Pedir disculpas, no es acto de perdón ni es justicia
“Ustedes militares del batallón “Pigoanza” no se imaginan el dolor que nos han causado con estos crímenes, el vacío que han dejado en nuestros hogares y en nuestra comunidad al quitarles la vida vilmente a Hortensia y a Manuel”
Palabras de una mujer, de una madre, las negadas por mucho tiempo en un espacio público. La madre que constató como su hija Hortensia Neyid Tunja Cuchumbe y su amigo Manuel Antonio Tao Pillimué fueron mostrados por los militares como guerrilleros dada de baja en combate, el escenario del crimen modificado ese 8 de enero de 2006, todo para pretender justificar lo injustificable, su ejecución.
Este pasado 10 de marzo, los familiares de las víctimas de la ejecución extrajudicial de Hortensia Neyid Tunja Cuchumbe y Manuel Antonio Tao Pillimué, junto al sobreviviente, William Cunacué Medina, estaban en Belén, un pequeño poblado al sur oriente del Cauca en límites con Huila, municipio de Inzá.
Estaban allí, en el lugar de los asesinatos esperando el cumplimiento de la sentencia del juzgado 8 administrativo de Popayán que determinó que el batallón cacique Pigoanza en un acto público debería pedir perdón por su responsabilidad el 8 de enero de 2006.
El 17 de febrero la unidad castrense no realizó al acto público argumentando problemas de seguridad. Los familiares de las víctimas y comunidad consideraron que esto fue una burla más. Aún luego de la realización del acto de perdón, los familiares de las víctimas y la comunidad consideran que esta manifestación castrense no asumió la responsabilidad del Estado en la modificación de la escena del crimen, ni tampoco en aceptar que difamaron de las víctimas al acusarlas de ser integrantes de las guerrillas.
Hasta última hora los militares del batallón Pigoanza en cabeza del coronel López y el teniente Herrera intentaron cambiar el lugar del acto, no hacerlo en el monumento de la memoria la “Gruta de la Vida”, sino en un lugar cerrado como una casa de acción comunal. Los efectivos se mostraron molestos ante la presencia de observadores internacionales y las delegaciones nacionales que se hicieron presente.
La digna firmeza de los familiares hizo que todo se realizará en la “Gruta de la Vida” donde se encuentra un pequeño montículo que recuerda a todos los que allí transitan lo que sucedió el 8 de enero de 2006.
Los familiares con esa misma firmeza manifestaron su indignación por lo allí ocurrido y las más de 1500 víctimas de ejecuciones extrajudiciales reportadas en Colombia. “Este proceso no termina con este acto, al contrario, aquí empieza la búsqueda de la verdad y justicia”, sostuvo una de ellas.
Los familiares exigieron que se diga la verdad, los nombres de los 30 militares que estuvieron aquella madrugada cuando ejecutaron a los dos jóvenes, actuación criminal, de la que logró salvarse uno de los tres que esa noche se movilizaban en una moto, luego de terminar una fiesta de los reyes.
Hoy 6 años después la investigación no ha tocado la línea de mando de este batallón, han sido trasladados y ascendidos, sin que judicialmente, se conozca su responsabilidad penal.
“Aceptamos, si es de todo corazón y si se comprometen a no causar más dolor a madres, esposas, padres y comunidades en este lugar y en toda Colombia”, manifestó una de las familiares. Para los militares lo sucedido fue un error “cometidos en el ejercicio” por lo que solo ofrecen disculpas.
“Para nosotros no fue un error, se trató de un plan premeditado, de una política de las fuerzas militares que pretende asegurarse con la impunidad” de las estructuras de mando. “Por eso exigimos justicia, justicia, justicia”
Bogotá, D.C. marzo 14 de 2012