¿Persecución o el modo de operar del uribismo?

¿Persecución política a los uribistas reagrupados bajo el engañoso título de Centro Democrático que intenta ocultar su inocultable vocación ultraderechista?

¿Perseguidos políticos los persecutores que estuvieron ocho años en el gobierno en que se valieron de métodos delictivos para perseguir y aniquilar física o moralmente a quien no se ajustara a sus planes? ¿Persecución después de que una veintena de juzgados y tribunales de todo el país encontraron válidas las pruebas y por eso condenaron a los responsables de: 1. La sistematicidad de los falsos positivos (asesinatos de “enemigos” por parte de agentes oficiales). 2. La dedicación del servicio de Inteligencia de la Casa de Nariño a la tarea de liquidar la vida privada y pública de sus opositores. 3. La compra de votos para la reelección presidencial conocida como yidispolítica. 4. La desviación de programas estatales de ayuda al agro para los amigos ricos? ¿Persecución política de una Fiscalía que no puede ordenar cárceles ni penas, sino que tiene que someterse a la decisión de los jueces independientes de ella, o de un gobierno sucesor al que le ha tocado lidiar con unas cortes contaminadas por los candidatos con que el uribismo logró enturbiar la cúpula de la rama judicial? ¿Persecución, en fin, con un procurador que no disimula de qué lado está porque se cree omnipotente, un procurador que sanciona cuando le conviene, precluye sus procesos u obstaculiza los de la Fiscalía cuando quiere porque sabe que no tiene juez que se le enfrente?

Tras de ladrón bufón, dice el refrán para referirse a los sinvergüenzas que reclaman a otros lo que ellos han hecho y seguirán haciendo: lo que es virtud en el uribismo (recuerden el famoso “Estado de opinión”) es crimen en los demás. Por supuesto, la manipulación política de la justicia es antidemocrática sea quien sea el que la desvirtúe para salvaguardarse. En esta materia no se puede disculpar a nadie. Pero la manipulación se agrava si a la suya del pasado le añade otra para obtener inmunidad absoluta para su grupo como si pertenecer a un partido le diera a uno el beneficio de estar por encima del ordenamiento. El alegato no es nuevo, es un recurso cada vez menos creíble.

Jorge Noguera Cotes: primer director de la policía política de Uribe. Condenado por la Corte Suprema a 24 años de prisión por haberle entregado la seguridad del Estado al paramilitarismo. Su proceso que concluyó en 2011, se anuló y reinició tres veces por maniobras de sus abogados durante el segundo gobierno de su jefe. “Lo he conocido como un hombre honesto y claro”, dijo en varias ocasiones el exmandatario para defenderlo de la “persecución judicial”.

Bernardo Moreno: secretario general de Presidencia. “Es de mi más entera confianza”, señaló el expresidente. Condenado por la Corte Suprema en 2015, después de cinco años de proceso, a ocho de cárcel por concierto para delinquir debido a sus contactos con los agentes del Das comprometidos en el escándalo de las chuzadas.

Andrés Felipe Arias: exministro de Agricultura. Condenado a 17 años de prisión en 2014 por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros. Refiriéndose a Arias, Uribe pidió “protección internacional (por ser) víctima de persecución”. ¿Todos los anteriores actuaron a espaldas de su líder? “Hay un error muy grave en el que incurren algunos medios que no solamente buscan sustituir la justicia, sino que enseguida deslegitiman un gobierno… no le hacen daño a Uribe, sino a la confianza internacional” (abril de 2006). Quien hizo esa advertencia es el que ahora agobia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con los procesos de sus subalternos que actuaron como lo hicieron no por ser locos, sino porque era y es el modo de operar del uribismo.

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