Pequeños y medianos mineros no se dejaran arrasar por Santos
Cuatro mil pequeños y medianos mineros nacionales, delegados de asociaciones
y federaciones de Antioquia, Chocó, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío,
Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Valle y Cauca, congregados en la
Confederación Nacional de Mineros de Colombia, se desplazaron desde sus
regiones y marcharon en el día de ayer por las calles de Bogotá para
notificarle al gobierno de Juan Manuel Santos que no se dejarán estigmatizar
ni exterminar por la actual política minera, al servicio de intereses
extranjeros.
Estos mineros representan a más de dos millones de colombianos que tienen en
esta actividad su única forma de sustento; la “locomotora minero-energética”
pretende sacarlos de su producción y sus territorios para abrirle paso a la
gran minería trasnacional. El Plan Nacional de Desarrollo que está siendo
aprobado por las mayorías santistas en el Congreso, con excepción del Polo
Democrático Alternativo, define la persecución, la judicialización y la
erradicación de los pequeños y medianos mineros colombianos, alegando que
son ilegales, que no están organizados y que la minería que realizan es
perjudicial para el país.
El discurso oficial argumenta que las trasnacionales mineras son las
promotoras del crecimiento y del desarrollo, generan muchos empleos de
calidad, producen enormes beneficios tributarios a la nación y que la
minería a cielo abierto sí es responsable y sostenible. Retórica que no
tiene ningún sustento técnico, mientras sí se ha demostrado con estudios
serios como el de la revista Science de enero de 2010, que sus efectos son
devastadores. También está probado que esta actividad es intensiva en
capital y no en mano de obra, utiliza mano de obra no calificada y
tercerizada, las comunidades no progresan y las exenciones otorgadas por el
Estado, gracias a la “confianza inversionista”, son superiores a los
beneficios económicos que dejan.
La movilización que los mineros colombianos han emprendido en defensa de su
trabajo, de su producción y de la soberanía nacional, está demostrando que
sí están organizados, que no son delincuentes y que hay comunidades enteras
en actitud de resistencia democrática. Lucha que sumada a la de sectores
populares, ambientalistas, estudiantiles, obreras, empresariales,
intelectuales y políticas, impedirán que a la nación la conviertan en un
enclave de las corporaciones mineras globales para el saqueo y destrucción
de las riquezas naturales de todos los colombianos.
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