Plan de asesinatos selectivos para impedir restitución en Curvaradó
La persecución paramilitar a Enrique Petro en Belén de Bajirá, el atentado frustrado a Santander Nisperuza y los hostigamientos a Guillermo Díaz expresan el plan de asesinatos selectivos de los reclamantes de tierras en Curvaradó.
La firma de un acuerdo de intención entre el gobierno de Obama y de Santos para el TLC, desconoce los contextos y situaciones reales en que el fomento de este tipo de comercio está teniendo para comunidades negras e indígenas y su relación con violaciones de derechos humanos.
Los intereses sobre agrocombustibles, explotación minera siguen alentando el paramilitarismo empresarial.
Hace pocas horas se conoció la estrategia criminal empresarial contra los integrantes de los consejos menores de Curvaradó. Se pretende mostrar los crímenes como aislados y muertes en extrañas circunstancias de manera que se desvirtúe la responsabilidad de la policía de Urabá y de la brigada 17.
Los empresarios ganaderos de “La Tukeka”, ocupantes de mala fe, manifestaron que ya armaron su grupo armado con conocimiento de las autoridades para proteger sus tierras mal habidas.
Así como la familia Argote, otros empresarios del mismo gremio como Lopera, Ramìrez y Mejía se movilizan con hombres armados, que intimidan y amenazan a integrantes de los consejos menores. Sus actuaciones amenazantes tienen lugar en presencia de la fuerza pública.
La voluntad de restitución de los territorios colectivos se enfrenta a este fortalecimiento de la estrategia paramilitar consentido por la fuerza pública y la impunidad.
La Fiscalía realiza una investigación parcial de hechos, dejando de lado la sistematicidad de los crímenes allí cometidos desde 1996 y sin vincular en la que no vincula comandantes ni generales de la brigada 17 y la policía de Urabá que han participado y amparado el despojo violento.
Igualmente, aprovechando la buena fe de funcionarios del gobierno nacional, en el plan de acción gubernamental para la restitución de predios, los paraempresarios están pretendiendo hacer ver como ocupante legítimos a familias que habitan en el casco urbano Carmen del Darién y que no tienen propiedades en los predios de los consejos menores.
A esta estrategia se suma, la ampliación de operaciones empresariales de palma, de ganado y de minería sin consentimiento de los afro mestizos e indígenas y en desacato de las ordenes Constitucionales, que no se hace cumplir por el gobierno nacional. Entre las empresas se encuentra la Sunward Resources Ltd, Goldplata, la Muriel Mining Corporation y la Britanico Australiana Rio Tinto.
Este conjunto de factores son obstáculos que impiden la restitución de predios colectivos y develan la continuidad del paramilitarismo.