Paz, acuerdo general, preámbulo y ampliación de la agenda temática
La construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción. El debate de este aspecto debe adquirir los niveles de un tema central que lleve a compromisos para garantizar la participación de todos los ciudadanos, sin distinciones de raza, sociales, de religión o de género, en la construcción de la paz. Un resultado concreto de los diálogos en este campo debe permitir profundizar el “régimen de ciudadanía” vigente en la actualidad en la sociedad, que tiene muchas limitaciones. Debe proyectarse en la construcción de una sociedad civil que se sustente en una ideología democrática avanzada.
El acuerdo general para la superación del conflicto colombiano, firmado desde agosto del 2012, entre el gobierno del señor Santos y las Farc-EP, constituye la base de un nuevo ciclo de la historia colombiana. Es una frontera que registra la incidencia política y estratégica de la prolongada y heroica resistencia campesina y su conciencia revolucionaria sobre la sociedad política, incluido el Estado y el régimen político. No es una concesión de la clase dominante, ni un favor político de la oligarquía. Es una relevante conquista de todo el pueblo que es preciso defender y profundizar tanto política como ideológicamente.
La filosofía consagrada en el preámbulo del Acuerdo constituye una referencia central de las conversaciones y los tratos entre las partes. No es letra muerta, ni retórica inútil, como lo quieren hacer ver columnistas y analistas sesgados que reflexionan desde los parámetros de la ideología prevaleciente en los grupos dominantes.
Si bien es cierto en el texto del documento se han indicado unos temas iniciales, seis preliminares, para las conversaciones, todos ellos de la mayor trascendencia, no menos cierto es que en su Introducción se sistematizan contenidos que son la fuente de una salida negociada al conflicto que atienda los problemas esenciales de la sociedad y su formación socio-económica, que actúan como fuente de la violencia, la inequidad, la pobreza, la desigualdad y el autoritarismo de una democracia neoliberal electoral de cohecho.
Los puntos consignados en el Preámbulo no pueden ser omitidos olímpicamente como lo pretende el señor Humberto de la Calle, jefe de la delegación gubernamental.
Los mismos deben ser objeto de estudio para ampliarlos y de esa manera enriquecer la Agenda preliminar.
Veamos cada uno de estos.
La construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción. El debate de este aspecto debe adquirir los niveles de un tema central que lleve a compromisos para garantizar la participación de todos los ciudadanos, sin distinciones de raza, sociales, de religión o de género, en la construcción de la paz. Un resultado concreto de los diálogos en este campo debe permitir profundizar el “régimen de ciudadanía” vigente en la actualidad en la sociedad, que tiene muchas limitaciones. Debe proyectarse en la construcción de una sociedad civil que se sustente en una ideología democrática avanzada
El respeto a los DDHH en todos los confines del territorio nacional es un fin del Estado que debe promoverse. La Mesa de la Habana debe dedicar tiempo y espacios al diseño para la promoción de toda la carta de Derechos Humanos de la civilización contemporánea. El reto en esta materia es su aplicación y protección efectiva para que todos los colombianos puedan ejercer cada uno de los derechos y garantías que ha conquistado la humanidad en los dos últimos siglos. Tan esenciales los derechos sociales, como los derechos políticos, los derechos económicos, los culturales y ambientales.
La materia relacionada con el desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente es garantía de paz y progreso, debe ser transversal en los diálogos y su abordaje implica aproximarse a elementos como la propiedad privada, la propiedad colectiva, los bienes públicos, la distribución de la renta nacional, la cogestión de la clase obrera, la democratización de la banca y el sistema financiero, el funcionamiento de la Banca Central, la balanza comercial, la tasa de cambio, los TLCs, el mercado de divisas, las regalías mineras, el régimen tributario, la deuda pública, la tasa de interés, la nacionalización de los recursos estratégicos, el sistema cooperativo, la pequeña y mediana empresa, y los derechos de la naturaleza.
El campo del desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo las grandes mayorías que permite crecer como país debe ampliarse con la reforma del Estado para que este asuma las funciones sociales que le corresponden en materia de salud, educación, servicios públicos, saneamiento básico, empleo, derecho a la movilidad, empleo, renta básica, derechos de la mujer, derechos de las minorías, pensiones y cultura.
El tema asociado con una Colombia en paz jugará un papel activo y soberano en la paz y el desarrollo regional y mundial, hace referencia a la democratización de la política internacional que por años ha sido un privilegio de las élites. La sociedad civil democrática debe poder participar en la construcción de una diplomacia para la paz y la coincidencia con las fuerzas regionales antiimperialistas y soberanas.
La ampliación de la democracia como una base sólida de la paz compromete la voluntad de los sujetos políticos involucrados en las conversaciones para cualificar un nuevo “régimen de ciudadanía” en el que la igualdad es una condición prioritaria. Pero una democracia para la paz no puede ser solo el régimen liberal representativo que ha sido el instrumento de dominación permanente del bloque oligárquico hegemónico. Una democracia para la paz implica un concepto nuevo de participación, un sistema electoral limpio, unos derechos y garantías reales para la oposición, la democratización de los medios masivos de comunicación, la transformación radical de la justicia, la descentralización y regionalización, un nuevo sistema de partidos, mecanismos efectivos de participación y vigilancia ciudadana sobre la gestión pública, la lucha sin cuartel contra la corrupción, la transparencia en la gestión pública, un poder público moral, otro régimen legislativo, la reforma del poder militar y policial que eliminen las teorías contrainsurgentes que apalancan el paramilitarismo y unos cambios estructurales del Estado para eliminar los referentes neoliberales establecidos por el Banco Mundial y el FMI en todas las reformas ejecutadas en las últimas décadas para privatizar amplias secciones de la administración estatal.
Estos temas deben enriquecer y ampliar la agenda de seis puntos que en la actualidad se debate relacionados con la política de desarrollo agrario integral; la participación política; el fin del conflicto que es un complejo proceso integral y simultaneo que implica el cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo; la dejación de armas con la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político–, de acuerdo a sus intereses; la revisión de la situación de las personas privadas, procesadas o condenadas por pertenecer o colaborar con las FARC-EP; la intensificación del combate para acabar las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de DDHH, movimientos sociales o movimientos políticos; la revisión, reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz; las garantías de seguridad; en el marco de lo establecido en el punto quinto (Víctimas) de este acuerdo, se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo, la firma del acuerdo final inicia este proceso, el cual debe desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes.
La solución al problema de las Drogas ilícitas, con programa de sustitución de cultivos ilícitos; planes integrales de participación de las comunidades en el diseño, ejecución, y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por los cultivos ilícitos; los programas de prevención del consumo y salud pública.
Las víctimas para resarcirlas a las víctimas y en ese sentido se tratarán: DDHH de las víctimas; verdad.
Y la implementación, verificación y refrendación.
Esta ampliación de la Agenda consignada en el Acuerdo especial de La Habana permite certezas a todo el pueblo colombiano en el proceso de paz para que este no sea una vulgar simulación que se utilice en juegos electorales, politiqueros o reeleccionistas.
Por eso la necesidad de que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente como elemento fundacional de un nuevo orden político democrático y popular, como mecanismo que exprese la voluntad popular soberana por el cambio.
Es que algunos y algunas quieren capitalizar para sus fines electoreros mezquinos el proceso de paz que se adelante en la Habana. Son los conocidos oportunistas de la política bipartidista tradicional que aprovecha todo para sus fines de lucro y acumulación de riqueza.
Solo la movilización de la multitud con manifestaciones y acciones como las que se prevén para el 9 de abril próximo protegen los cambios reales que se desprenden de la conquista de la paz.