Policías y miembros del CTI participaron en chuzadas
Un cable diplomático, revelado por Wikileaks, prueba que la Fiscalía encontró que en una orden para investigar un caso de secuestro, extrañamente se relacionó el teléfono del investigador de la parapolítica. El director de la Policía, Óscar Naranjo admitió que tres oficiales estaban involucrados.
A finales de 2009, el escándalo del DAS por las ‘chuzadas’ e interceptaciones ilegales a opositores, periodistas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia acaparaba los titulares de los medios colombianos. Y para Washington significaba un asunto prioritario, con la convicción de que iba a afectar la imagen del gobierno Uribe en el ámbito internacional. Por eso, el entonces embajador William Brownfield amenazó con endurecer las relaciones de su país con los servicios secretos colombianos, al tiempo que el presidente se mostró dispuesto a cerrar el DAS.
Corría el mes de octubre y la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, en uno de sus cables diplomáticos, con base en los reportes de sus informantes oficiales y extraoficiales, ya tenía claro que la plataforma Esperanza había sido utilizada en el DAS para las interceptaciones ilegales. Incluso, informó el cable, el director de la Policía, Óscar Naranjo, admitió que tres de sus oficiales estaban involucrados y que a través de la Policía Judicial había ordenado una agresiva investigación para aclarar lo sucedido.
El cable indica que la percepción que el presidente Uribe tenía sobre lo sucedido era que se trataba de una venganza criminal para desacreditar a su gobierno. A su vez, el vicepresidente Santos planteaba que todo venía de un bien orquestado complot. En términos generales, el cable y otros reportes de la misma época, mantenían una preocupación común: el acoso al que había sido sometido el magistrado investigador de la parapolítica Iván Velásquez. En ese sentido, fueron claras las alusiones al DAS.
En otro cable, también fechado en octubre, se advierte que según las averiguaciones de la Policía, uno de los altos funcionarios del DAS que podrían estar directamente involucrados en las interceptaciones al magistrado Velásquez era Carlos Arzayús, exdirector de Inteligencia. Además, el reporte ventila una hipótesis que las órdenes fueron dadas a un tal Fredy Monsalve y que también fue detectado que oficiales del DAS y de la Policía habían falsificado documentos para facilitar el trabajo de interceptaciones con apariencia de legalidad.
Otro de los reportes de la época es enfático en la crisis que se vive en el gobierno Uribe a raíz del escándalo, al punto que el entonces jefe de Estado reiteró su propuesta de cerrar el DAS. El cable diplomático describe una reunión de alto nivel realizada en la Embajada norteamericana, con presencia del presidente Uribe; el director de la Policía, Óscar Naranjo; el ministro de Defensa, Gabriel Silva; el director del DAS, Felipe Muñoz, y la vicecanciller Clemencia Forero, en la cual se deduce la gravedad de lo que estaba sucediendo en el caso.
El cable dejó escrito que durante la reunión, con ánimo agitado, el presidente Uribe telefoneó al fiscal Guillermo Mendoza y, a través de un altavoz, escucharon del propio funcionario reconocer que en la Fiscalía se habían encontrado dos órdenes judiciales para investigar un caso de secuestro y otro de extorsión, y que en la lista de teléfonos de sospechosos que debían ser ‘chuzados’ extrañamente apareció el celular del magistrado Iván Velásquez. El fiscal Mendoza manifestó que su labor era averiguar por qué se habían firmado esas órdenes.
Asimismo, el cable indicó que en ese mismo encuentro el director del DAS le dijo al embajador Brownfield que había detectado que fiscales de Leticia y Chocó estaban aliados con funcionarios del DAS para interceptar teléfonos ilegalmente. De igual modo, el entonces ministro de Defensa, Gabriel Silva, dijo tener información de que algunos fiscales que aparecían involucrados en los seguimientos a Iván Velásquez habían recibido pagos ilegales desde cuentas bancarias en Estados Unidos. No quedó claro de qué se trataban los pagos.
La propuesta de abolir el DAS era para modificarlo por una agencia doméstica, de tal manera que 4.000 de sus funcionarios pasarían a otros organismos, como la Fiscalía o la Policía. De todos modos, los reportes de Estados Unidos respecto a este escándalo eran claros, en el sentido de advertir que el caso del DAS era muy grave y que la única solución era dar con los responsables y reordenar el organismo. Eso explica por qué el embajador Brownfield fue claro en decir que el gobierno Uribe debía tener un plan adicional en caso de que creciera el escándalo, pues de lo contrario la asociación de Estados Unidos con el DAS debía terminar.
De capturados, contradicciones y escándalo
En noviembre de 2009 la Embajada de Estados Unidos en Colombia envió un cable informando sobre el arresto de tres individuos que al parecer estaban vinculados en el escándalo de las interceptaciones ilegales. La fuente fue la Policía y en el reporte fueron mencionados Osvaldo Villamil, Ferney Galvis, Aldo Pérez y Edwin Acuña Chitiva, este último no fue capturado.
El cable expresó que los cuatro fueron acusados de utilizar ilegalmente la plataforma Esperanza para interceptar los teléfonos de la parapolítica Iván Velásquez. A Villamil se le señaló como un oficial que había conspirado con agentes del CTI, específicamente en el tema de las escuchas ilegales.
Otro cable de la misma época deja ver las contradicciones entre los mismos organismos de inteligencia y justicia colombianos frente al tema, pues al tiempo que una fiscal califica la investigación como retrasada y mal dirigida, otros funcionarios se enfrascan en la explicación técnica para definir si las investigaciones deben adelantarse a través de una ley o del recién implementado sistema acusatorio. El escándalo del DAS se supervisó paso a paso en Washington.