Plan de asesinatos selectivos para impedir Restitución en curvarado
Actuaciones para empresariales con hombres armados en medio del anuncio de restitución de tierras, inicia nueva fase de cultivos de palma aceitera en la cuenca del Curvaradó.
Bogotá, D.C. 8 de abril de 2011
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministerio del Interior
MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
JUAN CAMILO RESTREPO
Ministro de Agricultura
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República
VIVIANE MORALES
Fiscal General de la Nación
SANDRA MORELLI
Contralora General de la Nación
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PÉREZ
Defensor del Pueblo
JUAN MANUEL OSPINA
Gerente del Incoder
“¿Por qué me haces ver la injusticia? La ley se desvirtúa y no aparece
la justicia” Habacuc 1, 3-4
Nuevamente nuestra Constancia Histórica y Censura Ética número siete, desde agosto hasta el día de hoy, dirigida a sus despachos.
El caso de Curvardó y Jiguamiandó muestra la imposibilidad de restitución efectiva de los territorios por la continuación de la presencia empresarial, apoyada por las actuaciones paramilitares amparadas en la acción y omisión de la Policía de Urabá y de la Brigada 17 del Ejercito. La esperanza de la restitución de los predios colectivos y del respeto a formas propias de sostenibilidad y de proyección agroecológica se encuentra enfrentada a un factor estructural enquistado desde 1996, que no ha sido extirpado, el paramilitarismo empresarial. Por el contrario, hay una especie de metástasis en todo el cuerpo institucional que por acción, comisión por omisión es parte de esa constitución de un Estado de hecho con formas aparentes de Estado de Derecho.
Les apelamos a tomar decisiones estructurales que enfrenten el plan sistemático de persecución que comprende operaciones de hostigamiento psicológico, amenazas de muerte, destrucción de bienes de supervivencia, ocupación de mala fe e invasiones, continuidad y ampliación de operaciones agroindustriales, montajes judiciales, difamaciones y desprestigio, tergiversación mediática y judicial, fraude en el censo poblacional, atentados e intentos de asesinatos selectivos (GUILLERMO DÍAZ, SANTANDER NISPERUZA, ENRIQUE PETRO) y conformación de estructuras paramilitares, expresión en su conjunto del control social territorial impositivo sobre los afrodescendientes, mestizos e indígenas, de lógicas paraempresariales en Curvaradó y Jiguamiandó, en medio de una institucionalidad permeada por la estrategia criminal sostenida a la sombras de la fuerza pública y el poder civil local y de la impunidad.
La conformación de nuevas formas del ejercicio del paramilitarismo empresarial se ha desarrollado contra los integrantes de los consejos menores de Curvaradó y Jiguamiandó que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad con operaciones criminales bajo el nombre de “águilas negras” al mando de “Franklin”, “Giovanni”, “Chivolo”; la creación de nuevos grupos de civiles armados encubiertos por parte de los empresarios ganaderos de “La Tukeka”, el mantenimiento de los grupos armados del coronel ® LUIS FELIPE MOLANO con reconocidos operadores paramilitares como PEDRO TORDECILLAS; los ganaderos JESUS ANTONIO LOPERA, WILLIAM RAMÍREZ y RODRIGO ALBERTO MEJIA, en medio de la presencia de la Fuerza Pública, brigada 17 y policía de Urabá, en Belén de Bajirá, Brisas de Curvaradó, Caracolí, La Y, Caño Manso, San Andrés, Santa María, Barranquillita, Nuevo Oriente, Mutatá.
El objetivo de dar cumplimiento al Auto del 18 de mayo de 2010 de la Corte Constitucional continúa enfrentándose a las lógicas paraempresariales que buscan a través del fraude en el censo de población, lograr su propósito de asumir el control de la autoridad comunitaria. Para tal efecto, se pretende hacer reconocer a familias como habitantes y propietarios de la zona rural, con propiedades, cuando nunca lo han sido y haciendo incurrir en error al gobierno Nacional, al pretender hacer reconocer como parte del territorio colectivo de Curvaradó y Jiguamiandó, a los pobladores el casco urbano de Cármen del Darién.
Combinada esta operación corrupta y la presión armada con la denegación a la atención humanitaria de Acción Social regional, que responsabiliza de la situación de no entrega de esa ayuda a las decisiones en derecho tomadas por la Corte Constitucional, medio de deslegitimación ante las comunidades, que se suma a las manifestaciones públicas en la ciudad de Bogotá, patrocinadas por los mismos sectores interesados en una restitución de predios a la medida de los intereses empresariales y de la estructura criminal.
La impunidad existente, el no avance efectivo de las investigaciones ni decisiones de fondo, en 15 años de violencia estratégicamente cimentada por el general ® RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS, consolidada en los años de la Seguridad “Democrática” y el Estado comunitario, con más de 140 crímenes, 15 desplazamientos forzosos, daños ambientales inconmesurables, la corrupción administrativa nacional y local que favorece a empresarios de la palma, la ganadería extensiva y el plátano con préstamos públicos adquiridos con fraude.
Hoy en medio del propósito de la “prosperidad democrática” que se pretende lograr, la seguridad de la fuerza pública es inseguridad, ésta continúa soportándose en estrategias del guerrero que usa la perversidad, la corrupción y la degradación para proteger la riqueza indebida, y proteger el enriquecimiento de los que han usado de la violencia.
Ante ustedes nuestra Constancia ante los hechos de persecución, que insistimos, refleja la continuidad y la sistematicidad del uso de diversas formas de violencia, para un modelo de Estado y de sociedad fundado en el uso de la ilegalidad, y el anuncio empresarial de nuevas formas de paramilitarismo:
Sábado 12 de febrero hacia las 3:00 p.m., un militar de la brigada 17 del ejército se acercó a la puerta de la Zona Humanitaria de Camelias buscando a través de un niño obtener información sobre los nombres de los líderes de la comunidad. En tres ocasiones esta actitud de militares se ha repetido con menores de la comunidad.
A eso de las 5:00 p.m., del mismo día, miembros de la Zonas Humanitaria se dirigieron hasta un campamento militar instalado en la Zona de Biodiversidad de la familia CHAVERRA para solicitarles dejar de involucrar a los niños como informantes, solicitarles retirarse de la propiedad privada, y la necesidad de proteger las propiedades de los daños causados por paramilitares. El militar que les escuchó manifestó no tener mando.
Posteriormente, los integrantes del concejo menor se dirigieron a Brisas de Curvaradó. Allí el teniente BASTIDAS les expresó no conocer de la ocupación de mala fe de los predios colectivos y agregó: “voy a pasar esta información a mi superior y les haré saber”.
Domingo 13 de febrero, entre a las 6:50 am. y las 12:00 p.m. integrantes de los concejos menores de Camelia y Andalucía, y observadores internacionales verificaron el aumento de daños ambientales causados por los invasores en los territorios colectivos.
Dos meses después de iniciada la ocupación ilegal de los territorios, promovida por empresarios con el apoyo de paramilitares y la inacción de la policía y el ejército, los daños han aumentado.
Se observó el talado de árboles protegidos, y de Caracolí. El transporte de listones (20) y tablas (84), protegidos en la Zona de Biodiversidad perteneciente a la familia GUZMÁN, ubicada entre la Cristalina y el puerto de Brisas. Se constató la instalación de 130 casas en plástico y 67 nuevos lotes delineados.
Martes 15 de febrero a las 10:50 am, vaqueros de la empresa ganadera “La Tukeka”, propiedad de la familia ARGOTE rompieron la cerca ubicada en el entorno de la Zona Humanitaria de Caracolí para dar paso al ganado.
Cuando la comunidad verificó los daños causados, fueron agredidos verbalmente por el administrador de la empresa de los ARGOTE, JOSÉ BUITRAGO y sus hombres amenazaron con usar sus machetes. Cuando intervino la brigada 17 que presenció tanto el corte de las cuerdas de las cercas como la agresión, la lideresa de la comunidad LIRIA ROSA GARCIA reclamó al cabo ESTUPIÑAN por los permanentes abusos y los daños en bienes de supervivencia. El cabo expresó que es responsabilidad de la policía actuar en estos casos, pues ellos solo están para proteger a la comunidad. La lideresa requirió al militar para acatar el auto 222 de 2 de la Corte Constitucional que ordena al Estado garantizar al Consejo comunitario de Caracolí garantizar protección y condicones para la estabilización socieconómica.
Hacia las 2:30 pm el cabo ESTUPIÑAN se comunicó con la policía y respondieron que no podían hacer presencia en el lugar por no contar con la autorización del coronel DÁVILA, mando de la policía de Urabá.
A eso de las 4:00 p.m. ante la ausencia de actuación por parte de la fuerza pública la comunidad sacó el ganado de sus predios.
Esta nueva actuación empresarial con la omisión de la fuerza pública se suma a la destrucción de la puerta, el puente y otras alambradas levantadas por el concejo menor de Caracolí para proteger sus siembras de pan coger del ganado de los ocupantes de mala fe.
jueves 17 de febrero hacia las 12:00 p.m. en el sector conocido como La Raya, consejo menor de Caño Claro, territorio colectivo de Curvaradó, arribaron hasta la finca “La Nueva”, propiedad de la familia RAMOS y a la finca “El Lejano Oriente” de la familia CAVADÍA, una mujer y el administrador de bienes de los ocupantes de mala fe y empresarios de la ganadería extensiva RODRIGO MEJÍA, WILLIAM RAMÍREZ.
El administrador expresó a los legítimos y legales propietarios advirtiendo que iba arrear el ganado hacia las siembras de pan coger y les daba 20 días para desocupar, precisó amenazando, que deberían “como sacar la cosecha de yuca”. Terminado el plazo, si no se iban él no respondía de lo que pudiera suceder.
La familia CAVADIA desde hace 4 años regresó a sus tierras, luego del desplazamiento forzado. Estos habitantes del Consejo Comunitario de Andalucía Caño Claro, abandonaron su lugar de origen por presión de los empresarios MEJÍA.
MEJÍA es el reconocido gerente de la Subasta Ganadera del Urabá Grande, “SUGANAR S.A”, públicamente ha defendido las actuaciones del General ® RITO ALEJO DEL RIO http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-el-uraba-de-rito-alejo-del-rio obtenida 8 de abril de 2011 8:09 a.m., y participó en el diseño para la incorporación de los “desmovilizados” del paramilitarismo en la economía del Urabá http://www.reintegracion.gov.co/Es/prensa/noticias/Paginas/090938.aspx Obtenida 8 de abril de 2011 8:15 a.m.
Viernes 25 de febrero en horas de la mañana integrantes de los consejos menores de Curvaradó, junto con observadores internacionales, constaron la existencias de un vivero y de una nueva plantación de palma aceitera, de aproximadamente siete hectáreas en el caserío de Cetino.
De acuerdo con la información, corroborada con diversas fuentes, el vivero es propiedad del gerente Regional de la CI Unión de Bananeros de Urabá, UNIBAN, JESÚS CORREA PÉREZ.
Martes 1 de marzo hacia las 8:40 a.m., en inmediaciones de la Zona Humanitaria de Caracolí, el primero ORTÍZ de la brigada 17 del ejército comunicó a través de su teléfono celular al campesino ÁLVARO GONZÁLEZ, legítimo propietario de mejoras en los predios del consejo menor de Caracolí con la empresaria de la ganadería extensiva, ocupante de mala fe, CLAUDIA ARGOTE.
En tono alterado la empresaria manifestó al integrante del consejo menor que ella era la dueña de la tierra y que si era necesario enviaría entre 80 y 100 hombres armados para recuperarla. Aseguró que ya contaba con 20 hombres y la policía de Urabá conocía de su decisión. Advirtió que a ella le podrían demandar pero “las justicia no podría hacer nada” y preciso que sus armados ya estaban legalizados.
ÁLVARO integrante del consejo comunitario semanas atrás cercó su espacio tradicional de habitación para evitar que el ganado de los ARGOTE continuará dañando sus cultivos de pan coger. En respuesta los ocupantes de mala fe de la empresa “La Tukeka” CLAUDIA y ANTONIO ARGOTE, enviaron a sus trabajadores a destruirlos, entre estos, se reconoció a JOSÉ BUITRAGO.
Martes 1 de marzo hacia las 9:00 a.m. en inmediaciones de la Zona Humanitaria de Caño Manso, seis hombres con arma corta y de civil, entre los que se encontraban, los reconocidos como participantes en operaciones paramilitares, PEDRO TORDECILLAS y NORBERTO NARVÁEZ, quienes trabajan al servicio del coronel ® LUIS FELIPE MOLANO, amenazaron al integrante del consejo menor, LEVIS MERCADO. Los armados le ordenaron no sembrar más en sus tierras y sacar el ganado que pastaba en el lugar.
En horas de la tarde, estos dos armados que protegen la ocupación de mala fe, fueron retenidos por el ejército. A eso de las 3:00 p.m. fueron puestos en libertad, los militares expresaron que no existían órdenes de captura en contra de estas dos personas.
TORDECILLAS trabajó con la empresa Palmas de Curvaradó, propiedad del detenido GABRIEL JAIME SIERRA e intervino en amenazas e intimidaciones contra habitantes de las Zonas Humanitarias de Curvaradó y Jiguamiandó.
Según Caracol Radio, el 13 de marzo de 2009, PEDRO TORDECILLAS GUTIÉRREZ, estaba investigado en el juzgado penal del circuito Número 1 de Apartadó, por fabricación, tráfico y porte de arma de fuego; también procesado por la Fiscalía Especializada Número 5 de Bogotá, por concierto para delinquir y por la Fiscalías Tercera y Quinta Especializadas de Yopal Casanare, por el delito de extorsión. http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=777423
Obtenido 8 de abril de 2011 8:00 a.m.
Miércoles 2 de marzo hacia las 9:30 a.m., nuevamente los ocupantes de mala fe en cabeza de TORDECILLA se acercaron a la casa del campesino SILVIO MERCADO, lo amedrentaron y le ordenaron retirar el ganado.
Jueves 3 de marzo hacia las 12:00 p.m. siete hombres, entre los que se encontraba TORDECILLA, llegaron hasta la casa de la integrante del consejo menor de Caño Manso, DÁLIDA SÁNCHEZ, cerca al lugar conocido como la “Y”. TORDECILLAS aseveró: “esta es la orden, sacar el ganado que no sea del patrón” arreando de manera inmediata el ganado.
Mientras los trabajadores de los ocupantes de mala fe cumplían “la orden del patrón” la pobladora hizo llegar al ejército el mensaje de la situación exigiendo su intervención. Al cabo de una hora TORDECILLAS regresó y le manifestó a la campesina: “el ejército ya me llamo y me informó” enfatizando que era inútil exigirles a ellos actuar.
Sábado 5 de de marzo en horas de la noche y hasta la mañana del domingo 6 de marzo, 150 reces de los ocupantes de mala fe CLAUDIA ARGOTE y ANTONIO ARGOTE, destruyeron una hectárea de maíz y afectaron cultivos de plátano, yuca y patilla de propiedad del campesino ÁLVARO GONZÁLEZ dentro de la comunidad de Caracolí, título colectivo del Curvaradó.
Sábado 5 de marzo hacia las 12:00 p.m y por segunda ocasión el empresario de la ganadería extensiva RODRIGO MEJÍA arribó hasta la finca El Lejano Oriente, mejora de la familia CAVADIA, en el territorio del consejo menor de Caño Claro, caserío de La Raya. MEJÍA llegó acompañado del empresario WILLIAM RAMÍREZ y de hombres a su servicio, entre ellos el conocido como ELISEO CANTERO, quien junto a otros portaba arma corta.
Al no encontrar a la familia CAVADIA, MEJÍA se dirigió hasta la vivienda de la familia RAMOS, donde preguntó por la señora ESTHER. Posteriormente, se dirigieron a la casa de ELIÉCER REYES RAMOS, a quién amenazaron y advirtieron que, debía sacar la mayor cantidad de cultivo de yuca porque “no le vamos a permitir trabajar más aquí” (…) “el lunes o martes de la semana entrante meteremos el ganado en esas tierras”. Posteriormente, se retiraron en sus vehículos, pasando por el puesto de control de la brigada 17 en Brisas de Curvaradó, sin que se les hiciera registro alguno.
Domingo 6 de marzo hacia las 11:30 a.m., el director de Acción Social de Urabá, LUIS MARIO GAVIRIA, explicó en reunión sostenida en Apartadó que la razón por las que se paralizó el proceso de retorno de desplazados del Jiguamiandó y la entrega de “ayudas” era el Auto de la Corte Constitucional del 18 de mayo de 2010.
El funcionario público recomendó al Consejo de Jiguamiandó realizar un escrito en el sentido que interpreta la oficina jurídica de Acción social, según la cual “la atención hasta que no se hagan los censos debe parar”. Precisó que, así lo interpretaron varias entidades del Estado” (…) “es preciso aclarar que fue el Auto el que paralizó las cosas” (…) “Entonces eso está en la mano de ustedes para que comience a avanzar, el Auto de la Corte nos ha frenado feo, pero si hay animo de trabajo el auto de la Corte cambia” (…) “Hay un embolate maluco de la Corte por qué ¿cómo es posible que el auto prohíba la entrega de ayudas humanitarias hasta que no aclare el tema del censo?”
Lunes 7 de marzo hacia las 8:30 a.m. integrantes del consejo menor comunitario que habitan en la Zona Humanitaria de Caracolí escucharon los reclamos de agentes de policía del por qué se les requiere permanentemente para resolver problemas con la familia ARGOTE.
Lunes 7 de marzo hacia las 4:30 p.m. un administrador del empresario, ocupante de mala fe, RODRIGO MEJÍA, llegó a la vivienda del integrante del consejo menor, ELIÉCER REYES a quien le ofreció dos millones de pesos ( U$ 1.067) para que vendiera su cosecha y abandonara su lugar de habitación, el objetivo empresarial es convertirla en bodega. El propietario legítimo se negó a aceptar la oferta.
Hacia las 6:30 p.m. la situación fue puesta en conocimiento de la Defensoría del Pueblo.
Lunes 7 de marzo hacia las 7:00 a.m. a través del noticiero radial Apartadó Estéreo, GERMÁN MARMOLEJO y ROBISON BLANDÓN, dentro de la estrategia de difamaciones, de calumnias, de injurias y de distorsión, se refirieron contra los integrantes de los consejos menores que habitan de las Zonas Humanitarias.
MARMOLEJO expresó que los integrantes de las Zonas Humanitarias guardaron silencio frente a la ocupación de mala fe que se viene produciendo contra los pobladores de Camelias. Sostuvo además que los consejos menores de las Zonas Humanitarias prohiben el corte de madera como parte de una estrategia implementada por la guerrilla en complicidad con la Comisión de Justicia y Paz. Y finalmente, invirtiendo la verdad, afirmó que nuestra Comisión de Justicia y Paz era responsable de traer los invasores al territorio.
BLANDÓN por su parte sostuvo que nuestra Comisión de Justicia y Paz se enriquecía con el dinero de los proyectos que gestionaba nacional e internacionalmente. Afirmó además que por nuestra organización jamás las comunidades no tenían desarrollo y que el auto de la Corte Constitucional perjudicaba a los afrodescendiente, razón por la cual una delegación viajó a Bogotá a protestar contra esta y contra nuestra Comisión de Justicia y Paz.
Lunes 7 de marzo hacia las 8:00 a.m. el ocupante de mala fe, WILIAM RAMÍREZ, anunció a las familias CAVADÍA y RAMOS que su negocio de ganado va a continuar sin importar el daño que cause a las cosechas.
Miércoles 9 de marzo hacia 6:30 a.m. SANTANDER NISPERUZA aserraba madera en la mejora del integrante del consejo menor de Caño Manso, ALFONSO SAYA, cuando PEDRO TORDECILLAS, “desmovilizado” de los grupos paramilitares, le prohibió seguir trabajando en el lugar. SANTANDER respondió que contaba con la autorización del propietario para aserrar 4 rastras de madera. TORDECILLAS le advirtió que ya conocía de la prohibición.
Miércoles 9 de marzo después de las 7:00 a.m. aproximadamente en la emisión radial del noticiero Apartadó Estéreo de la cadena Caracol Radio, JAIME BEITAR, durante 14 minutos, lanzó falsas acusaciones en contra de la Comisión de Justicia y Paz. Afirmó que DANILO RUEDA, ABILIO PEÑA, el Padre ALBERTO FRANCO y el padre JAVIER GIRALDO no eran defensores de derechos humanos sino violadores de los mismos, “ladrones de recursos”. Sostuvo que eran “bandidos” que habían traído “hambre, ruina y muerte”. Responsabilizó a los nombrados integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, como responsables del asesinato de MANUEL MOYA y GRACIANO BLANDÓN.
Además aseguró, faltando a la verdad, que un sacerdote de Bogotá de quien no dio su nombre y un miembro de Human Rigth Wasch de nombre VIVANCO, manifestaron no estar de acuerdo con la labor que realiza nuestra Comisión de Justicia y Paz.
Miércoles 9 de Marzo hacia las 8:00 a.m. Cerca a la Y del camellón que conduce a Caño Manso, PEDRO TORDECILLAS y sus hombres irrumpieron rompiendo la cerca de alambre de propiedad del integrante del consejo menor JESÚS MERCADO. El campesino solicitó que no rompieran el alambre porque el ganado se comía las cosechas. TORDECILLAS respondió: “usted no puede seguir trabajando aquí” (…) “nosotros venimos a trabajar con la orden de la administración, esto tiene que quedar como estaba sin casas, ni ganado, ni plátano, en año y medio, la tierra ya va a quedar limpia” .
Hacia las 10:00 a.m. el reconocido paramilitar y sus hombres arribaron a la Zona de Biodiversidad del campesino CARLOS HERNÁNDEZ. En el lugar llamaron a ALFONSO SAYA, y el reconocido paramilitar le manifestó que debía “sacar ese ganado de la finca”, le advirtió: “no queremos problemas, además si los quisiera pelar (asesinar), ya lo hubiéramos hecho”.
Ese mismo día en la mañana obligaron al campesino GUILLERMO BAUTISTA, quien trabajaba en la finca del BENJAMÍN GÓMEZ, asesinado por paramilitares, a que se desplazara bajo el argumento que no tenía tierras en el lugar y por tanto no tenía que reclamar. Inmediatamente, TORDECILLAS y sus hombres quitaron el alambre que protegía sus cosechas de maíz, yuca, plátano frijol y arrearon el ganado para que lo consumiera.
Viernes 11 de marzo hacia las 6:40 a.m., en inmediaciones de la Zona Humanitaria de Caño Manso, PEDRO TORDECILLAS junto a tres hombres más, luego de departir con efectivos de la brigada 17 del ejército que se encontraban en el lugar, se dirigieron a la casa de los administradores ocupantes de mala fe al servicio del coronel ® LUIS FELIPE MOLANO.
Minutos después caminaron hacia la Zona de Biodiversidad del campesino ANDRÉS LANCE y procedieron a cortar alambres y romper los estacones de madera con que cercaban el área de cultivos de pan coger que impedían que el ganado causara daños a las cosechas.
A las 8:30 a.m., luego de tres horas de insistencia, ante la agresión de los ocupantes de mala fe, el ejército en cabeza del cabo RODRÍGUEZ se dirigió al lugar a verificar la situación. Al regresar, el efectivo regular manifestó que había pedido a los agresores que suspendieran el trabajo, sin que estos acataran la solicitud.
Hacia las 9:30 a.m., luego del diálogo del ejército con los ocupantes de mala fe, los invasores procedieron a destruir una casa que se levantaba en la Zona de Biodiversidad de ANDRÉS LANCE, hurtando 200 metros de alambre, destruyendo la motosierra, y tres vigas de madera que sostenían la vivienda que fue construida con recursos donados por la Unión Europea y la agencia británica Christian Aid.
Nuevamente, hacia las 11:30 a.m. integrantes de los consejos menores, propietarios de las tierras, junto con Peace Brigades International y nuestra Comisión de Justicia y Paz, solicitaron la actuación del cabo RODRÍGUEZ de la brigada 17, recordando que el Auto de la Corte Constitucional del 18 de mayo, en el que se expresa el impedimento del desarrollo de cualquier actividad o negocio dentro de los territorios del Curvaradó y Jiguamiandó.
Luego de insistir, el militar llegó al espacio donde se encontraban los ocupantes de mala fe y detuvo temporalmente sus trabajos. El efectivo regular coincidiendo con las expresiones de PEDRO TORDECILLAS, sostuvo que mientras se define el censo y se da la restitución de las tierras, ellos podrían seguir adelantando las actividades sobre los territorios.
Sábado 12 de marzo en horas de la tarde, un miembro de la brigada 17 del ejército prestó el servicio de peluquería al ocupante de mala fe, administrador del coronel ® LUIS FELIPE MOLANO, JOSÉ LUIS HOMERO.
Domingo 13 de marzo hacia las 11:00 a.m. el empresario ganadero ANTONIO LOPERA ingresó a la comunidad de Apartadocito, en el Curvaradó, cerca a la comunidad de Llano Rico con 6 reconocidos paramilitares portando armas cortas con las que hicieron disparos al aire. Para llegar y salir del lugar, los armados pasaron por el retén de la policía en Pavarandó sin que mediara registro alguno.
Domingo 13 de marzo hacia la 1:00 p.m. en Belén de Bajirá, SANTANDER informó a los compradores de madera , que no les podría vender más madera porque el paramilitar PEDRO TORDECILLAS se lo había impedido. Él respondió que hablaria con estos.
Martes 15 de marzo hacia la 1:30 pm. y hasta las 3:00 p.m. PEDRO TORDECILLAS con seis hombres más, arribó a la casa de los administradores al servicio del coronel ® LUIS FELIPE MOLANO donde se reunieron con efectivos de la brigada 17 del ejército.
Miércoles 16 de marzo a las 7:30 a.m., nuevamente, PEDRO TORDECILLAS con sus hombres pasaron por la casa de los administradores al servicio de coronel ® LUIS FELIPE MOLANO y a los pocos minutos se dirigieron hacia la Zona de Biodiversidad del campesino OBERTO BELTRÁN destruyendo las cercas.
Hacia las 9:20 a.m., destruyeron la valla que identifica la Zona de Biodiversidad del campesino ANDRES LANCE. Tres mujeres de la Zona Humanitaria de Caño Manso PAOLA LANCE, NOHEMY MESA y NANCY SIERRA , manifestaron a los militares de la brigada 17 la situación y estos respondieron que no podían intervenir porque su comandante no se encontraba en el lugar.
Ante la inacción del ejército las habitantes de la Zonas Humanitaria se dirigieron a PEDRO TORDECILLAS y a sus hombres exigiéndoles respeto a su propiedad y al auto de la Corte. Estos respondieron: “tenemos que defender lo del patrón como sea”.
Miércoles 16 de marzo hacia las 2:00 p.m., a una hora de la Zona Humanitaria de Camelias, en la finca conocida como “La Chorola”, perteneciente a MILA GUZMÁN y SEGUNDO CUADRADO, del consejo comunitario de Camelias, ocupantes de mala fe prendieron fuego a los cultivos de maíz para autosostenimiento quemando en promedio cuatro hectáreas sembradas.
Este atropello a la seguridad alimentaria de habitantes de la Zona Humanitaria de Camelias se dio en momentos en que se desarrollaba, en el lugar humanitario, la primera reunión de concertación de metodología del censo entre comunidades y gobierno en el marco del cumplimiento de auto de la Corte Constitucional 418, del 18 de mayo de 2010.
Jueves 17 de marzo hacia las 8:00 a.m. un amigo de la familia CUADRADO, en la finca la Chorola del Consejo Comunitario de Camelias, se disponía a recoger el maíz, e invasores del grupo liderado por ANTOLIANO GARCÍA, le manifestaron que no podía coger ese maíz pues les pertenecía a ellos.
Jueves 17 de marzo a las 10:00 a.m. en el caserío Santa María SANTANDER NISPERUZA fue informado que reconocidos paramilitares, entre ellos, PEDRO TORDECILLAS, elaboraron una lista de cuatro personas que serian asesinados, entre ellos él.
Viernes 18 de marzo hacia las 7:30 a.m., SANTANDER NISPERUZA se dirigía en motocicleta hacia Brisas de Curvaradó cuando en el portón de salida de Caño Manso observó a PEDRO TORDECILLAS con cuatro paramilitares más, que operan en Santa María.
Minutos después en el trayecto entre San Andrés y Campo Alegre encontró un grupo de once personas que observaban el cadáver de una persona.
Esta información SANTANDER la dio a conocer a una funcionaria del ministerio del Interior que participó en la visita de los ministros GERMÁN VARGAS LLERAS, del Interior y JUAN CAMILO RESTREPO de Agricultura. SANTANDER compartió la información sobre la lista de las personas que serian asesinadas por los paramilitares.
Viernes 18 de marzo en horas de la tarde en Carmen del Darién en desarrollo de la visita realizada por el Ministro de Interior y Justicia GERMÁN VARGAS LLERAS y el Ministro de Agricultura JUAN CAMILO RESTREPO a ese municipio, estuvieron presentes varios de los promotores y participes de la concentración contra la Corte Constitucional, las Zonas Humanitarias del Curvaradó y Jiguamiandó y nuestra Comisión de Justicia y Paz. Entre ellos testigos identificaron a quiénes han participado de campañas mediáticas y como falsos testigos para favorecer al general ® RITO ALEJO DEL RIO. Uno de los participantes, faltando a la verdad, manifestó a la comitiva gubernamental: “entre a la página web de Justicia y Paz, dice que somos paramilitares”.
Sábado 19 de marzo en horas de la mañana en Belén de Bajirá el reconocido paramilitar PEDRO TORDECILLAS manifestó que las mujeres PAOLA LANCE, NOHEMY MESA y NANCY SIERRA de Caño Manso han impedido acabar con las “Zonas de Biodiversidad en Caño Manso” y esas “h.p por estar jodiendo ya las tenemos señaladas y cuando den papaya las pelamos”.
Lunes 21 de marzo entre las 9:00 a.m., y las 10:30 a.m., 6 hombres del Coronel (r) LUIS FELIPE MOLANO ingresaron a la mejora de JORGE ELIÉCER MERCADO integrante del consejo Menor de San Andrés destruyendo las cercas de alambre de protección de las siembras de pan coger y apropiándose del mismo. A pesar de las suplicas de MERCADO estos les respondieron: “estamos cumpliendo órdenes del patrón”.
Lunes 21 de marzo hacia las 12:30 p.m., El paramilitar conocido como “Tangarife” administrador de la finca de los ocupantes de mala fe Villa Alejandra 1, arreo ganado hacia la Zona de Biodiversidad de CARLOS HERNÁNDEZ en el lugar conocido como “La Y”.
Lunes 21 de marzo hacia las 7:00 p.m., se conoció en Pavarandó de la existencia de un plan para acabar con la vida del campesino GUILLERMO DÍAZ, integrante de la Zona Humanitaria Argenito Díaz” en Llano Rico.
GUILLERMO, hermano del líder asesinado ARGENITO DÍAZ, según la fuente, sería asesinado por LEONEL SUESCÚN HOLGUÍN conocido con el alias de “El Palomo”. Este posible responsable del crimen permanece con tres hombres más en la casa del empresario RAMIRO QUINTERO en Llano Rico.
Martes 22 de marzo hacia las 9:20 p.m., se conoció que trabajadores del empresario RODRIGO MEJÍA alambraron cerca de 80 hectáreas de las dos mejoras de los integrantes del consejo menor Andalucía Caño Manso, de la familia CAVADÍA y RAMOS.
Martes 22 de marzo hacia las 2:00 p.m. se conoció de la existencia de un peaje permanente cerca a la comunidad de Cetino, cuenca del Curvaradó, en la vía que conduce hacia el casco urbano de Belén de Bajirá. En este retén ilegal se encuentra el reconocido paramilitar ANDRÉS MORENO, junto a otros hombres.
Miércoles 23 de marzo desde las 8:00 a.m., vaqueros al servicio del empresario de la ganadería extensiva RODRIGO MEJÍA manifestaron que entre ese día y los subsiguientes estarían ingresando ganado a las fincas de las familias RAMOS y CAVADIA en el sector de la Raya, comunidad de Andalucía-Caño Claro , territorio Colectivo del Curvaradó.
El mismo día desde las 7:00 a.m., 17 hombres al mando de TORDECILLAS destruyeron las cercas de los integrantes del consejos comunitario MIGUEL MERCADO en el sector de la Y contiguo a la comunidad de Caño Manso.
Viernes 25 de marzo a las 10:00 a.m. en la ciudad de Bogotá, nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada que los empresarios palmeros con prisión domiciliaria dentro del proceso 3856, entre ellos GABRIEL JAIME SIERRA MORENO, están desarrollando una estrategia de presión y o de acercamiento a víctimas del despojo para que declaren a su favor.
Para tal fin, y con el objetivo de desviar la investigación y lograr la libertad, los nuevos testimonios de las víctimas del despojo deben negar la responsabilidad de los empresarios y estos a cambio les ofrecen participar en negocios de ganadería, de palma y otros. La estrategia debe realizar antes de que exista una sentencia.
De acuerdo con las fuentes, trabajadores de los empresarios, informantes, y participantes de operaciones paramilitares, entre otros, son parte de las personas que realizaran este trabajo. Entre ellos se nombró a CRISTÓBAL MARTÍNEZ, DANILO MURILLO, MANUEL GREGORIO DENIS, GUSTAVO MARTÍNEZ, GERMÁN MARMOLEJO, JUAN PABLO SIERRA. Estas personas se encargan de realizar los acercamientos a los testigos para que estos se contacten con los abogados de los acusados.
El empresario SIERRA, según, expresaron los testigos, en muestra de su nueva actitud ha ofrecido c mercados, dinero para viajes, y aportes para pequeños proyectos. A través de sus intermediarios este ha indicado que está dispuesto a dialogar directamente y concertar reuniones con su apoderado para que todo sea “conforme a la ley”.
Domingo 27 de marzo hacia las 11:00 a.m. SANTANDER llegó a Belén de Bajirá y se encontró con los compradores de madera en un kiosco de palma, distante a 100 metros del parque. Al lugar llegaron dos paramilitares enviados por el conocido como “Chibolo” quien advirtió a SANTANDER “debe tener mucho cuidado porque hay mucha plata de por medio entre Franklin, PEDRO TORDECILLAS y los empresarios”.
Luego, le indicaron a SANTANDER ir al frente del supermercado “El Vaticano”, a 500 metros del parque principal, donde se encontraba el llamado“Franklín”, estaba acompañado por cuatro paramilitares más, uno con radio de comunicación y los demás con bolsos en los que portan las armas.
“Franklin”sostuvo: ¨ Yo en esa zona de Caño Manso no mando, por allá el que tiene el mando es Tordecillas, porque es avalado por los empresarios, quien lo manda a el es el Secretario, Narcioso, Homero ¨, todos trabajadores al servicio del coronel ® LUIS FELIPE MOLANO y agregó sobre la situación de SANTANDER que :¨yo no se de listas, aquí estuvo NARCISO y HOMERO hablando de usted diciendo que usted está metido en tierras que no son suyas pero fresco que nosotros no tenemos problemas con usted, pero ojo con TORDECILLAS ¨.
Hacia las 11:25 a.m. se retiraron del lugar.
Domingo 3 de Abril hacia las 10:00 a.m. SANTANDER NISPERUZA llegó al parque principal de Belén de Bajirá proveniente de Caño Manso donde permaneció a la espera de un giro bancario.
A eso de las 10:30 a.m. NARCISO HOMERO se acercó intimidatoriamente hasta rozarle Posteriormente se reunió luego con SAMIR y otros trabajadores de los ocupantes de mala fe que provenían de Caño Manso.
A menos de 50 metros de distancia se encontraba el llamado “Franklín” junto con otros cinco paramilitares. Luego de reconocer a SANTANDER los paramilitares se dispersaron y el administrador y trabajadores de Villa Alejandra 1 permanecieron en un kiosco contiguo al parque.
Hacia las 3:00 p.m. un amigo de SANTANDER que se encontraba en el kiosco de palma escuchó hablar al jefe paramilitar cuando los hombres bajo su mando le preguntaron qué hacer con este poblador, y él respondió:” tranquilos, que ya vamos a hacer esa vuelta ¨. Al escuchar esta decisión el amigo salió en búsqueda de SANTANDER para informarle.
Uno de los paramilitares señaló a SANTANDER e inmediatamente otro sacó un arma corta y se acercó hasta el lugar donde este se encontraba, junto con dos amigos, apuntándoles con el arma.
En ese momento una patrulla de policía se movilizaba por el lugar y el paramilitar esconde el arma y disimulando solicita a SANTANDER una carrera como si este fuera un mototaxista.¨oiga, hágame una carrera ¨. Uno de los campesinos le respondió ¨ no ve usted que ahí están las moto taxis y el no puede porque va con nosotros y ya nos vamos, ¿porque no va en una moto taxi?¨
Aprovechando la presencia de la policía los campesinos encendieron la moto y llegaron hasta un lugar en el que SANTANDER se refugió por toda la noche. Los paramilitares entre tanto, ordenaron una operación de búsqueda y de monitoreo de la vía que conduce hasta la Zona Humanitaria de Caño Manso.
Domingo 3 de abril, aproximadamente a las 10:00 p.m. luego de corroborar la información del plan de asesinato contra SANTANDER NISPERUZA, nuestra Comisión de Justicia y Paz se comunicó con el director de derechos humanos y derecho internacional humanitario, el Dr HUMBERTO ULLOA.
Minutos después cuando se le pretendía informar del lugar en donde se encontraba el perseguido NISPERUZA, nunca se logró volver a tener comunicación y a la fecha no ha exstido comunicación alguna tendiente a explicar por qué nunca se volvió a comunicar con nuestra Comisión de Justicia y Paz, para atender la necesidad de una respuesta urgente.
Entre las 9:45 p.m. y las 10:00 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz, se comunicó telefónicamente con el director de Derechos Humanos de la VicePresidencia de la República, doctor, HERNAN ULLOA, para informar de la situación de riesgo de SANTANDER y requerir su intervención para la protección de la vida de este poblador.
Lunes 4 de abril a primera hora de la mañana, la directora de Derechos Humanos, del Ministerio del Interior, MARÍA PAULINA RIVEROS, se comunicó con nuestra Comisión de Justicia y Paz, en respuesta a una llamada de nuestra organización e intervino de manera inmediata.
Por esta actuación, hacia el medio día SANTANDER fue escoltado por la policía desde su lugar de refugio hasta Apartadó. SANTANDER hoy se encuentra refugiado en Bogotá.
Miércoles 6 de abril hacia las 10:00 a.m., nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció de un plan para cometer asesinatos selectivos de los habitantes que han regresado a Caño Manso.
De acuerdo con la fuente que participó de la reunión en Belén de Bajirá, los paramilitares al servicio de los ocupantes de mala fe, se distribuirían en cuatro grupos para asesinar a habitantes de las Zonas Humanitarias que se encuentren realizando sus labores agrícolas fuera de los lugares humanitarios.
Esta estrategia selectiva pretende evitar una fuerte reacción internacional y evita inculpar a las fuerzas armadas que se encuentra permanentemente al frente de la Zona Humanitaria de Caño Manso.
A estos hechos se suma otros que le han antecedido como amenazas, operaciones empresariales dentro de los territorios comunales, inacción y tolerancia de la fuerza pública con paramilitares situaciones que demuestran el desconocimiento del Auto de la Corte Constitucional.
Jueves 7 de abril desde las 7:30 a.m. y hasta las 11:30 a.m. en Belén de Bajirá el integrante del consejo menor MANUEL ENRIQUE PETRO fue perseguido por hombres que se movilizaban en dos motocicletas de la cooperativa ASOMOBA, en la que opera el reconocido paramilitar DUMI RUÍZ, quien en el momento de la persecución se encontraba en la sede de los mototaxistas.
DUMI RUÍZ participó anteriormente en un plan para asesinar a PETRO con arma blanca. Mientras avanzaba el seguimiento, el paramilitar permanecía sentado al frente de la oficina de la cooperativa, ubicada en la calle principal al frente del parque.
Hacia las 11:30 a.m. ENRIQUE PETRO abordó una motocicleta de confianza con destino a Brisas de Curvaradó. A la altura de la estación de policía fue alcanzado por al administrador de la empresa de mototaxistas quien manifestó al conductor que no podía transportar a nadie sin su autorización.
A eso de las 12:30 p.m. ya en Brisas de Curvaradó, ENRIQUE PETRO denunció a la policía que los paramilitares lo estaban persiguiendo en Belén de Bajirá, les aseguró que la policía sabía que la mayoría de mototaxistas estaban controlados por paramilitares. Los policías le manifestaron a ENRIQUE PETRO que debía hablar de eso con su comandante en Belén de Bajirá.
Según un testigo, el mismo DUMI RUIZ, de la empresa de mototaxistas ASOMOBA, estuvo entregando un dinero al Cabo del ejército CORREA en la noche del 6 de abril siendo las 7h30 p.m., en nombre de la ganadera Claudia ARGOTE en Caracolí.
Jueves 7 de abril hacia las 8:00, en inmediaciones de la Zona Humanitaria de Caño Manso, fue abordado JULIANO NISPERUZA, hermano de SANTANDER, por uno de los trabajadores al servicio de los administradores implicados en los señalamientos e intento de asesinato de SANTANDER y le preguntaron “¿donde está su hermano, se ha ido, la mujer se le fue que no la hemos visto?
Viernes 8 de abril hacia las 11:30 a.m. un desconocido ingresó sin autorización y a escondidas por uno de los extremos de la Zona Humanitaria de Caño Manso, por el lugar de habitación de SANTANDER NISPERUZA, sin que hubiera sido percibido por los integrantes del consejo menor.
El desconocido muy cerca del lugar de salida del espacio humanitario preguntó a algunas mujeres por los hombres del consejo menor y salió hacia las 11:35 a.m.
El acceso lo realizó el extraño a cerca de 5 metros del lugar donde se encuentra un grupo de militares, entre ellos, un Sargento de la brigada 17. Los efectivos regulares no realizaron acción alguna de control.
Viernes 8 de abril en horas de la mañana, nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá, recibió información según la cual, empresas vinculadas con el sector minero, meses atrás, iniciaron operaciones en obras de infraestructura y extracción minera. Para tal efecto se abrió una carretera entre Pavarandó y Uradá. De acuerdo con la fuente, se han afectado propiedades de comunidades negras y resguardos indígenas.
Estas operaciones benefician a la empresa canadiense Sunward Resources Ltd, que al parecer ha realizado acuerdos de adquisición con la Gold Plata Mining Internacional Corporation (Gold Plata Mining) con base en Panamá, propietaria del 100 % de la Muriel Mining Corporation de los Estados Unidos.
También se conoció que esta empresa canadiense Sunward Resources Ltd, tiene una opción para adquirir por Goldplata el 100 de la Muriel que, a su vez, tiene un convenio con la multinacional britani Australiana Rio Tinto con opción de de adquirir el 70 por ciento de los proyectos de la Muriel, entre ellos el proyecto Mande Norte.
Estas operaciones se realizan sin consentimiento de las comunidades indígenas y afromestizas como lo contempla el acuerdo 169 de la OIT e igualmente es un desacato al del auto del 18 de mayo de 2010 de la Corte Constitucional sobre las comunidades negras de Jiguamiandó y a la decisión de la Corte Constitucional que ampara a las comunidades indígenas Emberá de Alto Guayabal.
Nuestra Censura Ética ante la persistencia de operaciones paraempresariales, sostenidas, en el temor, la complacencia, el consentimiento de los poderes civiles y la aquiescencia y conexidad de la fuerza pública con esos intereses inconfesables que se protegen con ilegalidad, con evidentes omisiones para hacer cumplir la ley y actuar en derecho. La operación de asesinatos selectivos se ha logrado evitar por circunstancias ajenas a la eficacia institucional para prevenir daños irreparables a la vida e integridad personal, pues los factores estructurales del entramado criminal siguen vivos. GUILLERMO DÍAZ, SANTANDER NISPERUZA y ENRIQUE PETRO han sobrevivido a planes criminales debido al conocimiento de información de personas de sus círculos de amistad, a la valentía para enfrentar las situaciones concretas.
Nuestra Censura ética ante las operaciones paraempresariales, divergiendo de los diagnósticos institucionales no se trata de Bacrim sino de la consolidación o no del proyecto puro y duro del paramilitarismo que hoy se continúa en una nueva fase del control social territorial militar por parte de los paraempresarios y que pretende mantener el control político institucional en octubre próximo, de eso se trata: del derecho o del Estado de Hecho empresarial.
Nuestra Censura Ética ante la voluntad reiterada y manifiesta de la restitución de los predios colectivos de sectores del poder ejecutivo que es desconocida con diversos artilugios por las autoridades locales como la renuncia de la Inspectora municipal de Carmen del Darién luego de actuar en derecho ordenando el desalojo de los ocupantes de mala fe en Camelias, y la ausencia d un poder institucional incapaz de ordenar a la comandancia de la policía Nacional actuar para tal desalojo legal.
El general NARANJO, que conoce de la situación no ha sido efectivo en dar cumplimiento a una orden policial ante el desconocimiento de la misma, por parte de la policía de Belén de Bajirá y la policía de Urabá. Cuando las órdenes eran ilegalmente emanadas contra los afromestizos la diligencia policial no se hizo esperar, con graves abusos sobre la población. Pareciera ser que cuando se afectan los intereses empresariales de los beneficiarios del paramilitarismo el uso de la fuerza legal no existe. Tal diligencia y efectividad de la policía Nacional, tampoco existe para enfrentar a los paramilitares que se pasean a la vista de todo el mundo, con conocimiento de su identidad, de sus automotores y motocicletas, de sus rostros, de sus negocios y extorsione en el mismo casco urbano de Belén de Bajirá y de Brisas de Curvaradó, por ejemplo.
Nuestra Censura Ética a una situación que no es ajena a la brigada 17, efectivos regulares que se les ve en connivencia, en camadería con los grupos armados empresariales y en acciones de operación con paramilitares como ha ocurrido en Brisas de Curvaradó, en Caño Manso, en Caracolí, en Camelias, en Llano Rico, Apartadocito, La Raya
No tiene otra explicación, lo que ocurre en Camelias. Avanza la destrucción ambiental por parte de los invasores apoyados por empresarios con la omisión del ejército y de la policía que desconocen tanto el requerimiento de impedir la movilización por los territorios de los consejos menores realizado por Codechocó; como la orden de desalojo emitida desde el 15 de enero del presente año por parte de la Inspección de Policía del municipio de Carmen del Darién; guardan absoluto silencio y abdican de sus obligaciones preventivas sobre los graves daños a la biodiversidad y las agresiones adicionales como la quema de una cosecha de maíz a campesinos de la Zona Humanitaria de Camelias.
No tiene otra explicación tal complicidad y corrupción contra derecho lo que sucede en Llano Rico, Apartadocito y La Raya donde empresarios RAMÍREZ, LÓPERA y MEJÍA, director este último de la Subasta Ganadera de Urabá, se movilizan al frente del ejército y de la policía con sus hombres armados intimidando a integrantes de los consejos comunitarios que desde hace más de cuatro años regresaron a sus tierras, dentro del territorio colectivo de Curvaradó luego de haber sido presionados para salir y vender a bajo precio.
Qué explicación puede tener que en Cetino, Curvaradó, el director en Urabá de la Comercializadora Internacional UNIBAN, JESÚS CORREA PÉREZ haya instalado un vivero de palma aceitera en una área aproximadas a seis hectáreas en una nueva fase de desarrollo del agronegocio de la palma aceitera en los territorios titulados. No es acaso la soberbia empresarial que pretende pasar por alto las disposiciones de la Corte Constitucional y poner en cuestionamiento la voluntad de restitución del gobierno nacional?
Nuestra Censura Ética ante la incoherencia en esa expresión de voluntad política. Mientras las instancias nacionales expresan la voluntad de restitución en derecho, las interpretaciones ajenas a toda lógica por parte de Acción Social Regional desconocen el sentido del Auto para incumplir nuevamente sus responsabilidades en materia humanitaria.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de investigaciones eficaces con resultados específicos en materia de justicia, las que están posibilitando el fortalecimiento paramilitar y paraempresarial. Investigaciones parciales, que no comprenden el tipo penal de la sistematicidad de crímenes de lesa humanidad, de la responsabilidad por participación en estructuras de poder criminal, la responsabilidad de agentes estatales al más alto nivel por omisión y comisión por omisión como lo tipifica el derecho internacional.
Nuestra Censura Ética ante el archivo real de las investigaciones en la Contraloría General de la Nación que no ha llevado a individualización de responsables institucionales y civiles empresariales que se han beneficiado de los empréstitos de Finagro.
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional solicitamos respetuosamente, se nos informe y adopten, como petición, medidas especificas en materia de prevención de daños irreparables a la vida, a la integridad personal y daños ambientales:
1. ¿Qué medidas eficaces por parte del Presidente Santos se han tomado sobre las operaciones parainstitucionales desarrolladas con el consentimiento de la brigada 17 y la policía de Urabá en los lugares específicos arriba indicados?
2. ¿Qué medidas se van adoptar, de carácter extraordinario, urgente, específico frente al plan de asesinatos selectivos y en extrañas circunstancias que pretenden realizar los paramilitares al servicio de los empresarios de la palma, algunos de ellos beneficiarios de Medidas Provisionales como ENRIQUE PETRO, GUILLERMO DÍAZ, SALVADOR NISPERUZA, entre otros, de un listado más amplio de integrantes de los consejos menores que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad?
3.¿Por qué razón no existe investigación alguna con decisiones de fondo sobre PEDRO TORDECILLAS, LUIS FELIPE MOLANO, ANTONIO ARGOTE, CLAUDIA ARGOTE, WILLIAM RAMÍREZ, RODRIGO MEJÍA? Es en razón de lo que ellos han manifestado, que ellos controlan e territorio y las autoridades militares, policiales, judiciales y civiles?
4.¿Qué actuaciones realizará el gobierno Nacional ante Acción Social Regional Urabá, cuando su funcionario máximo, LUIS MARIO GAVIRIA VÉLEZ, manifiesta que la atención a la población desplazada de las cuencas del Jiguamiandó y Curvaradó queda suspendida como consecuencia del Auto de la Corte Constitucional?
¿Si no es así, qué respuestas institucionales en Derecho se han realizado para desvirtuar tales afirmaciones?
5. Respecto a las operaciones empresariales desarrolladas en Cetino, Urada Jiguamiandó, Camelias, por ocupantes de mala fe o empresarios que desconocen los Autos de la Corte Constitucional, las disposiciones en Derecho en lo interno y lo internacional ¿que medidas específicas van a adoptar?
6. ¿Qué medidas va adoptar el Ministerio del Interior sobre el INPEC para impedir que reclusos como GABRIEL JAIME SIERRA y MANUEL GREGORIO DENIS beneficiados con presión domiciliaria, sigan actuando contra la ley y movilizándose sin restricción alguna?
7. ¿Qué medidas de tipo disciplinario ha adoptado la Procuraduría General de la Nación sobre la policía Nacional ante el desacato de la orden de desalojo emitida por la inspección de policía del Carmen del Darién desde el 15 de enero de 2010 a favor del Consejo Menor de la comunidad de Camelias en la cuenca del Curvaradó?
8. ¿Qué medidas de tipo disciplinario ha adoptado la Procuraduría General de la Nación sobre las actuaciones de efectivos regulares de la brigada 17 que actúan en connivencia con la Fuerza Pública?
9. Desde hace más de dos años se conoció el Informe de la Contraloría General de la Nación, según, el cual, el 97 % de la siembra de palma fue financiada por Finagro. ¿Qué funcionarios públicos están siendo investigados y sancionados por la Contraloría, qué particulares por fraude y engaño a la autoridad?
Con profunda preocupación y ante la ausencia de medidas eficaces en materia de prevención y de justicia, la esperanza de verdad, de justicia, de reparación, quedará en manos de las jurisdicciones internacionales, pues la ausencia de garantías para la satisfacción de los derechos de las víctimas siguen siendo negados en Colombia.
Tal decisión en modo alguno, excluye la responsabilidad del Estado en su deber de investigar, en su deber de brindar garantías para las víctimas de crímenes de lesa humanidad.
Con profunda preocupación,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz