Pierna arriba

La Fiscalía sacudió al país al mostrar que las órdenes de las ‘chuzadas’ del DAS podrían venir de la Casa de Nariño. Nuevos testimonios y una carta que revela SEMANA indican que funcionarios del alto gobierno sabían mucho más de lo que han dicho.

Un año después de que comenzó el escándalo de las ‘chuzadas’ ilegales del DAS, la Fiscalía soltó la semana pasada una bomba de profundidad: reveló datos y testimonios según los cuales las órdenes para interceptar y seguir a magistrados provenían de la Casa de Nariño.

Según la declaración de un testigo, que fue leída por el fiscal delegado encargado del caso, se llegó incluso a grabar ilegalmente sesiones privadas de los magistrados de la Corte Suprema en las que “discutían temas como reelección, extradición e información relacionada con el Presidente”. “No se le podía contar a nadie, ni siquiera al coordinador (…) y ese trabajo se necesitaba urgentemente para el lunes pues era para la directora del DAS, que se lo entregaría al Presidente”. El fiscal, en una audiencia ante la Corte, lanzó también una advertencia de grueso calibre: “Quienes participaron en las reuniones en el Ministerio de Hacienda, en la Casa de Nariño y en el DAS, para hacer seguimientos ilegales a los magistrados, conformaron una empresa criminal”, dijo.

Hasta ahora el país no había conocido evidencias como estas que señalaran al palacio presidencial de estar detrás de las llamadas ‘chuzadas’ ilegales. Las reacciones no se hicieron esperar. El presidente encargado de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, con cierto tono de alarma denunció que esto era más grave que el Watergate. “Si en Estados Unidos por infiltrarse en un partido político, llegaron a rodar cabezas hasta la del propio jefe de Estado… aquí la cosa es mucho peor, porque se ha infiltrado la privacidad de la Corte Suprema de Justicia”. En el noticiero de RCN Radio, Juan Gossaín hizo un duro editorial en el que habló de “espionaje”. Y el gobierno de Estados Unidos anunció que suspendía su ayuda al DAS.

La Casa de Nariño salió al paso del escándalo y se defendió con declaraciones en todos los tonos. Primero fue el vicepresidente Francisco Santos; después, el ministro Fabio Valencia Cossio trató de poner en entredicho a la Corte; luego hubo varios comunicados de prensa de la Presidencia y el propio presidente Uribe aprovechó cualquier declaración para desmentirlo. Todos insistían en que ningún funcionario de Palacio estaba enredado con esos hechos

La carta de Bernardo

SEMANA tuvo acceso a una carta que demuestra que el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, uno de los hombres más cercanos y leales al primer mandatario, estuvo implicado en seguimientos a los magistrados.

La misiva está fechada el 9 de noviembre de 2007 y es remitida a Moreno por el coronel retirado Luis Carlos Villamizar, vicepresidente de la empresa estatal de aviación Satena. Con la carta le envían a Moreno el listado de los pasajeros de un vuelo chárter que resultó ser un nutrido grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que viajaba a Neiva para un homenaje.

Cinco meses después, en abril de 2008, esta información fue la base para que varios medios de comunicación publicaran un escándalo que pretendía poner en tela de juicio a los magistrados porque el chárter había sido pagado por un polémico abogado llamado Ascencio Reyes. Quienes filtraron la información a los medios, sin duda, intentaban crear un manto de duda sobre la Corte Suprema.

En el documento es claro que Moreno le ordena a Satena que le envíe toda la información relacionada con el viaje de los magistrados a Neiva. Cosa que muy diligentemente hacen los funcionarios de la línea aérea. En este punto surgen varios interrogantes: ¿por qué Moreno solicita esa información? ¿El secretario general de Presidencia tiene las facultades legales para solicitarla y recibirla? ¿Por qué si Moreno tuvo toda la información sobre el viaje de los magistrados en noviembre de 2007, la investigación del DAS, de acuerdo con las declaraciones de sus directivos ante la justicia, solo se terminó a comienzos de abril de 2008? ¿Cómo se explica esa diferencia?.

“Lo que buscó Moreno fue esperar a que el DAS terminara la investigación para ‘legalizar’ con esa entidad las pesquisas que él ya había hecho por su cuenta contra los magistrados. Es claro que ya tenía la investigación completa desde noviembre. Pero necesitaba que el DAS se metiera para darle cierto viso de legalidad”, dijo a SEMANA un alto ex funcionario del DAS, involucrado en el caso.

Los del DAS no son los únicos sorprendidos hoy al saber que en noviembre ya Moreno tenía toda la información sobre el tema del viaje de los magistrados.”Algunos nos enteramos de la investigación completa sobre el viaje de los magistrados solo en abril de 2008. Aunque a finales de 2007 se había hablado algo sobre el tema en Palacio no sabíamos que para esa fecha ya Bernardo tenía toda la información”, afirmó un miembro de la Casa de Nariño.

Moreno reconoció a SEMANA que efectivamente él había solicitado a Satena información sobre el viaje a Neiva pero sostiene que se trataba simplemente de indagar sobre el polémico Ascencio Reyes y no sobre los magistrados. Dice también que dentro de sus funciones está la de solicitar esa información a entidades del Estado con el fin de mantener enterado al Presidente. “En el caso de Ascencio había mucho rumor y teníamos que saber qué estaba pasando realmente”, anota.

Según dice, la información que recibió de Satena se la entregó 10 días más tarde al director de la Unidad de Análisis Financiero (Uiaf) del Ministerio de Hacienda, Mario Aranguren, con el fin de que esa entidad realizara las verificaciones del caso. Y añade, sin embargo, que aunque tenía toda la información olvidó entregársela a la directora del DAS a quien simplemente le pidió de manera informal indagar sobre Reyes.

La entrega de la lista a la Uiaf es motivo de cuestionamientos pues con la excusa de investigar a Reyes, el gobierno terminó haciendo un barrido de todos los movimientos financieros de magistrados que estuvieron en ese viaje y, lo que es aún más sospechoso, de otros que ni siquiera viajaron. Esa información fue entregada por funcionarios del DAS a miembros de la Presidencia de la República en 2008. Por cuenta de esa reunión para compartir la información sobre los magistrados están siendo investigados la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado; el director de la Uiaf, Mario Aranguren; el secretario de prensa de Presidencia, César Mauricio Velásquez; los ex asesores del presidente Jorge Mario Eastman y José Obdulio Gaviria, así como Bernardo Moreno.

Aunque Moreno es especialmente enfático en afirmar que cuando ordenó a Satena entregarle esa información no tenía ningún interés relacionado con magistrados de la Corte, no deja de ser llamativo el momento en el que él solicitó esos datos. Para noviembre de 2007, el enfrentamiento entre la Corte y la Casa de Nariño estaba en uno de sus momentos más cruciales por cuenta de las acusaciones que el gobierno había hecho contra el magistrado auxiliar Iván Velásquez, a quien señalaron de ofrecer prebendas a un ex paramilitar conocido como ‘Tasmania’.

La Corte en pleno defendió a Velásquez de los ataques del gobierno en un caso que meses más tarde la justicia demostraría que se trató de un burdo montaje orquestado contra el investigador principal de la parapolítica. La carta de Moreno puede ser considerada como el primer indicio documental de que las órdenes de investigar a magistrados realmente surgieron desde la Casa de Nariño. Algo que el secretario general niega rotundamente (ver entrevista).

Otra cosa que llama poderosamente la atención es que tanto en los expedientes de la Fiscalía como de la Procuraduría está toda la información que Satena le envió a Moreno, menos una hoja: en la que queda constancia que él pidió telefónicamente la información y se la enviaron.

Collar de perlas

Si bien la carta de Moreno deja abierta la posibilidad de que parte de las investigaciones contra magistrados pudo provenir de funcionarios de la Casa de Nariño, lo cierto del caso es que la contundente declaración del fiscal delegado ante la Corte, la semana pasada, puso aún más en la mira a Palacio en este espinoso tema.

Como si lo anterior fuera poco, el viernes de la semana pasada la emisora La FM reveló la versión entregada por la funcionaria del DAS, Nancy Romero Martínez, detective de la subdirección de análisis, coordinación y defensa, en la que relató que fue encargada por sus superiores de transcribir un CD, el cual posteriormente debía destruir, con conversaciones privadas de magistrados. La trascripción iba a ser entregada a la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien a su vez la entregaría el Presidente de la República.

Y como si todo esto no fuera suficientemente grave, SEMANA tuvo acceso a un documento interno del DAS que puede tener implicaciones internacionales. Se trata del relato de una serie de operaciones de guerra sucia adelantada desde el DAS por el polémico grupo conocido como G-3, en el cual se establece mediante tres puntos concretos denominados “objetivo”, “estrategia” y “acción” los pasos para atacar a políticos, a medios y a reputadas organizaciones internacionales.

La ‘Operación Intercambio’, por ejemplo, tenía como “objetivo”: “neutralizar influencia en Corte Interamericana de DDHH, Costa Rica”. Para tal fin “la estrategia” consistía en “desprestigio y sabotaje”. “La acción” se adelantaría mediante “alianzas servicio de inteligencia extranjeros, comunicados y denuncias páginas web, guerra jurídica”. Otra de las acciones emprendida por el DAS, denominada ‘Operación Europa’, tenía como “objetivo” “neutralizar influencia en sistema jurídico Europeo Comisión de DDHH parlamento Europeo, Oficina Alta Comisionada DDHH-ONU, Gobiernos Nacionales”. Para tal fin la “estrategia” era “desprestigio”. Las “acciones” que se adelantaron fueron “comunicados y denuncias páginas web, guerra jurídica” . Más de 10 operaciones de este estilo fueron adelantadas por el DAS y están consignadas en documentos de la propia entidad (ver facsímiles).

Esto y todo lo que durante el último año se ha venido revelando sobre el DAS no solo es escabroso sino que es una de las páginas más negras en la historia reciente del país. La Fiscalía ha hecho avances en la investigación y a la fecha van 18 funcionarios capturados por estos hechos, y otra decena, incluidos dos ex directores, están bajo investigación. A pesar de estos resultados, el país todavía se pregunta quién ordenó al DAS efectuar semejantes actos de espionaje. La declaración del fiscal delegado ante la Corte, que señala por primera vez a la Casa de Nariño, sumada a la polémica e inexplicable carta del secretario general de Palacio, revelada por SEMANA, son algunos indicios que sin duda no dejan bien parado al gobierno.

Documentos:

Documentos En noviembre de 2007 el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, le solicitó a Satena información sobre el viaje de los magistrados a Neiva. En esta carta, hasta ahora desconocida, el vicepresidente de la aerolínea estatal responde la petición del funcionario de la Casa de Nariño y anexa toda la documentación del caso, incluida la lista de los juristas.

Documentos El DAS denominó así una acción que tenía como blanco a la Corte Interamericana de DD.HH. A través de “desprestigio y sabotaje” se buscaba neutralizarla. Las tareas contempladas para ese cometido incluían buscar alianzas con agencias de inteligencias extranjeras y poner en marcha un plan de guerra jurídica.

Tenía como objetivo neutralizar la influencia del sistema jurídico europeo, atacando la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo al igual que la oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de la ONU.

Tenía como blancos a la Corte Constitucional y opositores políticos. El plan contemplaba “generar vínculos” del ex magistrado Carlos Gaviria con las Farc. Al actual gobernador de Santander, Horacio Serpa, “generar vínculos con el ELN”; al actual gobernador de Nariño, Antonio Navarro, con el narcotráfico, mientras que para el representante Wilson Borja se trató de “generar una infidelidad sentimental”.