Pena de muerte a bosques y afrocolombianos en resistencia

Delegados de las familias de los Consejos Comunitarios asociados en Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica, CAVIDA; los Consejos Comunitarios Mayor del Curvaradó y Jiguamiandó, la Asociación de Familiares víctimas de la violencia socio política, CLAMORES, la Red de Alternativas y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz se unen a las expresiones de objeción a la ley aprobada en el congreso, calificada por el mismo diario El Tiempo, como “ley maderera”.

La ley es uno de los mecanismos que privatiza los territorios colectivos, que deniega los derechos colectivos, y que en la misma corriente de otras disposiciones legales, entre ellas la ley 975, mal llamada de justicia y paz”, legalizará las propiedades usurpadas, y propiciará que el modelo de desarrollo productivo feudalista empresarial del paramilitarismo encuentre nuevos mecanismos de control de la población y de destrucción de quiénes se opongan.
Una voz de alerta desde el Bajo Atrato, ante la reingeniería paramilitar a través de la desmovilización que anuncia acciones contra los habitantes de las Zonas Humanitarias del Cacarica y la nueva estructura de la estrategia paramilitar “Héroes del Atrato” que atacaría a las comunidades que habitan en las Zonas Humanitarias del Jiguamiandó.