Penas que siguen matando

‘Tijeras’ y sus hombres fueron por cinco años el terror de la zona bananera del Magdalena. Allí asesinaron inocentes, impusieron normas arbitrarias y arrasaron con la cultura y las costumbres de sus pobladores, que hoy no se reponen del pasado paramilitar.

A mediados de junio, como lo hacen todos los años, en una noche calurosa en Aracataca en Magdalena, todo el pueblo estaba en la plaza central celebrando las fiestas populares, bailando al ritmo de las gaitas y los tambores. En la fiesta estaba ‘Salta’, un muchacho alegre muy apreciado en el pueblo y una discapacidad mental. Mientras todos se divertían, un paramilitar en medio de su borrachera se levantó de una mesa y gritó que no le gustaba cómo bailaba ‘Salta’, sin decir más, sacó su arma y le disparó.

Desde que llegaron los paramilitares del Frente William Rivas del Bloque Norte de las Auc, que estuvo al mando de José Gregorio Mangonez Lugo alias ‘Carlos Tijeras’, las gentes de Aracataca empezaron a acumular en sus memorias toda suerte de arbitrariedades como esta, que les dejaron una huella que consideran no está siendo tenida en cuenta en el proceso de reparación.

Investigadores de la Procuraduria General de la Nación lograron que los pobladores de Aracataca, Zona Bananera, Ciénaga, El Retén, Pueblo Viejo y Fundación, les contaran cómo fue el paso de los paras por esta región y la forma en la que los crímenes cometidos por los paramilitares afectó a estas comunidades, que les hizo cambiar sus costumbres y tradiciones, a desconfiar del otro, incluso a seguir estigmatizando a los demás.

Lo que más lamentan estas personas, siete años después de que este Frente se desmovilizara en Chimila, Cesar en 2006, fue que los paras se ensañaran contra sus líderes sindicales. Así lo corroboran las declaraciones que ha entregado Mangonez a la Fiscalía, “los gerentes de las plantaciones nos llamaban para que les arregláramos los problemas. En la mayoría de los casos los que cayeron eran líderes o miembros de los sindicatos”. De manera que quienes dirigían las empresas señalaban a las víctimas de los paramilitares, que luego eran asesinados bajo el pretexto de ser supuestos colaboradores de la guerrilla, pero no era más que una justificación para sacarlos del camino.

A mediano plazo la nefasta consecuencia de estos cientos de asesinatos fue que se desintegró toda organización sindical y aún en el presente muchos trabajadores bananeros evitan afiliarse a los sindicatos o peor aun reclamar sus derechos laborales.

Los paramilitares contribuyeron de una forma macabra en la forma en la que los magdalenenses empezaron a llevar el luto por sus muertos. Por ejemplo, cuando un trabajador de las bananeras era asesinado decían con sorna que “fue a buscar la liquidación y salió liquidado”. Y para colmo de males, lo que más les impactaba era que tuvieran que recoger los cuerpos de sus amigos en los ríos que bajan de la Sierra.

Por anécdotas como esta, cuenta el informe, los habitantes de esta región también mantienen en sus memorias las restricciones arbitrarias a las que eran sometidos día a día y la forma en la que arrasaron con la poca institucionalidad que hacía presencia en sus poblaciones.

En el caso de Fundación también se estigmatizó el papel de los líderes de las Juntas de Acción Comunal. En Pueblo Viejo asesinaron a quienes estaban al frente de las organizaciones que defendían los derechos de los pescadores y en Zona Bananera a los campesinos que buscaban una adjudicación de tierras baldías.

Por otra parte, con las reglas que impusieron a diario los paramilitares por medio de las armas y el terror también privaron de la libertad a los pobladores. Por ejemplo, los ‘paras’ obligaron a las personas a que a las siete de la noche todos debían estar durmiendo en sus casas, nadie podía sentarse en la entrada de su casa a compartir con sus amigos y familiares, como se acostumbra en muchos pueblos de la costa.

“Es que uno esté bien sabroso sentado en la puerta de su casa y lo manden a uno a dormir, no había derecho a caminar, se acabó toda libertad”, aseguró una de las víctimas. Además tampoco se podía salir del pueblo sin que ellos autorizaran.

Los paramilitares también enfilaron sus prevenciones a temas tan elementales como la forma de vestir. A las mujeres les prohibían usar minifalda, y en caso de que lo hicieran los patrulleros que andaban en motos las chuzaban o rayaban las piernas con cuchillos. Los hombres no podían dejarse el cabello largo, ni tener tatuajes o aretes, hacerlo provocaba reacciones violentas de los ‘paras’.

Pero los que más sufrieron con el violento control de los hombres de ‘Tijeras’ fueron los homosexuales y los drogadictos a quienes les aplicaron la ‘pena de muerte’ por el simple hecho de serlo. En Aracataca aun recuerdan el asesinato de tres gais que vivían en el barrio Primero de Mayo a quienes consideraron que no hacían bien en la sociedad.

El impacto de estos crímenes aún persiste. Según los investigadores, los pobladores en estos pueblos hay muchos que aún hoy no ven con buenos ojos el uso de minifalda, el pelo largo de los hombres y tienen conductas homofóbicas.

Los ‘paras’ también cambiaron la forma de resolver los conflictos, pues mientras ellos asesinaban sin juicio, los campesinos eran obligados a resolver las disputas entre vecinos, sus líos familiares o de pareja. Este sistema que podría llamarse de ‘para-justicia’ terminó acabando con la tradición de la región de arreglar los problemas dialogando entre ellos.

Pero tampoco confían en las organizaciones estatales, pues tal como ha declarado ‘Carlos Tijeras’ en Justicia y Paz en las Alcaldías no se movía un dedo sin que él lo supiera. Esto sumado a las presiones a las que fueron sometidos para que votaran siempre por el candidato apoyado por los paramilitares.

Este informe fue presentado durante la audiencia de identificación de las afectaciones causadas de ‘Carlos Tijeras’, un espacio judicial previo a la sentencia en el que las víctimas presentan sus demandas de verdad, justicia y reparación. La Procuraduría pretende que sus recomendaciones sean tenidas en cuenta al momento que el Tribunal dicte sentencia.

Nada cambia

Lo que más preocupa a las víctimas es que aún hoy cuando en el proceso de Justicia y Paz se acerca a definir las medidas de reparación, persisten algunas de las amenazas a las víctimas. Por ejemplo, según relató un defensor, una de las personas asistentes a estas audiencias fue amenazada y tachada “sapa”, por lo que tuvo que desplazarse de la zona.

También se refieren a la falta de oportunidades a para los jóvenes para acceder a la educación superior y las pocas oportunidades laborales, pues siguen siendo tentados a unirse a los grupos criminales a cambio de dinero.

En Ciénaga y Fundación son comunes las extorsiones y a pesar de la desmovilización del grupo paramilitar persiste el desplazamiento forzado y el despojo de tierras. La presencia de la fuerza pública sigue siendo mínima, pues según dicen los pobladores de Aracataca para una población de 35.000 solo tienen siete policías.

Las víctimas sienten también que aunque se ha avanzado en la investigación de la parapolítica en el plano local siguen ejerciendo política aquellos que se aliaron con los paramilitares.

Esto sumado a que la mayoría de estas víctimas están muy afectadas sicológicamente y no han recibido la atención necesaria (vea: Urge tratamiento para víctimas afectadas por el conflicto). Esta investigación encontró que ante la falta de soluciones, muchas víctimas están optando por auto medicarse con pastillas para dormir.

Las propuestas

Con este diagnóstico la Procuraduría hizo unas propuestas que espera sean tenidas en cuenta en la sentencia condenatoria de ‘Carlos Tijeras’, estas son algunas de ellas:

 Crear un programa de atención psicosocial en cada una de las comunidades al cual pueda acceder cada una de las víctimas,

 Espacios artísticos y culturales que busquen recuperar la confianza y dar a conocer la historia que vivió la población a las nuevas generaciones.

 Con ayuda de las universidades y el Centro de Memoria Histórica hacer una investigación que sea publicada sobre la relación de las empresas y haciendas de la zona con la financiación y la consolidación de los grupos paramilitares.

 Una investigación de la Fiscalía que profundice en quiénes se beneficiaron de las tierras que fueron despojadas por los paramilitares

 Que ‘Tijeras’ no solo pida perdón en cada uno de los municipios, sino que se comprometa voluntariamente a no regresar a estos municipios.

 Crear programas para impulsar la formación de pequeñas y medianas empresas de los campesinos y pescadores. Además de comprometer a las empresas de estos municipios para mejorar las condiciones de los trabajadores.

 Que la Procuraduría verifique cuáles son las investigaciones de políticos y militares que es prescritas y les dé celeridad.