Plan de Choque no atiende realidades del problema de la tierra
Plan de choque no atiende realidades del problema de la tierra
Las comunidades colombianas que formamos parte de la Red de Alternativas a la Globalización del mercado y la Impunidad nos pronunciamos ante los éxitos señalados por el gobierno de Santos en su consejo de la “prosperidad democrática”
Presidente Santos afirmó en Valledupar el pasado sábado que 177 mil hectáreas de tierra han sido restituidas a los desarraigados de Colombia, dentro del plan de choque, cumpliendo con el 80 % del compromiso de devolución en el primer año.
Sostuvo igualmente que esta devolución no incluye la titulación de predios comunales de comunidades negras e indígenas que se han adelantado.
Entre tanto los pobladores de Las Pavas son perseguidos judicialmente, se les impide el retorno, situación que refleja lo que sucede en otras comunidades colombianas, que la ley de tierras y el plan de choque no resuelve el problema de fondo de la propiedad, del uso de la tierra y de la protección social y ambiental.
En tal sentido, sobre lo dicho por Santos, manifestamos que:
1. Nos alegra por las y los campesinos la restitución de sus predios dentro de este plan de choque, con las preocupaciones que nos asisten por la ausencia de reconocimiento de las propuestas de mejoramiento de calidad de vida que desarrolla la cultura campesina, y la continuidad de las operaciones paramilitares en complicidad con la fuerza pública.
2. Hoy sin embargo, la habitación colectiva tradicional de predios en Naya desde hace 330 años continúa sin ser reconocida legalmente a pesar de la realización de todas las acciones constitucionales y legales.
3. De la misma manera, la situación de las comunidades negras de Calima se agrava con el desconocimiento de la titulación legal de más de 10 mil hectáreas que han habitado sus pobladores durante más de 70 años, la que ha propiciado el abuso de las fuerzas militares con quema de viviendas, el impedimento al trabajo en conformidad con usos y costumbres.
4. En el Putumayo, al pueblo Nasa no se le ha reconocido la propiedad de Resguardo lo que viene propiciando la implementación de agronegocios y operación de extracción de hidrocarburos.
5. En Sucre, no se ha resuelto la situación de las deudas de los campesinos mestizos de la finca La Alemania, causadas por el desarraigo y la ocupación paramilitar.
6 En el Meta, no se resuelven solicitudes desde el 2005 de adjudicación de predios baldíos, se han aprobado 16 Títulos mineros y en solicitud hay 22, no se ha dado respuesta a la solicitud de condonación del impuesto predial y se pretende realizar una zona de amortiguación del Parque Natural del Sumapaz sin consulta a las comunidades campesinas, que han habitado por más de 4 décadas el territorio del Alto Ariari.
7. En Curvaradó y Jiguamiandó a pesar de la voluntad manifiesta de la restitución con el censo para la definición del representante legal y la devolución sigue afectada por planes de atentados a reclamantes, amenazas paramilitares, invasión de tierras recientes y actuaciones empresariales en predios coletivos.
8. En Cacarica no se ha titulado los predios en Resguardo al pueblo Emberá Catío reclamado desde hace más de 7 años, mientras estos y las comunidades negras de Cacarica son afectadas por las operaciones inconsultas para la carretera panamericana dentro del proyecto Transversal de las Americas.
9. El Estado se obstina en no reconocer la legitimidad del pronuciamiento afirmando en la consulta del los pueblos del 27 de febrero 2009 en el que se rechaza rotundamente la extraccion minera en el Cerro sagrado Jaikatuma en el territorio del pueblo Embera Oibida del Resguardo Humanitario Ambiental- So Bia Drua – Urada Jiguamiando.
10. En el Municipio de Dabeiba, las familias desplazadas de los caseríos de La Balsita y de Antasales quienes desde 1998 viven en la Zona Humanitaria “El Paraíso” sin que exista ninguna garantía para el retorno seguro a sus territorios y se hayan asumido las deudas que los campesinos tienen con entidades bancarias. Entre tanto, la compra de tierras sigue realizando de los predios de origen de las familias desplazadas en donde se pretende desarrollar obras de infraestructura.
11. En el Putumayo, debido a la continuidad de la guerra interna y las graves afecciones del derecho humanitario y la falta de voluntad política del gobierno para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades campesinas del corregimiento Perla Amazónica representadas en la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica – ADISPA, de Puerto Asís – Putumayo, se vieron en la necesidad de levantarse en paro pacífico indefinido desde el 31 de marzo de 2011, concentrándose en la vereda Bajo Cuembí o Pedregosa. Declarando además el día 2 de abril el lugar de concentración como Espacio Temporal Humanitario, visibilizando éste con banderines blancos y un letrero que dice Población Civil, haciendo un llamado al gobierno nacional y a los actores en confrontación se respete este espacio humanitario en el marco del principio de distinción y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La solicitud de las comunidades de reconocimiento de Zonas de Biodiversidad y Zonas de Reserva Campesina.
12. En el municipio de Sucre, departamento del Cauca, las comunidades campesinas manifiestan su preocupación y rechazo a la conceción otorgada a la multinacional Anglo Gold Ashanti para la explotación minera del Cerro Negro, que afecta directamente el nacimiento de las múltiples fuentes de agua y del rio Mazamorras, que surte de agua el acueducto municipal.
13. En el municipio de Argelia-Cauca, estructuras paramilitares autodenominados rastrojos y aguilas negras han generado el desplazamiento masivo de cientos de familias en repetidas ocasiones desde el abril de 2008, municipio que cuenta con presencia permanente de la Policía y la 29 brigada del ejército. El gobierno colombiano no ha ofrecido las garantías ni condiciones para el retorno de estas familias, como tampoco ha prestado la atención humanitaria que requiere la población desplazada.
14. Expresamos nuestra solidaridad con la comunidad de Las Pavas a quien se les persigue judicialmente por la empresa Dabón beneficiada de alguna manera de operaciones paramilitares y de traficantes de drogas e igualmente en sus territorio se sembró palma con daños ambientales para negocios con la multinacional Body Shop
Así las cosas el plan de choque parece un plan de show, pues la ausencia de titulación o las posibilidades de restitución no enfrentan el carácter del uso de la habitación territorial enfrentado a las lógicas empresariales destructivas e impositivas de nuevas relaciones dentro del territorio y la nueva fase del paramilitarismo y la persistencia de la guerra interna.
Red de Alternativas
A la Impunidad o Globalización del Mercado
Abril 3 de 2011