Paz, derechos humanos y elecciones
Hay quienes consideran que el tema de la paz no debería ser el predominante en la segunda vuelta, sino el de la educación, la salud y el empleo, que son las principales preocupaciones de la gente, según las encuestas.
Si bien esa observación es razonable, sería un error absolutizarla porque ocultaría el avance de la propuesta de guerra que pudiera camuflarse detrás de ella.
Efectivamente, es mucho lo que hay que mejorar en esos tres campos, que no son otros que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre los cuales se encuentran también el alcantarillado, la vivienda, la tierra y la no discriminación. El problema no es sólo la carencia de estos derechos, sino la desigualdad. La inequidad social es una de las características más graves de la crisis de derechos humanos en Colombia, tal como lo ha advertido la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su último informe sobre el país. Por consiguiente, no basta con que tal o cual candidato diga que va a aumentar el número de cupos escolares, o que va a incluir más servicios en el plan obligatorio de salud, o que va a establecer subsidios para estimular la oferta de trabajo.
Lo decisivo es que advierta cuáles son los sectores sociales más afectados por la inequidad e identifique las causas de ello y plantee las propuestas concretas para reducir radicalmente esa desigualdad social. Por más vueltas que se le dé al asunto, eso tiene que conducir a una repartición de la riqueza (que la hay y mucha en el país), basada en impuestos y en prácticas de solidaridad social que permitan equilibrar el nivel de acceso a servicios básicos para los muchos que no tienen nada frente a los pocos que tienen mucho. Es una solución sustancialmente distinta de la mal entendida “confianza inversionista” basada en exenciones tributarias para los grandes capitales, promovida por el gobierno anterior, tolerada por el actual y que se fortalecería sin duda en caso de que el uribismo recupere la Presidencia.
La alta comisionada también ha advertido que otro problema grave es la mentalidad contrainsurgente que impregna al Estado y a la sociedad colombiana. Es decir, la guerra y la forma de afrontarla durante estos 50 años o más en que, so pretexto de combatir a la guerrilla, se ha perseguido, como si fuesen enemigos militares, a campesinos, sindicalistas, indígenas, afrocolombianos, lideresas sociales, activistas políticos o defensores de derechos humanos. Con ello se ha hecho más difícil superar la inequidad social.
Por primera vez en mucho tiempo, sin embargo, se ha avanzado hacia la posibilidad real de poner fin a la confrontación armada mediante un acuerdo entre el Estado y las guerrillas. Dicho acuerdo no será la panacea, pero permitirá, sin duda, fortalecer los reclamos sociales en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Enterrar la posibilidad de ese acuerdo, como lo plantea el uribismo, no sólo conducirá a invertir en la guerra recursos necesarios para mejorar la educación, la salud y el empleo, sino que retardará la superación de la inequidad social en Colombia. ¿No sería un suicidio entonces votar en blanco o abstenerse de votar?
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