Pedro Bonito’ explicó cómo la expansión de palma perjudicó a las comunidades negras en Chocó
Raúl Jazbún, conocido como Pedro Bonito, el ex jefe paramilitar que logró que la multinacional bananera Chiquita Brands entregara tres centavos de dólar por cada caja de banano exportado para financiar a las autodefensas, prendió el ventilador en su reciente declaración ante Justicia y Paz, y decantó los vínculos de importantes empresarios bananeros de Antioquia e hizo un relato pormenorizado de cómo se consolidó el proyecto de expansión de palma africana para ese departamento y el Chocó, en perjuicio de las comunidades negras.
Jazbún aseguró que todos los bananeros de las zonas donde hicieron presencia las autodefensas aportaron dinero de forma voluntaria e incluso fue tanta su influencia que fueron conocidos como el Grupo de los Veinte. El ex jefe ‘para’ advirtió que el encargado de entregar el dinero desde 1997 era Guillermo Gaviria Echeverri, reconocido empresario antioqueño, dueño del diario El Mundo y padre del asesinado gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa. Incluso, Jazbún fue más allá y aseguró que ese grupo de bananeros entregaban listas de personas que eran señaladas como guerrilleras.
Frente a la versión entregada por Hazbún el pasado martes en Medellín, el empresario Guillermo Gaviria Echeverri, de 87 años, desmintió al ex paramilitar al afirmar que nunca hizo contribuciones voluntarias a ningún grupo armado al margen de la ley, aunque sostuvo que tuvo que pagar durante varios años millonarias extorsiones para evitar que sus empresas o familiares se vieran afectados por la acción de grupos violentos, como los paramilitares, las Farc o el Eln. En el caso de las autodefensas, dirigidas por Hazbún, sostuvo que recibió reiteradas solicitudes para el pago de dinero, aunque durante algún tiempo logró evadirlas hasta que las peticiones se convirtieron en amenazas.
“Citó al gerente de mis negocios en Urabá. Lo hizo ir a un sitio muy complicado y allá me notificó que ya no aguantaba más contentillo y entonces se le dio la seguridad que le íbamos a entregar unos dineros y efectivamente se le entregó una plata”, sostuvo. Advirtió que tuvo que pagar cifras que iban de $2’000.000 a $5’000.000 en dos o tres oportunidades, hasta que vino la acción de la Fuerza Pública y mejoró la seguridad en la región de Urabá. Sobre la aparición de cadáveres en fincas de su propiedad en esa zona, afirmó que no sería extraño dada la violencia guerrillera y paramilitar que ha sacudido al Urabá y recordó, por ejemplo, que en el sector de La Chinita fue cometida una masacre que les costó la vida a 35 personas en enero de 1994.
Los palmicultores
En relación con el proyecto de expansión de palma africana en el Urabá antioqueño y chocoano, Raúl Hazbún reiteró (como ya lo había dicho el extraditado ex jefe paramiltar Hébert Veloza, alias H.H.) que fue concebido por el desaparecido ex jefe paramilitar Vicente Castaño y que antes de forzar a las comunidades negras a desplazarse contrataron agrónomos que hicieron estudios de suelos y, cuando ya se tenía certeza de la fertilidad de las tierras, se conformó la empresa Urapalma, que llegó a la zona en el año 2000. Incluso, manifestó que el proyecto contó con el abogado Carlos Daniel Merlano Rodríguez, quien se encargó de realizar el estudio de los títulos de las tierras y contactos en varias entidades para gestionar préstamos e impulsar el proyecto.
Precisamente Merlano Rodríguez fue uno de los 22 empresarios contra quienes la Fiscalía dictó orden de captura y medida de aseguramiento en el mes de mayo pasado por desplazamiento forzado, concierto para delinquir e invasión de tierras con especial protección. Hazbún relató que los abusos por parte de las autodefensas contra los pobladores fueron tan desmedidos, que hombres al mando de Vicente Castaño los despojaban de sus tierras y no les pagaban ni siquiera las irrisorias cifras que les ofrecían. Por eso él mismo fue autorizado a crear una oficina de quejas y reclamos en la zona de Bajirá, en el municipio de Mutatá, para que los afectados denunciaran las arbitrariedades cometidas por los propios paramilitares.
“‘Paras’ e Iglesia se aliaron”: Del Río
El general (r) Rito Alejo del Río denunció que los paramilitares sostuvieron una estrecha alianza con la Iglesia católica en Antioquia, al punto que la curia llegó a recibir dádivas de las autodefensas. El oficial en retiro dijo, durante el juicio que se adelanta en su contra, que ese habría sido uno de los motivos por los que fue asesinado monseñor Isaías Duarte Cancino el 16 de marzo de 2002 en Cali. Según Del Río, el homicidio fue perpetrado por las Farc. El motivo habría sido la entrega de un predio por parte del asesinado jefe paramilitar Carlos Castaño al entonces obispo de la zona, monseñor Duarte Cancino. “Hay una escritura firmada por miembros de la Iglesia católica con Carlos Castaño, donde él les regalaba unos terrenos. Es una escritura firmada en notaría”, dijo Del Río.