Persisten los seguimientos a las y los defensores de Derechos Humanos

Nuestra Constancia y Censura Ética ante la continuidad de operaciones ilegales contra las integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz durante estos ocho días en retenciones militares con paramilitares, junto con otras organismos humanitarios nacionales e internacionales en el Atrato, y los seguimientos y hostigamientos en la ciudad de Bogotá.


Bogotá, Marzo 1 de 2013.

JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia

ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República de Colombia

FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Ministro del Interior

RUTH STELLA CORREA
Ministra de la Justicia

EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación

ALEJANDRO ORDÓNEZ
Procurador General de la Nación

JORGE ARMANDO OTÁLORA
Defensor Nacional del Pueblo

MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores

Ref: Persisten los seguimientos a los defensores de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz

Nuestra Constancia Histórica ante la ausencia de respuesta institucional en la adopción de medidas materiales específicas en conformidad con el contexto y dinámica colectiva de la labor de nuestra Comisión de Justicia y Paz que hemos requerido al gobierno de Colombia desde mayo de 2012, reiteradas en la reunión de trabajo en el pasado período de sesiones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Nuestra Constancia Histórica ante la ausencia de medidas administrativas y de decisiones políticas. Entre estas medidas no adoptadas como la modificación de la Doctrina Militar que continúa comprendiendo, como en el pasado, la labor legal y legítima de defender los derechos humanos como una acción de desestabilización del Estado y no como un aporte en la reconstrucción del Estado de Derecho o como se constata más abajo con el enquistamiento de lógicas de operación clandestina, encubierta e ilegal de tipo paramilitar.

Nuestra Constancia Histórica ante la ausencia de investigaciones eficaces sobre los factores de violencia y actores que pretenden limitar el ejercicio de nuestra labor con la recurrente dilación en investigaciones con contexto que asuman la identificación de actores institucionales y de otro tipo que se ven cuestionados al ser develados en sus operaciones criminales, ilegales y arbitrarias contra la población.

Ante ustedes la fundamentación fáctica de nuestra Constancia Histórica

* Viernes 15 de febrero a eso de las 9:40 p.m. el sacerdote y defensor de derecho humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz fue objeto de seguimiento por un hombre que se movilizaba en una motocicleta marca Biwis negra con blanco y con placas terminadas en 97C.

El motorizado siguió el vehículo del esquema de protección en el que se movilizaba el sacerdote ALBERTO FRANCO por un lapso de 10 minutos entre las carreras 24 con calle 30 y 28.

*Sábado 16 de febrero a las 2:45 p.m. el defensor de derechos humanos, DANILO RUEDA, luego de finalizar una reunión de evaluación y documentación de casos, en un periodo de treinta minutos fue seguido por un hombre y una mujer que se movilizaba en una motocicleta, a la altura de la calle 63 arriba entre carreras 10ma y 9na.

El defensor de nuestra Comisión de Justicia y Paz se dirigía a dialogar con un testigo y víctima de actuaciones paramilitares en el norte de Colombia.

Durante el seguimiento el parrillero mantuvo comunicación vía celular hasta el momento en que pudo el vehículo de protección del defensor escabullir los motorizados.

* Jueves 21 de febrero aproximadamente a las 11:15 a.m., en el puerto ubicado en el caserío de Tumaradó, la embarcación en la que se movilizaban los defensores de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz JENNIFER VALENCIA Y EDWIN MOSQUERA, acompañados por Brigadas Internacional de Paz, Defensoría del Pueblo y miembros de CAVIDA fueron abordados por uniformados adscritos al batallón fluvial N° 16.

Los regulares ordenaron a los pasajeros de la embarcación dirigirse a la orilla. Al acercarse los viajeros constataron que los miembros de la fuerza pública se encontraban con tres paramilitares. Entre los paramilitares se encontraban los que el pasado sábado 16 de febrero se identificaron como de los “Urabeños”.

Los regulares fueron cuestionados por la connivencia con la estructura paramilitar, a lo que el suboficial A PUELLO manifestó: “Nosotros no podemos actuar, la comunidad no nos ha informado nada”.

Minutos después los regulares autorizaron continuar su recorrido.

* Lunes 25 de febrero a las 6:25 p.m. los escoltas identificaron el seguimiento y observación de la que venían siendo objeto los defensores de derechos humanos ALBERTO FRANCO y DANILO RUEDA. Antes de finalizar el día diagonal al lugar de habitación de DANILO RUEDA dos personas estaban vigilando los movimientos del defensor de derechos humanos, cuando estos fueron descubierto huyeron del lugar. Los motorizados están usando la misma motocicleta con la que se han realizado seguimientos en días anteriores al padre ALBERTO FRANCO.

* Miércoles 27 de febrero aproximadamente de las 9:30 a.m. a pocos metros de las instalaciones de la Comisión de Justicia y Paz, y posterior al ingreso del defensor de derechos humanos DANILO RUEDA, se constató la presencia del taxi de servicio público marca Kia modelo sedan con placa VDC 022 al interior del vehículo se encontraban dos personas, quienes realizaban registro fotográfico con sus teléfonos celulares.

Los ocupantes del vehículo fueron inquiridos por uno de los escoltas del esquema de protección, sin dar respuesta emprendieron la huida.

Nuestra Censura Ética ante la continuidad de serias limitaciones para el ejercicio de nuestra labor de investigación, promoción, protección, defensa de los derechos humanos, de nuestra organización debido a la documentación sobre crímenes de lesa humanidad o graves violaciones de derechos que comprometen la responsabilidad del Estado, el develamiento de operaciones ilegales de estructuras estatales con el paramilitarismo que han beneficiado a sectores empresariales.

Nuestra Censura Ética ante la persistencia en el desarrollo de una estrategia que ante los pocos avances en materia de investigación penal o la sentencia contra el General RITO ALEJO DEL RÍO, pretende deslegitimar a las víctimas, a su organización acompañante vinculándonos difamatoria e injustamente con una estrategia de la guerrilla de las FARC, repudiables mecanismos que abdican del derecho y que solo pretenden asegurar la impunidad.

Nuestra Censura Ética ante mecanismos impropios de la una institucionalidad democrática, distantes de la ética, hechos que pasan conocidos desde octubre de 2008 a través de un noticiero de televisión y que no han recibido una decisión judicial correspondiente con los planes allí descritos. Tal vez, si esas investigaciones se hubieran realizado con diligencia no estaríamos siendo blancos de campañas difamatorias y de argumentos irreales para hacer incurrir en error en procesos contra empresarios comprometidos en actuaciones ilegales con o beneficiados del paramilitarismo. Tal vez, si se hubieran llevado investigaciones penales eficaces, integrales, en contexto sobre estructuras institucionales y sectores empresariales que se encuentran detrás de operaciones de desprestigio, de hostigamiento, de montajes judiciales, de los seguimientos, las pretensiones de sus inspiradores, sus instigadores y sus beneficiarios para desvirtuar, para desviar, para desorientar, para engañar a la opinión, a investigadores y jueces, en tribunales nacionales e internacionales no se lograrían.

En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional y de acuerdo a sus competencias institucionales solicitamos se sirvan dar respuesta eficaz y por escrito a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué acciones expeditas, contundentes y eficaces van a realizar según las competencias para garantizar la vida e integridad de las y los defensores de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz quienes según el análisis de riesgo realizado a 19 defensores, 18 de ellos fueron valorado con riesgo extraordinario?

2. ¿Qué medidas eficaces y eficientes de orden político, administrativo y jurídico se han adelantado ante los seguimientos, obstáculos, y amenazas para garantizar la labor de las y los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y paz?

3. ¿Qué acciones de tipo penal se han adelantado para determinar la autoría material e intelectual en las acciones que implican la persecución, seguimientos y amenazas en contra de las y los defensores de nuestra Comisión de Justicia y Paz?

4. En relación con la investigación en contra del general ® RITO ALEJO DEL RÍO y de FERNANDO LONDOÑO HOYOS por motivar e inducir en falsedad procesal, en hechos conocidos por ustedes desde el 2008 ¿Cuál es el estado de la investigación?

5. ¿Sobre el origen de las amenazas que investigaciones se han adelantado sobre sectores empresariales relacionados presuntamente con estas y su responsabilidad en el debido cumplimiento con los principios Ruggies?

Con profunda preocupación

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz