Persisten los crímenes de lesa humanidad, y la impunidad
Entre 1986 y 1994, 342 personas fueron víctimas de asesinato, desaparición forzada, torturas, atentados y amenazas, en los municipios de Bolívar, Riofrío y Trujillo, en el departamento del Valle. Inicialmente los crímenes tenían la apariencia de ser hechos aislados, y si bien, desde 1989 se hizo común el hallazgo de cadáveres en aguas del río Cauca o en zonas rurales de Trujillo y los municipios vecinos, las informaciones de los periódicos eran escuetas y fragmentarias, y atribuían las muertes a problemas entre delincuentes, o a enfrentamientos con la guerrilla. De haberse ido con la guerrilla acusaron a quienes desaparecían, por ejemplo en los hechos colectivos que en el corregimiento La Sonora y el casco urbano de Trujillo fueron cometidos a finales de marzo y comienzos de abril de 1990. El horror se revelaba pero no era posible comprender lo que estaba pasando, tampoco sus causas y responsables.
Sólo meses después de los hechos más álgidos de la masacre (finales de marzo y abril de 1990), con las declaraciones de uno de los victimarios, Daniel Arcila Cardona, fue posible empezar a entender y explicar lo que en verdad estaba ocurriendo en los municipios de Trujillo, Bolívar y Riofrío. Él permitió develar la alianza entre la Fuerza Pública (Batallón Palacé, de Buga, y la Policía de Tulúa y de Trujillo), con los narcotraficantes de la región, y la conformación entre ambos actores, de una estructura paramilitar, con la finalidad de encubrir desde su planeación, los crímenes que estaban cometiendo.
Gracias a sus declaraciones, fue posible conocer que la causa de este proceso de exterminio sistemático, era la acusación sumaria de que las víctimas tenían algún vínculo con la insurgencia armada, originada en su pertenencia a las cooperativas que el padre Tiberio Fernández Mafla, párroco de Trujillo, promovió desde su llegada en 1985, y en su participación en una marcha campesina de 1989, para exigir servicios básicos, como educación, salud, pavimentación de vías, etc.
Con el tiempo fue revelándose la motivación de “limpieza social”, al constatar que algunas de las víctimas eran pequeños delincuentes o consumidores de drogas alucinógenas, la cual a su vez permitía cubrir a todas las víctimas con el calificativo de “peligrosos para la sociedad”, o de “… por algo sería”. Además, los responsables también se ensañaron contra quienes dieron tratamiento humanitario a los cadáveres que hallaban en parajes solitarios o sacaban del río Cauca, y contra quienes vieron u oyeron algo.
Estos crímenes transitaron rápidamente el camino de la impunidad en el ámbito interno; entre 1991 y 1992 fueron preferidas dos sentencias absolutorias de los responsables hasta entonces identificados. Por eso en abril de 1992, la Masacre de Trujillo fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –donde le fue asignado el radicado 11.007–, instancia que en 1994 promovió la creación de la que se conoció en Colombia como “Comisión Trujillo”, como paso exploratorio en la búsqueda de una solución amistosa entre el Estado y los familiares de las víctimas.
La “Comisión Trujillo” hizo valiosos aportes en el esclarecimiento de los hechos y elaboró un listado de 12 conclusiones y 10 recomendaciones, aceptadas el 31 de enero de 1995 por el Presidente, Ernesto Samper Pizano, quien reconoció públicamente la responsabilidad estatal en la masacre, y asumió los compromisos de investigar la totalidad de los crímenes cometidos, castigar a los responsables, resarcir la dignidad de las víctimas e indemnizar a sus familiares y a la comunidad en general.
Como en Colombia, nunca antes un crimen de lesa humanidad había sido reconocido por el Estado, de la Masacre de Trujillo se decía que constituía “Una gota de esperanza en un mar de impunidad”. Pero ninguno de los compromisos estatales ha sido cumplido a cabalidad.
Por el contrario, la impunidad es total: sólo uno de los principales responsables, el mayor Alirio Antonio Urueña, fue sancionado disciplinariamente con destitución de su cargo; de los recursos destinados para un “Plan de Inversión Social”, se calcula que “se perdió” el 52.94% inicialmente desembolsado, unos 4.500 millones de pesos, y del proceso de resarcimiento de la dignidad de las víctimas han tenido que encargarse sus familiares, las organizaciones que les acompañamos, así como organizaciones de solidaridad internacional.
Al incumplimiento estatal en materia de Justicia, Reparación Moral e Indemnización, se suma la cada día más difícil situación de injusticia económica para los pobladores de Trujillo y demás municipios afectados durante la masacre y más grave aún, han continuado los crímenes de lesa humanidad.
A continuación presentamos una relación de hechos conocidos por nuestra Comisión, que permiten constatar la continuidad de los crímenes contra los pobladores de Trujillo y de los municipios vecinos, y el comportamiento cómplice, permisivo y omisivo del las autoridades municipales, departamentales y nacionales.
* Sábado 11 de noviembre de 2000, a plena luz del día y ante la vista de toda la población, unos 300 “civiles” armados, miembros de la estrategia militar encubierta, tipo paramilitar, llegaron a Trujillo y de allí se dirigieron hacia el corregimiento Venecia, hasta el sitio llamado El Crucero, donde desembarcaron de los camiones en que se movilizaban, detuvieron a los camperos que transportaban los campesinos que se dirigían al casco urbano por ser día de mercado, y los obligaron a transportarlos hacia varios lugares, principalmente el corregimiento La Sonora, uno de los sitios más castigados durante la masacre.
En pocos días habían ocupado los corregimientos Puente Blanco, La Sonora y Cristales (municipio de Bolívar), argumentando que “su presencia en la zona se debe a que cuentan con informaciones muy serias en el sentido de que un grupo de guerrilleros pertenecientes al ELN, proyectan tomarse nuevamente esa región y que su misión es no permitir que esto suceda”, según expresaron al reunir a los pobladores de estos corregimientos.
Lo primero que hicieron fue ejercer un control total de la población campesina del área, y luego comenzaron a controlar la entrada de personas, mediante un retén en La Sonora; quien pretendía continuar hacia otro lugar debía hablar con el “comandante Manuel” para que le expidiera “el permiso”, impidiendo el paso a personas y vehículos ajenas a la región. También empezaron a controlar la entrada de víveres, exigiendo a los dueños de tiendas rurales que suspendieran su venta.
Posteriormente se dedicaron a “notificar” a varias personas, residentes en Venecia y Andinápolis, corregimientos de Trujillo, en el casco urbano de este municipio, y en los corregimientos de Salónica, Fenicia y vereda La Zulia, jurisdicción de Riofrío, para que “desaparezcan” de la región, señalándolas como auxiliadoras de la guerrilla, viciosos o delincuentes comunes
Simultáneamente empezaron a reclutar jóvenes que hubieran prestado servicio militar para que se vincularan a los grupos de “civiles” armados, exigiendo como requisitos, la libreta militar de primera clase y acreditar su procedencia, o sea, indicar a qué familia de la zona pertenecían.
* Domingo 26 de noviembre de 2000, cuatro “civiles” armados que se movilizaban en una camioneta Toyota blanca de placas CEN – 716, sacaron de sus casas en el municipio de Riofrío, a JAIMEA ZAPATA MEDIA, LENIS ZAPATA OSORIO (hijo del anterior) y JUAN CARLOS AGUIRRE ESCOBAR, quienes fueron golpeadas y asesinadas en la vía que del sitio El Tablazo conduce al corregimiento Fenicia.
En los últimos días del mes de noviembre de 2000 fueron vistos varios “civiles” armados, vestidos con uniformes militares, con brazaletes y pañoletas que tenían las iniciales “AUC”, en los corregimientos Puente Blanco, La Sonora y por la vía que conduce al corregimiento Cristales. Los “civiles” armados, se movilizaban en la misma camioneta.
Durante este mes, los “civiles” armados hicieron presencia en la hacienda “La Mina”, predio ubicado a unos tres kilómetros del casco urbano, por la vía a la inspección departamental Venecia, terreno que fue adjudicado por el INCORA en 1997 a siete familias de víctimas de la Masacre de Trujillo. A cada familia, le fue asignada una parcela para trabajar, y para vivienda, adecuaron la que era la casa principal de la hacienda y un predio aledaño que era de usado por los trabajadores. Los títulos de propiedad les serán entregados en 12 años a partir de 1997; entre tanto los terrenos no serán desenglobados.
Inicialmente dos “civiles” armados llegaron a la casa principal de la hacienda, donde están ubicadas cuatro familias, y solicitaron comida y poder quedarse (al parecer por una noche). Esto les fue permitido, aunque sólo por una de las familias. Después llegó un grupo del que hacían parte los dos “civiles” armados, y expresaron que en adelante se quedarían allí.
Durante los primeros meses de presencia, aproximadamente hasta abril de 2001, llegaban a la hacienda como sitio de paso, pero que desde ese mes establecieron allí una base fija, es decir con presencia permanente las 24 horas del día, armados y vestidos de civil. Aunque están casi toda la semana, se registra mayor presencia los días lunes, martes y miércoles; los otros días la presencia es menor, e incluso, los fines de semana es frecuente que salgan de la hacienda. El personal paramilitar es rotado de allí con frecuencia.
En este lugar se reúnen grupos de hasta 20 o más “civiles” armados, quienes se movilizan, principalmente en camperos de modelo reciente y otros vehículos claramente llamativos en relación con los automotores de la zona (camperos Willys). Entre los carros que usan figuran un campero Toyota color crema, un Renault rojo, un campero Daihatsu, de carrocería zapote y techo beige, y otro vehículo azul de marca no precisada.
Algunos de los adjudicatarios de la hacienda, fueron sido convertidos en auxiliares de los “civiles” armados, para labores como la preparación de comida -que llevan de otras partes- y el lavado de ropa. De forma sistemática, los “civiles” armados han tratado de comprometer con ellos a todas las familias de la hacienda. Uno de los métodos más usados es buscar a los estudiantes para movilizarlos hacia ó desde los colegios donde están matriculados, los cuales están ubicados en el casco urbano de Trujillo, por el cual se trasladan con total libertad.
Otras dos haciendas, colindantes ambas con la hacienda La Mina, fueron colocadas bajo el control de la referida estructura de “civiles” armados: hacia el occidente, la hacienda Casetubo y hacia el sur, por la vía a la inspección departamental Venecia, la hacienda Buenavista, donde al parecer, tienen incluso un criadero de marranos. En estos predios también mantienen hombres armados y automotores.
Desde esta época los “civiles” armados hacen presencia permanente en el casco urbano de Trujillo, siendo sus principales centros de llegada los hoteles Pielroja y Los Arrieros. También por temporadas ocupan casas, en diferentes lugares del casco urbano.
DOMINGO 10 DE DICIEMBRE DE 2000
En la vereda Tres Celdas fue asesinado Luis Enrique Arias Huertas, de 33 años, educador e integrante del Comité de Veeduría Ciudadana. El crimen fue cometido en horas de la tarde, cuando regresaba hacia Trujillo, después de una reunión de padres de familia en la escuela donde enseñaba.
En desarrollo de su labor en el Comité de Veeduría Ciudadana, había realizado denuncias sobre corrupción administrativa en Trujillo, y también, en diferentes ocasiones había exigido a los “civiles” armados que se fueran del municipio, razón por la cual éstos lo tenían amenazado de muerte.
MIERCOLES 17 DE ENERO DE 2001
Un grupo de 10 “civiles” armados se encontraban en el caserío de La Sonora, entre ellos el “responsable político”, se dedicó a controlar el paso de personas o vehículos, los cuales reportaban a otro grupo que se encontraba en la vereda Playa Alta al mando del paramilitar “Geovanny” asignado como “responsable militar” del grupo.
El mismo día llegaron a la zona aproximadamente doscientos “civiles” armados, según ellos procedentes del corregimiento Barragán (jurisdicción de Tuluá), donde, “le dieron duro a las FARC matando a cincuenta de sus integrantes”; expresaron que se retiraron de la zona porque llegó el Ejercito y a ellos no los iban a enfrentar.
Utilizando todos los vehículos que llegaron a la zona, se desplazaron hasta el corregimiento Cristales, donde se concentraron alrededor de trescientos “civiles” armados y reunieron a toda la población para darle explicaciones de su presencia en el área. Dijeron que su presencia se debía en primer lugar a que desde allí pueden continuar operando en jurisdicción de Barragán y Santa Lucía (¿?), puesto que su misión consiste en “acabar con la FARC en esa zona”.
El otro motivo por el cual decían estar en la región, es que fueron notificados que “una columna del ELN pretende tomarse la región nuevamente e instalarse dentro de la jurisdicción de los municipios de Riofrío, Trujillo, Versalles y El Dovio y que eso no se puede dejar prosperar bajo ninguna circunstancia y que de una vez toda la población quedaba notificada para que denunciaran la presencia de extraños en esa zona y que quien no lo hiciera sería eliminado sin formula de juicio”.
MARTES 25 DE ENERO DE 2001
Una comisión de ingenieros se desplazó hasta el corregimiento La Sonora para inspeccionar las obras de pavimentación que están desarrollando. Los ingenieros iban a desarrollar una interventoría de las obras ante el retraso ocasionado por la presencia de los “civiles” armados. La comisión fue recibida por los “civiles” armados, quienes les exigieron sus documentos de identificación y les permitieron pasar, sólo hasta que el “responsable militar”, así lo dispuso.
Varios “civiles” armados, ubicaron en fincas estratégicas de los corregimientos Fenicia y Salónica, al igual que en los municipios de Calima, Darién y Restrepo.
Los “civiles armados reciben su paga normalmente el último día de cada mes; cuando esto ocurre, “los pagadores” se trasladan al área en camionetas Toyota Hilux, tipo burbuja. Hacia el fin de mes, estos vehículos fueron estacionados muy cerca del municipio de Trujillo, en una finca ubicada delante del antiguo basurero, por la carretera a Venecia, donde según algunos campesinos, fue vista en horas de la noche “la camioneta de la policía”.
SABADO 24 DE FEBRERO DE 2001
El grupo de “civiles” armados que se encuentra ubicado en los corregimientos La Sonora, El Tabor, Cristales, Naranjal y Primavera (los tres últimos en jurisdicción del municipio de Bolívar), da a entender a los campesinos que esta zona “fue escogida como zona de descanso”; desde allí salen a combatir a distintas regiones y regresan “a descansar”.
Durante las reuniones que hacen con los campesinos, siempre hacen énfasis en la necesidad que existe de que los jóvenes reservistas y policías expulsados por apoyo a los “civiles” armados se vinculen a la organización y además de devengar un sueldo para el sostenimiento de la familia, “puedan servir a la patria aniquilando los grupos guerrilleros que azotan el país”.
Los “civiles” armados establecieron su campamento principal en el corregimiento Cristales, a donde normalmente los fines de semana, llevan mujeres jóvenes contratadas en Trujillo, Riofrío y Tuluá.
En la región es de conocimiento general la activación laboratorios para procesar cocaína (“cocinas”) entre los “civiles” armados, narcotraficantes de la región y presuntamente algunos miembros de la policía. A finales de febrero el Ejército realizó operativos supuestamente contra los laboratorios ubicados en el corregimiento La Sonora, en desarrollo de los cuales incautaron un helicóptero. A pesar del despliegue publicitario, los campesinos insisten en que los laboratorios no fueron afectados; los daños materiales fueron ocasionados a cultivos de pancoger. Durante algunos días los “civiles “ armados se replegaron hacia la parte alta de la cordillera occidental.
LUNES 19 DE MARZO 2001
Los “civiles” armados que hacían presencia en La Sonora al momento de los operativos de febrero, regresan e inician una serie de investigaciones para “saber quien o quienes fueron las personas que los denunciaron”, prometiendo represalias en contra de las personas que ellos señalaran como los responsables.
En una reunión en Cristales dijeron a los pobladores que “no se preocuparan por su presencia en el lugar, que esa región no estaba involucrada en el conflicto con la guerrilla y que solamente se utilizaba como base para descansar y de allí salir a combatir a cualquier parte del departamento del Valle incluso a los departamentos de Cauca y Nariño”.
LUNES 2 DE ABRIL DE 2001
Se confirma que los “civiles” armados que hacen presencia operan en los corregimientos La Sonora, El Tabor y Puente Blanco (Trujillo), al igual que en los corregimientos de Cristales y Naranjal (Bolívar), continúan en sus sitios pese a “una acción reciente de las Autoridades donde se dijo haber decomisado un helicóptero y capturado cuatro integrantes de la organización”.
Después de estos hechos, la principal novedad fue haber “sacado de la zona al personal de costeños, reemplazándolo por paisas”; quienes pusieron en práctica otras “medidas de seguridad”, tales como requisas para toda persona que entre a la zona, verificar su identidad y el trabajo a realizar; así mismo impusieron la obligación de registrar la entrada y salida y cuando existe duda sobre las actividades de la persona, suministrar un número telefónico de la empresa para verificar.
Otro cambio que se notó fue el relacionado con su vestimenta, pues antes quienes recibían a los visitantes vestía traje de civil y sin armas a la vista, actualmente todos permanecen uniformados y armados. Adicionalmente, están consolidando sus posiciones en otros corregimientos de Trujillo.
Han efectuado reuniones con campesinos de la zona y les han comunicado “que su permanencia en el lugar no les debe preocupar pero si estar dando información sobre ellos y que hasta la fecha no ha pasado nada importante pero si las autoridades regresan pueden reconsiderar su posición”.
VIERNES 8 DE JUNIO DE 2001
Hacia las 8 de la noche fue sacado del billar Café Centro, Jhon Ríos, de 34 años, llamado “Toyota” y residente en el barrio la Cuchilla, por hombres de civil que portaban armas de largo alcance, quienes lo subieron en una camioneta y se lo llevaron hacia las afueras del casco urbano. Al día siguiente fue encontrado asesinado; su cuerpo presentaba fuertes señales de torturas y su rostro estaba totalmente irreconocible.
DOMINGO 24 DE JUNIO DE 2001
A las 8:30 de la noche, el dirigente de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo –AFAVIT- e integrante del Comité de Veeduría Ciudadana, Germán Atehortúa, quien desde 1999 es sujeto de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recibió una llamada telefónica en la que le expresan: “Vea hijueputa va seguir o qué, si no se retira de todo, espero una orden de Bogotá pa’ matarlo y a esa otra malparida también” (refiriéndose a otra dirigente de AFAVIT que también integra el Comité de Veeduría Ciudadana y posee Medidas Cautelares).
Días después, una persona de confianza de Germán le manifestó que dejara esas cosas –refiriéndose a su trabajo como dirigente de AFAVIT y miembro del Comité de Veeduría Ciudadana–, manifestándole que se oían rumores que lo iban a matar y que en cualquier días de estos lo irían a “levantar”.
JUEVES 5 DE JULIO DE 2001
Aproximadamente a las 2 de la mañana, una vecina de Germán Atehortúa observa desde su casa, que un hombre con apariencia extraña, tocaba insistentemente en la vivienda de Germán.
MIÉRCOLES 11 DE JULIO DE 2001
Cerca de la una de la mañana, la esposa y los hijos de Germán Atehortúa –quien en ese momento se encontraba en un taller programado por Justicia y Paz– escuchan fuertes golpes en la puerta de su casa. Al salir de la vivienda hacia las 7 de la mañana, descubren en el piso del andén, dos cruces elaboradas con pintura negra. Posteriormente la esposa de Germán se dirige hacia el DAS donde le dicen que coloque el denuncio ante el juzgado y uno de los agentes le manifiesta que eso pudo haber ocurrido “por estar metido con los de derechos humanos y Justicia y Paz”.
Desde entonces, Germán Atehortúa y miembros de su familia, tuvieron que desplazarse forzadamente de Trujillo.
SEPTIEMBRE DE 2001
Después de permanecer varios meses en la zona, un grupo de “civiles” armados incursionó en la inspección Departamental Venecia y se ubicó en uno de los establecimientos públicos, al frente del parque principal, y diagonal una cuadra al puesto policial, que está también el frente del parque.
Los “civiles” armados se dedicaron a ingerir bebidas alcohólicas y ordenaron la preparación de comida -que ellos llevaban-. Cuando estaban embriagados, algunos de ellos empezaron a comportarse agresivamente; ante esta situación, algunos policías se acercaron y los desarmaron “para que no causaran escándalos”. Después se retiraron tan tranquilamente como habían llegado, ante la total complacencia de la policía.
VIERNES 26 DE OCTUBRE DE 2001
El jefe de la estructura paramilitar que permanece en hacienda La Mina, alias “Político”, comunicó que se iba; al retirarse amenazó a los habitantes de la casa principal diciéndoles que tenían que irse en cuanto él saliera, porque la guerrilla iba a incursionar y los mataría a todos.
Como consecuencia de la “advertencia” del jefe paramilitar, en la noche del mismo viernes, varias de las familias abandonaron la casa de la hacienda La Mina, para tratar de ponerse a salvo -por lo menos durante la noche-. Los “civiles” armados también salieron, hacia lugares no precisados. Al otro día regresaron los campesinos a realizar sus labores agrícolas; los “civiles” armados también volvieron, desde muy temprano.
Cuando los “civiles” armados abandonan sus bases en zonas rurales, se dirigen a varias viviendas del casco urbano de Trujillo, una de ellas en cercanías de la sede del cuerpo de bomberos y otra en inmediaciones de la sede de la empresa de telecomunicaciones TeleTuluá. Ambas muy cerca del parque principal, frente al cual están ubicadas las sedes del comando de la Policía y la alcaldía. También mantienen presencia permanente en los hoteles Pielroja y Los Arrieros.
Por estos mismos días, los “civiles” armados dejaron de hacer presencia permanente en los corregimientos Puente Blanco y La Sonora. Sin embargo, continuaron patrullando constantemente por las diferentes veredas y corregimientos. Sus campamentos los concentraron en las partes altas de la cordillera occidental, hacia el corregimiento Cristales, la vereda Chuscales y el corregimiento Naranjal (municipio de Bolívar), en la zona del cañón del río Garrapatas.
DOMINGO 28 DE 0CTUBRE DE 2001
Un hombre que se movilizaba en una motocicleta, al parecer uno de los “civiles” armados, se acercó a la casa de la hacienda la Mina y expresó a quienes allí estaban (campesinos y “civiles” armados), que si era que no tenían orden de salir de la hacienda; que si era que se iban a hacer matar, que la guerrilla acabaría con ellos. En consecuencia, por tercera noche consecutiva, la casa de la hacienda fue apresuradamente desocupada.
SABADO 2 DE NOVIEMBRE 2001
Los “civiles” armados aprehendieron dos campesinos, uno de ellos fue torturado y asesinado, se presume que fue enterrado en la finca la Mina. El hecho fue cometido en inmediaciones de esta hacienda, los dos hombres retenidos no son de la zona.
SABADO 15 DE DICIEMBRE DE 2001
Hacia el final de la mañana, los “civiles” armados pasaron por los corregimientos Puente Blanco, La Betulia y La Sonora, dejando algunos juguetes para los niños (como parte de su estrategia para ganar el favor de los pobladores). De repartirlos en su nombre encargaban a personas de liderazgo en las comunidades, pero en La Sonora, no encontraron a la persona a quien habían destinado esa labor, así que se los dejaron con una mujer muy anciana.
Durante todos los días previos a la Navidad, los “civiles” armados, comandados por alias “Político”, en reiteradas ocasiones transitaron por la vía que comunica los mencionados corregimientos, entre otros vehículos, a bordo de un campero blanco, una camioneta roja Toyota Hilux, 4 puertas y platón, e incluso, en un camión 350. Los ocupantes de estos vehículos iban siempre armados y de vestidos de civil.
SABADO 22 DE DICIEMBRE DE 2001
En las últimas horas de la tarde, el jefe de los “civiles” armados pasó por el corregimiento La Sonora y preguntó a la persona a quien encargó la distribución de los juguetes, y como ella le dijo que no se los habían entregado, y que aún algunos niños no habían recibido regalo, entró en furia y agredió salvajemente a varias mujeres, incluida la anciana con quien los había dejado a guardar. Por su elevada estatura y contextura corpulenta, con facilidad las alzaba de los hombros y las zarandeaba una y otra vez mientras les gritaba improperios.
La persona más agredida fue quien tenía la labor de entregar los juguetes, a quien además de lo anterior, le ordenó hacer una lista de quienes no tenían regalo, que les comprara y entregara, pero al momento de dársela le obligó de depositarla en el bolsillo de su camisa, mientras le amenazaba y al mismo tiempo le dificultaba colocar el papel, porque movía permanentemente su cuerpo al tiempo que empuñaba su pistola en gesto amenazante.
Acto seguido, decidió “castigar” a la anciana con quien dejó los juguetes una semana antes, así que le robó un marrano que tenía previsto vender el día 23 para comprar un obsequio de navidad a sus nietas.
Horas antes de estos hechos, hizo presencia en La Sonora un vehículo policial, cuyos ocupantes estuvieron únicamente en la caseta del teléfono veredal, al parecer reunidos con el jefe paramilitar.
SABADO 23 DE MARZO DE 2002
En horas de la noche, “civiles” armados llegaron a una casa ubicada en la vereda La Betulia, buscando a un joven quien recientemente había llegado proveniente de Cali, y se lo llevaron sin mediar palabra.
A un familiar que solicitó le permitieran calzarse, le contestaron que “a donde iba no necesitaba eso” y obligaron al joven a subirse a un vehículo. Su cadáver fue encontrado entre la noche del lunes 25 y la madrugada del martes el 26 de marzo, en inmediaciones del balneario Cuancua, en la vía a Riofrío. Según versiones de vecinos, el joven fue acusado de cometer algunos delitos en Cali, y por esa “razón” fue asesinado.
Para esta época se notan algunos cambios en la forma de presencia de los “civiles” armados, especialmente en los centros poblados de la parte rural, donde, a diferencia de los meses anteriores, nuevamente dejaron grupos permanentes, de hasta diez hombres, sólo que ahora de civil y aparentemente desarmados, pues en público no portaban armas largas. Estaban organizados de forma tal que las 24 horas del día, dos de ellos controlaban los teléfonos veredales, mientras los otros permanecen ubicados en sitios estratégicos, alojados en casas de los pobladores: en algunas de las viviendas en que permanecían adecuaron ventanas para poder observar y disparar así estuvieran cerradas.
Además del trabajo de vigilancia, estos “civiles” armados realizan labores tendientes a ganarse a las jóvenes, como por ejemplo invitándolas a jugar básquetbol. Complementario a lo anterior, una constante en las conversaciones era presentarse como “personas de bien”, a las que no les gusta asesinar ni agredir a personas desarmadas. Prueba de ello, afirmaban, es que a diferencia de los “civiles” armados que les antecedieron en la región, últimamente no había muerto nadie por su causa. Otra constante es reiterar que ellos, únicamente atacan a quienes tienen alguna relación con la insurgencia, y para ello no importa si están armados o no, y como “ya han comprobado que en la zona, quienes viven no tienen vínculo con la guerrilla, entonces no tienen que temer”.
DOMINGO 14 DE ABRIL DE 2002
En la vereda Alta Cristalina del corregimiento Venecia, los “civiles” armados sacaron de su casa a un campesino aserrador conocido como “Patillas”; a trescientos metros de su vivienda fue torturado y asesinado. La familia ha sido desplazada de la región.
DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2002
En horas de la madrugada fue asesinado el joven William Eduardo García Ríos, de 19 años de edad. El cadáver fue encontrado en el sitio conocido como El Mirador, en la salida de Trujillo hacia Riofrío.
William Eduardo era recolector de café en una de las fincas aledañas y los fines de semana se ganaba la vida como lustrabotas; en Trujillo era señalado como ladrón de bicicletas. Desde tiempo atrás venía recibiendo amenazas por parte de los “civiles” armados para obligarlo a marcharse del pueblo, o de lo contrario su vida correría peligro.
A finales del mes circuló insistentemente la versión de la muerte del hasta entonces jefe de los “civiles” armados de la zona, conocido con el alias de “Político”, a manos de miembros de la misma estructura criminal. El hecho habría sido cometido a mediados de abril, y junto con él fueron asesinados otros hombres, uno de los cuales desapareció el sábado 13 de abril, fecha en que fue sacado por “civiles” armados del hotel Los Arrieros, uno de los sitios donde permanentemente se alojan en Trujillo.
El jefe paramilitar habría sido responsabilizado de estar cometiendo extorsiones con fines particulares. Antes de ser asesinado, fue sometido al escarnio público en varias de las veredas, por donde fue paseado, con las manos atadas. Este hecho fue ampliamente difundido entre los pobladores, como “demostración” de que nadie puede “torcerse” del proyecto paramilitar.
JUEVES 23 DE MAYO DE 2002
Desde muy tempranas horas, miembros de la Fiscalía y de la Policía realizaron un operativo, primero en el casco urbano de Trujillo, y luego en la hacienda La Mina, ubicada en la vía que conduce hacía el corregimiento Venecia, adjudicada a siete familias de víctimas de la Masacre de Trujillo.
Dos de los familiares, que estaban en la zona urbana de Trujillo, fueron llevados contra su voluntad y sin explicación alguna a la hacienda. Allí se encontraron con los demás adjudicatarios, quienes habían sido ubicados en un patio mientras los funcionarios oficiales requisaban las edificaciones del lugar. En el patio, todos fueron filmados, lo mismo que la motocicleta de uno de los familiares.
A pesar del despliegue, el allanamiento fue superficial, pues la búsqueda no la hicieron en las parcelas que constituyen la finca, donde se presume que están sepultados los cuerpos de personas que habían sido llevadas de otras partes y que habrían sido asesinadas allí.
A los familiares de víctimas que estaban presentes, les interrogaron sobre si sabían de los “civiles” armados, a lo que contestaron negativamente, por el obvio temor de que lo que dijeran fuera conocido por ellos, puesto que no tenían confianza en quienes estaban realizando el allanamiento, además porque el día anterior, una persona allegada a los “civiles” armados, estuvo en la finca y se llevó documentos que estaban allí. Esto hace pensar que el operativo se filtró y que del mismo tenían conocimiento previo los “civiles” armados.
SABADO 2 DE JUNIO DE 2002
Se realizó la II Peregrinación Nacional e Internacional a Trujillo, con ocasión del traslado al Parque – Monumento en Memoria de las Víctimas de la Masacre de Trujillo, de los restos quienes fueron asesinados y de símbolos que rescatan la presencia de quienes fueron desaparecidos.
En esa ocasión, 84 de las víctimas fueron trasladadas, ante la presencia de unas 3.000 delegados de otras partes del país y del mundo –como el señor embajador de los Países Bajos–, en ceremonia presidida por una veintena de sacerdotes, entre ellos el delegado del Obispo de la Diócesis de Buga, quien declaró Campo Santo el Parque–Monumento.
Ese día, ante la presencia de los delegados nacionales e internacionales y sobre todo a pesar de haber sido militarizado el municipio con varios escuadrones antiguerrilla, y de la presencia de la escolta del Gobernador del Valle, quien también se hizo presente, fue evidente la presencia despreocupada y en plena zona urbana, de numerosos y reconocidos “civiles” armados.
SABADO 15 DE JUNIO 2002
Hacia las 6 de la mañana fue asesinado Jairo Moncada Giraldo, de 50 años de edad, conductor de oficio, esposo de una familiar de víctima de la Masacre de Trujillo, quien residía en la hacienda La Mina.
Ese día salió muy temprano, como era su costumbre los sábados, para dirigirse al corregimiento Venecia, conduciendo su campero Willys modelo 54, de placas XJE 045, con el cual hacía la ruta entre Trujillo y los corregimientos Venecia y Andinápolis. A la altura de la vereda El Diamante, cerca al corregimiento Venecia, fue asesinado de dos disparos, uno detrás del oído izquierdo y otro en el pecho. Al parecer abordaron el vehículo por lo menos dos hombres, uno de los cuales de disparó por atrás y el otro en el pecho.
Como antecedente se registra que recientemente, un vecino le había amenazado con recurrir a los “civiles” armados que actúan con total libertad en la región, para dirimir un conflicto, razón por la cual su muerte es atribuida a ellos.
LUNES 22 DE JULIO 22 2002
Los “civiles” armados incursionaron en la vereda Dosquebradas, y reunieron en el templo veredal a todos los pobladores. Durante la “reunión”, que se prolongó por dos horas (entre las 3 y las 5 de la tarde), expresaron que en adelante “brindarán seguridad” y “piden” que les avisen cuando alguien estuviera haciendo “cosas indebidas”, y que como ejemplo, ya tenían “a uno en el cepo”. Al sacerdote párroco le enviaron la razón que ellos –los “civiles” armados– pintarían el templo.
Desde comienzos del mes hay presencia paramilitar permanente en esta vereda, al mando de un hombre proveniente de Urabá, apodado “El Calvo”, quien permanece en el lugar entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, hora a la que parte para el corregimiento Cristales, donde está el campamento principal de los “civiles” armados.
Alias “El Calvo” ha buscado la aceptación de la comunidad, organizando campeonatos de microfútbol con las muchachas jóvenes de la vereda, apoyándolas con uniformes deportivos, organizando la recolección de basuras y “velando por la seguridad de la gente” según expresión de él. También realiza entrenamiento militar e ideológico a los jóvenes y las jóvenes, con la disculpa de estar haciendo educación física.
A mediados del mes, tres “civiles” armados obligaron a un conductor a llevarlos, de la vereda Dosquebradas al corregimiento Naranjal (municipio de Bolívar). Al llegar allí, lo hicieron transportarlos hasta un sitio conocido como Naranjalito, donde sostuvieron una reunión con militares que los estaban esperando.
LUNES 22 DE JULIO DE 2003
Luis Adrián Gaviria Escudero de 29 años de edad, casado y con dos hijas, fue desaparecido desde el momento en que se acercó a un campero Willys rojo, en el que acostumbraban a movilizarse los “civiles” armados, luego de salir de un bar, en el centro de Trujillo. Su cadáver fue encontrado a las 2 p.m. del día siguiente, (martes 23), abandonado en una acequia de un camino que conduce de Riofrío a la inspección Portugal de Piedras. Presentaba un disparo en la parte posterior del oído derecha y otro en el costado derecho atravesando el pecho; también tenía huellas de tortura, estaba amarrado y ya descompuesto.
Era conocido como “Parabólico” por ser uno de los primeros en Trujillo en instalar antenas parabólicas; anteriormente había recibido amenazas de los “civiles” armados, quienes le habían conminado a que se fuera de Trujillo.
JUEVES 25 DE JULIO DE 2002
Hacia las 8 de la noche, el conductor de un campero Willys fue interceptado por “civiles” armados, quienes lo obligaron a transportarlos por la vía al corregimiento Venecia. En un paraje solitario lo hicieron a detenerse, y se percató de que allí tenían al conductor de un camión pequeño, recogiendo en su vehículo, dos cadáveres, ya en estado de descomposición. Al parecer, lo llevaban para que transportara los cuerpos en el Willys, pero como ya eso lo estaba haciendo el otro conductor, lo dejaron ir.
MARTES 29 DE JULIO DE 2002
Un joven de 19 años, recolector de café, conductor por temporadas, y hermano de una víctima de la Masacre de Trujillo, salió a las 8:30 de la noche, de su vivienda –ubicada en zona urbana del municipio- y fue interceptado por “civiles” armados quienes lo llevaron a un lugar fuera del casco urbano, lo tuvieron amarrado toda la noche, lo maltrataron físicamente, mientras lo amenazaban. Luego lo dejaron en el sitio durante algunas horas, al cabo de las cuales regresaron , y le dijeron que se habían equivocado y que por eso lo soltaban. Lo despidieron diciéndole: “¡Ahora no te vas a ir de aquí, pues en Trujillo te quieren mucho!”
MIÉRCOLES 31 DE JULIO DE 2002
Hacia las 10 de la mañana, fue bajado de un microbús de transporte público, en el que se movilizaba junto con su esposa y una bebita, el joven Carlos Andrés Moreno, de 18 años, conocido familiarmente como “El Mono” o “Milonga”.
En las afueras de Trujillo, frente a la hacienda La Granja, por la salida hacia el municipio de Riofrío, tres “civiles” armados que iban en un campero Willys rojo, recién pintado, hicieron parar el vehículo –afiliado a la empresa CoopetransTrujillo– y por una de las ventanas sacaron a Carlos Andrés, tirándole los pies. Su acompañante trató de impedir que se lo llevaran, sujetándole una pierna, mientras gritaba pidiendo auxilio; de esta lucha le quedó un zapato en la mano y luego vio cómo subían a Carlos Andrés en el campero Willys rojo.
El cadáver de Carlos Andrés, en avanzado estado de descomposición, fue hallado el 5 de agosto, en la vereda El Alto de los Viejos. Presentaba señales de haber sido torturado.
Carlos Andrés estaba bajo protección policial, a consecuencia de una agresión de que fue víctima a mediados del año 2001. Desde ese entonces, cada día agentes de la policía pasaban por su vivienda, “le daban vuelta” y como constancia de su labor, le hacían firmar una planilla. Cuando cambió de domicilio, le expresaron que para no tener que ir a buscarlo a diferentes sitios, mejor era que él pasara al comando policial a firmar la planilla, y así lo estaba haciendo desde hacía varios meses.
El día 31 de julio, una hora antes de su desaparición, es decir hacia las 9 a.m., Carlos Andrés fue a comprar los tiquetes para transportarse junto con su compañera y la niña, hacia Tulúa, pues se radicaría en otro municipio. De caminó pasó por el comando policial, firmó la planilla e informó que se iba de Trujillo, según comentó a algunas personas.
A pesar de la protección que debía prestarle la Policía, y aunque de inmediato fue informada de la desaparición de Carlos Andrés, la actitud de los agentes fue displicente, afirmaron ellos nada podían hacer si los familiares no presentaban denuncia formal, lo que no fue hecho por el obvio temor a las represalias. Sin embargo, el 2 de agosto fue interpuesto un recurso de Habeas Corpus, ante el Juez de Riofrío, el cual nunca fue contestado.
El día anterior a la desaparición de Carlos Andrés, “civiles” armados a bordo de un jeep blanco estuvieron rondando en cercanías de su vivienda y de la vivienda del padre a quien también llaman “Milonga”; ambos eran señalados de viciosos (consumidores de drogas alucinógenas), y sus nombres figuraban en una lista de los “civiles” armados de los “civiles” armados, para asesinarles. Por ello, anteriormente les habían dicho varias veces que se fueran de Trujillo. El padre de Carlos Andrés, tuvo que desplazarse de la población, como alternativa para conservar su vida.
AGOSTO DE 2002
Muchos jóvenes cuyo nombre se rumora que está en la lista de los “civiles” armados tuvieron que abandonar la población, por temor a ser asesinados. Uno de ellos expresó que en la semana del 11 de agosto, “… estaba en casa de un amigo y vinieron por él … no sé como me salvé! Que sepa, ya han salido de Trujillo más de 10 jóvenes huyendo de esta ola de muertes, algunos son amigos míos…”
DOMINGO 20 DE OCTUBRE DE 2002
En momentos en que se dirigía a pie hacia la finca donde trabajaba, porque iniciaba labores en horas de la madrugada del lunes, fue asesinado por “civiles” armados, que le dispararon en cuatro ocasiones en la cabeza, el joven Jair Arenas; este crimen fue cometido a las 5:30 de la tarde, en inmediaciones del sitio conocido como “Otro Mundo”, en la salida hacia el corregimiento Venecia. Había sido amenazado, su nombre figuraba en la lista de los “civiles” armados, y por ello había estado fuera de Trujillo durante un año.
DICIEMBRE DE 2002
Dos hermanos que se movilizaban en una motocicleta, por la vía que del corregimiento Venecia conduce al corregimiento Andinápolis, fueron asesinados por “civiles” armados. Una de las víctimas tenía antecedentes delincuenciales y que había sido conminado a irse de la región, lo que no hizo.
ENERO DE 2003
Varios habitantes de la hacienda La Mina, han escuchado rumores según los cuales, la situación en ese predio “se va a poner caliente”, por el hecho de que los “civiles” armados han tenido presencia desde que llegaron a Trujillo en noviembre del año 2000, y actualmente están en disputa con un sector de narcotraficantes liderados por un narcotraficante del corregimiento Primavera (jurisdicción de Bolívar), conocido como “Diego Rastrojo”, quien a consecuencia de esos problemas, decidió conformar un grupo armado, al cual ha vinculado jóvenes de diferentes corregimientos como Venecia, Naranjal y Primavera mismo. A quienes hacen parte de este grupo, los llaman “Rastrojos”
Los rumores son interpretados como la posibilidad de que sea cometida una masacre contra los adjudicatarios de La Mina, puesto que los “civiles” armados ya no permanecen allí todo el tiempo, aunque con alguna frecuencia van allá, incluido al nuevo jefe -a quien llaman “Pacho”, por ejemplo en la semana del 13 al 17 de enero.
VIERNES 11 DE ABRIL DE 2003
Fue desaparecido Davián Oswaldo López Cartagena, de 20 años, quien se dedica al comercio de ganado, y es conocido por el mote de “Guachavita”.
Hacia las 10 a.m. se encontraba hablando con su novia, en un céntrico almacén de Trujillo, cuando se le acercó un hombre que se movilizaba en una motocicleta, quien le pidió acompañarlo. Desde entonces se desconoce su paradero.
La desaparición de Davián –según las versiones de los pobladores es responsabilidad de los “civiles” armados–, ha sido denunciada ante la Policía de Trujillo y ante autoridades de Tuluá, pero muy poco o ningún interés han expresado por buscarlo y rescatarlo. Ante ello, la búsqueda ha tenido que ser asumida por su familia, que también difundió una hoja con los datos y una fotografía suya.
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Para nuestra Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y quienes en esa época participamos en el proceso de esclarecimiento y de búsqueda de justicia, y luego, en el proceso de acompañamiento integral a los familiares de las víctimas, hoy es claro que los crímenes en el noroccidente del Valle, tenían finalidades correspondientes con el interés militar y económico que representa esta región, en el marco del conflicto socio-político y armado de Colombia, y que ese interés es vigente actualmente.
En lo militar, porque desde las zonas altas de Trujillo, Bolívar y Riofrío, en la cordillera occidental se ha venido constituyendo una retaguardia de descanso, recuperación y entrenamiento, para los “civiles” armados que integran la estrategia militar encubierta, tipo paramilitar. Desde allí se desplazan con facilidad hacia y desde a otras regiones del Valle, como Buenaventura, al sur, ó a la cordillera central, y hacia el norte del departamento y Risaralda.
En lo económico, porque desde finales de la década de los 80, los narcotraficantes del Cartel del Norte del Valle, en alianza con las estructuras de “civiles” armados, mantienen la producción de cocaína, y la procesan en numerosas “cocinas” que para ese fin tienen difuminadas en diferentes sitios de esta región.
La ubicación geográfica privilegiada de la región permite controlar el paso entre los departamentos del Valle, Cauca, Chocó y Risaralda, así como el acceso rápido hacia y desde el mar Pacífico, por donde exportan los alcaloides producidos, reciben los insumos necesarios para el procesamiento de las drogas alucinógenas y también armas.
Como lo registramos en este informe, en los meses siguientes a su llegada, los “civiles” armados ampliaron rápidamente su radio de acción y de control a los municipio de Riofrío y Bolívar, con el apoyo de los narcotraficantes de la región, asesinando a supuestos colaboradores de la insurgencia, o a personas calificadas como delincuentes o consumidoras de drogas alucinógenas. Situación similar se está viviendo desde ese entonces en Tulúa, el municipio más grande de esta parte del norte del Valle.
Después de la fase inicial de terror, los “civiles” armados se dedicaron a tratar de ganar para su proyecto a varios familiares de víctima, algunos de ellos residentes en los corregimientos Puente Blanco, La Sonora, y en la hacienda La Mina, obligándolos primero a servirles (prepararles comida, lavarles ropa), y después ofreciéndoles prebendas económicas, además del “beneficio” de ser sus “amigos”, lo que se traduce en menor posibilidad de ser asesinados y de apoyarles cuando tienen diferencias con otros pobladores.
Los numerosos crímenes y desapariciones forzadas cometidas por los “civiles” armados, ni siquiera han podido ser denunciados por sus familiares ante las autoridades, por temor de ser ellos a su vez victimizados. Y en la no existencia de denuncia formal se han escudado los funcionarios que deben investigar las conductas criminales, para no realizar su labor.
Durante muchos meses, los “civiles” armados permanecieron uniformados y portando armas de largo alcance. Luego de periodos cortos (dos semanas, un mes), iban llegando más “civiles” armados y los que allí estaban eran trasladados a otros sitios. La región se convirtió en zona de tránsito permanente.
Desde entonces, además del sueldo que reciben los “civiles” armados, han desarrollado una estrategia económica, basada en la extorsión a los campesinos y a las pequeñas organizaciones cooperativas que subsisten en la zona, cuya labor principal es la comercialización de productos agrícolas como la mora y otras frutas que en la región se producen. La “cuota” oscila, según las posibilidades económicas de las víctimas, entre “pago” en especie, animales preferentemente, y dinero, hasta cien mil pesos mensuales.
A diferencia de los años de la masacre, en que la presencia y accionar militar de la III Brigada del Ejército era muy fuerte, y tenía como supuesto fin erradicar la presencia insurgente, frente las reiteradas denuncias sobre la presencia y accionar de los “civiles” armados, y de sus numerosos hechos en contra del campesinado de la región, su actividad ha sido nula, constituyéndose en la práctica, en un actor cómplice.
Durante el año 2002 sólo se tuvo conocimiento de que hicieran presencia en la zona, el día 26 de mayo, fecha de las elecciones presidenciales, en la cual, los “civiles” armados, se habían retirado, de corregimientos como Puente Blanco y La Sonora. Similar comportamiento ha tenido la Policía.
A la fecha, los crímenes de la Masacre de Trujillo están totalmente impunes, el proceso de reparación moral a través del monumento fue iniciado pero estuvo detenido durante más de dos años, y después ha tenido que ser asumido por los familiares de las víctimas, por las organizaciones que les hemos acompañado y por organizaciones y comunidades de otras partes del mundo, solidarias con la lucha por la vida y contra impunidad en Trujillo. Y en relación con el Plan de Inversión Social para Trujillo, cuyo monto era de 8500 millones de pesos, se calcula que se “han perdido” unos 4.500 millones.
Por todo lo anterior, hoy más que nunca, urge que el Estado Colombiano recupere su legitimidad, terminando las estructuras “civiles” armados (tanto de los “civiles” armados como los llamados “Rastrojos”) que actúan en Trujillo, Bolívar, Riofrío y Tuluá, entre otros municipios.
Hoy más que nunca, urge que el Estado Colombiano valide en lo concreto, lo que afirma en foros nacionales e internacionales, la legitimidad de los Derechos Humanos y de su defensa, actuando en conformidad con las recomendaciones internacionales y ejerciendo un monitoreo preciso sobre la Brigada III, sobre el Distrito Policial que operan en Trujillo y los municipios vecinos y sobre los agentes del DAS que están en Trujillo desde el año 1995, dado su sospechosa omisión en el cumplimiento de su deber de perseguir a quienes están asesinando, desapareciendo, amenazando e intimidando a los familiares de las víctimas y a los pobladores de Trujillo sus alrededores.
Hoy más que nunca, urge que el Estado Colombiano responda a los familiares de las víctimas, a la población en general y a la comunidad internacional, por los dineros del Plan de Inversión Social, además por la mísera situación económica en que se encuentran las personas a quienes les asesinaron o desaparecieron el familiar que les proveía el sustento.
Hoy más que nunca, urge que el Estado Colombiano cumpla con el deber de Justicia, para con las 342 familias de quienes fueron asesinados, desaparecidos, torturados, detenidos arbitrariamente, amenazados de muerte u obligados al desplazamiento forzado, y para con los familiares de las decenas de personas que en el contexto de la “limpieza social” han sido asesinadas a partir del 11 de noviembre de 2000, crímenes que ni siquiera han sido investigados.
Hoy más que nunca, urge que el Estado Colombiano cumpla con el deber de Prevención de nuevos crímenes, ante el temor fundado de los pobladores de Trujillo, ya no sólo por los crímenes contra la población, sino por crímenes en el contexto de las disputas entre las mismas estructuras “civiles” armados, que vinculan indistintamente a los campesinos y pobladores.
Durante más de 10 años, la comunidad internacional ha sido testiga de la impunidad en la Masacre de Trujillo, y ahora es testiga de la impunidad de los crímenes cometidos después de 1995, que claramente se articulan a la masacre.
Por todo lo anterior, hoy más que nunca, ¡Trujillo es desafío de lucha por la vida y contra la impunidad!
Por todo lo anterior, hoy más que nunca, los familiares de las víctimas de la masacre y los pobladores de Trujillo, requieren de la solidaridad nacional e internacional, en la exigencia al Estado Colombiano, de Verdad, Justicia y Reparación integral.
Bogotá, mayo 10 de 2003
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ