Poco a poco queda de tanta persecución solo la dignidad
Cuando volvieron a su tierra después del desplazamiento forzado por causa del paramilitarismo encontraron el territorio colectivo en un predio privado. De Caño Manso, anteriormente un pueblo vivo con una escuela y una iglesia, solamente quedaron los recuerdos, hasta la última casa fue destruida.
En Caño Manso ante ese tipo de Estado de Derecho solo les ha queda actuar con su propia dignidad en donde se funda el derecho.
11 de octubre de 2013
Caño Manso, territorio colectivo de Curvaradó, una comunidad que fue desterrada busca ahora su arraigo. Ellos se encuentran enfrentados con amenazas de muerte, hostigamientos permanentes y destrucciones de su alimentación por parte de empresarios palmeros y ganaderos.
Cuando volvieron a su tierra después del desplazamiento forzado por causa del paramilitarismo encontraron el territorio colectivo en un predio privado. De Caño Manso, anteriormente un pueblo vivo con una escuela y una iglesia, solamente quedaron los recuerdos, hasta la última casa fue destruida.
En menos de 10 años dichos empresarios, entre ellos el ex militar Luis Molano, convirtieron gran parte de las superficies alrededor de Curvaradó, antes cultivadas con yuca, arroz, plátanos entre otros, en puros monocultivos de Palma Africana/Banano y ganadería extensiva.
El gobierno de Santos asumió de la administración de Uribe un complejo asunto de devolución de las tierras sin resolver. Sin embargo, sus promesas de la devolución en acatamiento a las órdenes de la Corte Constitucional no han pasado del papel. Más de un año los retornantes a Caño Manso conocieron la promesa de que los empresarios no dañarían más sus cultivos y que el predio sería devuelto. Pasa y pasa el tiempo, los empresarios consolidan sus inversiones pasando por encima de la reconstrucción material de lo que les fue destruido y el gobierno se mostró nuevamente incapaz de proteger los derechos de las comunidades.
La comunidad decidió entonces actuar autónomamente e implementar un acto de dignificación, ingresando a sus predios colectivos invadidos por los empresarios. Tumbaron dos caballerizas y demolieron una casa finca de los administradores. A ellos les “tocó ejecutar la orden del desalojo, el gobierno no ha querido o no ha podido cumplir la ley”, dice uno de los pobladores.
“Nosotros hemos actuado pacíficamente y cumpliendo la ley. Aquí los gobiernos solo protegen a los empresarios, lo que hacemos es porque estamos cansados de mentiras y demoras, el gobierno es responsable de lo que pase”, expreso otra mujer de tez trigueña.
La respuesta de los invasores no se hizo esperar. Amenazas, hostigamientos, el presidente de Caño Manso, llamado “Happy”, a quien lo intimidaron diciéndole que cuando “los gringos se vayan (refiriéndose entre otros a mí), nosotros nos quedamos y ustedes también”. Y otro día, los ocupantes de mala fe manifestaron que “la guerra solamente acaba de empezar”.
Andrés Lance, otro de los amenazados, heredero de la tierra en que los empresarios instalaron las caballerizas, fue intimidado y su lugar de habitación inspeccionado. Su padre fue asesinado por paramilitares en 1997
Sorprende que desde el 3 hasta el 7 de octubre, ni el ejército ni la policía hayan actuando ante tal cumulo de amenazas y que ni siquiera realizaran algún tipo de control a vaqueros que con armas de fuego y con sus rostros ocultos intimidaron a los verdaderos y legítimos dueños del territorio.
Cuando no están en connivencia con el empresariado la fuerza pública no se hace presente a pesar de los riesgos de los campesinos. Cuando los ocupantes de mala fe, trataban de evitar el desalojo pacífico del ganado, atacando con sus caballos y armados con machete a los legítimos propietarios, ni un solo efectivo estaba allí interviniendo. Las formas de operación paramilitar están interiorizadas en el empresariado frente a lo cual el gobierno prefiere ser como la avestruz.
Aunque algunos de los pobladores de Caño Manso, que habitan en la Zona Humanitaria, cuentan con un teléfono como medida de protección otorgado por la UNP, sus vidas siguen corriendo riesgo pues los asuntos de fondo no los resuelve el gobierno.
Para los reclamantes nada de esto vale la pena, ni es de extrañarse. Las propias víctimas de tiempo atrás no solamente testimonian la connivencia de la fuerza pública con los empresarios, también poco creen en que el gobierno responda a fallos judiciales u órdenes constitucionales. Para los afromestizos de Caño Manso las políticas de los gobiernos nunca han sido para proteger la vida y bienes de los ciudadanos de a pie, siempre, infortunadamente ha sido para los que ejercen el poder, el económico, que es el poder real. Así que ya no pueden desmoralizarse más de otra promesa incumplida por este gobierno.
En Caño Manso ante ese tipo de Estado de Derecho solo les ha quedado actuar con su propia dignidad en donde se funda el derecho.