#Cali Plan de detenciones masivas como criminalización juvenil
Bajo el supuesto de haber supuestamente incurrido en la comisión de los delitos de Concierto para Delinquir, Secuestro Simple Agravado, Tortura en Contra de Funcionario Público y Terrorismo, la Fiscalía General de la Nación a través de las fuerzas policiales realizaron allanamientos en las casas de residencia de los jóvenes antes de sud detenciones. Entre los detenidos y sindicados por estos tipos penales en la ciudad de Cali se encuentran: Anderson Cifuentes Montaño, Rolando Quintero, Alejandro Blandón, Jhon Alejandro Hernández, Wilson Steven Murillo, Yeisson Giner Hernández, John Ricardo Bermeo Carabalí, Jofren Ordoñez Angulo y Diego Fernando Ángel Agudelo.
La Fiscalía General de la Nación “en el marco de procesos metodológicos contra integrantes de la llamada ´Primera Línea’, sindicados de varios delitos relacionados con hechos de violencia en varias ciudades del país(…)”, como se informó oficialmente ésta mañana “(…)detuvieron esta madrugada a jóvenes participantes de la protesta social nacional del año pasado como “primeras líneas” en Cali y Bucaramanga.
Con estas detenciones el Fiscal General de la Nación mantiene una política de persecución, estigmatización y judicialización de la protesta social a los líderes sociales que acompañan las justas protestas de una población acorralada por la pobreza y el deterioro continuo de sus condiciones de vida. El ente investigador parece oficiar como parte de un aparato de guerra, sin distinguir los contextos, las motivaciones y penalizando la libre expresión, la libre asociación para reivindicar derechos conculcados por años en nuestro país, condiciones de exclusión profundizadas en la Pandemia con las políticas del presidente Iván Duque. La ausencia de independencia judicial en la fase de investigación se evidencia pues son coincidentes las manifestaciones públicas del ente investigador con las del ejecutivo y las de los policiales.
Además de las estigmatizaciones, de los homicidios y desapariciones, de las torturas y abusos sexuales de mujeres manifestantes, luego de la brutal represión policíaca que se desató desde el 28 de abril de 2021 durante el estallido social, los jóvenes siguen siendo amenazados, estigmatizados, perseguidos judicialmente y padecen las consecuencias de la impunidad de la operación criminal del Estado. Aun ni los informes de la Comisionada de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sendas recomendaciones son tenidas en cuenta para lograr una mejora de la situación de derechos humanos.
Expresamos nuestra objeción ante esta operación de la Fiscalía General de la Nación con síntomas de ser parte de un plan de persecución contra el liderazgo juvenil, y exigimos el debido proceso y la sana crítica, ante jóvenes que siguieron desarrollando su cotidianidad impulsando procesos organizativos pacíficos en ámbitos culturales, artesanales y de servicios comunitarios en la barriada.
Hacemos un enérgico llamado a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría Provincial para conforme a sus mandatos constitucionales velen por los derechos de los jóvenes, hoy detenidos, especialmente el derecho a la presunción de inocencia, en una plan estratégico espectacular en medio de un escenario electoral en que los jóvenes son definitivos en el ejercicio del derecho al voto libre para lograr cambios que reclamaron en la manifestación social.
Invitamos a las organizaciones de Derechos Humanos y sociales que participaron en la Misión de Observación de 2021 a realizar acciones de solidaridad con estos jóvenes hoy detenidos, con los que se encuentran en fase de indagatoria en procesos juidiciales con irregularidades, exigiendo garantía a la integridad física de los detenidos, así como su pronta liberación, igualmente a que le permitan la comunicación con sus familias, garantías a su defensa, debido proceso y a que se haga un juicio justo, ajustado a derecho, sin que se aplique la presunción de culpabilidad, criterios peligrositas y estigmatizantes que se han venido implementando en estos procesamientos.
Exigimos además que el Alcalde de Cali se pronuncie públicamente frente a estos hechos, máxime que accedió desde junio del año pasado, a concertar mediante decreto distrital la conformación de una Mesa de Diálogo con plenas garantías a las y los integrantes de la Unión de Resistencias Cali como espacio de articulación de los distintos Puntos de Resistencia, para enrutar acercamientos y entendimientos entre la juventud manifestante y la institucionalidad..
Llamamos al Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, el Arzobispado de Cali y las demás instituciones que velan por la salvaguarda de los derechos humanos, ante la declaración de la Huelga de Hambre de los jóvenes detenidos hoy abusivamente, su intervención para estar vigilantes de las condiciones de salud física y psicológica ante una expresión de indignación de esta decisión judicial desproporcionada.
Bogotá, D.C. 15 de Junio 2022
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz