Paz y elegibilidad política
Dos objeciones esenciales ha planteado el expresidente Uribe al acuerdo de paz: que los responsables de crímenes atroces no tengan cárcel, y que puedan ser elegidos a cargos públicos.
Uribe ha incluso sugerido que apoyaría la paz si esos dos puntos son revisados. Uno pensaría entonces que se trata de convicciones profundas de Uribe, que debió haber defendido con vigor cuando era presidente. Pero no es así, pues sus posiciones como presidente fueron muy distintas.
Por limitaciones de espacio, en esta columna sólo abordaré el tema de elegibilidad política y dejaré para columnas ulteriores la discusión sobre penas alternativas a la cárcel.
En enero de 2003 fue aprobada, por iniciativa del gobierno Uribe, la ley 796 que convocaba a un referendo para reformar la Constitución. La sexta norma propuesta facultaba al gobierno no sólo a crear circuncripciones especiales de paz sino que le permitía nombrar directamente “un número plural de congresistas, diputados y concejales” en representación de los grupos al margen de la ley que pactaran la paz. Y la norma precisaba que el presidente podría ignorar las inhabilidades existentes, lo cual significaba que responsables de crímenes atroces podrían ser elegidos o nombrados en esas curules.
Esa propuesta muestra que en 2003 Uribe no se oponía a la elegibilidad política de responsables de crímenes atroces que se desmovilizaran, pues incluso planteaba la posibilidad de que fueran directamente nombrados en cargos de elección popular. Y en declaraciones ulteriores reiteró que, para negociar con la guerrilla, estaba dispuesto a proponer una reforma constitucional que eliminara las inhabilidades que impedían participar en política a los responsables de crímenes atroces.
Uribe presidente parecía comprender que una paz negociada con las guerrillas implica aceptar la participación política de responsables de crímenes atroces, pues no de otra forma podrán transformarse en actores políticos unas guerrillas que han cometido atrocidades. Y de eso se trata la paz: que las guerrillas abandonden las armas y entren al juego democrático. No es entonces coherente que Uribe opositor ataque radicalmente una posibilidad que defendió cuando era presidente. Y sobre todo que diga que eso no es oponerse a la paz, cuando la prohibición absoluta de participar en política a los responsables de crímenes atroces simplemente hace imposible la paz negociada.
La paz con las guerrillas supone aceptar algo que para muchos colombianos es difícil de avalar, pero que es el precio de la paz: que líderes guerrilleros responsables de atrocidades puedan participar en política. Pero eso no quiere decir que cualquier fórmula de elegibilidad sea viable jurídica y políticamente pues debe ser compatibles con el principio democrático y con el deber de las guerrillas de rendir cuentas por sus atrocidades ante la jurisdicción especial de paz. La suerte de la paz dependerá en mucho de la razonabilidad de la fórmula alcanzada.
Fuente: http://www.dejusticia.org/#!/actividad/3219