Persecución policial a Leonardo Jaimes defensor de presos políticos

Leonardo Jaimes Marín, defensor de derechos humanos y de presos políticos ha sido objeto de una serie de abusos policiales, que están indicando que se trata de una persecución tendiente a limitar su ejercicio legítimo de defensa de los derechos de los presos políticos, de los acusados injustamente como rebeldes. El más reciente hecho sucedió el pasado 23 de abril en Floridablanca en horas de la mañana, al negarse a aceptar las extralimitaciones policiales.

Invitamos a dirigir sus comunicaciones a la Vicepresidencia de la República para que cesen las actuaciones irregulares, desbordadas y extralimitadas de la policía y se garantice el derecho a defender los derechos de Leonardo Jaimes, abogado de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

Adjunto Comunicado de la FCSPP

Bogotá, D.C, Abril 25 de 2009

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

NUEVO ABUSO POLICIAL CONTRA ABOGADO DE LA SECCIONAL SANTANDER DE LA
FUNDACION COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS.

La Fundación Comité de Solidaridad con los presos Políticos, se permite
denunciar ante la comunidad nacional e intencional los siguientes

HECHOS

El día 23 de Abril a las 9:00 a.m. en el sector de Cañaveral del
municipio de Floridablanca zona metropolitana de la ciudad de
Bucaramanga, el abogado LEONARDO JAIMES MARIN, fue retenido ilegalmente por miembros de la Policía Nacional de Floridablanca. Los hechos ocurren en un sitio muy cercano a su lugar de residencia, donde hay una curva solitaria y peligrosa en materia de tránsito por lo que no es posible y mucho menos habitual la realización de retenes de verificación por parte de las autoridades de policía.

El abogado LEONARDO JAIMES MARIN transitaba por el lugar en su
motocicleta, en un recorrido habitual desde su apartamento a la oficina,
cuando se le atravesó abruptamente una motocicleta de la Policía con dos agentes; uno de ellos se ubica a espaldas del abogado empuñando un arma, mientras el otro lo aborda exigiéndole que se identificara y permitiera una requisa de su maletín. Es de anotar que el apellido de los presuntos servidores públicos, que debe permanecer siempre visible, se encontraba oculto, pero lo más grave fue que éstos se negaron a identificarse.

Ante estas irregularidades el abogado solicita a los policiales que
precisen los motivos por los cuales estaban desarrollando ese
procedimiento. Tres minutos después arriba la patrulla de la policía en
la que se encontraba el intendente Zamora y el patrullero Lizcano, el
primero en un tono sumamente agresivo dio la orden de conducirlo a las
instalaciones de la SIJIN y manifestó que el abogado debía ser filmado
(no se efectuó). Uno de los agentes motorizados dijo que tenían que
verificar antecedentes porque no sabían si “él era delincuente o no”.

Transcurren aproximadamente veinte minutos de discusión entre los
funcionarios y el abogado, por cuanto éstos justificaban el operativo e
insistían en revisar minuciosamente el bolso del Doctor LEONARDO JAIMES
MARIN.

El abogado accede a entregar su cédula de ciudadanía y por órdenes del
intendente Zamora, sus datos personales fueron anotados en una libreta, por parte de uno de los motorizados que no se identificó. Tomaron nota del nombre, apellido, número de cédula y placas de la moto. Una vez realizado este procedimiento Zamora manifestó textualmente “con esos datos, es suficiente para nosotros”

En el transcurso de ese tiempo los policías reciben vía radio, una
llamada de una persona que manifestó que recibió comunicación de la
Defensoría del Pueblo, pidiendo -de parte del Doctor Ancízar Salazar, un
informe escrito del comportamiento del abogado, por cuanto el mismo “lo
necesitaban para otras cosas”; una vez efectuada la verificación de antecedentes y anotación de los datos del abogado, le fue devuelto su documento de identidad y le exigieron exhibir los papeles de la motocicleta y su tarjeta profesional, además insistieron en que debía permitirles la requisa de su maletín; requerimientos a los que por constituir una arbitrariedad, LEONARDO JAIMES MARIN, se negó a acceder.

Finalmente los agentes de la policía deciden poner fin a su actuación
abusiva y justo en el momento en que el abogado se disponía a marchar
del lugar, se percató que el patrullero Lizcano hizo señas a los
motorizados indicando que debían seguirlo.

A las 10:00 a.m, el abogado LEONARDO JAIMES MARIN, establece
comunicación por avantel con el Doctor Ancízar Salazar, sin haber
escuchado previamente la versión del Abogado, se limitó a justificar el
comportamiento de los agentes de la policía, argumentando que el informe que le llegó es que él se había negado a colaborar con la requisa. Y que si existía alguna inconformidad presentaran la queja.

Consideramos importante señalar que el Doctor Ancízar Salazar,
funcionario de la defensoría en pasada oportunidad anunció que
presentaría una denuncia penal por los delitos de injuria y calumnia
contra la responsable del área de asistencia carcelaria y miembro de la
junta directiva de nuestra Fundación, Flor Múnera, si no se retractaba
de afirmaciones que se realizaron en denuncias públicas y solicitudes a
las autoridades, en las que se trasmitía información de los detenidos
políticos relacionadas con su actitud en el marco de la huelga de hambre
desarrollada en el establecimiento penitenciario y carcelario de alta y
mediana seguridad de Palogordo, en Girón Santander.

También consideramos importante mencionar, que una vez se inició la
ejecución de este hecho, nuestra fundación se comunicó con la oficina de
derechos humanos de la Policía Nacional de Bogotá, siendo atendidos por una funcionaria, quien nos manifestó que había informado de la situación a la Defensoría del Pueblo de Bucaramanga. De igual forma, entabló contacto con el abogado y el agente Zamora, para finalmente justificar dicho procedimiento en las facultades en materia preventiva tiene la policía nacional y a la vez criticar la negativa del Doctor LEONARDO JAIMES MARIN a aceptarlo.

Es de anotar que un incidente muy similar se presentó el día 2 de marzo
de 2009 cuando los defensores de derechos humanos LEONARDO JAIMES MARINy JOSE RAFAEL FIGUEROA, intervinieron legítimamente en aras de la protección de las garantías y la restitución de los derechos
fundamentales de los dirigentes campesinos miembros de la Federación
Agro-minera del Sur de Bolívar GABRIEL HENAO CORTES, NARCISO VELEÑO y VICTOR RAFAEL ACUÑA PEREZ detenidos arbitrariamente por miembros de la Policía Nacional.

En esa oportunidad los abogados fueron abordados por el teniente
Martínez G, quien les solicitó las tarjetas profesionales decomisándolas y manifestando que debían ir (junto con los líderes campesinos privados arbitrariamente de la libertad) a las instalaciones de la SIJÍN. Este policial anotó en una libreta pequeña de color azul, los datos de los dos abogados afirmando que presentaría una queja disciplinaria ante el Consejo Superior de la Judicatura por obstruir el procedimiento; adujo igualmente que ellos podían conducir a cualquier persona para verificar si posee o no orden de captura.

A lo anterior debe sumarse que el 03 de marzo de 2009, el abogado de
nuestra Seccional, en ejercicio de su labor acudió a las instalaciones
de la SIJIN con el objetivo de entrevistar al detenido DIOMAR BARCENAS
PEREZ, que había sido capturado ese día por su presunta pertenencia a
una organización rebelde. En el lugar se encontró con varios de los
funcionarios que participaron en el suceso anterior; su tarjeta
profesional fue retenida por varios minutos, siendo llevada a la parte
interior de la SIJÍN sin que el Doctor LEONARDO JAIMES MARIN supiera el
propósito que se pretendía con esta actitud.

El 04 de marzo de 2009, antes de iniciar la audiencia de legalización de
captura de DIOMAR BARCENAS PEREZ, este le comentó al abogado LEONARDO, que el día anterior, después de la visita, los miembros de la Sijin, habían expresado que “ese abogado es más guerrillero que los
guerrilleros mismos”, posteriormente el funcionario de mayor rango
afirmó: “sabemos que es abogado de la guerrilla”; e igualmente manifestó “ese abogado generó un desorden grande ayer”.

A nuestra Fundación le preocupa altamente la sistematicidad con que las
autoridades han venido hostigando a nuestro abogado.

Fundación Comité de Solidaridad con los presos Políticos.

Bogotá Abril 24 de 2009