Persiste presión y control paramilitar sobre la población del Ariari
Asesinada habitante de el castillo, desconocido paradero de dos menores
“Cuidado con que nadie los engañe, por que muchos vendrán usurpando la razón de ser, diciendo: “esta es” soy”, o bien “esta es la alternativa”; no vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y violencia, no tengan pánico, guarden la calma porque llegado el momento, la verdad prevalecerá y ninguno de los que engañan logrará resistir”
Lucas.
RESUMEN
Domingo 5 de octubre hacia las 16:00 horas fue asesinada la pobladora rural AMPARO SANCHEZ por “civiles” armados de la estrategia armada encubierta de tipo paramilitar en cercanías del caserío de Puerto Esperanza. AMPARO fue retenida por varios hombres armados en presencia de sus dos hijas menores de edad, quienes se encuentran desaparecidas.
El Lunes 6 de octubre los paramilitares obligaron a un transportador trasladar el cuerpo sin vida de AMPARO hacia el casco urbano del municipio de El Castillo. No existe ninguna actuación Estatal investigativa ni de prevención ni de reacción.
Durante la segunda semana de octubre se ha extendido y se ha ampliado la presencia de unidades paramilitares, restringiendo la libre movilización y el transporte de bienes esenciales, y operaciones psicológicas sobre los pobladores de Medellín del Ariari y Puerto Esperanza. Los paramilitares continúan transitado con toda libertad desde el municipio de Granada hasta EL Castillo en medio de una fuerte presencia militar del Batallón 21 Vargas y de la Policía Nacional .
DETALLES
~ Domingo 5 de Octubre a las 16:00 horas fue asesinada AMPARO SÁNCHEZ, de 35 años de edad, campesina,
residente de la Vereda Los ALPES, Municipio El Castillo, trabajadora de una finca.
AMPARO SANCHEZ se dirigió del caserío al casco urbano de Medellín del Ariari a comprar la remesa para su alimentación dejando en casa a sus dos hijas. En horas de la tarde cuando regresaba a la finca de trabajo fue retenida por hombres armados de la estrategia militar encubierta en el sitio conocido como LA YE, ubicado entre los poblados de El Jardín y Puerto Unión.
AMPARO fue obligada a seguirlos, trasladándolas a un lugar, donde le preguntaron a una campesina si la conocía, cuando esta respondió que no, por temor a los armados, los paramilitares expresaron: “Si es así, entonces tenemos que pelarla”. Los paramilitares se la llevaron, minutos mas tarde se escucharon varios tiros. Se desconoce hasta el momento el paradero de las dos hijas de AMPARO SANCHEZ, pues no se encuentran en su vivienda de habitación.
Horas después, el cuerpo de AMPARO fue trasladado por los paramilitares hacia el caserío de Puerto Esperanza, antes de llegar al casco urbano lo arrojaron en un paraje solitario.
~ Lunes 6 de octubre, los paramilitares obligaron a un campesino a transportar en un automotor el cadáver hacia el Municipio de El Castillo para la necropsia.
Ese mismo, día los paramilitares ingresaron al caserío de Caño Tigre, corregimiento de Medellín del Ariari hacia la parte de debajo de río Viejo, allí instalaron un retén, retuvieron a varios campesinos por horas, los obligaron a mostrar sus documentos de identidad.
Horas después, los más de treinta “civiles” armados en la estrategia paramilitar iniciaron requisa casa por casa, interrogaron a cada familia por las guerrilla, los acusaron de ser guerrilleros o auxiliares si non colaboraban.
Ese mismo 6 de octubre, hacia las 23:34 horas, en el casco urbano de Medellín del Ariari se escucharon varias ráfagas de metralleta y pistola cerca de la planta de energía y en algunos otros lugares del pueblo en donde los paramilitares están en permanente vigilancia y control, y desde donde reaccionan en conjunto con la unidades de la policía nacional o reciben el apoyo de unidades del Batallón 21 Vargas.
Martes 7 de octubre en horas de la mañana los paramilitares acusaron a la guerrilla de la balacera, asegurando que ellos estaban dormidos, “por eso es necesaria nuestra presencia y la colaboración del pueblo, así se puede derrotar a esos terroristas”.
Los “civiles” armadas dentro de la estrategia militar y encubierta continúan restringiendo la entrada de alimentos hacia los poblados de Los Alpes, Campoalegre, La Cima, La Floresta, limitando la cuota de alimentación, amenazándolos de muerte, acusándolos de ser colaboradores o auxiliares de la guerrilla.
LINEAS DE INTERPRETACION
12 días después del asesinato de DAVID CUTIVA, el pasado 23 de septiembre en jurisdicción de Puerto Esperanza, se continúa desarrollando los planes de persecución y de exterminio contra los pobladores del Ariari, a través de un mismo patrón de operación y de actuación en los que se concibe a pobladores civiles que no habitan en los cascos urbanos y no acogen el proyecto paramilitar como colaboradores, auxiliares o miembros de la guerrilla de las FARC EP, se amenaza de muerte, se asesina selectivamente de acuerdo con el propósito de destruir el tejido social.
La fuerte militarización del Ariari ha coincidido desde enero del 2002, antes de la ruptura de los diálogos entre el Estado colombiano y las FARC EP, con el significativo aumento de asesinatos, desapariciones forzosas, amenazas de muerte, desplazamientos familiares y colectivos, la consolidación de la presencia de “civiles” armados dentro de la estrategia paramilitar en los cascos urbanos del Ariari, el control sobre personas y bienes.
Pero a pesar del conocimiento de las graves, prolongadas, sistemáticas violaciones a los derechos humanos, en apariencia justificadas bajo el pretexto de persecución a las FARC EP, la investigaciones son inexistentes e insuficientes, pues la consolidación de la estructuras criminales así lo evidencian. La IMPUNIDAD ha legitimado el crimen perfecto
La OMISION, la COMPLICIDAD, la UNIDAD DE ACCION con efectivos militares del Batallón 21 Vargas ha consolidado un estrategia perversa de muerte y de terror que sigue ofendiendo la dignidad humana, la humanidad toda en medio de beneficios judiciales como “la alternatividad penal” bajo la cual todos estos crímenes pretenden ocultarse y llevarse al camino de la niebla, el del olvido
Bogotá, D.C octubre 13 de 2003
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ