Petrolera habría pagado a grupo armado para asegurar su operación extractiva
Mientras persiste la disputa territorial entre las FARC y los Comandos de la Frontera por las amenazas permanentes, reclutamientos forzosos, acusaciones falsas y señalamientos, y las presiones armadas se está produciendo la fragmentación comunitaria y el desplazamiento forzoso, la apropiación de tierras, el despojo y la definición del uso de la tierra.
Familias desplazadas de Putumayo en la mañana de hoy denunciaron en nuestra sede de la Comisión de Justicia y Paz en Bogotá, la serie de actuaciones violentas que se desarrollan entre el Frente Carolina Ramírez de las FARC EP y la estructura Comandos de la Frontera, apoyados por unidades militares y su interacción con la empresa petrolera Amerisur.
Durante las últimas dos semanas los campesinos han sido llamados a reuniones por Comandos de la Frontera con nuevas órdenes y mensajes a los que vienen produciendo en el último año . De acuerdo con los testimonios de los desplazados que afirman no volverán a sus tierras, integrantes de Comandos de la Frontera, vestidos de camuflado y con armas largas expresaron que nadie puede oponerse al proceso sísmico que adelanta la empresa Nueva Amerisur dentro de las operaciones del Bloque Put 8. Afirma uno de los armados “nosotros ya negociamos directamente con la empresa, y vamos a asegurare la operación en la zona”.
Agregaron que estaban muy molestos con las denuncias y las demandas de protección ambiental que realiza la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, ZRCPA. Agregaron en las diversas reuniones que iban a hacer todo lo posible para tumbar esa figura de la Zona de Reserva Campesina.
En medio de las inconformidades existentes entre la población, en relación a los pasivos ambientales existentes por las operaciones extractivas de Amerisur, el temor y la zozobra se apodera de las comunidades campesinas, sin que exista actuación estatal que garantice sus derechos.
Los Comandos de la Frontera dentro de su estrategia de control social territorial además de cuestionar los procesos organizativos en coincidencia con la lógica de la inteligencia militar asociándolos a ser parte de una estrategia de la guerrilla de las FARC.
Recientemente se conocen las estigmatización expresadas por parte de Comandos de La Frontera contra la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica, ADISPA, organización que representa legalmente la ZRC, y además, una serie de informaciones de planes de persecución y de desarraigo sobre los liderazgos de esta iniciativa de uso y goce del territorio como parte de una propuesta colectiva.
A pesar de denuncias conocidas años atrás contra la empresa Amerisur por daños ambientales los resultados en materia de investigación judicial son nulos, las actuaciones contra derecho nunca fueron investigadas a pesar de las evidencias presentadas por las comunidades campesinas.
Desde marzo, las comunidades de la ZRCPA junto con otros procesos organizativos del país vienen insistiendo en la urgencia de un Acuerdo Humanitario Global que permita el respeto a la vida, la autonomía de los procesos organizativos y discusión abierta sobre el uso del suelo, ante la continuidad de concesiones inconsultas por parte del gobierno colombiano y un diálogo con los diversos actores para construir una sociedad en paz
Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2020
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.