC, titulado Retórica y práctica autoritaria en Medellín: las ficciones y confusiones de la (in) seguridad, concluyó que la política de seguridad de la actual administración municipal es populista y autoritaria, y no demuestra avances significativos en la prevención y disminución de delitos y vulneraciones a los derechos humanos.
Para exponer lo anterior, el estudio cita datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín (SISC), según los cuales entre enero y junio de 2015 en la ciudad ocurrieron 230 homicidios, mientras que en igual periodo de 2016 la cifra aumentó a 250. En ese mismo lapso de tiempo, los hurtos pasaron de 7.729 a 8.031 casos, los disparos al aire de 354 a 424 caos, y el secuestro de 4 a 11 casos.
No obstante, las estadísticas reflejaron disminuciones en violencia intrafamiliar, de 2.854 a 2.615 casos; riñas, de 25.781 a 24.169; delitos sexuales, de 765 a 582; y extorsión, de 156 a 109.
Según el estudio, las deficiencias en las estrategias de seguridad implementadas por el Alcalde Federico Gutiérrez, desde su plan de desarrollo, se reflejan con claridad en las zonas que han tenido una intervención especial por parte de la Alcaldía: Comuna 5 (Castilla), Comuna 7 (Robledo), y Comuna 10 (Candelaria), centro de la ciudad.
“Así por ejemplo, al revisar la distribución de los homicidios por comunas y corregimientos en Medellín, se observa que durante el primer semestre del año La Candelaria, Castilla y Robledo son las zonas con mayores violaciones al derecho a la vida”.
Fuente: INML, SIJIN, CTI.
Elaborado por: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia -SISC.
Por ello, “llama la atención la amplitud con la que la administración municipal y la Policía Nacional difundieron a través de importantes medios de comunicación los resultados de los operativos realizados en las comunas 5, 7 y 10 (…) Es insólito que se anuncien como resultados lo que no dejan de ser meras ficciones de la seguridad: requisas, desalojo de vendedores informales, revisión de antecedentes judiciales a vehículos y motos, incautaciones menores de estupefacientes, imposición de comparendos de tránsito, etc., no pasan de ser anuncios fundados en lo que la criminología crítica ha denominado como populismo punitivo”, anota el informe.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Observatorio de DD.HH. y Paz concluye que “más que resultados eficaces, que reviertan los problemas de violencia, criminalidad y delincuencia, lo que se termina presentando son resultados insignificantes con los cuales se quiere aparentar fortaleza y enviar un mensaje de tranquilidad a la comunidad”.
Esto, explicó Juan Esteban Jaramillo, analista del Observatorio, “se ve reflejado en la decisión de intervenir diferentes comunas y barrios con la utilización de fuerzas letales como las del Ejército, lo cual, en lugar de fortalecer la garantía de los derechos humanos y la seguridad, implica un grave riesgo para la vigencia de los mismos, máxime si se tienen en cuenta eventos de la historia reciente, como las mal rememoradas operaciones Mariscal y Orión que afectaron profundamente a la población civil”.
Pero el estudio también pone en entredicho la labor de la pasada administración, del exalcalde Aníbal Gaviria Correa, que aseveró la desarticulación de estructuras delincuenciales y criminales en la ciudad. Contrario a eso, según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (SISC), los contextos en los cuales ocurrieron los homicidios de los últimos años en la ciudad (2014 – 2015), muestra que un 45 por ciento de estos fueron por enfrentamientos, disputas o actuaciones de estructuras armadas, lo que refleja procesos de reconfiguración de esas agrupaciones ilegales.
En ese sentido, el informe plantea que en varios periodos las disminuciones de los índices de seguridad han obedecido a la realización de pactos o a la consolidación de un actor ilegal en determinado territorio, más que a la intervención de las autoridades.
Sin embargo, en sus conclusiones, el observatorio del IPC llama la atención sobre la necesidad de “reconocer que la pervivencia y persistencia de estructuras delincuenciales y criminales en la ciudad, es un asunto que atañe a toda la sociedad y no a una determinada y pasajera administración municipal”.
De ahí, concluyó el estudio, el imperativo de desarrollar medidas que sobrepasen los periodos de gobierno de los mandatarios, con agendas y estrategias construidas a partir de debates públicos y democráticos que incluyan a los diversos actores de la sociedad.
Así mismo, invitó a “revisar los procesos de acción colectiva y resistencia, que diferentes organizaciones sociales y comunitarias desarrollan en aras de constituir entornos protectores y restarle fuerza a las acciones violentas”.
Fuente: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2016/08/12/politica-de-seguridad-de-medellin-cae-en-el-populismo-punitivo/