Peligran las universidades públicas
“O nos volvemos empresa de cosultoría o nos dedicamos a la educación”, sentenció el vicerrector de la Universidad Tecnológica de Pereira, Fernando Noreña, tras explicar que las instituciones de educación superior pública compensan el desequilibrio financiero con programas que no siempre garantizan la continuidad en la calidad de los servicios que ofrecen
La educación superior pública en Colombia está próxima a una crisis. El Ministerio de Educación lo sabe, se lo han explicado en diferentes oportunidades, pero no parece que exista voluntad alguna para paliar la crítica situación.
Rectores de 32 universidades públicas pautaron en la prensa un aviso informativo en el que reclamaban una mayor presencia de sus instituciones en el Presupuesto General de la Nación para 2010. Ya antes directivos de la Universidad Nacional, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia y la Universidad Tecnológica de Pereira habían advertido de los serios problemas de financiación que atraviesan. Una reunión de la Comisión de Vicerrectores de siete universidades públicas, realizada en Bogotá, produjo idéntico diagnóstico.
La asfixia en materia financiera es generalizada. Algunos cálculos iniciales sugieren que las principales universidades públicas están ante un déficit acumulado de medio billón de pesos. Los motivos son por todos conocidos. Incluso, el presidente Uribe, en 2008, aceptó los argumentos de los rectores de las universidades que conforman el SUE (Sistema de Universidades del Estado) y alegó que como el Estado no disponía en 2009 de los recursos requeridos para reajustar el presupuesto asignado al funcionamiento de las universidades públicas, el rubro sería modificado para 2010.
No parece, sin embargo, que las promesas hechas por el Presidente y sus ministros de Educación y Hacienda se sostendrán. Por eso el rector del SUE —y de la Universidad del Cauca—, Danilo Vargas, hizo una petición formal para que el Estado aumente los recursos en el valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 5,5%.
Ocurre que en 1992 la Ley 30 dejó establecido que el presupuesto nacional dedicado a las universidades públicas debía incrementarse anualmente de acuerdo con el IPC. El valor real de la oferta educativa, explica el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, quedó desde entonces equiparado al IPC cuando en la práctica existe una diferencia abismal. Leyes y decretos de diversa índole afectaron el costo de la Universidad, cuyo valor real incorpora los esfuerzos por mejorar la calidad de los profesores, implementar programas serios de promoción de la investigación, fortalecer procesos de modernización administrativa y avanzar en la infraestructura de los planteles. Adicionalmente, otros gastos no contemplados por los legisladores, como los aportes patronales a la seguridad social o los descuentos a las matrículas de quienes votan en las elecciones, encarecen el valor real de la educación superior.
El diagnóstico es claro. Salvo que exista una modificación en los recursos que le son entregados, con los aportes de la Nación en el año 2010 la Universidad Nacional sólo podrá cubrir los gastos de personal. Las bibliotecas, la infraestructura y los laboratorios habrán de esperar. Igual situación —y hasta peor— enfrentan otros claustros que cuentan con recursos más limitados.
Este es un tema que no ha recibido la atención que merece. La calidad de la educación pública universitaria está en proceso de desaparición, y el tema ni aparece en la agenda de debate. Pregunta obligatoria: ¿Cómo lidiar con la exclusión social sin siquiera abordar el tema de la educación? Como lo planteó recientemente el columnista de El Espectador, Julio César Londoño, ¿Y por qué no imaginar un Plan Colombia para la educación?
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