Plan contra defensor de derechos humanos, amenazas de muerte y falsos testigos contra CIJyP
Plan para atentar contra FABIO ARIZA defensor de Derechos Humanos de la Comisión de Justicia y Paz, amenazas de muerte a lideresa LEYDIS TUIRÁN e intimidaciones a ZULINDA POLO, testigos falsos declaran contra integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz en proceso judicial en Medellín.
Bogotá, D.C. 1 de diciembre de 2010
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de Colombia
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidencia de Colombia
GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministro del Interior y Justicia
ANGELA MARÍA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
JUAN CAMILO RESTREPO
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
FERNANDO PAREJA REINEMER
Vice Fiscal General de la Nación (e)
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
“[…]durante siete años había estado vigilado por la Policía del Pensamiento[…]. todos sus actos[…], habían sido registrados o deducidos. Incluso la motita de polvo blanquecino que Winston había dejado sobre la tapa de su diario la habían vuelto a colocar cuidadosamente”.
Orwell, 1948
Nuevamente en sus despachos nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante el conocimiento de un plan criminal para asesinar al defensor de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, FABIO ARIZA, la amenaza contra LEYDIS TUIRÁN e intimidaciones ZULINDA POLO y el uso del aparato judicial como parte de un montaje judicial y mediático contra integrantes mujeres y hombres de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad y nuestra Comisión de Justicia y Paz.
La equivoca, la absurda comprensión de nuestra labor legal y legitima de defensa de los derechos humanos, la tergiversación y la manipulación del sentido humanitario de protección de la vida y del territorio por parte de la Fuerza Pública es el sustento de su delirio de persecución cuando se devela la institucionalidad como parte de una estructura de estrategia criminal.
En vez de cumplir con su deber constitucional de proteger la vida, los bienes y la honra, construyen artificios para planear y realizar atentados contra los ciudadanos. Ellos continúan concibiendo como enemigos internos a las comunidades que reclaman en derecho la restitución de los predios que les fueron arrebatados a sangre y fuego, así como, a los organismos de derechos humanos, sus defensoras y defensores.
Por eso, no es de extrañar que los sectores empresariales, beneficiarios del paramilitarismo, esos que proclaman el progreso, estén detrás del apoyo y de la financiación de las campañas de difamación y de actuación jurídica contra derecho, a nivel interno e internacional contra los líderes de las comunidades que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, quiénes con su persistencia han logrado develar el entramado criminal que se oculta detrás de la palma de aceite, la ganadería extensiva y otros agronegocios.
Se ha generado un ambiente de persecución judicial a los líderes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad y las organizaciones de derechos humanos, que ha sido calculada, orquestada, diseñada por los victimarios y por los sectores empresariales que se ven afectados por la reclamaciones de verdad, de justicia y de reparación integral.
Nuestra Constancia Histórica ante graves hechos que reflejan la ausencia de garantías para las víctimas del desalojo violento y para la defensa de derechos humanos.
*Jueves 28 de octubre entre las 10:00 a.m., y las 11:00 a.m., a cinco minutos de Llano Rico en dirección a Pavarandó, FABIO ARIZA y GISELA CAÑAS, defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, fueron seguidos por un motorizado que opera como parte de la estrategia paramilitar. Luego de varios kilómetros el motorizado se abalanzó sobre la moto en las que se transportaba FABIO. Ante la acción FABIO y GISELA lograron que los mototaxistas escabulleran al otro conductor. Al mirar hacia atrás observaron que luego de reducir la velocidad e identificar a FABIO este se comunicó de inmediato por un teléfono móvil.
* Domingo 21 de noviembre hacia las 4:00 p.m. una institución estatal y nuestra Comisión de Justicia y Paz, conocimos de un plan para asesinar al defensor de derechos humanos FABIO ARIZA. En el atentado participarían agentes de la policía de Urabá en desarrollo de una estrategia de tipo paramilitar.
* Martes 30 de noviembre en horas de la mañana una fuente de alta credibilidad, vinculada con la policía, quién exigió guardar en reserva su nombre, reconoció que la policía de Urabá, la que se encuentra en Belén de Bajirá y Pavarandó opera con estructuras paramilitares, al igual, que las fuerzas militares. Indicó que FABIO ARIZA había sido declarado objetivo militar, se impartieron órdenes y un dinero para la ejecución de su asesinato. El asesinato se justificaría como parte de una cuenta de cobro por la labor de defensa de derechos humanos que realiza la Comisión de Justicia y Paz, la que se quiere asociar a las actuaciones guerrilleras de las FARC en la regón.
* Miércoles 1 de diciembre hacia las 10:15 a.m., nuestra Comisión de Justicia y Paz tuvo conocimiento de un documento remitido por la Policía Nacional -Investigación Criminal- remitido a la Fiscalía 85 especializada de Medellín, con fecha del 24 de diciembre de 2009, acerca de los asesinatos de MANUEL MOYA, GRACIANO y JAIR BLANDÓN.
En el mismo proceso, existe un informe del capitán CAMILO ERNESTO CHAUTA DÍAZ, como Investigador Criminal, en el que se refirió al objetivo de la cita de las víctimas con la guerrilla de las FARC, según la cual: “las FARC, dar a conocer a los miembros y ex miembros de la junta directiva de Curvaradó, su error al haber apoyado a la ONG Comisión Intereclecial (sic) la cual dirige el padre Javier Giraldo”.
En otro apartado se sostiene falsamente que los guerrilleros perpetradores del triple crimen “estarían ubicados en la zona humanitaria del río Curvaradó, valiéndose de las garantías jurídicas que tiene este asentamiento, para evadir a los organismos de seguridad”.
La Seccional de Investigación Criminal de la Policía de Urabá argumenta su falsa, equivoca y mal interpretada expresión, con base en los mismos falsos testigos, que de acuerdo con las conversaciones interceptadas entre RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS y FERNANDO LONDOÑO HOYOS, son parte de la campaña de desprestigio y de acusaciones judiciales falsas contra nuestra organización.
Entre ellos se encuentran GERMÁN MARMOLEJO, habitante de Carmen del Darién; ADÁN QUINTO, de la cuenca de Cacarica y JAIME BEITAR de la Cuenca de Domingodó, que son presentados y asumidos equívocamente como representantes de los Consejos de Jiguamiandó y Curvaradó.
De JAIME BEITAR, afirma, falsamente, el máximo ente de investigación criminal de la policía de Urabá que “representa 370 familias del Curvaradó”, quien aduce que AMELIA CARRILLO, Defensora del Pueblo, “permanecía en las instalaciones de la comunidad Intereclesial de Justicia y Paz liderada por el padre jesuita Javier Giraldo Moreno, por lo cual considera que las indagaciones que esta pudiera hacer estarían amañadas a favor de la ONG. (…).Agrega, este informe, con base en este testigo falaz que: “Denunciaron ante la Procuraduría, que al interior de las comunidades observaron personal de la guerrilla, por lo cual fue destituida la funcionaria quien posteriormente continuó laborando con la ONG’s (sic) Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (…)
Sobre GERMÁN MARMOLEJO retoma el ente policial la acusación, según la cual:”el padre Javier Giraldo seria (sic) el autor intelectual de los homicidios y de acuerdo con lo manifestado la intención sería acallar todos los líderes de las cuencas que están contra las ONG”.
En relación con el relato de ADÁN QUINTO: “los homicidios de estas personas habrían sido fraguados al interior de la comunidad de paz, una vez conocieron que estos perderían el estatus de protección por las medidas cautelares interpuestas por Integrantes (sic) de los Consejos comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó”.
En declaración rendida ante la fiscalía, sin dar cuenta de circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni argumentar de manera alguna, HERNANDO OLIER, ex concejal del municipio de Carmén del Darién, expresó que: “GRACIANO BLANDÓN y MANUEL MOYA no defendían los intereses de la ONG Justicia y Paz ni de las FARC, todo mundo sabe que en esa zona hay un matrimonio entre las FARC y la ONG Justicia y Paz ( … ) entonces muchos líderes que no quisimos seguir bajo el yugo de las FARC y bajo el yugo de esta ONG y tomamos nuestra propia autonomía, entonces como no aceptamos la propuesta de la ONG de Justicia y Paz en cabeza del padre JAVIER GIRALDO, que maneja el banco de datos del Cinep y de ABILIO PEÑA y de DANILO RUEDA y de todos sus secuaces, acompañados por esta organización internacional de PBI, entonces, nos convertimos en objetivo militar de las FARC. Los actores intelectuales del asesinato de MANUEL MOYA Y GRACIANO BLANDO y su hijo… fue la ONG Justicia y Paz, MANUEL DENIS BLANDON y MARIA LIGIA CHAVERRA y los actores intelectuales, las FARC”
El investigador criminal de la policía, para sustentar la falsa tesis de desprestigio afirma que “los estamentos estatales y medios de comunicación han sido enfáticos en responsabilizar a los terroristas de las FARC, quienes estarían siendo favorecidos por integrantes de la ONG Intereclesial de Justicia y Paz, la cual es dirigida por el padre jesuita Giraldo Moreno, quien habría incidido en la división interna de estas comunidades: las víctimas “hicieron parte del grupo de afrodescendientes que denunció en la fiscalía 14 de DDHH, proceso No 2022, el contubernio y concierto, entre las FARC y las ONG’s Justicia y Paz que se presentaba en la zona; su director el sacerdote marxista Javier Giraldo y la ONG extranjera PBI, estarían siendo orientados por el fiscal Luis Alberto Reyes, quien según medios debe responder por el curso que se le dio a esa investigación…”
Igualmente, se conoció sobre las personas que han apoyado las acciones de desprestigio, y demanda judicial, se conoció que han contado con el apoyo de una señora llamada MARÍA FERNANDA. Se conoció que esta persona supo previamente de la reunión de MOYA y BLANDÓN con las FARC e incluso conoce el nombre de uno de los guerrilleros de las FARC EP, que les citó para su asesinato.
Un desmovilizado de las FARC EP, VIRGILIO MENA, conocido con el alias de “Arlinton”, quien se encuentra en la sede de la brigada 17 del ejército con sede en Carepa, Antioquia, afirmó falazmente: que “la orden para las organizaciones que llegaban era que debían colaborar con las FARC” Y agrega que: “hubo una organización extranjera que informó el consejo mayor a la dirección del frente, porque no estaban de acuerdo con las FARC, inmediatamente despacharon treinta unidades de guerrilla con ametralladora para sacar esa gente, que estaba en Pueblo Nuevo, bajo el mando de Yuri. Despacharon 25 unidades de guerrilla para Cuatro Tapas, bajo el mando del indio Marco, para sacar los extranjeros que había dicho el Consejo Mayor y despacharon 25 unidades de guerrilla bajo el mando de Nader para Perro Mocho y les quitaron todos los teléfonos satelitales y los sacaron por Murri”, refiriéndose al secuestro y retención de que fueron blanco 5 integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz en abril de 2005.
Se conoció que el abogado FERNANDO VARGAS en entrevista con Fiscalía en este proceso que se sigue por el triple asesinato, manifestó que conoció denuncias “con respecto a la presión que ejercía contra ellos lo (sic) ONG Justicia y Paz, el padre Javier Giraldo, el PBI y las FARC”
VARGAS ha participado en la estrategia de difamaciones y acciones judiciales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el fin de negar la continuidad de nuestra representación ante esta instancia de los integrantes de los consejos menores de Curvaradó y Jiguamiandó que se encontraban dentro de los territorios colectivos en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad.
Mientras esto ocurre en contra de un destacado defensor de derechos humanos como FABIO ARIZA y se reconocen nuevos elementos de la estrategia de persecución judicial en las que se encuentran entrelazados sectores militares y empresariales, los pobladores de las Zonas Humanitarias y de las Zonas de Biodiversidad continúan observando la complicidad militar con paramilitares o exparamilitares, con los ocupantes de mala fe y la continuidad de amenazas de muerte en medio de la presencia de la fuerza pública, sin que exista una operación eficaz institucional de protección de los derechos y de depuración de estas prácticas ilegales e ilegítimas.
* Viernes 12 de noviembre hacia 6:30 p.m., en el territorio del consejo menor de Caracolí, Curvaradó, en medio de la presencia militar, ingresaron decenas de cabezas de ganado del caserío Florida, sobre el río La Madre a la propiedad de JUAN JOSÉ PALACIOS, conocido como “El Diablo”.
Existe la versión, según la cual estas reces pertenecen al conocido como PACHO CASTAÑO, otro integrante de la familia CASTAÑO GIL.
Los militares de la Brigada 17 que se encontraban en el lugar se dedicaron a observar sin interrogaron a los vaqueros a pesar de lo que significa trasladar ganado a esas horas de la noche.
*Viernes 20 de noviembre hacia las 3:00 p.m. en la Zona de Biodiversidad de ZUNILDA POLO, ubicada en el territorio comunal de Caño Manso, Curvaradó, arribaron CÉSAR CASTRO, según testigos paramilitar, junto con tres vaqueros, uno de ellos apodado “Tenerife”, vinculados laboralmente con el coronel ® LUIS FELIPE MOLANO.
Los hombres preguntaron a ZUNILDA por su esposo CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ y le manifestaron que él era muy atrevido con “El Patrón” al meter ganado en sus predios. Estos agregaron: “El patrón ha invertido mucha plata echando veneno como para que ustedes vengan a disfrutar el potrero. Hemos vuelto a traer el ganado para ver si lo vuelve a sacar”.
La integrante del consejo menor expresó que la tierra es comunitaria y de ellas fueron sacadas con la violencia, precisando que el gobierno se la devolvería. Los ocupantes de mala fe le respondieron:“eso es lo que ustedes están creyendo, los que mandamos somos nosotros”. Pasados 10 minutos, se unieron al armado y se retiraron del lugar.
*Martes 23 de noviembre hacia las 4:00 p.m., en Andalucía, territorio colectivo de Curvaradó, en el punto donde se levantó un asentamiento ilegal con algunos repobladores y desmovilizados por orden de los empresarios de la palma aceitera y de la ganadería extensiva, el sargento ROJAS adscrito a la brigada 17 del ejército, invitó a los habitantes a constituir una asociación campesina y a construir una escuela permanente en el lugar.
Un día después, el integrante del consejo menor comunitario ENRIQUE PETRO abordó al militar y le manifestó el desacuerdo del consejo comunitario por las actuaciones que estaba promoviendo pues entorpecen las posibilidades de restitución del territorio. El efectivo militar ROJAS, expresó que era abogado, y asesoraba pues no tenía impedimento alguno para reunirse con quien quisiera.
*Jueves 25 de noviembre hacia las 2:30 p.m. en el territorio de Caño Manso un armado que protege los predios ocupados de mala fe por el coronel ® LUIS FELIPE MOLANO, beneficiario de las operaciones paramilitares, manifestó a un efectivo de la brigada 17, que le reclamaba por el uso de las armas, que lo hacía porque tenían enemigos en la Zona Humanitaria.
*Sábado 27 de noviembre a las 6:00 a.m. integrantes del consejo menor de Caño Manso, territorio colectivo de Curvaradó, que habitan en la Zona Humanitaria de Caño Manso, encontraron un manuscrito amenazante contra la lideresa LEDYS TUIRÁN, más conocida como “Morocha”.
La amenaza escrita en una hoja de papel carta, con un recuadro diseñado en computador, se lee: “esto es para ti morocha, para que desocupes la zona”. Esta fue colgada en el portón de entrada al espacio humanitario amarrada con una cuerda.
Cuando los habitantes de la Zona Humanitaria observaron la amenaza, le dieron aviso al teniente PÚLIDO, mando de la Brigada 17, dispuesto para la protección de este lugar, para que la leyera. Los integrantes del consejo comunitario menor le preguntaron acerca de lo extraño de esta actuación intimidante en medio de su presencia y manifestó que en adelante podía acompañar los movimientos de LEDYS, sin explicar por qué no se habían dado cuenta quien fijó la amenaza.
LEDYS es la principal testigo que ha declarado sobre del crimen del líder de esa comunidad WALBERTO HOYOS, ocurrido en octubre de 2008.
La amenaza se produce tres días después de la visita de la Comisión del Gobierno Nacional, con la participación de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, para el seguimiento al auto de la Corte Constitucional 448 del 18 de mayo de 2009. En dicha reunión LEDYS denunció las operaciones paramilitares en el territorio despojado a las comunidades.
Como se recordará este territorio colectivo ha sido protegido con la violencia y con medios fraudulentos y de presión, por su ocupante de mala fe, el coronel ® LUIS FELIPE MOLANO.
*Martes 30 de noviembre hacia las 11:00 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz, conoció una lista con fotografías y retratos hablados elaborada por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de Antioquia, que forma parte de un proceso judicial, en el que, el ente de investigación señala que “estos sujetos pertenecen a las diferentes estructuras del Frente 57; algunos son de la dirección del frente, otros de mandos medios o rasos y se tienen además milicianos y colaboradores.”
En el listado, aparecen algunos guerrilleros públicamente conocidos, muchas personas de las que nuestra Comisión de Justicia y Paz no tiene conocimiento y reconocidos integrantes de las comunidades que habitan en las Zonas Humanitarias de Jiguamiandó y Curvaradó.
En dicho informe, se coloca con una falsa sindicación a los líderes de los consejos menores LIGIA CHAVERRA, ex representante legal del Consejo Mayor del Curvaradó e integrante del Consejo Menor de Camelias y MANUEL DENIS BLANDÓN, representante legal del Consejo Mayor de la Cuenca del Río Jiguamiandó, denunciantes de empresarios de la palma aceitera y la ganadería extensiva dentro en el proceso 3856, como integrantes de la guerrilla de las FARC .
También aparecen, señalados falsamente, como integrantes de las FARC, la campesina de Bella Flor Remacho vocal de la junta directiva del Consejo Mayor de la Cuenca de Jiguamiandó MARTHA CECILIA VARGAS y los pobladores WILSON MENA ROMANA, HIMBER AURELIO BARRIOS PUENTES, injustamente detenido en la cárcel modelo de Bogotá, JAIME ROMAÑA PALOMEQUE , ALEJANDRO MARTÍNEZ PIEDRAHITA, FRANCISCO MENA MURILLO, JERÓNIMO VERGARA VERGARA, NELSÓN DE JESÚS GÓMEZ MANCO, injustamente detenido en la cárcel de El Reposo en Apartadó, OVIDIO GONZÁLEZ CABRERA, JUAN BAUTISTA DIAZ AGAMEZ, fallecido, JHON JAIME ROMANA DENIS, ROBERTO ANTONIO DELGADO MURILLO, WILLINTON CUESTA CORDOBA, entre otros.
Hacia las 3:00 p.m., nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció que un fiscal de Medellín, dentro del proceso que se sigue por el crimen de MANUEL MOYA, GRACIANO BLANDON y su hijo manifestó el 22 de octubre, en relación con las pruebas, que “hay elementos que no va a descubrir la Fiscalía en este caso ( …) como quiera que hay más integrantes y más personas que a futuro quiere vincular en calidad de personas ausentes. Solo descubre los elementos de la acusación”.
Nuestra Constancia Histórica ante estos recientes hechos que continúan reflejando la consolidación de un Estado de hecho que se ha ido configurando y renovando desde octubre de 1996 y ante los cuales el gobierno nacional no ha adoptado medidas eficaces de tipo estructural que erradiquen las lógicas y las operaciones paramilitares enquistadas en la institucional local y regional.
Nuestra Censura Ética ante las amenazas de muerte a las lideresas LEDYS TUIRÁN e intimidación a ZUNILDA POLO, ante las actuaciones contra derecho realizadas por la brigada 17 y que han sido puesta en conocimiento de manera inmediata por ENRIQUE PETRO, y los habitantes de los consejos menores de Andalucía Caño Claro, Caracolí y Caño Manso
Nuestra Censura Ética ante el sometimiento permanente de las víctimas a los abusos de los ocupantes de mala fe, a sus intimidaciones y amenazas, consentidas o desarrolladas a través de operaciones paramilitares y o de la brigada 17 que protege esa criminalidad empresarial. Esas víctimas que viven en el temor permanente que el conflicto armado y las confrontaciones se revivan con la guerrilla de las FARC y también a las campañas de desprestigio y de falsas acusaciones judiciales.
Nuestra Censura Ética ante la evidencia que a toda costa, sin argumentos ciertos y reales, sin verdades fácticas, sin pruebas judiciales, las mismas estructuras criminales, responsables del despojo violento y la ocupación de mala fe, usan al ente investigador para desviar las investigaciones por la responsabilidad estatal en crímenes de lesa humanidad y para encubrir a los responsables y beneficiarios del paramilitarismo con falsas denuncias y pruebas sobre las víctimas o sus acompañantes.
No escatiman esfuerzo alguno para acusar sin pruebas, con argucias retóricas, con verborrea jurídica para tratar de probar, la falsedad de sus acusaciones contra las y los integrantes de los Consejos Comunitarios que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad y las y los integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz. Pagan falsos testigos, presionan para que se actúe contra derecho y se acuse al justo de la comisión de crímenes, de los cuales, no son responsables, de conductas punibles que no fueron cometidas por pobladores civiles.
Razón por la cual, la información aportada por un organismo humanitario internacional, según la cual conoció de la existencia de entre 15 y 20 órdenes de captura contra miembros de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó y de la preocupación que decisiones contra derechos se produzcan contra los integrantes de las comunidades y esta se amplíen a personas referencias en los procesos penales como al sacerdote ARMANDO VALENCIA y a ABILIO PEÑA, DANILO RUEDA, integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, no se descarta.
La ausencia de sana crítica en los procesos penales que se adelantan contra los integrantes de los consejos menores que habitan en las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad en los que se les acusa de rebeldes, de participes de concierto para delinquir, de responsables de desplazamientos y otros crímenes, y la comprensión de estas experiencias como mecanismos de operación guerrillera tal como la conciben los militares, los policías, los empresarios, permiten indicar que la privación de la libertad es una realidad para pobladores civiles, a quienes se les ubica equívocamente como parte de la guerrilla de las FARC EP.
La ausencia de pruebas técnicas ciertas, y de confrontación de fuentes, las preguntas recurrentes de fiscales en todos los procesos, en que a falsos testigos y a desmovilizados se les pregunta por la relación de la guerrilla con las ONG, con las organización de acompañamiento, son recurrentes, con respuestas que indican a todas luces, que no hay ninguna relación, pero que evitan identificar con certeza fáctica y jurídica quiénes son o no integrantes de la guerrilla.
Se conocen desde octubre de 2008, comunicaciones telefónicas que definen planes de campañas de desprestigio y de montajes judiciales, en los que participa el general ® RITO ALEJO DEL RÍO y el exministro FERNANDO LONDOÑO HOYOS y nada pasa, salvo que las víctimas son judicializadas o desprestigiadas.
Se conoce desde mediados de 2010 del ofrecimiento de dineros a falsos testigos y de presiones a personas para que testifiquen falsamente contra habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad y nuestra Comisión de Justicia y Paz, y en vez de identificar las estructuras criminales, se investiga a los civiles y sobre ellos recaen las decisiones judiciales.
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional solicitamos respetuosamente, a partir de los fundamentos de hecho arriba descritos y en conformidad con sus responsabilidades Constitucionales y legales, se brinde respuesta a las siguientes preguntas:
1. Podría precisarse las circunstancias de modo, de tiempo, de lugar en qué integrantes de la Comisión de Justicia y Paz y el padre JAVIER GIRALDO S.J. presionaron,intimidaron, amenazaron, señalaron a nombre y con concimiento de las FARC a habitantes del territorio de Curvaradó y Jiguamiandó?
2. Se afirma públicamente que los guerrilleros que perpetraron el crimen de MANUEL MOYA y GRACIANO BLANDÓN estarían ubicados en la zona humanitaria del río Curvaradó? Podrían precisar a cuál de las Zonas Humanitarias se refieren?
3. Según, la información pública y recaudada por su entidad en donde se cometió ese repudiable crimen? Hacia donde se dirigió la guerrilla de las FARC EP?
4. Cuál es la razón por la que se sigue, malintencionadamente, indicando que los habitantes de la Zona Humanitaria, en particular sus líderes, son los responsables de este crimen.
5. Puede precisar su entidad que se comprende por una Zona Humanitarias y una Zona de Biodiversidad?
6. De acuerdo, con dicha definición puede sostenerse que estas iniciativas tiene garantías jurídicas especiales o particulares, por encima de la Constitución y la ley o los tratados internacionales? Se puede sostener entonces que pretenden evadir organismos de seguridad?
7. Puede su entidad acreditar que el señor JAIME BEITAR es habitante del territorio colectivo de Curvaradó, en conformidad con las disposiciones de la ley 70 de comunidades negras?
8. Su entidad puede acreditar que AMELIA CARRILLO, quién oficio como Defensora del Pueblo en el bajo Atrato, fue destituida o no de su cargo?
9. Su entidad conoce que esta Defensora AMELIA CARRILLO haya actuado contra la ley, en particular con operaciones favorables, concertadas con la guerrilla de las FARC?
10. Su entidad puede acreditar que la Defensora del Pueblo, AMELIA CARRILLO, ha tenido en algún momento algún tipo de relación laboral con la Comisión de Justicia y Paz?
11. Su entidad puede acreditar que el LIGIA MARÍA CHAVERRA, MANUEL DENIS BLANDÓN, padre JAVIER GIRALDO S.J., ALBERTO FRANCO SCRS, ABILIO PEÑA y DANILO RUEDA, son los autores intelectuales del triple crimen de GRACIANO BLANDÓN y su hijo y de MANUEL MOYA LARA?
12. Su entidad ha identificado el apellido de la persona que se conoce con el nombre de MARÍA FERNANDA? Conoce la trayectoria de esta persona? Cuál su actividad profesional?
13. Su entidad puede informar sobre el número, la fecha y los nombres de los 7 militares, que murieron en Curvaradó?
14. Se informe si dentro de los manuales policiales existen la orden de planear y de ejecutar atentados contra civiles, en este caso uno o dos defensores de derechos humanos, en venganza por las perdidas en acciones armadas de efectivos regulares de la Fuerza Pública?
15. Si no es así, que actuaciones eficaces e inmediatas van a realizar para identificar los responsables de la planeación de esta atentado?
16. Cuáles son los resultados concretos de depuración de la brigada 17 y de la policía de Urabá con estrategias y estructuras de tipo paramilitar? Quiénes han sido sancionados o retirados administrativamente?
17. Dentro de los manuales de operación militar de la brigada 17, se contempla, la conversación fraterna con un civil armado y se legitima el uso de armas en tanto quien las usa indique que tiene un enemigo, en este caso, los habitantes de la Zona Humanitaria? Si no es así, que labor se va a realizar con los efectivos militares que conviven y dialogan tan amigablemente con civiles armados, de los ocupantes de mala fe de los predios colectivos?
18. Dentro de los manuales de comportamiento militar está autorizado que además de sus funciones estrictamente de fuerza, efectivos regulares promuevan o asesoren jurídicamente a personas que están actuando de manera arbitraria en tierras, que no les pertenecen? Cuál esel fundamento en derecho de dicha actuación?
19. Cuáles son los resultados operacionales, específicos, concretos en Curvaradó, de combate a grupos y estructuras paramilitares?
20. Se podría precisar en el marco de la política de la “prosperidad democrática” cuáles son los indicadores de eficacia en materia de protección de derechos humanos, en lo que hace alusión al desmonte del paramilitarismo y la desestructuración y acabamiento del enquistamiento del paramilitarismo con la fuerza pública?
21. Cuáles son las garantías precisas en materia de protección, de propuestas agroambientales que se brindarán para una eventual restitución de los predios colectivos a las y los integrantes de los consejos comunitarios menores de Curvaradó y Jiguamiandó?
Esperando que se adopten cuantas medidas sean necesarias para la protección a la vida, a la integridad personal de todas y todos los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad en conformidad con la resoluciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y se posibilite una restitución plena y transparente de los territorios colectivos y de la restauración de los ecosistemas propios de la reserva forestal de estos territorios, esperamos sus respuestas concretas por el bien de estas comunidades
Con profunda preocupación,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz