Platas de Usaid y Plan Colombia llegaron a manos de los paras

Entre los bienes que ha devuelto el Bloque Central Bolívar de las Auc están fincas y cooperativas que han recibido recursos de Finagro, el Banco Agrario y Fiduagraria, Plan Colombia y la agencia de Cooperación de los Estados Unidos, Usaid.

Algunos de los bienes entregados por hombres del Bloque Central Bolívar de las Auc eran empresas manejadas por testaferros y en su momento recibieron recursos de agencias estatales o de cooperación internacional. Así se ha descubierto luego de que este grupo ilegal empezara el proceso de devolución o entrega de bienes para la reparación de las víctimas.

A través de los abogados que los representan, el BCB o sus hombres han anunciado la entrega de por lo menos 36 mil hectáreas de tierras en las zonas en las que delinquieron para el Fondo de Reparación de las Víctimas.

De acuerdo con los abogados de alias ‘Julián Bolívar’, quienes solicitaron la reserva de sus nombres, con esos bienes entregados, y los que están en proceso, el Estado jamás hubiera tenido la posibilidad de asociarlos con las Auc. “Eran la reserva estratégica del bloque y en su conjunto eran empresas limpias”, dijo uno de los abogados. “Fue tan perfecta la operación que en uno de esos proyectos había dineros de Plan Colombia y préstamos del Banco Agrario”.

Se trata de Cooproagrosur, ubicada en Simití, sur de Bolívar, una cooperativa creada en septiembre de 2002 por orden de los jefes paramilitares del BCB y a la que están vinculados 100 agricultores. En diciembre de 2004, recibió una subvención de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por 228 millones de pesos, destinados a la asistencia técnica y capacitación de los labriegos en la instalación y manejo técnico del cultivo de palma de aceite. Esta iniciativa fue apoyada en esa época por Finagro, el Banco Agrario y Fiduagraria.

El proyecto constaba de seis fincas entre otras: Rancho San Judas, El Amparo y Vista Hermosa, que en total sumaban 912 hectáreas, en una zona en donde el 90 por ciento del territorio es en teoría reserva forestal según la ley segunda de 1959. Los cooperados, según un documento que encontró VerdadAbierta.com, presentaron un título de propiedad sobre los predios en el que además certificaban la aprobación de un crédito de la Caja Agraria.

Lo que llama la atención de todo ésto, es que en 2002, cuando comenzó este proyecto, la región se encontraba controlada por el Bloque Central Bolívar y según cifras de Acción Social entre 1997, cuando Julián Bolívar entró a esta región, y 2007 al menos 47 mil personas fueron desplazadas. Simití, donde se instaló el proyecto productivo de los paramilitares, fue uno de los municipios que más padeció con ellos, en particular el corregimiento de Monterrey donde Bolívar tenía su base principal.

Por eso, el 21 de mayo de este año, North American Congress on Latin America (NACLA) le solicitó información a Usaid a través de la embajada de los Estados Unidos en Colombia sobre Cooproagrosur y sus posibles nexos con Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’. Un funcionario de la embajada le respondió a Nacla que la cooperativa fue un proyecto firmado el 1 de diciembre de 2004 bajo el programa Capp y fue manejado por Midas en 2006.(Sic) (Ver documento de la Embajada de Estados Unidos- Usaid)documento de la Embajada de Estados Unidos- Usaid

Nacla es una ONG independiente con sede en Nueva York y hace constante monitoreo de las acciones del gobierno estadounidense en Latinoamérica.

La embajada también respondió que no tenían reporte alguno que alguno de los 100 miembros de la cooperativa estuviera reportado en actividades ilícitas o la Lista Clinton y que ‘Macaco’ no aparecía entre propietarios y/o beneficiaros del proyecto.

Inicialmente, Usaid aprobó una partida de 371 millones de pesos (371.047.150) pero solo giraron 228 millones y el proyecto terminó, según reporta el funcionario de la embajada, el 30 de agosto de 2007.

El 11 de junio de 2009 un juez de Medellín ordenó el embargo a Cooproagrosur.

Cuando los abogados del BCB presentaron el proyecto como parte de los bienes a entregar por parte del Bloque para la reparación a las víctimas, Acción Social se negó a recibirlo argumentando que dado el supuesto origen ilícito de su adquisición debería pasar antes por un proceso de extinción de dominio. No obstante, el pasado 10 de junio, un magistrado de control de garantías ordenó en Medellín que fuera recibido por la agencia estatal.

“Ese proyecto hoy tiene una inversión cercana a los 30 mil millones de pesos, está en plena producción y genera 2 mil millones de pesos mensuales”, explicó uno de los abogados, “lo que quiere decir que sí hay con qué reparar a las víctimas”.

Fuentes de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz reconocieron que los procesos de identificación de bienes y de verificación, por lo menos en este caso, son ahora más ágiles gracias a que los funcionarios de Acción Social participan del trabajo conjuntamente con la policía judicial.

Tanto abogados como funcionarios de la Unidad de Justicia y Paz coincidieron en señalar que el 95 por ciento de los los bienes ya entregados y los que están en proceso de verificación y alistamiento serán destinados a la reparación. “Sólo un 5 por ciento de esos predios serán para restitución”, precisaron, “lo que quiere decir que fueron pocos los casos de despojo que adelantaron los hombres del Bcb entre las comunidades donde hicieron presencia”.

El compromiso de los comandantes de este bloque paramilitar fue entregar bienes por 110 mil millones de pesos, promesa que según los abogados que representan a alias ‘Julián Bolívar’ se viene cumpliendo. Ahora esperan que no haya dificultades para agilizar el proceso de verificación y alistamiento de las más de 36 mil hectáreas de tierras productivas ofrecidas por el BCB, lo que permitirá que con los dineros que se obtengan de su venta cientos de víctimas sean reparadas por lo menos económicamente.

Lo que entregarán
En proceso de verificación y alistamiento se encuentran por lo menos 36.842 hectáreas de tierras productivas en diversas regiones del país ofrecidas por el Bloque Central Bolívar (Bcb) al Fondo para la Reparación de Víctimas. Se trata de predios ubicados en los departamentos de Bolívar, Risaralda, Vichada, Santander y Antioquia, destinados a la agricultura y la ganadería.

Además de esas tierras, también se encuentran en ese proceso varias propiedades de uso residencial y comercial, entre ellos el Hotel Casagrande en el municipio de Rionegro, Santander, así como una estación de servicio en esa misma localidad, y la hacienda Puerto López, ubicada en la población de El Bagre, Antioquia.

La verificación y alistamiento implica visitas a la zona para establecer las condiciones de los predios, certificar su propiedad y establecer que no tengan líos jurídicos. El fin es evitar que a futuro no sea intervenido por ningún otro proceso que obstruya su venta. Los dineros adquiridos por este tipo de transacciones ingresan al Fondo para la Reparación de las Víctimas, creado por Ley 975 de 2005 y administrado por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social).

Al frente de este proceso se encuentra el ex paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, conocido con el alias de ‘Julián Bolívar’ y ex comandante militar del BCB, hoy preso en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, Antioquia. Su desmovilización se produjo el 31 denero de 2006. Junto a él dejó las armas Carlos Mario Jiménez, alias Javier Montañez o ‘Macaco’, jefe de ese bloque, quien afronta cargos por narcotráfico en Estados Unidos, a donde fue extraditado el 7 de mayo de 2008.

El proceso de entrega de bienes del BCB comenzó con dos helicópteros Bell 206 que ya fueron vendidos y por los cuales se recibieron 1.331 millones de pesos, recursos que el Fondo para la Reparación de las Víctimas invirtió en títulos de tesorería (TES). Además, Acción Social ya ha recibido de este bloque paramilitar poco más de 7 mil hectáreas, de las cuales hacen parte tres proyectos productivos, conocidos como La Dos, Santo Domingo y Cooproagrosur, ubicados en los municipios de Simití y San Pablo, departamento de Bolívar. Los tres están dedicados a la siembra y cosecha de palma de aceite, y fueron concebidos por los propios paramilitares como proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito.

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